Cuarto Mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional. Caracas, 9 de marzo de 1973.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Se inicia el último año de gobierno del presente período constitucional en momento en que la presencia de Venezuela se hace aliento de espíritu y carne de realidad en el proceso de integración continental. El viaje que acabo de hacer a las hermanas repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina ha puesto de relieve el afecto que se siente por Venezuela, el aprecio que ha ganado por el esfuerzo que está cumpliendo al servicio de la paz, de la libertad, del entendimiento entre todos los pueblos, del fortalecimiento de nuestra independencia y del ejercicio de plena soberanía sobre nuestros recursos, y el calor fraterno con que es recibida su franca disposición de ponerse al servicio del ideal bolivariano de la unidad de América Latina. Mi reciente encuentro con el Presidente de la República Federativa del Brasil ha venido a corroborar esos propósitos de amplia cooperación, que en nuestro concepto deben en todo momento guiar el creciente y vigoroso nacionalismo latinoamericano. Al mismo tiempo, nos vinculamos más con todos los países del área del Caribe, y cooperamos con las demás naciones de la gran familia latinoamericana para configurar una política internacional cuya permanente inspiración es lograr, en medio de la diversidad de orientación o de fórmulas, la unidad fundamental de América Latina para hacerla una realidad operante, una pujante fuerza en la lucha por relaciones más justas dentro del ámbito universal, y un apoyo mutuo para el ejercicio de la soberanía de cada uno sobre los recursos naturales.

El Consenso de Lima

La firma del «Consenso de Lima», a través del cual nos incorporamos al grupo subregional andino, integrado hasta ahora por los estados signatarios del llamado Acuerdo de Cartagena, ha sido la culminación de un laborioso proceso. Durante él se fue abriendo una creciente posibilidad de armonizar planteamientos formulados por nuestros representantes, derivados de las circunstancias económicas y del análisis que se vino haciendo de los hechos. Claro quedó que Venezuela no aspiraba a privilegios de ninguna índole, sino a despejar el camino de los peligros que, especialmente a corto plazo, podrían frustrar nuestras mejores intenciones. La voluntad concurrente de todos los países hermanos -con los cuales veníamos ya en estrecha relación a través del Convenio «Andrés Bello», de la Corporación Andina de Fomento, del Convenio «Hipólito Unanue» de cooperación en salud y de la asistencia de nuestros observadores a las reuniones del grupo sub-regional- puso de presente la alta consideración que nuestra patria les merece; y fue motivo de intenso júbilo para los venezolanos que presenciamos aquel acto trascendental, el ver demostrado por los hechos la sinceridad de nuestro propósito integracionista.

Nuestro ingreso al grupo sub-regional andino ha sido saludado, no sólo por los países del área, sino por las naciones vecinas y aun más allá de este Hemisferio, como un hecho trascendental que vigoriza las perspectivas económicas de este conjunto de pueblos y constituye un nuevo y firme paso hacia la integración latinoamericana. Damos con ello vigencia real al artículo 108 de nuestra Constitución, según el cual: «La República favorecerá la integración económica latinoamericana. A este fin se procurará coordinar recursos y esfuerzos para fomentar el desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes».

No considero necesario, Honorables Senadores y Honorables Diputados, extenderme en pormenores acerca de los puntos tratados, de las declaraciones formuladas y de los acuerdos suscritos durante mi reciente viaje al Sur, ya que todo el país ha tenido información directa del viaje, en forma tal que podría asegurarse que la totalidad de los venezolanos participó de manera efectiva en esta gran jornada de unidad pluralista. El principio de una solidaridad latinoamericana, sin fronteras ideológicas ni tácticas, para defender la justicia social internacional y cooperar al bien común universal, quedó reafirmado categóricamente. La parte documental de este Mensaje y la Memoria del Despacho respectivo ofrecerán, de todas maneras, una más extensa referencia. Lo que sí debo ahora es expresar que este viaje reveló en todas las naciones visitadas, aún más que una favorable disposición para recibirnos, un verdadero deseo de que nos hiciéramos presentes. De que renováramos el compromiso histórico que nos ata al destino de todas esas repúblicas hermanas y de que expresáramos, con lenguaje claro e inequívoco, nuestra voluntad solidaria para una acción conjunta, a que nos compromete el pasado y nos conminan categóricamente el presente y el porvenir de nuestras patrias. Cuando Venezuela hace oír su voz, sin arrogancia, con sentido cabal de la participación que a cada uno corresponde en la empresa común, y con la honesta determinación de no erigirse en juez de lo que cada uno se empeña en realizar dentro de su respectiva jurisdicción, se encuentra con una reserva inextinguible de afecto, aunada a la estimación que se nos dispensa por la contribución que nos empeñamos en dar, dentro del ámbito de nuestras fronteras, mediante un ejemplo sano de voluntad renovadora, afirmada sobre una sólida institucionalidad.

Si hemos proclamado, en trascendentales ocasiones y ante calificados auditorios, el orgullo de ser latinoamericanos, no podemos menos de sentir, en el ámbito de una fraternidad profundamente respetuosa de los méritos y características de cada país, el modesto pero sincero orgullo de ser venezolanos.

He de confesar que ese sentimiento, que le hace a uno sentir el inmenso honor de ser ciudadano de esta patria, lo experimento hoy, Honorables Senadores y Honorables Diputados, mucho más hondo. La grandeza de Venezuela, la aspiración de verla brillar en la plenitud de su destino, el aliento recibido por los pueblos hermanos que creen en lo sincero y estimulante de nuestra fraternidad, todo ello lo veo presente en mayor grado que nunca; y quisiera estar dotado en el máximo grado de la facultad de persuadir, para motivar intensamente a todos mis compatriotas hacia la afirmación más decidida y actuante de venezolanidad.

Uno de los primeros documentos que el Ejecutivo enviará al Congreso para su consideración en este año es la documentación correspondiente a nuestra incorporación al Grupo Andino. Las declaraciones categóricas formuladas por autorizados personeros de importantes corrientes representadas en el Parlamento le ofrecen la seguridad al país de que su ratificación será hecha en el más breve tiempo y dentro de la más amplia coincidencia. La actitud del sector privado de nuestra economía ha sido, por otra parte, francamente positiva. Nuestros empresarios se disponen a enfrentar el reto de la integración con ánimo dispuesto y optimista. Todo ello configura la imagen de una nación que mira al porvenir segura de sí misma y con sólida unidad en torno a las cuestiones fundamentales.

Una economía dinámica

El deber que vengo hoy a cumplir es el de informar a la representación legislativa del pueblo soberano acerca de los hechos más importantes de gobierno y de administración ocurridos en 1972, en sus aspectos relevantes.

La economía venezolana ha continuado en franco ascenso. Por primera vez en nuestra historia, el producto territorial bruto tuvo un crecimiento significativo, a pesar de haber bajado el volumen de producción petrolera en un 9%, aproximadamente. Si a esta disminución en la cantidad de petróleo extraída se agrega una baja circunstancial en la exportación de hierro, debida a una menor demanda de mineral en los mercados exteriores, se tendrá que atribuir una significación aun más positiva al hecho de que el PTB, a los precios actuales, registrara un crecimiento de aproximadamente 10,5% en relación a 1971 y a los precios de 1968 de 4,4%; ; y de que, excluidos petróleo y minería, el crecimiento de la economía nacional a los mismos precios de 1968, alcanzara un crecimiento de aproximadamente 7%. Este fenómeno extraordinario se debió, por una parte, al mayor rendimiento obtenido por la política nacionalista de la democracia venezolana, que ha logrado de él un ingreso fiscal creciente de año en año y que ha hecho llegar la participación fiscal por barril a Bs. 6,98; y, por la otra, al vigor demostrado por los demás sectores. Es así como la industria manufacturera, excluida la refinación del petróleo, creció en un 8,6%; la producción de energía en un 11%; transporte y comunicaciones en un 8,5%; y la construcción en un 16,5%. Todo ello se ha reflejado en la circunstancia, muy reveladora, de que la participación relativa del petróleo y minería en el PTB disminuyó al 13,9%, continuando una tendencia que la había situado en 18,5% en 1968. Esta menor participación muestra una menor dependencia de la economía respecto del petróleo, por lo menos en el aspecto interno, ya que en cuanto al comercio exterior, la modificación sustancial dependerá del mayor impulso que le sigamos dando a las exportaciones no tradicionales y del mayor acceso que obtengamos a mercados más amplios. Es interesante anotar que lo expuesto no implica, en modo alguno, una declinación de la actividad petrolera. Al contrario. La reactivación de las exploraciones ha hecho que las reservas probadas de petróleo hayan aumentado por primera vez en los últimos años; que se hayan descubierto nuevas áreas productoras, y que se hayan hecho inversiones privadas de tal importancia que la Refinería de Amuay, por ejemplo, ha pasado a ser la mayor del mundo.

