Primer Mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional. Caracas, 11 de marzo de 1970.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Vengo a esta casa, donde durante tanto tiempo ejercité una de las más importantes actividades de mi vida, a rendir por primera vez cuenta como Presidente de la República ante la representación nacional. Hoy hace exactamente un año del día en que vine a recibir el Gobierno, obtenido legítimamente en consulta popular; ahora me toca informar a la Nación a través del Congreso de la primera etapa cumplida en mi mandato.

El hecho mismo de la trasmisión de poderes constituyó en sí el acontecimiento político más resaltante del año de la cuenta. Por primera vez en la historia de Venezuela, un candidato de oposición llegó a la jefatura del Estado por vía del sufragio. Más de tres millones y medios de venezolanos, mayores de diez y ocho años, participaron en la consulta. Sin distinción de sexo, grado, cultura o posición económica, todos tuvieron oportunidad de expresar –y así lo hicieron en porcentaje abrumador– sus puntos de vista acerca de la conducción del país y de manifestar sus preferencias sobre el enrumbamiento que debía darse a la dirección del Estado.

La única excepción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, fue la de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales. Apartados del debate político, ellos no participan en las deliberaciones ni en las votaciones, precisamente para asegurar que todo el resto de sus compatriotas pueda hacerlo con absoluta libertad. Las Fuerzas Armadas, al velar por la normal celebración  del proceso electoral y al respaldar en forma diáfana el resultado de los comicios, se anotaron una brillante página en sus historia republicana y lograron con ello acrecentar el prestigio de Venezuela ante su propio pueblo, ante los pueblos hermanos y aún más allá de nuestro Continente. Esta misma posición, de subordinación jerárquica, inquebrantable disciplina y respaldo decidido a las instituciones democráticas y al Gobierno legítimamente constituido, ha sido característica indeclinable de su actitud en el año que finaliza. Por mi parte, he mantenido constante atención a su perfeccionamiento profesional y técnico y a su capacidad operativa y me he esforzado en ejercer rectamente, con el pensamiento puesto en la patria y en los altos intereses de la institución, las delicadas e importantes funciones que como Comandante en Jefe me asigna la Constitución de la República.

La síntesis pormenorizada de los hechos más resaltantes ocurridos en Venezuela en el año 1969, las cifras que reflejan las distintas palpitaciones del sentir nacional, aparecen recogidas en el Informe que acompaño al presente Mensaje y desarrolladas más extensamente en las distintas Memorias de los Ministros del Ejecutivo.

Quiero Presentar ante ustedes, ciudadanos Senadores y ciudadanos Diputados, la situación actual de Venezuela y sus perspectivas inmediatas; quiero señalar sus más urgentes problemas y sus más alentadoras esperanzas; todo ello partiendo de la convicción de que la obra por hacer no es patrimonio de un sector, ni de una rama del Poder Público, ni de una determinada parcialidad, sino que es el compromiso de todos: de quienes actuamos en la vida pública y de quienes se mueven por iniciativa particular, de quienes ejercemos el gobierno y de quienes representan al pueblo en los cuerpos deliberantes, de quienes nos movemos en la esfera de los intereses nacionales y de quienes tienen concretamente a su cargo intereses estadales o municipales.

El pueblo venezolano es uno y múltiple: uno, en sus aspiraciones y en sus necesidades: múltiple, en sus manifestaciones y en los órganos de su funcionamiento. A él nos debemos todos, y a todos en una forma u otra, nos pedirá cuenta. Nos pedirá cuenta de la voluntad puesta en el empeño de liberarlo, de transformarlo y de elevarlo, y de la cooperación rendida o de las dificultades creadas por acción u omisión a las medidas reclamadas por el interés supremo de la comunidad.

Los caraqueños acompañaron al Presidente Rafael Caldera en su camino al Palacio Federal Legislativo.

El cambio es una realidad

El período constitucional se inició bajo una aspiración común de cambio.

El cambio es una idea dinámica, de profundo contenido social. No puede ni debe reducirse al ámbito de una peripecia política, si bien la vida política como parte importante de la vida social participa íntimamente del fenómeno de transformación que se desea. Pero es necesario insistir en que la transformación a que se aspira supone una escala de valores fundamentales y que su planteamiento no tiene ni debe tener el carácter de una sustitución de personas o de motes, o el aspecto de una contienda entre fuerzas políticas como las representadas en el honorable Congreso, comprometidas solidariamente como están, por encima de sus diferencias, en el proceso necesario para hacer de Venezuela un Estado moderno y eficiente, para asegurar la dignidad humana y la convivencia armónica, para desarrollar la potencialidad del país, al servicio del ser humano, y para lograr la participación de todos en el proceso económico, cultural y político y en los beneficios obtenidos a través del progreso. Estos valores fueron estampados, en oportunidad memorable, en el preámbulo de la Carta Fundamental: ellos representan el compromiso del país entero y señalan directrices y metas de obligatorio reconocimiento a todos los órganos del Poder Público y al común de los venezolanos.

