Desarrollo, justicia y paz

Discurso en el acto inaugural del coloquio conmemorativo de los veinte años de la encíclica Populorum Progressio, en el Aula del Sínodo de Obispos, Ciudad del Vaticano, 24 de marzo de 1987.

Sea nuestro llamado atendido

Hace veinte años, un gran Papa dijo: «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz». Veinte años después tenemos que reconocer que ni se ha logrado el desarrollo, ni se ha asegurado la paz. Pero el mensaje está vigente.

En efecto, en la Pascua de Resurrección de 1967, el egregio Pontífice Paulo VI estremeció al mundo con esa declaración que sigue resonando en los oídos de millones de seres humanos: «el desarrollo es el nuevo nombre de la paz». Su carta encíclica sobre el desarrollo de los pueblos (Populorum progressio) lanzó un grito de angustia en nombre del Señor: «¡Quieran los responsables oírnos, antes de que sea demasiado tarde!».[1]

El 27 de diciembre de 1986, por encargo de Su Santidad Juan Pablo II, uno de los seres de mejor calidad humana que ha ocupado el solio de San Pedro, la Comisión Pontificia Iustitia et pax emitió otro trascendental documento: la declaración sobre el problema de la deuda internacional, que concluye con la misma desgarradora invocación: «¡Sea nuestro llamado atendido antes de que sea demasiado tarde!».

¡Impresionante la similitud de la advertencia, a la distancia de dos decenios! El «demasiado tarde», ahora, estremece todavía más que entonces.

No he podido eludir la expresión de esta grave inquietud al usar el inmerecido privilegio de hablar en este solemnísimo acto. Debemos compartir la honda preocupación que mueve a Su Santidad, en este momento de confusión y de perplejidades. El no quiere, sin duda, ponderar solamente el valor de la carta de su Predecesor sino, sobre todo, averiguar qué ha ocurrido en la realidad sobre el tema de aquel trascendental mensaje; cuál es la situación actual y cuáles los caminos por donde se debe orientar el magisterio de la Iglesia, para que no sea, verdaderamente, demasiado tarde cuando los detentadores de poder y riqueza amolden su conducta a las orientaciones contenidas en la Populorum progressio.

La paz no se ha afirmado

La verdad, dicho sea con todo respeto, la verdad, que aflige al Padre de la Cristiandad, es la de que, a tal distancia de aquella conmovedora lección, ni se han dado pasos decisivos hacia el desarrollo en la mayoría de los países subdesarrollados, ni la paz se ha afirmado en la tierra. Conflictos locales que se van prolongando, con el sello de crueldad que caracteriza a las guerras ideológicas y a las contiendas fratricidas, se endurecen en diversas áreas del mundo; mientras observadores objetivos señalan que los problemas del subdesarrollo son en muchas partes, como en la América Central, a la vez chispa y combustible del incendio. Si el desarrollo es, como lo es sin duda, el nuevo nombre de la paz, esa paz inexistente, o amenazada e inestable, es demostración de la ausencia de desarrollo que mortificaba a Paulo VI y llena de pesar a Juan Pablo II.

Las guerras nacen de las injusticias

La encíclica Populorum progressio fue fruto inmediato y directo del Concilio Vaticano II. En la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy se declara: «Para construir la paz es preciso, ante todo, que se desarraiguen los motivos de discordia entre los hombres y, en primer lugar, las injusticias, de las que nacen las guerras. No pocas de estas injusticias provienen de las excesivas desigualdades económicas, y también del retraso con que se aplican los necesarios remedios».[2]

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1965, en el momento culminante de la clausura del Concilio, este señaló como circunstancia central una que habría de motivar la actitud del Pontífice: «el llamamiento imperioso de los pueblos para una mayor justicia, en su voluntad de paz».