Entrada del presidente Rafael Caldera al hemiciclo del Senado, para presentar su cuarto mensaje de gobierno.

El PTB y la distribución del ingreso

Como consecuencia del crecimiento económico, el ingreso por habitante alcanzó en 1972 a 5.400 bolívares, lo que estimado en dólares, como es usual para las comparaciones internacionales, alcanzó a 1.236. Tal ingreso per cápita está en el nivel más alto de América latina y es un 28% más alto que en 1968. El aumento ha ido acompañado de una intensa política social tendiente a lograr mejor distribución, mediante una participación cada vez mayor de los sectores populares. Así, en 1972 se suscribieron 1.292 nuevos contratos colectivos de trabajo, con lo que se llega en cuatro años a 5.300, en todos los cuales ha habido importantes mejoras salariales y beneficios de diversa índole. Para aquellos sectores de menor remuneración y de menor actividad sindical, como los trabajadores agrícolas y los trabajadores a domicilio, se ordenó la formación de Comisiones para fijar salarios mínimos obligatorios. El reciente contrato colectivo suscrito con la Confederación de Trabajadores de Venezuela en representación de los trabajadores al servicio del Estado involucra un nuevo y significativo aumento para aquéllos: el Congreso recibirá amplia información al respecto, pues será sometido a su consideración el crédito adicional necesario para cubrir el costo correspondiente al presente año.

Por otra parte, la política del gasto público, orientada preferentemente hacia la educación popular, la inversión en salud pública (a través de los gastos directos del Estado y de los Gobiernos regionales y del Seguro Social Obligatorio), la inversión en vivienda orientada hacia las familias de menores ingresos, y la realización de obras y servicios destinados prioritariamente a atender las necesidades populares, acentúa el esfuerzo que se hace para canalizar en su mayor parte el producto nacional hacia los sectores menos favorecidos de la población.

Oferta y demanda de empleo

Dentro de este contexto, la generación de nuevas oportunidades de empleo tiene carácter prioritario. La importancia de la demanda de mano de obra en Venezuela se observa por la fuerte presión a favor de la recepción de inmigrantes y la existencia de centenares de miles de personas que a través de nuestras fronteras terrestres, desafiando restricciones policiales y legales y exponiéndose a innumerables molestias, vienen a nuestro país y encuentran ocupación remuneradora; así como por la escasez de mano de obra calificada que comienza a experimentarse al tomar definido incremento actividades económicas como la de la construcción. De allí el que estimemos que en el problema de la marginalidad social influyen considerablemente las fallas tradicionales de la educación, que no capacitó adecuadamente durante su niñez y juventud a muchos de nuestros compatriotas adultos. Por ello, el empeño fundamental que hacemos de extender horizontal y verticalmente la educación popular, considerándola como la forma más segura y rendidora de sembrar y dominar el petróleo. Al mismo tiempo, se realiza una política de empleo que podría permitir, si se la sigue desarrollando, acercarse durante el próximo período constitucional a la aspiración del pleno empleo, o por lo menos, a niveles técnicamente próximos a este concepto.

En el año de 1972 fueron creados más de 116.000 nuevos empleos, lo que permitió atender al crecimiento de la demanda de ocupación originado por el aumento de la fuerza productiva y disminuir la tasa de desempleo anterior. El total de nuevas oportunidades creadas en estos cuatro años alcanza a más de 420.000. Al terminar el año, el número de personas empleadas asciende a 3.093.000 que, comparado con una fuerza productiva estimada en 3.301.000, ofrece una tasa de desempleo de 6,3%.

El hecho de haber alcanzado para el Ministerio de Educación un presupuesto que en el presente año es de dos mil quinientos millones de bolívares (más del doble del correspondiente a 1968), debe llenarnos a todos, Honorables Senadores y Honorables Diputados, de legítima satisfacción. Sabemos que en esta materia las exigencias crecen día a día, pero este mismo hecho es una manifestación de progreso. El presupuesto educacional es más alto que el de cualquier otro Despacho Ejecutivo. Deducido el Situado Constitucional (que corresponde a los gastos de administración estadal y del cual también se dedica a educación un elevado porcentaje) el gasto en Educación excede a la quinta parte del gasto nacional.

Los indicadores económicos

La prosperidad de que está gozando Venezuela y la solidez de su economía se han reflejado en los indicadores económicos, en una serie de hechos de los cuales sólo voy a referirme ahora a algunos. La inestabilidad del sistema monetario internacional, ante la cual hemos reaccionado con sentido de solidaridad hacia los países en vías de desarrollo y especialmente hacia los de América Latina, no ha producido para nuestro país ningún trastorno. Ocurridas dos devaluaciones del dólar norteamericano, la primera a fines de 1971 y la segunda a principios de 1973, optamos en acuerdo con el Banco Central de Venezuela por proceder a revaluar moderadamente el bolívar, a fin de compensar, de acuerdo con el volumen y composición de nuestro comercio internacional, el aumento en los costos de aquellos insumos y equipos que importamos de países cuya moneda ha sido revaluada.

Al pasar el tipo de cambio del bolívar en relación al dólar de 4,50 a 4,30, y la del dólar petrolero, de 4,40 a 4,20, no fue una cuestión de prestigio la que nos decidió a no acompañar en su caída a la moneda norteamericana; fue, como antes dijimos, el propósito de conjurar al menos parcialmente la influencia del alza de precios producida por la importación de artículos que provienen de Europa, del Japón y de otras áreas económicas, y mantener la confianza en la estabilidad del bolívar, que constituye un elemento muy importante de nuestras relaciones económicas internas y foráneas.

Dentro de este contexto, las reservas internacionales han continuado incrementándose y alcanzando a la elevada cifra de un mil seiscientos sesenta y ocho millones de dólares al terminar el año 1972, cantidad que representa un aumento del 14,3% con respecto a 1971 y del 81,9% en este período constitucional. La liquidez monetaria creció, por otra parte, en un 17,5%, para alcanzar a 16.862 millones de bolívares (73,8% mayor que al finalizar el período anterior). Esta alta liquidez no debe ser motivo de alarma si se observa que el sector público tiene proyectos, de indiscutible carácter de inversión reproductiva, para cuya ejecución puede absorberse en condiciones satisfactorias, a través de leyes de crédito público interno, una gran parte de los depósitos que esperan colocación, y que el sector privado se dispone a emprender nuevas actividades y deberá hacerlo con mayor empuje como consecuencia de las vías que se están abriendo a nuestro comercio exterior y, especialmente, de nuestro ingreso al grupo subregional andino.

La entrada en vigor de la Ley de Mercado de Capitales, sancionada por ese Honorable Cuerpo a finales del año de la Cuenta, constituye una nueva oportunidad que se ofrece para la canalización del ahorro nacional hacia las actividades que reclaman nuestro desarrollo y para la protección del pequeño y mediano ahorrista.