Uno de los aspectos más importantes del año transcurrido ha sido, justamente, el de que  la transición política se haya realizado de modo armónico y pacífico, con un mínimum de inconvenientes y de obstáculos.

El cambio es una realidad. No la mueven intereses mezquinos y nada habría sido menos útil que darle el sentido de una querella interminable entre apetencias partidistas. Debo y puedo decir que los objetivos del cambio tienen que mirarse en una perspectiva ampliamente nacional, y que en su cumplimiento está empeñada la responsabilidad y la buena voluntad de todos los venezolanos. Era tan unánime el deseo que en muchos casos se ha cumplido sin enfrentar oposiciones irreductibles y casi como si lo hecho hubiera sido lo más fácil de hacer.

La política de pacificación era una de las más hondas exigencias de toda la colectividad. Rehúsan acogerse a ella únicamente quienes están obsesionados con la idea de que solo por medios violentos se puede abrir caminos a la transformación de las estructuras sociales; y la critican quienes creen que el llamado a la paz debilita el concepto tradicional de autoridad y estimula a los aventureros. La inmensa mayoría del país, dentro de infinitas gamas de pensamiento y de actitud, coincide en que era necesario formular de manera gallarda y valiente una línea de pacificación capaz de llegar hasta donde fuera necesario: legalizar partidos e incorporar a la vida legal a quienes regresaran del despeñadero de la violencia y se dispusieran a someterse a la Constitución y las Leyes.

Se han dado pasos de notoria trascendencia en el camino de la pacificación, en el cual, permítaseme recordarlo del modo más enfático, no ha sido puesta en peligro un solo instante la autoridad del Estado ni se ha negociado la paz al precio del orden público y de la estabilidad de las instituciones.

Fuerzas políticas de significativa y controvertida importancia se han incorporado abiertamente a la actividad legal. Han sido capturados o se han puesto voluntariamente en manos de las autoridades numerosos ciudadanos que habían asumido una actitud marginada a los cauces constitucionales: aquellos venezolanos que han recobrado la libertad por acto derivado de mis atribuciones no han reincidido en hechos de violencia; quienes persisten en una posición obcecada se encuentran en número cada vez menor y sienten minada la fundamentación de su actitud, porque cada vez les acompaña menos el apoyo de quienes pudieron pensar que el destino de la patria venezolana debía jugarse una vez más a la violencia.

La política de pacificación no ha sido un hecho aislado dentro de la vida nacional: por lo contrario, ha sido un aspecto de un plan integral y armónico para vigorizar en todos los órdenes el cumplimiento del Estado de Derecho. He mantenido el más absoluto respeto a la libre información y a la libre expresión del pensamiento a través de la prensa y demás medios de comunicación; he guardado las mayores consideraciones a todas las organizaciones políticas sin discriminación alguna; he mantenido un clima total de respeto y de renovada cordialidad hacia las distintas ramas del Poder Público, en especial el Congreso, la Administración de Justicia y los órganos deliberantes de carácter regional o municipal. Ningún ciudadano ha sido objeto de persecución o discriminación a causa de las ideas que profesa, y a las actuaciones del Estado han podido concurrir en forma armónica, sin mengua de la dignidad y autonomía de cada cual, quienes representan en una forma u otra los múltiples aspectos de la existencia nacional.

Mi Gobierno tiene conciencia de que es un Gobierno de opinión. Su fuerza está en el diálogo. Su objetivo primordial es persuadir y sólo cuando se pretende subvertir por la fuerza la marcha de los acontecimientos y desconocer el principio de autoridad, se apela a los mecanismos establecidos por el Estado para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones.

El diálogo se ha mantenido en forma continua y a todos los niveles. No hay expresión de la vida de Venezuela que pueda haberse sentido desatendida o ignorada. He dado a la prensa y demás medios de comunicación social la oportunidad de interrogarme todas las semanas acerca de la marcha del Estado y de las cuestiones que más inquietan a la población y he ofrecido en versión directa, a través de los canales de la televisión, una información sencilla y clara sobre los asuntos que un gobierno emanado del pueblo debe atender para responder a las aspiraciones de ese mismo pueblo. Invalorable ha sido la colaboración de los medios de comunicación para este diálogo y me complace reconocerlo.

