Rafael Caldera segundo gobierno
El presidente Rafael Caldera ofreció su tercer mensaje al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1998.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

En cumplimiento de una disposición constitucional vengo hoy a presentar ante ustedes mi penúltimo mensaje al Congreso en el actual quinquenio presidencial. Corresponde su contenido el año de 1997, pero es imperativo hacer referencia al presente año de 1998.

En cualquier ocasión anterior, una baja acentuada de los precios del petróleo habría constituido una verdadera tragedia. En este momento enfrentamos esa situación y puedo afirmar que estamos mental y materialmente preparados para superarla. La economía está funcionando sobre bases sólidas y el régimen fiscal se halla en condiciones de soportar las consecuencias del deterioro de los precios de nuestro primer artículo de exportación.

La reforma del régimen tributario emprendida desde los inicios del presente quinquenio, ha sido orientada precisamente, por el propósito de que el fisco nacional no esté permanentemente bajo una espada de Damocles, a saber, las alternativas de un mercado petrolero errático. En cuanto a la actitud mental de los venezolanos y extranjeros que confluyen en la actividad económica, hay la convicción de que las circunstancias internas y externas ofrecen perspectivas favorables para producir y para exportar por encima de cualquier contingencia, por importante que sea. Más bien, la actual constituye un estímulo para producir más, para exportar más, para continuar en la etapa de  reactivación económica de la Agenda Venezuela.

Los precios del petróleo

Enfrentamos el problema de los precios del petróleo con serenidad y con firmeza. No se puede atribuir la baja reciente al hecho de que Venezuela produzca por encima de las limitaciones que con una rigidez extemporánea se pretende imponer por el actual sistema de cuotas de la OPEP. Somos fundadores de la OPEP y tenemos por el ella el mayor afecto. La hemos defendido en todas las circunstancias y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a su mayor auge y consolidación. Pero debemos reconocer que la OPEP ya no tiene el control que en otro tiempo pudo ejercer sobre el mercado. De los 75 millones de barriles diarios que actualmente se producen en el mundo, la OPEP solamente aporta 28 millones. Es, sin duda, una cantidad importante que le permite ejercer innegable influencia, pero la obliga a mirar con reservas la posición de aquellos que creen que basta reducir unos cuantos centenares de miles de barriles de la cesta OPEP, para que los precios suban automáticamente.

El petróleo se produce porque el mercado lo consume. La reducción, por parte de uno o varios exportadores, lo que hace es crear un espacio que inmediatamente es llenado por otros, miembros o no de la Organización. Estamos dispuestos a participar en un análisis serio del mercado y a promover entendimientos razonables y justos para que cada uno aporte lo conveniente, tomando en cuenta su capacidad de producción, sus reservas probadas, y todas las circunstancias que influyen en la mercabilidad del combustible.

La OPEP tiene que hacer un estudio inmediato y a fondo de las perspectivas del consumo de energía en el Universo, la cuestión de los cambios climáticos y la posición de algunos países desarrollados en torno a este tema que reclama una respuesta serena, bien documentada y correctamente orientada. Hemos propuesto una reunión de la OPEP con los principales exportadores de petróleo que no pertenecen a la organización, para dialogar, con buena fe y sanos propósitos, armonizar los planes productivos, no sólo en beneficio de los propios exportadores, sino para atención y beneficio de los consumidores, con quienes debe mantenerse un intercambio fructífero y para garantía de las generaciones del porvenir.

La cuestión de la energía reviste una cada vez más alta prioridad en las preocupaciones de todos los gobiernos. Las importantes reuniones que se han celebrado el pasado año, de muy alto nivel, algunas de ellas en Venezuela, son índice elocuente de lo que acabo de afirmar, y puedo decir, sin ningún género de dudas, que en ellas nuestro país ha estado dignamente representado y que nuestros planteamientos y reflexiones gozan de consideración y respeto en los países concurrentes.

En cuanto al problema de los precios, debo ratificar que no aspiramos a tasas desproporcionadamente altas. No estamos pensando en una escalada, como la que por razones perfectamente explicables ocurrió en la década de los años 70. Consideramos, por otra parte, que sería insensato un descenso a niveles que produzcan situaciones críticas a quienes implicaría vender por debajo de su costo de producción, obligándolos a adoptar medidas drásticas, inconvenientes para todos. Venezuela, afortunadamente, tiene un costo de producción que le da amplio trecho para resistir las maniobras de los manipuladores del mercado. Por otra parte, las expectativas a mediano y largo plazo presentan un cuadro ventajoso para los países productores y consumidores, en general.

Nos mantenemos, por tanto, firmes en nuestra posición, con la conciencia de la importancia del petróleo, por sí mismo y por todas las circunstancias que le son características, no solamente en el aspecto económico, sino en los aspectos político y social concernientes a nuestro pueblo y a todos los demás pueblos del mundo.

La baja de los precios del petróleo ha dado mayor justificación y ha tenido efectos cuantitativos sobre el proyecto que habíamos anunciado a fines del año 97, de la reducción severa del gasto público. Todos sabemos los inconvenientes que esto implica y nos duele disminuir las cantidades asignadas a numerosos proyectos en los cuales tenemos patriótico interés. Pero también sabemos que el compromiso de lucha contra la inflación, que es uno de los más importantes de la Agenda Venezuela, representa el mayor servicio que podemos hacerle a la población, especialmente a la de modestos recursos. Esa lucha contra la inflación no es fácil ni grata. Pero es indispensable. Y esto lo deben entender todos, el sector público y el sector privado, porque a todos nos corresponde una parte en el proceso de ejecución y a todos nos llegan los efectos en la medida en que cumplamos este compromiso.