El activo de la banca comercial ha llegado a diez y siete mil ochocientos treinta millones de bolívares, mayor en un 21,1% que el año precedente; y el total de depósitos en la misma, al cerrar 1972, era de trece mil novecientos veintitrés millones, lo que representa un incremento de 22,3%. Por primera vez, un banco venezolano abre una agencia fuera del territorio nacional; por cierto, uno del sector público, el Banco Industrial de Venezuela, que se estableció en Curazao. Cinco nuevos bancos hipotecarios fueron creados, de los cuales 4 en el interior del país: el monto de los créditos de la banca hipotecaria alcanzó a tres mil trescientos veintiocho millones de bolívares, cantidad que supera en más del 41,3% al año anterior; y el total de las cédulas hipotecarias en poder del público montó a tres mil doscientos noventa y un millones de bolívares, lo que representa un aumento del 41,7%. Es digna de mención, como una circunstancia favorable para el público, la rebaja de los intereses en los préstamos concedidos por la Banca Hipotecaria para la construcción de viviendas. El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo alcanzó, en cuanto a ahorros, la cifra de un mil trescientos cuarenta y tres millones de bolívares (26,8% más que en 1971) y en cuanto a préstamos hipotecarios, la de un mil cuatrocientos sesenta y tres millones de bolívares (19,5% más alto que el año precedente).

El número de prestatarios fue de 5.156 para doscientos treinta y nueve millones de bolívares prestados en el año, lo que hace que el promedio por cada beneficiario ha bajado de 65.000 bolívares a 46.000 bolívares, lo que significa un adelanto hacia la popularización del crédito.

Una política económica coherente

Pero mayor significación aún que todos estos indicadores de una economía en expansión lo tiene el conjunto de hechos que ya caracterizan definitivamente una política económica coherente, requerida por el país y en algunos aspectos reclamada desde hace cierto tiempo. Por una parte, la denuncia que hicimos del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos de América, inició una etapa completamente nueva para nuestro comercio exterior. Esta denuncia abrió la puerta a la reforma requerida desde hace tiempo, no sólo en los aspectos técnicos (como el de una nueva nomenclatura) en los criterios tributarios (para la sustitución casi total de la antigua norma del gravamen específico por el ad-valorem), y en el aspecto administrativo (para la supresión casi total del sistema de licencias y cupos, tan llenos de inconvenientes y tan proclive a corruptelas) sino, fundamentalmente, en el aspecto trascendental de la política económica, urgida de pasar de la etapa de la sustitución de importaciones («industrializaciones hacia adentro») y producción para mercado limitado y cautivo, a una política de desarrollo industrial dirigida a la conquista de mercados externos («industrialización hacia afuera») a base de calidad y productividad. La elaboración de los nuevos aranceles ha supuesto un largo y delicado estudio; aún así, después de su promulgación, se han abierto más los canales del diálogo y en armoniosa consulta e intercambio con el sector privado se han ido adoptando convenientes reajustes.

Al mismo tiempo, se adoptaron medidas para prohibir aumentos injustificados de precios con motivo de la reforma arancelaria. Se han dictado decretos para restablecer y vigorizar una política de control de calidad y garantizar la normalización industrial, en provecho del consumidor. Estas medidas suponen al mismo tiempo una serie de orientaciones y complementaciones que guardan estrecha vinculación con la nueva política económica de Venezuela. Por ello recomiendo encarecidamente al soberano Congreso la discusión y sanción de los proyectos elaborados por el Instituto de Comercio Exterior, en coordinación con otros Despachos e introducidos a las Cámaras por el Despacho de Relaciones Exteriores; el que consagra un incentivo a las exportaciones y el que establece un fondo para el fomento de la exportación. Así mismo, le recomiendo la consideración y sanción del proyecto de Ley que protege a la Marina Mercante Nacional, que viene a constituir un necesario apoyo a este ramo tan importante de nuestras relaciones comerciales con otros países. La aprobación de este instrumento tendrá aún mayor significación por haberse decretado el presente año, con ocasión del Sesquicentenario de la Batalla Naval de Maracaibo, como «año de la reafirmación marítima venezolana»; y porque, también en 1973, se dará comienzo a la satisfacción de un viejo anhelo nacional, con la puesta en servicio de las primeras unidades adquiridas por la Corporación Venezolana del Petróleo, para el transporte de nuestros hidrocarburos y de los cuales la que ya está equipándose en astilleros italianos llevará el significativo nombre de «Independencia I».

Nuestra política petrolera ha rebasado definitivamente el ámbito nacional para expresarse en estrecha armonía con los demás países interesados, tanto en el área hemisférica como en el ámbito universal. La reunión de los Ministros de América Latina en materia de petróleo y energía, celebrada en Caracas, fue un paso importante hacia una más estrecha solidaridad, que tomará forma más concreta en la próxima reunión de Quito. En cuanto a la OPEP, la convocatoria de una próxima reunión la hemos solicitado para que la palpitante cuestión del petróleo sea objeto de una orientación más clara, no sólo en el aspecto financiero sino en el de aprovechar la importancia del petróleo para lograr acuerdos que hagan más efectiva la industrialización de los países en vías de desarrollo.

Todo ello se concatena con el histórico paso de la firma del Consenso de Lima. Las cláusulas de salvaguardia adoptadas en dicho Consenso fueron resultado de numerosos estudios y conversaciones, pero a través de ellas, que no tienen el carácter singular sino que se aplican a toda la comunidad, quedó evidenciada la voluntad concurrente de entenderse para marchar con decisión hacia adelante. Todo está preparado para que nuestra participación en el grupo subregional sea factor de crecimiento y de intercambio, en que no haya aprovechamientos individuales sino un gran beneficio común que favorezca a todos.

El presidente Rafael Caldera recibido por José Antonio Pérez Díaz y Antonio Leidenz, presidente y vicepresidente del Congreso Nacional, y Ezequiel Monsalve Casado, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Capacitación de nuestra población

El conjunto de decisiones y compromisos que en muy breves rasgos acabo de dibujar constituye, por lo demás, argumento apremiante para intensificar y elevar el proceso educativo de nuestra población. Las responsabilidades que Venezuela tiene y las que va adquiriendo exigen un rápido e intenso mejoramiento y una adecuada utilización de sus recursos humanos. Por ello nos emociona el que la matrícula estudiantil en el país pase de 2 millones y medio de alumnos, con un aumento de casi 170.000 en el año, y que por primera vez se aborde un plan ambicioso de educación pre-escolar con medios y sistemas modernos. Por ello ponemos tanto empeño en el establecimiento de un nuevo sistema de educación media que permita, a través del Ciclo Diversificado, aprovechar las energías de nuestra juventud en las tareas del desarrollo. El Ciclo Diversificado, a la vez que prepara al estudiante para proseguir hacia la educación superior, habilita al joven para incorporarse al mercado de trabajo, mediante una amplia gama de posibilidades que se le ofrecen –de acuerdo con las necesidades regionales- en las especialidades siguientes: Educación secundaria con menciones en ciencia y en humanidades; Educación industrial, con menciones en construcción civil, construcción naval, dibujo técnico, electricidad, electrónica, instrumentación, mecánica automotriz, topografía, mecánica de mantenimiento, metalurgia, máquinas y herramientas, construcciones metálicas, química e hidrocarburos, refrigeración y aire acondicionado, maquinaria pesada, ebanistería; Educación comercial y para los servicios, con menciones en contabilidad, secretariado, administración de personal, presupuesto público, organización y sistemas, y turismo; Educación asistencial, con menciones en enfermería, trabajo social y puericultura; Educación agropecuaria, con mención en zootecnia, fitotecnia, mecánica agrícola, patrones de pesca y tecnología de alimentos; y Educación normal, con la mención pre-escolar y primaria.

Su implantación no ha sido improvisada, sino el fruto de investigaciones y estudios en lo pedagógico y en lo socio-económico y de ensayos experimentales cumplidos previamente con éxito. Con la puesta en práctica del Ciclo Diversificado concluye el proceso de implantación del Decreto 120, promulgado en 1969, que estableció las bases de un nuevo régimen para la educación media.