La Comisión Pontificia Iustitia et Pax

El 6 de enero de 1967, en la fiesta de la Epifanía, cumpliendo otra recomendación conciliar, «teniendo muy en cuenta el sinnúmero de miserias con que aún hoy se ve afligida la mayor parte del género humano», el Papa creó la Comisión Pontificia Iustitia et Pax, para «suscitar en todo el pueblo de Dios el pleno conocimiento de la función que los tiempos actuales piden a cada uno, en orden a promover el progreso de los pueblos más pobres, de favorecer la justicia social entre las naciones, de ofrecer a los que se hallan menos desarrollados una tal ayuda que les permita proveer, ellos mismos y para sí mismos, a su progreso». Con esto preparó el terreno para la gran encíclica, la cual entró de frente y sin contemplaciones al análisis de la situación mundial.

Había que decir las cosas como eran, llamarlas por su nombre, plantear las realidades en su verdadera y dramática dimensión, como premisa para definir las reglas morales que deben cumplirse en el interior de cada pueblo y regir el comportamiento internacional. Y eso es lo que hizo. «Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofrenden su dignidad de hombres; ser más instruido; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo. Por otra parte, los pueblos llegados recientemente a la independencia nacional sienten la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones».[3]

Obligaciones de los países desarrollados

Esta situación no podría tolerarla una recta conciencia. La encíclica, para corregirla, analizó primero el genuino concepto de desarrollo, planteó la obligación de dirigir a ese objetivo los esfuerzos de los gobernantes y de los dirigentes en general, y luego entró de lleno en el análisis de lo que esta finalidad supone y en la revisión de las normas del comportamiento internacional, para dejar claramente sentadas las obligaciones que incumben a los países desarrollados, poseedores de mayor riqueza y de mayor poder, a fin de permitir y facilitar a los países en vía de desarrollo, agobiados por una situación de pobreza y de inferioridad, alcanzar por sus propios medios las etapas que el desarrollo les exige.

La voz del Papa, salvo inevitables ataques, como el de un vocero del gran capital que la calificó de «marxismo recocido», fue acogida con entusiasta aplauso en toda la extensión de la tierra. Pero, en realidad, pocos han sido hasta hoy los pasos efectivos dentro de cada Estado para buscar el desarrollo, y menos aún los que los Estados poderosos y ricos han dado en el orden prescrito por la justicia social, para enfrentar la situación de los países pobres y servir con rectitud a los reclamos del bien común universal.

Por un humanismo nuevo

Con absoluta claridad define la Populorum progressio lo que se debe entender por desarrollo. «El desarrollo —dice, citando a Lebret[4]— no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre».[5] Indispensable clarificación, porque ha habido una cierta tendencia a medir el desarrollo simplemente por los renglones de la producción.

La producción y la riqueza deben servir para mejorar la situación de las personas, para elevar la calidad de vida, para permitir a cada uno aplicar y perfeccionar sus propias facultades. Lo contrario sería tergiversasr el orden divino de las cosas. Se ha de buscar —citando a Maritain— «un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación».[6]

El verdadero desarrollo

«Así podrá realizar, en toda su plenitud, el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas».[7]

«Porque todo programa concebido para aumentar la producción —insiste—, al fin y al cabo no tiene otra razón de ser que el servicio a la persona. Si existe, es para reducir las desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más habitable (…) Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir».[8]

Todo el texto de la encíclica aparece transido de una inmensa preocupación. En ella se expresa una gran angustia, invocando el nombre del Señor. No solo se afirman principios, sino que se proclama enfáticamente la urgencia de su cumplimiento. «Hay que darse prisa. Muchos hombres sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos del estancamiento y aun retroceso de los otros». [9]

Rafael Caldera y el Papa Juan Pablo II.