Debo al respecto observar que, no obstante el programa de recorte del gasto público, hemos considerado nuestro deber responder a las exigencias legítimas de mantenimiento del valor real del salario mínimo de los trabajadores. Nuestra tesis ha sido la de que ese aumento debía limitarse estrictamente al porcentaje en el cual estimamos la tasa inflacionaria en el año de 1998. No obstante esto, en obsequio a la armonía social llegamos un poco más arriba, concesión hecha a cambio de la confirmación y vigencia del sistema tripartito que ha venido funcionando en materia de trabajo y de seguridad social: una de las conquistas más importantes que se han logrado en el actual quinquenio constitucional.

La sólida base social que los acuerdos tripartitos dan a las disposiciones logradas, los acuerdos alcanzados para la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y para la elaboración del proyecto de Ley Marco de la Seguridad Social, y el entendimiento para la formulación de los otros proyectos pertinentes a la seguridad social integral, constituyen un logro de tal magnitud que si no se hubiera obtenido sino eso en materia laboral y de seguridad social, esta conquista invalorable justificaría el esfuerzo realizado durante el quinquenio.

(A propósito del salario mínimo, cabe observar que el de Venezuela, estimado en divisas de cambio internacional, es de los más altos de América Latina, mientras que los sueldos de los altos funcionarios de la Administración Pública son los más bajos del Hemisferio. Y aún más, para dar ejemplo, éstos se han rebajado en un 10%, detalle que revela la permanente preocupación del Gobierno por atender los reclamos de la justicia social).

Segundo gobierno Rafael Caldera.
Una de las conquistas más importantes logradas en el quinquenio 1994-1999 fue la confirmación y vigencia del sistema tripartito, el cual repercutió de manera positiva en la vida laboral y seguridad social del país.

El sector agropecuario

El mismo propósito de diálogo existe en cuanto al sector agrícola. Un sector que es el que mayores dificultades encuentra como consecuencia de las corrientes globalizadoras que existen actualmente en el mundo. He dicho muchas veces, y creo que no es ocioso repetirlo porque parece que hay gente que no lo entiende, que el proceso de globalización no es una opción a discutir, no es una tesis de la cual se puede disentir para adoptar una posición opuesta. La globalización es un hecho universal que se manifiesta cada día más de manera ineludible. Reconocido el hecho, lo que nos toca es planificar las conductas que debemos seguir para tener éxito en un mundo globalizado, lo cual nos lleva a darle la mayor importancia a dos conceptos: productividad y competitividad. Esto lo han comprendido muchos industriales venezolanos, con positivos resultados. La nueva política industrial estimulada por el recién creado Ministerio de la Industria y Comercio y por el Banco de Comercio Exterior es un hecho, y el aumento de las exportaciones no petroleras, que fue de un 13% en relación al año anterior, así lo comprueba.

Lo comprenden también muchos agricultores y criadores, pero debemos admitir que existen condiciones como el clima, las posibilidades de la tierra, los métodos tradicionales de producción, que nos obligan a adoptar medidas de excepción, dentro de una provisionalidad que puede durar todavía algún tiempo y en la cuantía en que la permitan los compromisos internacionales que hemos suscrito y que estamos en el deber de preservar.

Los problemas puntuales del agro venezolano no se deben a falta de producción, sino más bien a lo contrario. Hay cosechas que no se han podido colocar en una forma rápida y conveniente y hay costos de producción que superan los precios del mercado internacional. Para atenderlos se han adoptado diversas medidas en cuanto ha sido posible. Las quejas de los productores son justificadas y quisiéramos haber logrado soluciones más rápidas, pero las propias condiciones hacen difícil la tramitación de las decisiones tomadas y se demoran más de lo que quisiéramos. Con absoluta responsabilidad llevamos adelante la tarea, observando, en medio de todo, que la producción del sector ha crecido, a pesar de algunos factores adversos (porque no hemos estado indemnes de los efectos nocivos que el fenómeno denominado «El Niño» ha causado en todas partes).

El diálogo, que ha sido nuestra norma en las cuestiones de trabajo y seguridad social, lo ha sido también en las relaciones entre productores, agroindustriales y el Gobierno, sin desconocer los intereses de los consumidores. Tengo plena conciencia de la importancia que el sector agropecuario reviste en el país, por razones de seguridad alimentaria y de carácter económico y social. Soy nativo de un estado por excelencia agrícola. Todo lo que yo pueda hacer a favor de la agricultura lo hago con el mejor deseo de responder a las inquietudes y preocupaciones de tan importante sector de la vida nacional.

Empleo, producción y pobreza

Estoy convencido de que la primera necesidad del país, desde el punto de vista económico, controladas las terribles circunstancias de la crisis que tuvimos que vencer, es producir. Estamos interesados en estimular la producción, para lo cual debemos agotar todas las posibilidades, todas las perspectivas. El programa de empleo joven, que ofrece preparación en oficios convenientes a muchachos que no tienen escolaridad ni trabajo, ha sido acogido con entusiasmo por todos los que han tenido ocasión de observarlo o de participar en él. El Programa se ejecuta en coordinación con las gobernaciones, alcaldías y organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas impregnadas de un intenso celo apostólico. Ese esfuerzo solidario garantiza y multiplica el resultado.