Por ello, también nos empeñamos en la diversificación de la educación superior, cuyo proceso continuó con el Instituto de Tecnología de la Región Capital, los Institutos Tecnológicos de Coro y San Cristóbal, los Colegios Universitarios de Caracas y Los Teques, los Institutos Pedagógicos de Maracay y Maturín y el Instituto Politécnico de Ciudad Guayana. Avanzan los estudios para el Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos, el Colegio Universitario de Carúpano y una extensión del Tecnológico de Caracas en Cumaná, en colaboración con Corporiente. Se autorizaron cinco institutos universitarios privados; avanza el proceso preparatorio de la Universidad Simón Rodríguez y se estudia la factibilidad de proyectos planeados para otros varios lugares del país. Nos sentimos profundamente emocionados cuando, en virtud de las disposiciones dictadas por el Gobierno que presido, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas celebra su primera graduación de post-grado en el más alto nivel científico.

Nos complacemos al ver ya funcionando el Instituto Venezolano de Investigaciones Petroleras y Petroquímicas. Nos preocupamos intensamente por la creación y transferencia de tecnología, desarrollamos una amplia política científica e incrementamos a todos los niveles la cooperación técnica, para lo cual aprovechamos las oportunidades que pueden ofrecernos el mayor número de países amigos y los organismos multilaterales, al mismo tiempo que abrimos a otros países la posibilidad de aprovechar las oportunidades que estamos en capacidad de ofrecerles. De allí la extensa información que, en anexo al presente Mensaje, se da acerca del programa de cooperación técnica que se lleva a cabo.

Y por cuanto la juventud es para mí objeto de preocupación primordial, decidí nombrar un Ministro de Estado para asesorarme sobre este aspecto tan importante de la sociedad moderna. El Ministro se ha puesto en comunicación con todos los sectores juveniles para recabar la expresión directa de sus puntos de vista, sus inquietudes y vivencias, sin cortapisas ni temores. Los datos recogidos serán de gran utilidad cuando terminen de procesarse y pueda elaborarse un informe completo. Al mismo tiempo, he confiado al Ministro de Estado la responsabilidad de coordinar las distintas actividades oficiales relacionadas con la cultura, la ciencia y la tecnología.

El costo de la vida

Por supuesto, el propio auge económico, la gran liquidez monetaria, la atención creciente a las aspiraciones de los trabajadores y, sobre todo, el encarecimiento del componente externo, presionan constantemente a favor del aumento de precios, mientras por otra parte la propaganda que se hace –aún con la mejor intención- a través de los medios de comunicación social, contribuye a aumentar esa presión, que exige del país entero una estrategia y la firmeza necesaria para evitar una espiral inflacionaria. El movimiento de los precios se ha podido contener, dentro de una de las tareas más difíciles que tiene hoy que enfrentar cualquier gobierno en cualquier país de la tierra. Por una parte, un elemento anti-inflacionario ha sido el aumento del volumen de bienes y servicios al alcance de la población, que compensa las mayores disponibilidades monetarias; por otra parte, el aumento de los depósitos de ahorro y a plazo constituye un factor limitativo de la expansión de dinero en manos del público. La política de vigilancia de los precios se ha ejercido con firmeza, especialmente a nivel de productor y mayorista, que es tal vez donde hay que hacer frente a intereses más cuantiosos, pero donde al mismo tiempo es más viable el control que a nivel de detallistas. En algunos renglones, como por ejemplo el de los vehículos automotores y sus accesorios, se puede comparar la curva de precios para hacer evidente cómo la acción gubernamental ha puesto coto a una acentuada tendencia alcista de los años anteriores; y se ha logrado la fabricación de un vehículo popular a precios reducidos, a la vez que se programa un vehículo económico para el transporte colectivo. En materia de insumos agrícolas, se dictó una medida de congelación de precios, largamente esperada por los productores del campo. En relación a la carne, si no se hubieran adoptado las determinaciones que exigía una nueva política ganadera, quizás estaríamos hoy sufriendo los rigores de la escasez y nuestra ganadería de carne parecería condenada a desaparecer. Por lo contrario, manteniendo y garantizando un nivel que resiste comparación favorable con cualquier otro país del mundo, y señaladamente en lo que se refiere a los artículos consumidos por las personas que no tienen recursos abundantes para su dieta diaria se han creado estímulos a la producción ganadera, cuyos resultados se están cuantificando ya en una producción de carne que supera en un 29% el promedio anterior por cada res sacrificada, y que abre perspectivas ayer consideradas ilusorias para convertir nuestra ganadería de carne –como lo fuera en tiempos olvidados- en un prometedor renglón de exportación.

En las últimas semanas, la falta de lluvias ha generado inquietud acerca de la perspectiva que acabo de exponer. Confío en que este fenómeno meteorológico no tenga carácter duradero; en todo caso, el Gobierno tomará, en acuerdo con los productores, todas las medidas que resulten aconsejables para conjurar sus efectos.

La lucha contra el alza en el costo de la vida no se logra con discursos ni con propagandas alarmistas. Se logra, especialmente, fortaleciendo la conciencia del consumidor, armonizando su actitud con lo que al Gobierno compete en el papel de asegurar, por una parte, la posibilidad de desenvolvimiento y el estímulo razonable que debe tener la producción y el aumento de la productividad y, por la otra, los derechos prioritarios del pueblo consumidor, víctima de las maniobras a que a veces se le sujeta, al calor de la misma propaganda alarmista que pretende favorecerlo. Es indudable que nuestra primera defensa contra las presiones inflacionarias externas está en el fortalecimiento de nuestra producción. Si súbitamente se encarecen, por ejemplo, los cereales que tenemos que importar de otras latitudes para preparar alimentos concentrados, y el precio de éstos a su vez incide en la producción de aves del corral, de huevos y de carne de cerdo, es indudable que el remedio definitivo ha de estar en sustituir hasta donde sea posible esos renglones de importación por cereales producidos en suelo venezolano, por agricultores venezolanos y con financiamiento venezolano. Por ello orientamos en ese sentido nuestros planes y las medidas que adoptamos; pero, al mismo tiempo, tenemos que dictar normas de emergencia, que atiendan las situaciones creadas, no permitan que factores adversos de procedencia foránea hagan recaer sus efectos sobre los sectores más débiles, y se mantengan como orientación primordial la protección al pueblo.

El sector agrícola

La situación del sector agrícola, a pesar de las contingencias climáticas que afectaron al subsector vegetal en algunos renglones, registró un crecimiento conjunto de cerca del 3,5%, a precios constantes, lo que le permitió mantener su participación en el producto territorial bruto en el mismo nivel anterior. Ello demuestra el carácter dinámico que tuvo en 1972, especialmente el subsector animal, cuyo incremento fue de cerca del 6%, y el pesquero, cuyo incremento fue de más del 7%. En ambos casos se demostró la eficacia de la política oficial. El financiamiento público para el sector agrícola durante el año alcanzó a seiscientos treinta y un millones de bolívares, a través del Banco Agrícola y Pecuario y del Banco de Desarrollo Agropecuario. De este monto, el 57% fue al sector campesino y el 43% al sector empresarial. Se dispuso de doscientos siete millones de bolívares para créditos destinados a un programa de desarrollo ganadero y se autorizó la aplicación de recursos del fondo de garantía previsto en la Ley sobre bienes afectos a reversión para créditos de desarrollo agrícola. La banca comercial otorgó créditos al sector agropecuario por setecientos noventa y cinco millones de bolívares (156 más que en el año anterior).

Hubo renglones del subsector vegetal que mostraron también franca expansión, como es el caso del algodón, que aumentó en 22,5%, el maní, en 49,9% y la caña de azúcar en 11,3%. El Gobierno aprovechó las circunstancias del mercado interno para asegurar la venta de las cosechas de maní acumuladas en años anteriores y para impulsar la exportación del sisal, cuya situación era grave hasta fecha reciente, con el agravante de que sus productores están ubicados a un nivel medio y pequeño. Para conjurar la situación económica en que los trastornos climáticos colocaron a los productores de ajonjolí, maíz y arroz se elaboró un proyecto de Ley de Reconversión de la Deuda Agrícola, que se encuentra actualmente en curso en el Congreso de la República.