El diálogo no se ha limitado, sin embargo, a los mecanismos de información, sino que ha abarcado en lo posible el contacto personal; a través de entrevistas, audiencias, reuniones, asistencia a los más variados eventos y visita continúa a todos los lugares del país. En el curso del año no hubo ninguna Entidad Federal donde no fuera. En todas partes he encontrado la mejor disposición de la gente a participar en la lucha por impulsar la marcha de Venezuela.

La Primera Dama, Alicia Pietri y el Presidente, Rafael Caldera, durante su entrada al Palacio Federal Legislativo.

Política exterior amplia y autónoma

En armonía con esta política interior, se ha definido una actitud de Venezuela en el mundo. Queremos proyectar la imagen de un país amplio y cordial. Sin desconocer las razones que inspiraron una posición anterior, nos correspondió recoger un verdadero anhelo nacional: el de abrir el campo de nuestras relaciones, restableciéndolas progresivamente con aquellos países de América Latina de los que nos hallábamos infructuosamente distanciados y estableciéndolas o reanudándolas con otros países del mundo, a los cuales no podemos ignorar; sin subordinarlas a la adopción de posiciones ideológicas sino a las condiciones que garanticen plenamente nuestra seguridad e interés nacional.

Queremos que se vea a Venezuela como lo que ella ha sido y es: una Nación amante de la libertad y de la justicia, consciente de su dignidad y decoro, dispuesta a trabajar por las mejores causas al servicio de la humanidad.

Hemos sostenido con machacona fe la tesis de la justicia social internacional, en virtud de la cual los pueblos más desarrollados, más poderosos o más ricos, no tienen mayores derechos sino mayores responsabilidades y están obligados a contribuir al desarrollo de los demás pueblos en la medida necesaria para asegurar el bien común universal.

Esta tesis la hemos hecho oír por audiencias cada vez más amplias y hemos tenido la satisfacción de que haya sido recogida, en señaladas oportunidades, por voceros representativos de otros pueblos.

Dentro de esa orientación general, hemos procurado estrechar lazos cada vez más íntimos con los países a quienes nos vinculan de manera especial la historia, la cultura, la geografía, la economía o las aspiraciones comunes. La obligante invitación que el Presidente Lleras Restrepo me hiciera para compartir con él en el Campo de Boyacá la emoción de rememorar, al cabo de ciento cincuenta años, la jornada que aseguró la Independencia colombiana y que él mismo tuvo especial interés en recordar como hazaña común de nuestras dos naciones, me dio la oportunidad de dialogar en forma fraternal y abierta, no sólo con el ilustre mandatario sino con el pueblo colombiano y sus más calificados dirigentes. En declaración conjunta, reafirmamos la solidaridad de nuestras patrias y fijamos objetivos concretos a la cooperación y al entendimiento. Los principios y aspiraciones de la «Declaración de Sochagota» fueron ratificados en nuestra entrevista de Ureña, en la ocasión del Sesquicentenario de la Gran Colombia, en que fue inaugurado el Puente «Francisco de Paula Santander». Estoy convencido de que las cuestiones que surgen de la vecindad, agudizadas por diversos factores, deben y pueden tratarse con la más diáfana franqueza y resolverse a la luz de la justicia y en el mejor interés de nuestros pueblos, que reclaman la concurrencia de sus esfuerzos en la tarea de conquistar un destino mejor.

Coincidió con mi visita a Colombia con la reunión del Parlamento Latinoamericano, ante el cual renové la vocación americanista de Venezuela, la fe en el hombre latinoamericano y la confianza en que sus sistemas parlamentarios, dinámicamente renovados, corresponden a las necesidades de estos tiempos.

No fue ésta, por cierto, la única jornada internacional en que participamos durante el año. Estuvimos presentes en reuniones múltiples y hemos tenido la satisfacción de acoger en Venezuela importantes asambleas, entre las cuales se destacan la IX Conferencia de la ALALC y la reunión de Ministros del Consejo Interamericano Económico y Social. En una y otra sostuvimos, llenos de convicción, la necesidad de un bloque latinoamericano, pacífico, constructivo y renovador, que emerge como una realidad de cuya acción esperan nuestros pueblos una reafirmación de su existencia y una adopción de compromisos en el seno del CIES, del diálogo institucionalizado entre los Estados Unidos, de una parte, y de la otra, los países de América Latina, a través de un sistema de consultas, constituyó un paso al que se le reconoce trascendental importancia para la resolución futura de los asuntos hemisféricos.