El reconocimiento de que la pequeña y mediana empresa constituye uno de los mejores vehículos para enfrentar el problema del desempleo, nos lleva a atribuirle prioridad. Es algo en lo cual tenemos gran interés y lo seguiremos demostrando, convencidos que en la Venezuela del siglo XXI será uno de los resortes más importantes de la vida económica y social.

La Venezuela en que vivimos, la Venezuela que amamos, la Venezuela que nos inquieta y nos angustia, la Venezuela que nos reclama y nos critica, es un país integral y nuestra obligación es atenderla, estimularla. Nuestro deber es confiar en ella.

Debemos enfrentar los grandes retos, desde la educación y la salud, hasta la seguridad ciudadana y, por supuesto, el problema de la pobreza. Estamos convencidos de que no basta lograr una economía sana, sino que esta economía debe ser complementada con firme ejecución de los programas sociales y con recta orientación y estímulo para que los objetivos macroeconómicos puedan traducirse en oportunidad para una vida mejor y más humana por parte de los sectores que se encuentran en los estratos más humildes de la comunidad. No somos neoliberales: reconocemos y garantizamos la libertad de la iniciativa privada y del mercado, pero defendemos la obligación del poder público y de la sociedad civil de esforzarse en abrir caminos para una más equitativa distribución de los bienes.

Atención prioritaria a la educación

Le hemos dado a la educación la atención prioritaria que merece, convencidos de que es el «canal mayor» para llegar a un futuro mejor. No es tarea fácil, ni de pocos días. Requiere un gran esfuerzo y una voluntad recia, pero el propósito nos lleva hacia adelante y los resultados se verán. La dignificación del docente ha sido punto de partida. Su remuneración era, indudablemente, muy baja en el cuadro de la Administración Pública. En promedio, el aumento acordado en 1997 alcanzó a un 110%. Los maestros están hoy entre los profesionales mejor remunerados de la Administración Pública. Ello, además de otros beneficios que significan mucho en la vida profesional. Hoy la enseñanza constituye una ocupación atractiva. Nuevamente comienzan a aparecer vocaciones que en un momento dado escaseaban y parecían tender a la desaparición. Se ha puesto empeño en que se haga inmejorable la educación básica, pues la experiencia demuestra que sus fallas se reflejan en el nivel de la educación superior y en la totalidad de las actividades. El cambio curricular en la educación básica ha sido dirigido al fortalecimiento de los valores esenciales de la persona humana y del ciudadano, elemento básico de la nacionalidad.

El programa «Bibliotecas de aula» marcha felizmente. El de «Alimentación escolar» cubre ya más de un millón de alumnos. Se ha atendido la planta física en numerosas escuelas, dando preferencia a las que fueron destruidas y dañadas por el movimiento sísmico que afectó a poblaciones del oriente de la República. El programa «Cada empresa una escuela» y los cursos de formación profesional en el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y en las escuelas técnicas, han recibido renovado impulso. El uso de los medios modernos de informática y comunicación han dado nuevo estímulo a la labor educativa.

Los problemas de la educación superior han sido vistos con el interés que su propia naturaleza impone. Hemos insistido en que las relaciones entre las universidades y el estado no pueden limitarse a la recurrente discusión de un contrato colectivo de trabajo. Se ha creado la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Superior. Se le ha propuesto a las universidades un nuevo trato que estimule el rendimiento y recompense el mérito en el profesorado. La búsqueda de nuevas rutas a través de las cuales la universidad pueda generar sus propios recursos y alcanzar un balance equitativo entre lo asignado a la educación básica y media y lo correspondiente a la educación superior, es tarea que se aborda sin actitudes preconcebidas y sin intenciones polémicas. Abrigo la esperanza en que las universidades y los institutos de educación superior, por una parte, el Congreso de la República, que ha manifestado preocupación por este tema, por la otra, y desde luego el Gobierno Nacional, alcancen soluciones convenientes para todos y adecuadas al intenso y voluminoso crecimiento que la educación superior ha tenido en Venezuela en los últimos 40 años.

Si de algo puede ufanarse la democracia venezolana al cumplir 40 años de funcionamiento ininterrumpido, es del esfuerzo gigantesco hecho para el impulso de la educación.

Rafael Caldera 1997
Como parte de los programas sociales de la Agenda Venezuela, se inauguró una red de farmacias populares y se constituyó el SUMED, sistema en el cual el Estado subsidiaba el costo de las medicinas, lo que hacía que el usuario solamente pagara el 20% de las mismas.

La salud, preocupación constante

La salud, como la educación, ha sido como debe ser, una preocupación constante del Estado. Por supuesto, en relación al personal médico, nos hemos esforzado en reconocerle un mejor nivel de remuneración, aun cuando también insistimos en que la problemática de la salud no puede centrarse en la discusión de un contrato colectivo de trabajo entre el Estado y los profesionales que prestan tan importante y delicado servicio.

El programa de descentralización de los servicios médicos asistenciales sigue adelante, si bien es cierto que la condición de liberar las obligaciones laborales para que los estados reciban las instituciones respectivas ha sido obstáculo para que el proceso marche con toda la velocidad que quisiéramos.