Es conveniente señalar que las actividades dirigidas a la protección del campo han sido variadas y múltiples: tanto en lo relativo a la investigación y extensión, como en la construcción de vías de penetración y reconstrucción y conservación de las existentes, en el catastro de tierras –sobre todo en las regiones fronterizas-, en la siembra de millones de pinos comerciales en el sur del Estado Monagas, y en la política de protección de recursos naturales a través de la declaración de parques nacionales, monumentos nacionales y refugios de la fauna silvestre.  La Reforma Agraria se lleva adelante, combinando la consolidación de asentamientos, la regularización de la tenencia de la tierra mediante el otorgamiento de títulos de propiedad, la realización de nuevos asentamientos, la organización social de los campesinos y de empresas campesinas y un intenso programa de investigación y educación. La Fundación para Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA) realizó noventa y dos cursos en el año, lo que viene a ser cuatro veces más del año anterior. El programa integral de desarrollo agrícola (PRIDA) se está ejecutando en todas sus fases, que comprenden la consolidación de asentamientos, investigación y extensión agrícola, crédito agrícola, construcción de silos, capacitación, riego y caminos vecinales.

Es necesario, por tanto, desvirtuar las actitudes pesimistas acerca del desarrollo de nuestra agricultura. Es cierto que aquí, como en otras partes, a veces las condiciones meteorológicas provocan daños de importancia en algunos renglones; pero también es cierto que el esfuerzo que se realiza para estimular y apoyar la actividad del sector es de gran importancia, y sus resultados se observan cuando son capaces de conjurar los trastornos causados por factores naturales. Por otra parte, los agricultores y criadores de Venezuela no se han amilanado ante situaciones verdaderamente graves que en diversas épocas han tenido que atravesar y por ello, una vez que las medidas adoptadas estén en marcha y que el Congreso haya aprobado aquellas que dependen de su decisión, se podrá impulsar rápidamente la recuperación de los renglones que hubieran padecido déficit, mientras, por otra parte, las características del mercado mundial deben aprovecharse para intensificar la producción de renglones que se han encarecido en las fuentes foráneas y reemplazarlos por un aumento en la producción nacional.

El presidente Caldera durante su cuarto mensaje ante el Congreso Nacional.

Programa de obras en marcha

El avance del país supone una intensa actividad y grandes planes se encuentran en ejecución, o en fase avanzada de programación. La simple enumeración de los mismos sería agotadora. Recordemos apenas, en cuanto al intenso programa de obras públicas en marcha, que en todas las regiones del país se realizan obras de importancia, a las cuales hay que añadir las construidas por los gobiernos regionales. En cuatro años se han iniciado o puesto en servicio tres autopistas, urbanas e interurbanas. Se han construido o están en proceso de construcción cuarenta y siete avenidas en diversas ciudades de Venezuela. Se han construido o mejorado, o se construyen actualmente doce puertos, entre otros los que desde el Estado Falcón enlazarán a través del ferry a nuestro país con las islas de Curazao y Aruba. Se han construido o mejorado o están en construcción doce aeropuertos, entre ellos, los más importantes, Maiquetía, Maracaibo, Las Piedras y Margarita. Se ejecutan veinticinco edificaciones hospitalarias que generarán tres mil ciento setenta y siete camas adicionales para atención de la salud. Se construyen numerosos acueductos, entre ellos los destinados a satisfacer urgentes necesidades de Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal y otras diez ciudades importantes. Se han construido mil setecientas treinta y seis edificaciones de educación primaria, con un total de tres mil setecientos catorce aulas, y treinta y seis edificaciones para educación secundaria, que representan seiscientas trece aulas. Para finales del presente año se cumplirá la meta de quinientas canchas deportivas para el deporte escolar y popular. Se han ejecutado o están en proceso de ejecución doce represas. El módulo de Mantecal, en el complejo hidrológico de Apure, se está desarrollando con perspectivas óptimas y promete ofrecer la solución definitiva para la doma del agua en el Llano, tradicionalmente azotado por alternativas de inundación y sequía. Se han ejecutado o están en proceso de ejecución obras importantes para el control de inundaciones en diversas poblaciones, entre ellas el canal de alivio del Manzanares, ya concluido, en Cumaná, y el canal de alivio del Neverí, que se construye actualmente en Barcelona.

Por otra parte, en cuanto a las grandes empresas destinadas a transformar nuestros recursos naturales o aumentar nuestro potencial económico, tómese en cuenta que Sidor aumentó su producción en un año en 11% y su exportación en 188%; que pasará este año del millón de toneladas de acero y proyecta su ampliación hasta tres millones; que se proyectan nuevas empresas mixtas para la transformación en gran escala del mineral de hierro, orientándose hacia la producción de mineral refinado o pre-refinado, más conveniente para el país que la exportación de mineral sin refinar, que la producción de aluminio fue más del doble en 1972 de lo que era en 1968 y que a principios de 1974 será doble de la actual; y que por otra parte se proyectan empresas mixtas para una producción varias veces mayor que la existente, destinada a la exportación; que se están desarrollando en el programa de producción de energía eléctrica la planta de Santo Domingo, en el estado Barinas, que será puesta en servicio este año, y la nueva etapa de la planta del Guri, cuya construcción marcha dentro del cronograma establecido, que está en pleno proceso de construcción el dique seco de Puerto Cabello, tan deseado por aquella población y tan necesario para el desarrollo nacional, y que el Instituto de Diques y Astilleros está realizando construcciones y prestando servicios de creciente importancia a la marina nacional; que continúa adelantándose el proceso para la planta de gas licuado en el Estado Zulia, con una capacidad de producción de seiscientos veinte millones de pies cúbicos diarios y cuya instalación se estima estará terminada para mediados del próximo período constitucional y que en cuanto a la planta de Oriente, podría instalarse si se acogiera la idea de la modificación legal sugerida por el Ejecutivo; pero que, al mismo tiempo, vistas las posibilidades de producción de amoníaco y las excelentes perspectivas del mercado para este producto, se están dando ya los pasos necesarios para proyectar en Oriente una planta que podría producir cerca de dos millones de toneladas por año y utilizar gran número de trabajadores. No se ha dejado un solo instante de impulsar los proyectos mineros a que me he referido en anteriores mensajes y de cuya trascendencia estoy más persuadido que antes. La participación de las Corporaciones Regionales de Desarrollo de Nor-Oriente y el Zulia contribuye a dar a algunos de esos proyectos mayor influencia en las áreas respectivas.

La aprobación del proyecto de Ley de Corporación Minera, actualmente en las Cámaras, ayudaría considerablemente al desarrollo minero nacional. Todo esto ocurre mientras en Venezuela todavía resuena el profundo eco producido por la inauguración de la primera etapa del complejo petroquímico de El Tablazo, que constituye hasta ahora la obra correspondiente a una mayor inversión que haya sido inaugurada en el país y dentro de cuyo programa, que continúa firmemente en marcha, es indispensable reiterar el papel que los empresarios zulianos están cumpliendo, en una demostración de confianza y con un sentido de cooperación que genera el mayor estímulo y dibuja los más amplios horizontes de cooperación entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de Venezuela.

Sería imposible continuar una enumeración como la iniciada anteriormente. Pero es indispensable agregar que en 1972 fueron suscritos por CADAFE contratos para los estudios definitivos de las alternativas de construcción del sistema hidrológico Uribante-Caparo; y que al conocimiento del Honorable Congreso de la República está sometido un programa de electrificación rural que constituye una necesidad urgente y que representa el paso más importante en la transformación del medio rural venezolano, por lo cual muy respetuosamente recomiendo a las Cámaras su pronta aprobación.