Injusticia que clama al cielo

Esa angustia y esa prisa se hacen más presentes en casos de terrible gravedad. «Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo —afirma Paulo VI—. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injusticias contra la dignidad humana».[10]

Pero los veinte años transcurridos no han traído consigo un adelanto perceptible en el camino. A todas luces ha aumentado la marginalidad en los países en vía de desarrollo: la marginalidad, que es precisamente la falta de participación de muchos en el proceso social, tanto en la producción de bienes materiales como no materiales. Puede ser que en algunos países se haya aliviado en cierto modo la situación de los marginados: cuando se desarrollan grandes programas de vivienda popular, en condiciones al alcance de las familias pobres; cuando se difunde y se hace más accesible la educación en los sectores menos dotados; cuando se pone atención efectiva al cuidado y recuperación de la salud; cuando los servicios públicos funcionan de manera eficiente; cuando la vialidad y el transporte están al alcance de todos; cuando el agua potable, la energía barata y la disposición de los afluentes se aseguran; y cuando el desarrollo tecnológico de los países industriales ofrece artefactos que permiten mejorar la calidad de vida y estos se aprovechan en las grandes áreas suburbanas que se van transformando en torno a las ciudades así como en los campos, la situación de cada familia marginada puede hacerse en algunos aspectos mejor.

Pero cuando la obtención de un empleo estable y bien remunerado se torna más difícil; cuando el costo de la vida sube aceleradamente y la inflación roba al ingreso familiar considerable porción de su capacidad adquisitiva; cuando los atributos esenciales de una vida humana y digna se hacen menos alcanzables para un gran número; cuando el acceso a la tecnología se hace caro y difícil; cuando los recursos necesarios para el desarrollo se consumen en excesiva y estéril burocracia; cuando no se corta el gasto superfluo y no se erradica la corrupción, que restan posibilidades a una acción efectiva del gobierno con sentido social; cuando no se da suficiente impulso a los programas de seguridad social, el alarmante cuadro que sirvió de telón de fondo a la Populorum progressio no solo se mantiene, sino se agrava dramáticamente.

La Iglesia y la cuestión social

Los Papas han reafirmado la doctrina de la Iglesia en torno a la cuestión social. El mensaje de Cristo ha sido explicado en textos de imponderable valor. Pero se siente que falta mucho, que algo se necesita para que esas admoniciones se conviertan en normas de conducta de los hombres y de los pueblos.

La celebración de este vigésimo cumpleaños nos invita a enfrentar esta realidad. La vida internacional atraviesa una situación inquietante. Los organismos multinacionales están viviendo una etapa de crisis. El diálogo Norte-Sur, en el que se han dicho muchas verdades, ha tenido pocos resultados. Los programas de desarrollo no se muestran dinámicos y realistas. El comercio internacional se dificulta por un proteccionismo que cierra mercados a los productos de los países en vías de desarrollo. Sus poblaciones campesinas sufren los peores efectos de la crisis.

Responsabilidad de la comunidad internacional

Dentro de cada país es necesario actuar, reconociendo al objetivo del desarrollo su carácter prioritario. Pero la Populorum progressio supo ver de manera admirable que el problema del desarrollo no puede resolverse por el solo y aislado esfuerzo de los países subdesarrollados. «Como Estados soberanos, a ellos les corresponde dirigir por sí mismos sus asuntos, determinar su política y orientarse libremente hacia la forma de sociedad que hayan elegido»;[11] pero si esta tarea de elaborar y ejecutar su propio modelo de desarrollo es del resorte de cada uno, la posibilidad de cumplirlo está sujeta a condiciones que desbordan fronteras y comprometen la responsabilidad de la comunidad internacional y de sus integrantes más poderosos y más ricos.

Por eso, al comenzar, dice la encíclica: «Hoy el hecho más importante del que todos deben tomar conciencia es el de que la cuestión social ha tomado una dimensión mundial. Juan XXIII lo afirma sin ambages,[12] y el Concilo se ha hecho eco de esta afirmación en su Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy.[13] Esta enseñanza es grave y su aplicación urgente. Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. La Iglesia sufre ante este grito de angustia, y llama a todos para que respondan con amor al llamamiento de sus hermanos».[14] Este documento pontificio es uno de los que mayor énfasis ha puesto en la solidaridad universal frente a la cuestión social, y sin duda el que más claramente afirma, en cuando a las relaciones de los Estados entre sí, la necesaria preeminencia de la justicia social.