El alto costo de los medicamentos es otro de los numerosos –pero no menos importantes- problemas que enfrenta la población de manera sensible. Los productores reclaman precios más altos con razones de peso, pero el costo se siente cada vez más gravoso en la economía familiar. Se están haciendo renovados esfuerzos para que el recurso de los medicamentos genéricos se haga más accesible. Se ha recorrido también la iniciativa de farmacias populares que venden los productos con un fuerte descuento; y el SUMED, sistema en el cual el Estado subsidia con un 65% el costo del producto y el farmacéutico un 15%, lo que hace que el usuario solamente pague un 20%, es uno de los programas sociales de la Agenda Venezuela que ha tomado más tiempo en extenderse, pero ya va avanzando de manera firme.

Programas sociales y vivienda popular

He hablado brevemente de dos necesidades básicas como son la educación y la salud. Los recursos que corresponden a estas dos necesidades sociales son sin duda la parte más importante del gasto público dedicada a la cuestión. Pero los programas incluidos en la Agenda Venezuela constituyen otra demostración de que la política del Estado no se orienta simplemente hacia la liberalización de la economía, sino que tiene una preocupación seria por compensar, de alguna manera, la situación de los sectores más desfavorecidos.

Para asegurarse que estos programas cumplan a cabalidad sus objetivos, se designó una comisión especial de seguimiento integrada por representantes de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, presidida por el ilustre Arzobispo de Valencia, Monseñor Jorge Urosa Savino, la cual ha cumplido una labor de examen, de análisis y de orientación a la que atribuimos un inmenso valor, por su rectitud, por su seriedad, al mismo tiempo que por su decidida voluntad de hacer que esos programas alcancen a plenitud las metas que les han sido fijadas.

La labor del Gobierno en el año de la cuenta se describe extensamente en el Mensaje que presento y en las Memorias de los respectivos Despachos Ministeriales, pero no debo omitir la debida referencia a algunos aspectos de la gestión.

Dentro de las labores de infraestructura ha habido especial interés en mantener vivo el programa de la «Vivienda popular», el cual se ha hecho más exigente en los últimos tiempos por circunstancias de todos conocidas. Los elevados costos de la construcción, el valor alcanzado por la propiedad inmobiliaria, el monto de los intereses bancarios, en fin, las consecuencias de la inflación, pesan gravemente sobre el sector. No obstante, se han mantenido y revitalizado programas y se ha motivado a los gobiernos regionales y a los alcaldes para cooperar en la ejecución de los mismos, que tienden a aliviar el déficit de soluciones habitacionales.

Sostenemos con plena convicción que el primer elemento para enfrentar los problemas sociales es la unidad familiar y si la familia es la cédula fundamental de la sociedad, la vivienda es la condición material para que la familia tenga vida sana y armónica. La construcción de viviendas al alcance de las clases menos favorecidas aprovechando los recursos de la Ley de política habitacional, las partidas presupuestarias e iniciativas de diversas instituciones públicas y privadas, ha sido preocupación constante del Gobierno. El «Programa de equipamiento de barrios», a través de «Fundabarrios», para dotar de los servicios indispensables, como agua limpia, eliminación de aguas servidas, vialidad, locales comunitarios, espacios deportivos, capillas religiosas y otros servicios útiles para la comunidad, y al mismo tiempo tratar de mejorar viviendas que lo permiten, es un hermoso programa de efectivos resultados.

Visítese, por ejemplo, el Barrio El Limón, al margen de la autopista entre Caracas y La Guaira y véase cómo las obras de consolidación y de transformación realizadas convierten a un barrio en una verdadera urbanización popular y producen una efectiva transformación en el propio ánimo de sus pobladores, que cada vez se comportan más y más como una comunidad integrada y progresista.

En la sola zona metropolitana, «Fundabarrios» actualmente está atendiendo la transformación de 82 barrios que cubre un universo de 120.000 familias.

Obras de infraestructura y concesiones. El problema del agua

No obstante la limitación de los recursos presupuestarios, los Ministerios de la infraestructura han continuado su labor, construyendo obras y elaborando planes de ordenación urbanística de gran importancia para el futuro. Mindur ha construido obras médico-asistenciales y de educación básica y diversificada, de educación superior, de cultura y deporte. En cuanto a las obras exigidas por los juegos deportivos nacionales, han sido y constituyen un verdadero y gran estímulo para la juventud. El complejo construido para los celebrados este año en Yaracuy es ejemplar por su primerísima calidad.

En cuanto a la vialidad, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha llevado adelante los programas en armonía con las gobernaciones de estado. Y se han superado, por fin, las dificultades creadas por la falta de antecedentes en el sistema de concesiones. Tengo la convicción de que el nuevo sistema vial entre Caracas y La Guaira, el segundo puente sobre el Orinoco, y otras vías de importancia, estarán ya avanzadas en su construcción antes de la terminación del año 1998, y estarán muy adelantadas las obras del ferrocarril de Caracas a los Valles del Tuy.

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables ha centrado sus principales preocupaciones en la preservación del ambiente y en la dotación de agua a las poblaciones. Las obras para asegurar el satisfactorio abastecimiento de Caracas es una prioridad. El acueducto regional del centro es ya una lograda realidad que sirve a Aragua, Carabobo y Cojedes. La atención diligente al desastre del acueducto regional del Táchira; el grave deterioro de Turimiquire; el problema del agua en Maracaibo y los planes que se desarrollan para esa gran ciudad en un futuro inmediato; el sistema hídrico de Falcón; la dotación de agua potable en Guanare, Carora y otras importantes poblaciones; la continuación de las obras del gran sistema de Yacambú; son algunas de las referencias que en esta materia se pueden hacer.