El esfuerzo que se está haciendo, en todos los órdenes, es verdaderamente gigantesco. Lo alienta un ideal de patria grande, y por ello, al mismo tiempo que se atiende al clamor de necesidades y aspiraciones de las áreas pobladas, se lleva adelante, a punta de corazón, el programa de la Conquista del Sur y se incorpora efectivamente al territorio nacional la inmensidad de la Gran Sabana, en el Estado Bolívar. La apertura de la carretera que comunica a El Dorado con Santa Elena de Uairén, construida bajo la responsabilidad del Servicio de ingeniería del Ejército, movido por una verdadera mística nacionalista, y con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y de otros organismos, es un hecho de dimensión comparable a lo que se está cumpliendo en el Territorio Amazonas, donde surgen centros poblados, aeropuertos, estaciones de comunicación y de divulgación radial, carreteras y picas, servicios múltiples, y una prospección cada vez más precisa, con resultados tan valiosos como el descubrimiento del Cerro Impacto, donde la exploración conjunta del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y de CODESUR conduce a una positiva evaluación del extraordinario hallazgo.

Expansión de los servicios

Por otra parte, se impulsan en los más variados aspectos los servicios destinados a atender múltiples campos de la vida nacional. La Compañía Venezolana de Navegación incorpora al tráfico marítimo dos modernas unidades (La Guaira y Maracaibo) que, con las dos adquiridas un año atrás (Venezuela y Caracas), representan un aumento sensible de nuestra flota mercante. El teléfono ha extendido el discado directo a 22 nuevas poblaciones, con lo cual se totalizan 76, unidas por este sistema nacional; en los últimos cuatro años se han incorporado ciento diecinueve mil ocho subscritores, lo que representa más de una tercera parte del total existente para fines de 1972.

Funciona, con la participación de la Guardia Nacional, un servicio múltiple de patrullaje vial en las carreteras del país: la primera etapa comprendió el trayecto entre Caucagua y Barquisimeto; la segunda, entre Caucagua y Puerto Ordaz, y va a extenderse, en la tercera etapa, al trayecto entre Barquisimeto y Palmarejo. El turismo se constituye en actividad promisora: el número de visitantes foráneos aumenta en un 26,2% respecto a 1971; se ponen en marcha proyectos de importancia y se evalúan e incentivan las posibilidades turísticas de diversas regiones. La atención a la salud pública se extiende con la puesta en servicio de los grandes hospitales de Maracay y Mérida, con sus servicios ambulatorios integrados, y de los centros de salud de Caripe, Cagua y Betijoque; y se prepara la próxima puesta en servicio de los Hospitales de Coro, Valle de la Pascua, Tinaquillo y Tumeremo; del gran Hospital General de Los Magallanes, en el oeste de Caracas, zona de gran densidad popular; del Hospital Materno-Pediátrico de Petare, y se transforman en hospitales generales los antiguos sanatorios Angel Larralde en Valencia, Herrera Vegas en Caracas y el antiguo Hospital Antituberculoso de Maracaibo. Entra a funcionar de manera organizada y científica la Comisión de Defensa Civil y demuestra su eficacia en la planificación para prevenir posibles daños de una extraordinaria creciente del Orinoco, así como en la colaboración prestada a los damnificados por el terremoto de Managua, a donde nos llevó un deber de fraterna solidaridad. La Secretaría de Promoción Popular, carente de recursos financieros propios, cumple no obstante una gran tarea de coordinación para la formación de cuadros, exploración de sistemas y realización de ensayos dirigidos a incrementar la participación de los sectores populares en el proceso social y en la solución de los problemas. Uno de sus importantes resultados es la elaboración de una metodología de la educación para la participación y un señalamiento de rutas en el cual habrán de confluir los diversos esfuerzos que se hacen en beneficio de la comunidad. Podría mencionar los servicios de desarrollo de la comunidad, a través de Cordiplan y sus diversos órganos; el de Urbanización y Equipamiento de Barrios, adscrito al Banco Obrero; el de promoción, capacitación y organización campesina del Instituto Agrario Nacional, Fundacomún, la Dirección de Bienestar Social del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y la División de Desarrollo de la Comunidad del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. El servicio de cooperativas realiza una labor continuada para la promoción de estas instituciones de notorio interés social.

La seguridad social sigue su marcha. El número de afiliados y beneficiarios aumenta y el pago de pensiones de jubilación se realiza de acuerdo con lo programado. En el Congreso está un proyecto de Ley de Crédito Público que tiende a solventar, a través de una emisión especial de crédito público, los fondos permanentes del Instituto Venezolano del Seguro Social para el pago de pensiones por seguros a largo plazo. Se ha logrado un concurso armónico de voluntades de los representantes del Estado, de los trabajadores y de los patronos para afrontar los problemas económicos que afectan al seguro, algunos de ellos de carácter administrativo y otros de carácter estructural y que en definitiva residen en la insuficiencia de los recursos asignados para atender el gran número de beneficiarios del seguro de enfermedad-maternidad.

Proceso de la regionalización

Uno de los hechos más importantes del actual período constitucional es el de la regionalización y él continuó afirmándose en el curso del año pasado. Los Comités Regionales de Gobierno (COREGO), los Consejos Regionales de Desarrollo, la marcha de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, la elaboración de programas variados e importantes, todo ello evidencia el arraigo que toma el proceso de regionalización y la significación que sus órganos revisten. Dentro de este proceso, y por cuanto las regiones Nor-Oriental, Centro-Occidental y Andina constituyen las de menor desarrollo económico relativo, se explica el interés del Gobierno en establecer y fomentar zonas francas que ofrezcan en determinados puntos facilidades e incentivos especiales para el desarrollo de las referidas regiones. El éxito de la zona franca de Margarita es innegable.  Avanza, después de cuidadosos estudios, la Zona Franca Industrial de Paraguaná y ya se ha dictado el decreto de afectación de las tierras donde se va a levantar la infraestructura respectiva. Así mismo, es inminente un decreto para establecer en la Región Andina un régimen de inspiración similar, adaptado a las características del medio.

En relación al hecho regional, y con motivo de los toques finales del X Censo General de Población, realizado en noviembre de 1971, surge un asunto de interés que el Honorable Congreso deberá considerar: el de la influencia que, de acuerdo con la norma constitucional, ejerce el porcentaje de población censada en cada entidad federal sobre la distribución del situado. Si el reajuste debido a los cambios en la importancia demográfica relativa se fuera haciendo año a año, ellos se realizarían casi insensiblemente, y no parece que exista ningún obstáculo constitucional para que una norma legal así lo autorice. Si se mantiene el sistema actual, de hacer el reajuste sólo cada 10 años, es decir, cada vez que se realiza un nuevo censo general, las modificaciones serán más sensibles y su repercusión será más negativa en aquellas entidades en las cuales el incremento demográfico haya sido proporcionalmente menor. La solución de este problema es algo, a mi entender, que debería decidirse oportunamente para los fines del presupuesto nacional correspondiente a 1974.

El proceso de urbanización

De acuerdo con el Censo Nacional, la población urbana ha subido al 75,5%, lo que representa un aumento en su participación relativa, de 13% en los 10 años del período inter-censal. Es necesario tener presente un hecho social de tanta magnitud, porque él genera exigencias y establece prioridades y urgencias de los grandes núcleos de pobladores que han venido a establecerse en la periferia de nuestras ciudades. Por ello he continuado recomendando encarecidamente a los Gobiernos estadales y a los despachos nacionales pertinentes, especial atención a los barrios populares, para satisfacer necesidades primarias, requisitos indispensables para una vida humana como lo son los servicios de calles, agua, cloacas y electricidad.  La elaboración de planes reguladores y de esquemas de desarrollo urbano se ha considerado materia de urgencia. En marzo de 1969 solo existían para 16 localidades, en 1973 se habrá concluido la elaboración de normas de ordenamiento urbano para doscientas siete localidades, que representan el 93% de la población urbana del país.

El Instituto Nacional de Obras Sanitarias invirtió cerca de 275 millones de bolívares en el año para acueductos, plantas de tratamiento y aducción, pero a ellos hay que añadir lo invertido por el Ministerio de Sanidad, por concepto de acueductos rurales y por distintos órganos en la construcción de obras y servicios para los barrios de todas las ciudades.