El desarrollo de la humanidad

Y es que «el desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la humanidad».[15] «Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan bajo un triple aspecto: deber de solidaridad en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los países en vía de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende de ello».[16]

La Justicia Social Internacional

Atribuyo una gran trascendencia, cuyo alcance no sé si ha sido suficientemente advertido, a la recepción de la idea de justicia social en las relaciones internacionales y a su penetración en la conciencia de los pueblos. Pues si bien hay que reconocer que se ha avanzado considerablemente en el reconocimiento formal de la justicia social en la vida interna de cada nación, es habitual todavía el considerar las relaciones entre los Estados como regidas por la justicia conmutativa, basadas en el do ut des, con obligaciones matemáticamente equiparables; y se mira la cooperación de los países ricos con los países pobres como un simple acto de filantropía o de benevolencia, sujeto a veces a condiciones que Juan XXIII denunció como «una nueva forma de colonialismo».[17] Esta actitud es rechazada en forma terminante por la Populorum progressio. Oíganse, por ejemplo, estas palabras: «lo que vale en economía nacional, lo que se admite entre países desarrollados, vale también en las relaciones comerciales entre países ricos y países pobres. Sin abolir el mercado de concurrencia, hay que mantenerlo dentro de los límites que lo hacen justo y moral y, por tanto, humano. En el comercio entre economías desarrolladas y subdesarrolladas las situaciones son demasiado dispares y las libertades reales demasiado desiguales. La justicia social exige que el comercio internacional, para ser humano y moral, restablezca entre las partes al menos una cierta igualdad de oportunidades».[18]

El egoísmo engendra resistencias

Es comprensible que en los países desarrollados haya resistencia a aceptar que el hecho de ser más ricos y más poderosos no les confiere mayores derechos sino mayores obligaciones. El egoísmo engendra resistencias. De allí la dificultad para celebrar tratados de comercio más equitativos, en los que no se impongan a los países débiles, para comprar sus productos u ofrecerles los suministros necesarios, cláusulas que hagan más difícil para ellos lograr su desarrollo. En más de una ocasión he discutido, en países capitalistas, con individualidades destacadas y hasta con miembros del clero, acerca de los deberes que la justicia social impone en la conducta de las naciones; pero su actitud, reacia a reconocerlos, no puede sorprender si se recuerda lo que dijo Pío XI de algunas reacciones a la Rerum novarum de León XIII: «que algunos, aun católicos, recibiesen con recelo y algunos hasta con ofensa a la doctrina de León XIII, tan noble y profunda, y para los oídos mundanos totalmente nueva».[19]

La actitud de los Estados ricos ante la idea de la Justicia Social Internacional y ante sus consecuencias, es semejante a la que tomaron los empresarios del siglo XIX frente a la idea de justicia social y sus aplicaciones, en sus relaciones con los trabajadores. Pero la democratización, con el acceso de las mayorías al gobierno, abrió camino a la adopción de leyes derivadas de esta nueva corriente de pensamiento; mientras que en lo internacional ha sido más arduo llevar los Estados desarrollados a una concepción diferente a la que tradicionalmente los guía, convencerlos de admitir y asumir las obligaciones que la justicia social impone, sin que sus electores estén convencidos de que por imperativos éticos deben soportar esas cargas en orden al bien común universal. Esta tarea reviste hoy carácter prioritaria y urgente.

El mundo está enfermo

Paulo VI, consciente de ello, afirmó: «El mundo está enfermo. Su mal está menos en la esterilización de los recursos y en su acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos».[20] Y dentro de la línea de proclamación de la justicia social como postulado fundamental del comportamiento entre las naciones, en carta al Honorable Kurt Waldheim, entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, con ocasión de la Asamblea General Extraordinaria de abril de 1974 sobre los problemas de las materias primas y el desarrollo, declaró: «La Iglesia está firmemente convencida de que toda solución aceptable debe basarse en la justicia social internacional y en la solidaridad humana que han de hacer la aplicación práctica de tales principios».[21] En el mismo orden ha tenido una noble insistencia Su Santidad Juan Pablo II. Para mencionar un solo hecho, de los muchísimos que se podrían citar, digamos que al relatar su viaje a la República Federal Alemana, el diario Le Monde del 18 de noviembre de 1980 desplegó en un gran titular, a todo lo ancho de la página: «Juan Pablo II subraya la dimensión mundial de la justicia social».