Supercarretera Mérida-El Vigía inaugurada por Rafael Caldera.
El 9 de octubre de 1997 (Día de la Fundación de Mérida), el presidente Rafael Caldera inauguró la Supercarretera Mérida-El Vigía.

Criminalidad, política penitenciaria y reforma judicial

El empeño constante por la seguridad personal ha sido una tarea difícil pero no estéril. Aunque no se han logrado todavía resultados satisfactorios, las estadísticas demuestran que las iniciativas tomadas y la acción constante para la protección de las personas y bienes de los venezolanos han reducido la criminalidad. Quienes duden pueden examinar las cifras. Pero no nos conformamos. Sabemos que ésta es la primera preocupación de los habitantes en todo el país. Por ello hemos dotado a la Guardia Nacional y a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo Nacional con equipos motorizados para realizar la vigilancia de las calles y vías de Venezuela y hacemos todo empeño en reforzar su labor.

Es necesario, además, que se logre una coordinación eficaz de los distintos cuerpos policiales, ya que la existencia de organismos diversos, dependientes de diversas autoridades no contribuye al éxito de la lucha contra la delincuencia. En vista de la situación, hemos iniciado la tramitación de un proyecto de Ley orgánica para coordinar los servicios policiales y esperamos que sea considerada de preferencia por el legislador. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de la Ley de Vagos y Maleantes abre un espacio en la lucha por la seguridad ciudadana, por lo que encarecemos la tramitación y sanción de una ley que supla anterior y que, cumpliendo todos los requisitos exigidos por las normas constitucionales que protegen los derechos humanos, ofrezca mayores posibilidades en la lucha contra la peligrosidad.

La situación penitenciaria sigue siendo grave. El hacinamiento, por una parte, las dificultades en la tramitación judicial de los procesos, por la otra, y además la presencia en buena parte de un personal mal preparado y mal remunerado, susceptible de ser afectado por la corrupción, el tráfico de armas a través de todas las rejas, y el narcotráfico, que no respeta los muros de las cárceles, sino que penetra por todos los medios a su alcance y agrava la situación de los reclusos, han dado lugar a una serie de situaciones dolorosas, en las cuales los propios reclusos han sido a la vez victimarios y víctimas, provocando entre sí situaciones de verdadera carnicería que consternaron a la opinión pública.

Para atenuar el hacinamiento se han tomado medidas eficaces pero cuya ejecución ha consumido inevitablemente cierto tiempo. Los anexos de El Rodeo y Yare, que sirven al área metropolitana, el internado judicial de Mérida, el Centro de Rehabilitación Agrícola y Artesanal para el cumplimiento del último año de la pena, puesto en servicio de acuerdo con el INCE y las Diócesis de Guanare y el Centro de tratamiento para jóvenes penados por tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes, bajo la dirección de Hogares Crea de Maracay, permitieron poner en servicio 2.755 nuevos puestos. En lo inmediato entrarán en funcionamiento 1.645 plazas correspondientes al internado Judicial de Barquisimeto y se está terminando la ampliación y mejora de otros centros, tales como el Correccional El Dorado y la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, con todo lo cual, después de la importante y significativa demolición del Retén de Catia, se habrán incorporado un gran total de 5.400 nuevos puestos, lo que mejora sin duda la situación existente.

Por otra parte, se está renovando el personal de vigilancia, escogiendo debidamente sus nuevos integrantes. Se están organizando los centros de reclusión para separar los penados de los procesados y poder iniciar la clasificación interna por delitos, a fin de darles el tratamiento adecuado, para lo cual se ha venido contratando personal profesional y técnico. Se levantó un censo completo de los reclusos, puesto al día con los más modernos sistemas de informática y se toman las medidas necesarias para verificar la marcha de los procesos y lograr una más rápida y eficiente administración de justicia.

A propósito de la reforma judicial, ésta continúa constituyendo una de las más exigentes necesidades de la reforma del Estado venezolano. La promulgación del nuevo Código Orgánico Procesal Penal constituye, sin duda, una aportación importante del Congreso. Se trata de una renovación sustancial de los procedimientos y se han puesto muchas esperanzas en el nuevo sistema acusatorio y oral que habrá de seguirse. Estamos cooperando con el programa de transformación de las sedes de los tribunales para adaptarlas a las nuevas exigencias del procedimiento y esperamos se dé curso a las reformas propuestas sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales, concretamente del Consejo de la Judicatura.

La nueva ley sancionada por el Congreso para facilitar a través del arbitraje voluntario la solución de los asuntos comerciales, es una iniciativa digna de ser recibida con aplauso. Si hemos ejercido la atribución constitucional para pedir su modificación ha sido solamente porque una disposición referente a las personas morales de derecho público contiene una exigencia que podría permitir que la disidencia de un solo miembro de una junta directiva hiciese que el procedimiento naufragara. La modificación que proponemos es sencilla y esperamos se tramite con celeridad para que pueda entrar prontamente en vigor este instrumento legal.