En materia de vivienda, mi preocupación al respecto y el interés del Gobierno continúan teniendo carácter preferente. Es oportuno recordar a los honorables legisladores que a su consideración han sido sometidos algunos proyectos, tales como el de la Ley de Ordenación Territorial y Urbana, la Ley Orgánica del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico y la Ley de Inversiones en Vivienda y Desarrollo Urbano, cuya aprobación habría constituido una notable ayuda para llevar adelante con éxito los programas reclamados por la colectividad. Como anuncié al país en mi alocución del día primero de enero, este año haremos un esfuerzo máximo en materia de vivienda popular. Confío en que, a pesar de todas las dificultades que hemos de vencer, podamos lograr un resultado satisfactorio, demostrativo de que los programas pueden llevarse adelante en el próximo período constitucional, en forma capaz de solucionar de manera estable el déficit habitacional existente.

En materia de problemática urbana, especial consideración reclama la ciudad de Caracas, que en sí sola reúne la quinta parte de la población del país, alberga a gente venida de todos los lugares de la República e influye extraordinariamente, por su condición de capital, en el destino nacional. Conscientes de esta situación, hemos puesto empeño en atender los aspectos más importantes que presenta. Hemos visto con satisfacción lograrse el establecimiento de mancomunidades entre la Municipalidad del Distrito Federal y la del Distrito Sucre del Estado Miranda, no sólo para el funcionamiento de la Policía Metropolitana, sino para una materia de tanta importancia como la ordenación urbana. Hemos decretado una Zona Protectora, basándonos en previsiones de la Ley Forestal, para garantizar a la ciudad contra los peligros que para la vida humana y en cuanto a la contaminación ambiental pueden derivarse de su propia expansión. Tenemos ya en marcha la construcción de una ciudad satélite en los Valles del Tuy, con el nombre de Diego de Losada, y en la programación de otra, en la zona Guarenas-Guatire, con el nombre de Francisco Fajardo, para facilitar el descongestionamiento de Caracas y la ubicación de plantas y trabajadores en un proceso de desarrollo industrial. Hemos construido numerosas vías para hacer más accesible y fluido el tránsito, cuyo congestionamiento provoca costos, retardos y molestias considerables. Y a este respecto, de acuerdo con análisis, estudios y dictámenes que estaban muy adelantados cuando se inició el presente período y que hemos llevado a cabo con toda diligencia, estamos listos para empezar la construcción del Metro de Caracas, vía de tránsito rápido que en el dictamen de numerosos y calificados técnicos es inaplazable para conjurar las situaciones que a breve tiempo plantearán el incremento poblacional y el aumento de vehículos automotores en el área metropolitana. Excusará por ello, el Honorable Congreso de la República, el que, con la mayor consideración, solicite se sirva dedicarle preferente atención a los proyectos de leyes que le han sido presentados, cuya elaboración es resultado de largos estudios, así como de laboriosas conversaciones y acuerdos con las Municipalidades respectivas. Tan pronto como el Congreso imparta su aprobación a estos proyectos, estaremos en condiciones de emprender, a la mayor brevedad, la urgente construcción del Metro.

El gabinete en pleno estuvo presente en el cuarto mensaje del presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional. De izquierda a derecha: José Curiel, Héctor Hernández Carabaño, Gustavo Pardi Dávila, Luis Enrique Oberto, Arístides Calvani y Nectario Andrade La Barca.

 

 

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

La obra que se realiza en Venezuela responde a una política coherente, orientada por un ideal de grandeza, en ambiente de libertad, de paz y de respeto a la dignidad humana, y se nutre de un nacionalismo democrático, surgido del consenso pluralista. La vigencia ininterrumpida del estado de derecho, la garantía de las libertades públicas en el más alto grado que haya conocido la Nación, la voluntad de pacificación, son expresión de un pensamiento y de una actitud que busca en ellos el mejor ambiente para que se pueda impulsar vigorosamente el desarrollo nacional.

En cuanto al fenómeno de la delincuencia, mantengo el compromiso de luchar sin tregua contra ella y renuevo la invitación que hice al llegar al Gobierno a todos los venezolanos para reducirla a sus niveles mínimos y para dar sólido apoyo a los cuerpos de seguridad en su lucha contra el crimen. El Gobierno solicitó del Congreso, en oportunidad anterior, reformas a las leyes penales y de procedimiento para hacer más severas las penas contra repugnantes delitos y más eficaz el enjuiciamiento de los culpables. Un hecho reciente, que ha conmovido profundamente a todos los sectores sociales, constituye un argumento de importancia para que se reconsidere aquella necesidad inaplazable. He dado instrucciones al Ministro de Justicia para comunicarse con las Comisiones permanentes respectivas e intercambiar puntos de vista, a fin de lograr fórmulas que satisfagan el profundo deseo de toda la población de Venezuela de que se arbitren recursos eficaces para el castigo ejemplar de los reos de secuestros, atracos y otros delitos que vulneran gravemente la justicia y ofenden la convivencia social.

En cuanto al complejo problema de las drogas, se ha confiado a una Comisión Especial el encargo de analizarlo y orientar la acción de las distintas dependencias oficiales y entidades privadas que tienen que ver con el asunto. La Comisión ha trabajado con devoción y efectividad. Su coordinación ha sido confiada al Fiscal General de la República, quien espontáneamente ha dado gran parte de su valioso tiempo a esta tarea.

Cuando asumí la Presidencia hice un llamado a favor de la paz a aquellos que por razones ideológicas o de militancia política se hallaban fuera del cauce de la ley. Aseguré a todos los que desarrollaran su actividad dentro del orden constitucional y de las prescripciones legales, efectivas garantías de que podrían exponer sus ideas y luchar por ellas sin trabas ni cortapisas de ningún género. Esta promesa está cumplida.

Recordé también, entonces, que ante tal llamamiento, sinceramente destinado a cumplirse, no sería excusable el persistir en una actitud de violencia contra el orden social y que quien lo hiciera se encontraría, ineludiblemente, con el aparato del Estado, comprometido, por su misma esencia, al mantenimiento del orden y la legalidad.

Mi llamamiento tuvo éxito, porque fueron variados e importantes los sectores que tal vez estuvieron comprometidos en una línea insurreccional y que adoptaron el camino de lucha de masas dentro de los cauces legales. Hubo, sin embargo, quienes de ningún modo se dispusieron a abandonar la posición que habían adoptado en la vía de la lucha violenta. Nunca oculté al país que pequeños grupos se habían mostrado irreductibles, y de allí el que, de vez en cuando, algunos incidentes lamentables hayan servido para recordar la presencia de aquellos que no aceptan de modo alguno la lucha dentro de la ley, por mayor que sea el grado de libertad que se les ofrece y garantiza. Cuando estos incidentes se presentan, hay quienes pretenden convencer al país de que la pacificación ha fracasado o de que se ha ocultado la verdad.

De izquierda a derecha: Antonio Casas González, Guillermo Álvarez Bajares, Luis Alberto Machado, Rodolfo José Cárdenas, Hugo Pérez La Savia, Edilberto Escalante, Enrique Bustamante Luciani y Alberto Martini Urdaneta.

La gran mayoría de los venezolanos sabe que esto es incierto. Sabe que se ha logrado la paz en una medida incomparablemente mayor y más estable que la que en otras partes hubiera podido obtenerse o lo que aquí mismo habría sido posible prever; y sabe, por otra parte, que el Gobierno ha mantenido una firmeza insoslayable en el cumplimiento de un deber que no podría incumplir sin traicionar su juramento y sin faltar las obligaciones primarias que impone el ejercicio del poder.

Yo quiero en este solemne acto reiterar mi llamado a aquellos compatriotas que persisten en rechazar las oportunidades que las institucionalidad democrática les ofrece para defender sus puntos de vista y trabajar por ellos dentro del orden constitucional; para que no agoten su vida en la acción infecunda y sigan el ejemplo de quienes, con mayor experiencia que ellos, llegaron a la conclusión de que por aquel camino no se alcanzaría nada útil, porque no existen en Venezuela condiciones que justifiquen una acción insurreccional que, por otra parte, no tendría más perspectiva que fracaso.