Es comprensible que sea más fácil para los países en vía de desarrollo que para los países desarrollados la aceptación de la idea de Justicia Social Internacional. Es también explicable que, en aquellos, exista mayor propensión a reclamarla en cuanto puede generar derechos, que acatarla en cuanto puede engendrar obligaciones. Por eso, en nuestro país, pequeño en el concierto mundial pero de alguna importancia como productor de petróleo, hemos reclamado, sí, los beneficios que como productores de una materia prima y como país en vía de desarrollo nos competen, pero hemos mantenido al mismo tiempo, en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y en nuestras relaciones regionales, una constante disposición para promover iniciativas de colaboración con los otros países del Tercer Mundo y hemos alentado programas especiales para aminorar los efectos del alza de los precios en los países hermanos.

La deuda externa

Hay todavía un largo trecho por andar; hay prisa por la gravedad de la situación. Hay que superar los obstáculos para que la clara doctrina proclamada por el magisterio pontificio alcance a crear un estado de conciencia, que ordene en la correcta dirección el comportamiento de los centros de poder económico y político en escala mundial.

El caso de la deuda externa es de los que en forma más aguda están hoy perturbando las economías de los países pobres, con repercusiones peligrosas también en los países ricos. Los gobiernos no pueden estrangular sus pueblos para pagar las deudas. Se ha observado que es otra nueva forma de colonialismo: el colonialismo financiero.[22] ¡Cuán prudente habría sido atender oportunamente la palabra del romano pastor! Porque Paulo VI, en la encíclica que conmemoramos, planteó los hechos con visión sorprendente:

«Este diálogo entre quienes aportan los medios y quienes se benefician de ellos —dijo— permitirá medir las aportaciones, no solo de acuerdo con la generosidad y las disponibilidades de los unos, sino también en función de las necesidades reales y de las posibilidades de empleo de los otros. Entonces los países en vía de desarrollo no correrán en adelante el riesgo de estar abrumados de deudas, cuya satisfacción absorbe la mayor parte de sus beneficios. Las tasas de interés y la duración de los préstamos deberán disponerse de manera soportable para los unos y para los otros, equilibrando las ayudas gratuitas, los préstamos sin interés o con un interés mínimo y la duración de las amortizaciones. A quienes proporcionen los medios financieros se les podrán dar garantías sobre el empleo que se hará del dinero, según el plan convenido y con eficiencia razonable, puesto que no se trata de favorecer los perezosos y parásitos. Y los beneficiarios podrán exigir que no haya injerencia en su política y que no se perturbe su estructura social».[23]

El reclamo de la Populorum progressio

Si se hubiera hecho caso de la sabia advertencia, no estarían hoy los países en desarrollo, como lo previno la encíclica, «abrumados de deudas cuya satisfacción absorbe la mayor parte de los beneficios». Y esto, en mucho, por efecto de las altas tasas de interés. Un dato muy elocuente es el de que el Brasil, en los últimos diecisiete años, ha pagado 153.200 millones de dólares por servicios de su deuda exterior, que pasó de 5.600 millones de dólres en 1970 a 108.800 millones en 1986.[24]

Por ello resuena con fuerza el reclamo de la Populorum progressio de que «las tasas de interés y la duración de los préstamos deberán disponerse de manera soportable para los unos y para los otros». El examen de la realidad ha dado al asunto el carácter de un grave problema político mundial. Los préstamos concedidos alegremente y administrados irresponsablemente han creado una situación insostenible. Las tasas de interés se elevaron injustificadamente, por razones de conveniencia muy específica de determinadas potencias. La inestabilidad del signo monetario agrava la situación de cada deudor.