A propósito de la delincuencia, debo observar que estamos haciendo un esfuerzo muy decidido en la lucha contra el narcotráfico. Venezuela, hasta ahora, no ha sido productora de substancias estupefacientes, por lo menos en medida de consideración, pero su situación geográfica y la amplia libertad que garantizan sus leyes hace atractivo su suelo como lugar de tránsito y sus instituciones financieras como refugio para el lavado de las cantidades obtenidas por este comercio contra la humanidad. Hemos asumido un papel decidido para combatir estos peligros. Designé un Ministro de Estado para darle mayor jerarquía y hacer más efectiva esta labor. Tanto desde el punto de vista interno, como desde el punto de vista de las relaciones con los demás países afectados, hemos logrado una franca y continua cooperación y los resultados se han dejado palpar.

Rafael Caldera y Pompeyo Márquez Ciudad Sucre 1997
El 28 de octubre de 1997 Rafael Caldera, junto al ministro de Fronteras Pompeyo Márquez, preside la ceremonia inaugural de Ciudad Sucre, poblado fronterizo del estado Apure.

Política de fronteras y desarrollo del Sur

Si en algún aspecto puede afirmarse que la República de Venezuela ha iniciado una política nueva y auspiciosa, es en lo relativo a la situación de nuestras áreas fronterizas. La Comisión para el Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR) ha continuado ininterrumpidamente sus importantes labores. El Consejo Nacional de Fronteras ha sido una institución caracterizada por el apasionado y patriótico empeño de hacer de las regiones fronterizas de Venezuela parte integrante de un país nuevo, con voluntad de desarrollo y con conciencia de soberanía. La política de fronteras ha combinado armónicamente la presencia militar y civil. Se ha requerido una inversión considerable y una alerta constante, por las circunstancias que se viven en la hermana República de Colombia, donde fuerzas irregulares actúan y han perturbado áreas limítrofes de nuestro país, han practicado secuestros con fines de financiamiento y han producido ataques e intentonas tendientes a crear confusión y atemorizar a la población para que se someta a sus requerimientos.

Dos teatros de operaciones se han establecido: uno en Guasdualito y otro en La Fría, con jurisdicción en los estados Apure, Táchira y Zulia, en la porción más expuesta a la perturbación de los irregulares. Las acciones militares han sido realizadas dentro de una atmósfera de franco entendimiento con las Fuerzas Armadas de Colombia y con las autoridades del vecino país. Se ha armonizado la presencia militar con la acción protectora, de apoyo y colaboración con la población civil.

El programa de desarrollo Antonio José de Sucre, la inauguración de la nueva Ciudad Sucre, en un lugar estratégico de la extrema línea fronteriza, la creación de un nuevo Comando Regional de la Guardia Nacional en el Estado Amazonas, son parte de los planes de atención a las necesidades de los estados que conforman la región sur de Venezuela. Esto forma parte de la voluntad inequívoca que hemos mantenido durante todo el período constitucional de servir al desarrollo sustentable del Sur y proteger y asegurar vida humana a las poblaciones de esta extensa porción del territorio nacional.

En medio de todos los problemas, Venezuela avanza. Es comprensible que la magnitud de las dificultades que hemos experimentado haya tenido como consecuencia el que no se tenga ojos para ver lo que se hace y apreciar la magnitud de lo que se realiza, puesto que no son cosas de días sino empresas cuyos resultados se harán patentes con el transcurso del tiempo.

La reforma del Estado y las privatizaciones

El caso de la Reforma del Estado es uno de los más elocuentes a este respecto. Laboriosamente se han hecho los estudios relativos a la reestructuración de diversos ministerios e institutos autónomos y empresas del Estado y ya varios han completado o adelantado su ejecución. Ha sido una tarea delicada, y como cada decisión implica la separación de sus cargos de un grupo más o menos numeroso de trabajadores, ha habido necesidad de proveer los recursos indispensables para compensar a quienes pierden su trabajo, a través de beneficios que van desde el pago inmediato y mejorado de las prestaciones sociales hasta la concesión de jubilaciones de gracia con una amplitud mayor de la que corresponda normalmente.

La selección de nuevos funcionarios ha sido hecha conforme a rigurosos exámenes de competencia y la eliminación de otros ha sido precedida de un diálogo intenso y cordial. Sin embargo, con frecuencia, mientras por un lado se nos pide mayor rapidez en la reforma del estado, por otro se anuncian conflictos cada vez que en los programas de reforma se hace indispensable prescindir de un grupo de trabajadores. La creación del Ministerio de Industria y Comercio y del Instituto de Comercio Exterior ha sido un ejemplo patente. El proceso llevó más de dos años y todavía, al final, hubo que realizar arduas gestiones para que se aceptara la solución exigida por la eficiencia e impuesta por la realidad.

Otro ejemplo elocuente es el proceso de las privatizaciones. Se nos achacaba con mucha desconsideración el que no se realizaba con la rapidez deseable este proceso delicado en su propia ejecución, para que correspondiera a los verdaderos intereses nacionales. Pero el proceso se ha cumplido a través de un intenso diálogo con los representantes de las fuerzas políticas integrantes del Poder Legislativo, con los sectores económicos, con las organizaciones laborales, con los gobiernos regionales interesados en el destino final de los bienes a privatizar. La privatización de SIDOR constituyó un verdadero éxito y si por una parte el consorcio que se adjudicó la nueva pro representa un conjunto de participantes de diversos países de América Latina, encabezados por inversores venezolanos, el producto de la venta está destinado a invertirse en fines que conjuguen armónicamente los intereses del Estado nacional con los de las regiones y con las poblaciones respectivas.