Este llamamiento lo hago especialmente para que no abusen del efecto que cualquier propaganda radical produce en el ánimo de adolescentes a quienes hacen desaprovechar la ilimitada posibilidad que se les ha abierto de educarse para participar efectivamente en la dirección de la vida del país y en su profunda transformación; para que no los usen como agentes ingenuos de perturbaciones que a nadie benefician y que en fin de fines traerá sobre sus promotores el descrédito y la desconfianza general y le reducirá al país la oportunidad de disponer mañana de un equipo humano formado para las tareas que supone el desarrollo y apto para ejercerlas con disciplina y con capacidad.

Estoy seguro de interpretar con estas palabras el clamor de las comunidades educativas, que con tanto empeño hemos fomentado en el seno de los establecimientos educacionales pero, si este llamamiento se pierde ante la sordera deliberada de sus destinatarios, por bien servido me daré si al menos en algunos lograra el efecto de hacerlos recapacitar y contribuyera a aclarar caminos y a deslindar situaciones ambiguas. Por mi parte, reitero lo mismo que dije el primer día, al prestar el juramento de sostener y defender la Constitución y las leyes de la República. Mi propósito de mantener la libertad es firme; mi voluntad de interpretar y comprender actitudes ajenas es constante; mi decisión de enfrentar todo lo que pretenda el desquiciamiento de la República, es inquebrantable.

En esta actitud, cuento con el respaldo pleno y total de las Fuerzas Armadas. Lo han demostrado a lo largo de estos 4 años de gobierno. Me siento orgulloso de ser su Comandante en Jefe y de que en mi período de gobierno la renovación de material y equipo, al mismo tiempo que el adelanto en el proceso de perfeccionamiento y superación profesional, constituyen una realidad magnífica. Las Fuerzas Armadas Nacionales, como una de las instituciones más importantes en la vida nacional, están al servicio de la institucionalidad democrática, y este constituye uno de sus timbres de honor y uno de sus más legítimos motivos de cohesión, de fortaleza y de prestigio.

Al concluir este cuarto año de gobierno, reitero la voluntad de mantener las mejores relaciones con las otras ramas del Poder Público, con las cuales he llevado el intercambio más cordial, en medio de las situaciones diversas que cada una ocupa.

Para los altos dignatarios de la Iglesia Católica y de las demás iglesias y cultos que existen legalmente en el país, tiene el Gobierno la más alta consideración, amistad y propósito de colaboración al servicio de los intereses del pueblo. En cuanto a los diplomáticos acreditados en el país, representantes de pueblos que nos honran con su amistad, nos hemos esforzado y nos esforzaremos en cooperar con ellos para los altos fines de la comunidad internacional.

Reitero el aprecio y consideración que me merecen los funcionarios al servicio de la administración pública. Me complace observar cómo marcha con paso firme el proceso institucional iniciado por la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa. De 150.000 funcionarios, quienes se están organizando de acuerdo con la ley y con plena libertad en sus sindicatos respectivos, sólo fueron despedidos durante el año cerca de 700, por faltas graves y mediante la tramitación legalmente prevista, lo que viene a representar menos del ½% del total. Ello constituye muestra fehaciente de su estabilidad.

En el presente año se cumplen notables efemérides, propicias para rememorar las glorias de un brillante pasado y para comprometer más nuestra acción en el presente y en el porvenir. El 27 de febrero se conmemoró el primer centenario de la muerte del ilustre prócer General José Laurencio Silva. Consideré de mi deber ir a la población de El Tinaco, su ciudad natal, a presidir el acto central en honor de quien fuera llamado paradigma de lealtad. El 6 de mayo se cumplirá el primer centenario del fallecimiento del legendario paladín de la Independencia en las llanuras venezolanas, General en Jefe José Antonio Páez, Presidente de la República de Venezuela en el primer período de su existencia y en oportunidades posteriores, a quien nos esforzaremos en rendir el homenaje que merece por sus títulos indiscutibles en la forja de la nacionalidad. El 24 de julio, natalicio del Libertador, se celebrará el Sesquicentenario de la Batalla Naval del Maracaibo, razón por la cual el presente año ha sido declarado de «reafirmación marítima» de Venezuela. Queremos darle al sesquicentenario todo el esplendor que debe revestir; pero en el bien entendido de que la celebración no se limitará a rememorar el pretérito sino que se materializará, especialmente en Maracaibo, la inauguración y puesta en servicio de obras trascendentales que estaba reclamando para cobrar plena fisonomía la segunda ciudad de Venezuela y gran metrópoli del Occidente. Y el día 8 de noviembre cerraremos las conmemoraciones con la del sesquicentenario de la heroica toma del Castillo de Puerto Cabello, hazaña precisamente de José Antonio Páez, para dotar a Puerto Cabello de una obra cónsona con esta conmemoración sesquicentenaria, nos empeñaremos en que estén concluidas en el presente año las obras más importantes que realiza el Instituto Autónomo Diques y Astilleros Nacionales, que son las de mayor significación e importancia para la vida económica y el progreso de aquella importante ciudad portuaria.

Estará finalizando el año, cuando nos aprestaremos a cumplir, en forma civilizada y decorosa y en ambiente de plena libertad, la función de elegir a los compatriotas que en 1974 ocuparán la Jefatura del Estado y las curules de los cuerpos deliberantes. La feliz culminación del acto electoral y la trasmisión pacífica del mando constituirán una nueva nota para afirmar el prestigio de Venezuela, para fortalecer la confianza que merece por la solidez en su vida institucional y aumentar sus posibilidades de participar con decoro en la construcción del destino común latinoamericano. Ya en este momento, por circunstancias características de nuestra idiosincrasia nacional, el país está viviendo un torneo electoral. Los diversos candidatos ejercitan a pleno aire la competencia por obtener simpatías y respaldo en el electorado. Las modificaciones que ha sufrido en este período electoral la Ley Orgánica del Sufragio, así como la Ley de Identificación, revisten a las elecciones de este año de garantías aún mayores que las de anteriores procesos. Nadie podrá votar ahora sin la cédula de identidad personal y este valioso documento se otorga ante la presencia vigilante de fiscales designados por el Presidente del Consejo Supremo Electoral. El Gobierno no ha escatimado esfuerzos para poner la provisión de cédulas de identidad al alcance de toda la población.

He comprometido ante el Consejo Supremo Electoral el pleno apoyo y la colaboración del Gobierno para que el proceso se realice de manera ejemplar. No escatimaré esfuerzos para evitar todo lo que pueda restarle altura a esta jornada cívica. Las Fuerzas Armadas Nacionales cumplirán, como en ocasiones precedentes, una tarea de seguridad y vigilancia, y en su nombre, como su Comandante en Jefe, ofrezco la más plena y absoluta garantía de que el Poder pasará a manos del ciudadano que resulte electo por el voto del pueblo para sucederme.

Estoy persuadido de que, pese a los inconvenientes que puedan surgir por el hecho de calificarse como año electoral, este quinto año del período va a ser fructífero, lleno de bienes y realizaciones para toda Venezuela. Así lo espero, con la ayuda de Dios, a quien invoco con ánimo agradecido y con recta intención. Dentro de un año estaré nuevamente en este histórico recinto, rindiendo cuenta de la etapa final de mi gestión de gobierno; y todos podremos decir entonces que la democracia en Venezuela salió victoriosa de una nueva prueba y que el pueblo podrá seguir luchando contra el atraso y la injusticia, contando plenamente con la vigencia de la libertad.

1973 será, por tanto, un año de fortalecimiento en el proceso de avance de la nueva Venezuela. Para lograrlo contamos con los recursos morales y materiales del país y con la voluntad del pueblo. Todos estamos comprometidos a conseguir esta nueva victoria. Ella, en definitiva, no será de nadie en particular, sino de todos. Será un gran triunfo para la querida y noble patria venezolana.

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.