Hemos venido proponiendo que se busque una solución viable, a través de una institución multilateral, subsidiada por los países acreedores, para que pueda arreglar las cuentas con los bancos privados y acordar condiciones equitativas a los países deudores.

La cuestión va tomando importancia, y hasta se anuncia ya la presentación a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, de un proyecto de ley para crear un instituto especial que estaría encargado de esta tarea. Sea cual fuere la veracidad de esta noticia y el destino de tal proyecto, es indispensable que una fórmula conveniente se adopte.

El corazón de Su Santidad Juan Pablo II se ha sentido tocado por este delicado problema, y fruto de su inquietud es la trascendental declaración de la Pontificia Comisión Iustitia et pax (Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda internacional, fechada el 27 de diciembre de 1986), donde se definen de manera magistral las orientaciones éticas, se establecen las responsabilidades de cada quien, se fijan las urgencias inmediatas, así como las indispensables rectificaciones para que en el futuro «todos los hombres de buena voluntad ensanchen sus conciencias a la medida de esas nuevas responsabilidades internacionales urgentes y complejas y movilicen todas sus capacidades de acción a fin de encontrar y poner en práctica soluciones de solidaridad».

Las injusticias del comercio internacional

Por supuesto, también en la encíclica Populorum progressio se abordan otros temas que son de actualidad, vinculados con la delicada situación de los países deudores. El de las injusticias del comercio internacional, por ejemplo, porque los países pobres pueden tener «la impresión de que una mano les quita lo que la otra les da»;[25] y el desequilibrio de los precios, porque mientras los productos elaborados, «gracias al progreso técnico, aumentan rápidamente de valor y encuentran suficiente mercado», «los productos primarios que provienen de los países subdesarrollados sufren amplias y bruscas variaciones de precio, no lejos de esa plusvalía progresiva».[26] La carta es lapidaria en esta afirmación: «El libre intercambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social».[27]

Se hacía sentir hace veinte años y se hace sentir hoy más perentoriamente, la necesidad de «un orden jurídico universalmente reconocido».[28] Juan XXIII señaló en la encíclica Mater et magistra que «debemos afanarnos en dar vida a una ordenación jurídica, interna e internacional, inspirada en la justicia social».[29] Para que esta pueda alcanzarse hay que lograr un hecho de conciencia: que se acaten los principios de Solidaridad Internacional, de Bien Común Universal, de Justicia Social Internacional.

La paz pasa por el desarrollo

El llamamiento de 1967 se dirigió a los católicos, tanto a la Jerarquía, para «enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno», como a los seglares, a quienes corresponde, «con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven»;[30] pero, además, a todos los cristianos, a todos los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad, «conscientes de que el camino de la paz pasa por el desarrollo. Delegados en las instituciones internacionales, hombres de Estado, publicistas, educadores, todos, cada uno en vuestro sitio —les arenga el Pontífice—, vosotros sois los constructores de un mundo nuevo».[31]

Ese mismo es el sentir de Juan Pablo II, infatigable peregrino que anda abriendo surcos y sembrando la semilla de Cristo en todos los continentes. Lo hemos sentido moverse entre las muchedumbres; hemos visto en los rostros de los desheredados una sonrisa de amor y en sus ojos una luz de esperanza. El Papa está conmoviendo hasta el fondo las almas, para llevar a todos los seres humanos la buena nueva que Cristo trajo hace ya casi dos mil años.

En Asís, lo hemos admirado al congregar, en ambiente rebosante de inusitada fraternidad, a personeros de las más variadas religiones, para proclamar el deseo universal de la paz. Debe ser seguramente más difícil reunirlos para proclamar la justicia social y para reclamar el desarrollo, aunque estos sean una consecuencia del derecho a la vida de todos los seres humanos y de la dignidad de la persona de cada uno; pero en todas las religiones hay fundamento para reconocer y proclamar estos derechos.