La privatización de SIDOR abrirá las puertas al crecimiento siderúrgico en magnitudes muy importantes, para aprovechar plenamente los recursos con que cuenta el país y generar inversiones creadoras de empleo y desarrollo, en armonía con la iniciación de nuevas empresas productoras de pellas cuya participación refuerza la condición de la Guayana venezolana como uno de los centros siderúrgicos más importantes del Universo. Uno de los compromisos de los adquirientes de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) es el de realizar importantes inversiones para desarrollar la empresa de acuerdo con las nuevas tecnologías y esta misma condición se establecerá a las que adquirieran el complejo de empresas de aluminio, con lo cual se romperá el estancamiento de esa industria y se obtendrán las inversiones necesarias para mantener su producción y generar empleo y riqueza para la región y para Venezuela.

En el sector eléctrico también se avanza el proceso de privatización. Son próximas las privatizaciones del sistema eléctrico del estado Nueva Esparta y se adelantan las de Enelbar, Enelven, Enelco y el sistema eléctrico de Monagas-Delta Amacuro. Todos estos procesos se han realizado con la mayor transparencia y cumpliendo todos los procedimientos legales y dentro del marco de una amplia consulta. Confiamos en que esta nueva actividad privatizadora, llevada a cabo con conciencia e interés nacional, abra la solución definitiva del problema de las tarifas eléctricas, que tanto mortifica a todos los venezolanos y que ha sido preocupación constante del Gobierno ante las situaciones impuestas por administraciones anteriores de las empresas y los requerimientos de los organismos financieros internacionales. A este respecto debo recordar que hemos presentado un proyecto de ley para regular al sector, que dará al poder público posibilidades de hacerlo más eficientemente.

La privatización de los hoteles de turismo ha sido también realizada en forma diáfana y eficaz. A este respecto quiero decir que Venezuela en el presente período constitucional ha establecido una verdadera política turística. Esa política turística se realiza con una coordinación muy franca y provechosa con los estados de las regiones más interesadas en este rubro tan importante para el futuro de la economía nacional. No obstante la baja estacional que produjo la salida de la línea aérea VIASA del mercado de transporte internacional, en el año de 1997 vinieron un total de 800.000 turistas, que se calcula produjeron un ingreso de 1.200 millones de dólares. Si solamente el resultado de la Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se estimara en cuanto a la promoción de Margarita y del país en el mercado turístico, esto bastaría para justificar el esfuerzo cumplido en la celebración de aquel encuentro trascendental.

El turismo interno crece también constantemente. Las bolsas turísticas y vitrinas turísticas en diversos lugares del país y la regulación y control de los casinos y salas de juego mediante la legislación aprobada por el Congreso, son elementos de esta política turística. La proyección de nuestras posibilidades y de las bellezas de nuestro territorio, de las bondades de nuestro clima y de la cordialidad de nuestra gente le dan una perspectiva muy promisoria al turismo en escala mundial.

El país marcha hacia adelante

El país marcha hacia adelante. Ante el fracaso de sus predicciones agoreras, merma el prestigio de los astrólogos de la economía y los pronosticadores de desastres. Es cierto que la incomprensión llega a veces a tales niveles que se necesita mucha fe en el país, mucha convicción en lo que está haciendo para llevar adelante la tarea, pero también es cierto que se está viendo ahora el reconocimiento de que se hace todo lo que las circunstancias permiten, que a veces reclaman un esfuerzo sobrehumano.

El país marcha. Marcha la lucha contra la corrupción, que se trata de invalidar con acusaciones no comprobadas. Se pretende presentar esta administración como corrupta, a pesar de su desempeño por combatir este vicio tan asqueroso y destructivo. Todos los canales de la opinión pública están abiertos para denunciar y de ese derecho hacen uso con frecuencia, sistemáticamente, algunos que no tienen límite de en sus afirmaciones ni autoridad en sus antecedentes, y que buscan que el hecho de formular imputaciones reiteradamente deje una sombra en el ambiente, aunque no se comprueben.

Yo soy el más interesado en que se demuestren los hechos de corrupción para sancionarlos. No sería capaz de afirmar que no hayan ocurrido durante este período, porque el mal es muy arraigado, porque el vicio es muy inveterado, porque las circunstancias han sido muy proclives y porque la tentación acecha a los funcionarios, en forma insistente y perversa. Pero nadie podrá negar que hemos promovido un movimiento hemisférico, con repercusiones mundiales, en la lucha contra la corrupción. La Convención de Caracas es el primer documento internacional, realizado con planteamientos concretos, dentro de este orden de ideas, y la designación de un Comisionado de Vigilancia de la Administración Pública, y la manera tenaz y persistente con que realiza sus investigaciones y hace los planteamientos que considera justos para que se apliquen las medidas correspondientes, es una demostración de la firme voluntad de llevar adelante este combate.

Rafael Caldera en la VII Cumbre Iberoamericana. Noviembre 1997.
Los días 8 y 9 de noviembre, en la Isla de Margarita, se realizó la VII Cumbre Iberoamericana, con la asistencia de 23 Jefes de Estado y de Gobierno.

Política exterior y los valores éticos de la democracia

La Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Margarita en noviembre de 1997, tuvo como tema fundamental los valores éticos de la democracia. Si no creyéramos en esos valores no habríamos tenido la audacia de proponerlos. Ese tema no se consideró solamente en la Cumbre propiamente dicha: a lo largo del año de 1997 se realizaron numerosos e importantes simposios, con la gente más calificada del hemisferio, para entrarle a fondo a los diversos aspectos que el tema general concita. Los documentos están a la orden y constituyen un severo compromiso, no solamente para éste sino para los otros gobiernos.

La imagen internacional de Venezuela es respetada. Las reuniones del Grupo Andino y del Grupo de Río, los frecuentes encuentros de los cancilleres en éste y en otros continentes, afirman el prestigio de un estado soberano, consciente de sus deberes y de sus posibilidades, amante de la paz y dispuesto a dar su contribución para la defensa de las instituciones democráticas y de la integración continental. Además de la asistencia a la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en el año fuimos honrados con visitas de los Presidentes de República Dominicana, Suriname, Uruguay, Portugal y Colombia, del Primer Ministro de Trinidad-Tobago y otros altos dignatarios de países amigos y de organismos internacionales. La visita del Presidente de los Estados Unidos de América fue un acontecimiento positivo, realizado con cordialidad, con dignidad y con diáfano planteamiento de los asuntos que nos conciernen.

Las relaciones con los países vecinos son de plena cordialidad. Con Colombia se han superado los inconvenientes que podían generar incidentes fronterizos debidos a la acción de grupos irregulares. El comercio internacional ha crecido hasta el punto de que Colombia es nuestro primer cliente y nosotros somos el primer cliente comercial de Colombia, después de los Estados Unidos.

Las relaciones con el Brasil siguen siendo excelentes. El horizonte de posibilidades no solo no se restringe sino que cada vez más se expande. En materia de energía, en materia de petróleo, en materia de complementación económica, el camino está abierto y se ensancha progresivamente. En cuanto a Trinidad-Tobago se superaron las dificultades existentes en materia de pesquería y se firmó el acuerdo correspondiente. En lo que toca a la República Cooperativa de Guyana, se continúan cordialmente las conversaciones que se llevaron a cabo durante el Gobierno del lamentablemente fallecido presidente Cheddi Jagan. Con los vecinos del Caribe en nuestra frontera marítima tenemos amistad y comprensión. Hemos fortalecido la unidad del Grupo Andino y logrado, tras largas y repetidas conversaciones, un acuerdo marco entre el Grupo Andino y Mercosur.

Conmemoraciones

El año de la cuenta ha sido propicio para honrar la memoria de ilustres venezolanos en la ocasión centenaria o bicentenaria de su nacimiento. Augusto Mijares, Mario Briceño Iragorry, Isaías Medina Angarita, Santos Michelena, Diego Ibarra y Monseñor Salvador Montes de Oca. Hemos conmemorado dignamente el bicentenario de la Revolución de Gual y España. Nos preparamos para el Quinto Centenario de la llegada de los europeos a tierra firme y de su recorrido hacia el oeste por el mar Caribe hasta el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo. Una gran Comisión nacional encabezada por el ex presidente de la República, doctor Ramón J. Velásquez, ha aceptado el encargo de dirigir los actos conmemorativos de estos históricos acontecimientos.

También se ha dispuesto preparar la conmemoración del bicentenario del viaje del sabio Alexander Von Humboldt a Venezuela. Y para conmemorar el quincuagésimo aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer venezolana y en cumplimiento de lo acordado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing, el Gobierno promulgó el Decreto que aprueba el «Plan nacional de la Mujer».

Armar el rompecabezas

Es grande, ciudadanos Senadores y ciudadanos Diputados, la tarea por realizar. Era materialmente imposible hacer más. La obligación fundamental ha sido armar el rompecabezas.

Con la colaboración de todos, con los acuerdos que, a pesar de la a veces confusa pluralidad de su integración, hemos celebrado con el Congreso, en armonía con las otras ramas del poder público y en observancia del precepto constitucional; con la comprensión que han demostrado los representantes de los sectores laboral y empresarial de la economía nacional; con la asistencia que a los problemas prestan, cada una dentro de su propia esfera, las autoridades religiosas y las organizaciones no gubernamentales; y con el respaldo decidido de las Fuerzas Armadas Nacionales a las instituciones jurídicas del país, que como su Comandante en Jefe me siento complacido al reiterar; vamos sorteando el escollo y dominando rutas.

Esas rutas nos obligan a la acción y constituyen una vigorosa invitación a las nuevas generaciones para que depongan cualesquier consideración mezquina y se entreguen con toda la capacidad de su inteligencia y toda la fuerza de su voluntad a la gran tarea de llevar adelante el desarrollo económico y social de Venezuela.

Está armado el rompecabezas. Confiamos en que no lograrán su propósito quienes intenten otra vez desarmarlo.

El panorama que se nos presenta es comprometedor. Nos obliga a todos a bregar, a trabajar, a producir, a crear.

Con Dios y por Venezuela, el objetivo final sigue siendo ¡triunfar!

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.

Rafael Caldera 1997. Represa Macagua II en Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Con motivo del 39 aniversario del 23 de enero de 1958, fue inaugurada en 1997 la Represa Macagua II en Puerto Ordaz, estado Bolívar.