Al indicar a la Comisión Iustitia et pax que convocara este coloquio conmemorativo de los veinte años de la encíclica Populorum progressio, el Papa puso una vez más de manifiesto su propósito de sacudir el polvo de la rutina, de reactivar la angustiada motivación de aquel llamado y hacer presente de nuevo su amor por los pobres y su pasión por la justicia.

Desafíos de la situación mundial

Los desafíos que la grave situación mundial echa sobre todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pero en primer término sobre el Magisterio de la Iglesia son, en consecuencia, los siguientes: primero, formar la conciencia de los pueblos subdesarrollados para que los dirigentes de las comunidades y los detentadores del poder y del dinero acepten como obligación prioritaria la de lograr el desarrollo, no sólo económico, sino también social, cultural y moral; y, por otra parte, formar la conciencia de los países desarrollados para que reconozcan las obligaciones que su mejor situación les impone y remuevan los obstáculos que impiden a los países en vía de desarrollo alcanzar aquel prioritario deber. En esta tarea toca a los católicos dar el ejemplo y ocupar posición de vanguardia.

El Magisterio de la Iglesia tiene ese hermoso campo para expandirse en la búsqueda de justicia y paz. Estoy seguro de que hacerlo será el mejor homenaje y el más intensamente grato al corazón del Santo Padre, indiscutido líder de la Cristiandad. Nada podrá satisfacerlo más que ver a los países pobres andar con paso firme hacia un desarrollo que permita a los marginados participar efectivamente en los aspectos más nobles de la vida, y a los países ricos cumplir sinceramente los deberes fundamentales de la Justicia Social Internacional.

Jamás será demasiado tarde

Tengamos presente que para el apostolado de Su Santidad Juan Pablo II nunca ha sido demasiado temprano y jamás será demasiado tarde.

Ya están prácticamente encendidas las turbinas del avión que llevará al incansable peregrino a las naciones latinoamericanas del Cono Sur de nuestro continente, las cuales lo esperan jubilosas. Su viaje constituirá un nuevo esfuerzo para la causa de la libertad, de la justicia, de la paz y de los derechos humanos.

Esta nueva etapa de su extraordinario pontificado se inicia, providencialmente, con la reactivación de la lucha por el desarrollo de los pueblos, en este vigésimo aniversario de la carta encíclica Populorum progressio.

[1] Número 53.

[2] Gaudium et spes, n. 83.

[3] Populorum progressio, n. 6)

[4] L.-J. Lebret O. P., Dinámica concreta del desarrollo, París, Economía y Humanismo, Ediciones Obreras, 1961, p. 28.

[5] Populorum progressio, n. 14.

[6] Cf. por ejemplo, Jacques Maritain, « Les conditions spirituelles de progrès et de la paix », en : Rencontre de cultures à l’Unesco sous le signe du Concile Ecumenique Vatican II, París, Mâme, 1966, p. 66.

[7] Populorum progressio, n. 20.

[8] Ibíd., n. 34.

[9] Ibíd., n. 29.

[10] Ibíd., n. 30.

[11] Ibíd., n. 54.

[12] Cf. encíclica Mater et magistra, 5 de mayo de 1961, AAS 53, 1961, p. 440.

[13] Gaudium et spes, nn. 63-72, AAS 58, 1966, pp. 1084-1094.

[14] Populorum progressio, n. 3.

[15] Ibíd., n. 43.

[16] Ibíd., n. 44.

[17] Mater et magistra, n. 172.

[18] Populorum progressio, n. 61.

[19] Quadragesimo anno, n. 14.

[20] Populorum progressio, n. 66.

[21] Subrayado mío.

[22] V. M. Giménez, Embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, 10. 11. 1982.

[23] Populorum progressio, n. 54. Subrayado mío.

[24] Despacho de la Agencia EFE de 7 de marzo de 1987.

[25] Populorum progressio, n. 56.

[26] Ibíd., n. 57.

[27] Ibíd., n. 59.

[28] Ibíd., n. 78.

[29] Mater et magistra, n. 40.

[30] Populorum progressio, n. 81.

[31] Ibíd., n. 83.