Aún sin carácter oficial, la conferencia de la Asociación Interamericana de Juristas constituyó una nueva oportunidad para la reafirmación de estos valores, ante una nutrida y calificada representación del Continente. La celebración en Caracas en el próximo abril de la Conferencia de los Estados Americanos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo nos ofrecerá otra feliz circunstancia para ahondar en la búsqueda de un orden social justo y ratificar el compromiso solidario de lograrlo a través de un firme entendimiento regional.

De izquierda a derecha: Jaime Lusinchi, Alicia Pietri de Caldera, Rafael Caldera, Edecio la Riva y Pedro Pablo Aguilar.

Mirada hacia la integración

En materia de integración, nuestra actitud ha sido diáfana. El hecho de no suscribir el Acuerdo Subregional Andino lo considero ya en vías de ser correctamente interpretado por sus firmantes. Es sabido que fuimos a Cartagena a agotar todos los esfuerzos que nos permitieran hacernos parte de la integración subregional. Venezuela llevó una delegación amplia, encabezada por tres miembros del gabinete Ejecutivo y compuesto por funcionarios técnicos de los distintos Despachos, representantes del sector empresarial y representantes de los sectores laborales. Nuestra actitud fue tan clara, estuvo tan ausente de nosotros cualquier mezquino sentimiento, que hemos seguido después participando en actividades del área subregional en condición fraterna. El Ministro de Educación de Venezuela compartió con los Ministros de Educación de los países del área andina las importantes deliberaciones efectuadas recientemente en Bogotá, y le cupo la satisfacción de ver aprobado el Convenio «Andrés Bello» de Integración Educativa, Científica y Cultural. La ratificación por nuestra parte del Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento confirmó nuestra determinación de avanzar en los caminos que conduzcan a una integración efectiva, compatible con nuestra peculiar situación económica. La Corporación tendrá su sede en Caracas y la participación de Venezuela será activa y entusiasta. Abrigo la más firme esperanza de que nuestros razonamientos hayan llegado por propia densidad al ánimo de los ilustres latinoamericanos que actúan al frente de responsabilidades oficiales en los demás países del área andina y de que no es utópico esperar el que se encuentren fórmulas justas, que consideren debidamente nuestra realidad y aprovechen nuestra buena disposición a integrarnos y todos los esfuerzos que estamos dispuestos a hacer, sin colocarnos ante el riesgo de graves peligros inmediatos que podrían tener irreparables efectos.

Sabemos que nuestra moneda constituye un factor pródigo en consecuencias, algunas de las cuales dificultan ciertos acuerdos de integración. Pero también sabemos que un bolívar fuerte, libre y estable es uno de los factores positivos de mayor importancia en nuestro desarrollo. No solo nos permite obtener en mejores condiciones el equipo necesario para nuestra transformación industrial, sino que estimula el ahorro y atrae la inversión de capital foráneo, garantizado por la libre convertibilidad. El deseo de lograr que la integración se realice superando estos aspectos contradictorios es algo que nos orienta especialmente hacia los aspectos de programación y complementación y que nos obliga al estudio profundo de los acuerdos de desgravación aduanera.

Al mismo tiempo que hemos cultivado nuestra honda y cordial vinculación con los países del área subregional andina, hemos puesto sincero empeño en acercarnos a los países centroamericanos y del Caribe. El Ministro de Relaciones Exteriores presidió una amplia misión de trabajo que durante varias semanas se reunió con los equipos correspondientes de los países de América Central. Fue una gira programada con seriedad y ejecutada con sobria y diligente laboriosidad. El fruto de estos contactos se está comenzando a sentir y ya se están realizando acuerdos a través de los cuales Venezuela hace acto de presencia en la vida de esta zona con la cual tenemos mucho que realizar en común. También visitó el Canciller a la República Dominicana y tuvimos el agrado de recibir en intercambio la visita del Canciller de aquel país.

La visita a Venezuela del Primer Ministro de Trinidad y Tobago, señor Eric Williams, invitado por mi Gobierno y recibido con honores de Jefe de Estado, constituyó una ocasión extraordinaria para adelantar la exploración de posibilidades conjuntas y para reiterar la firme, clara y amplia disposición de nuestra patria para llevar la mejor amistad con los países angloparlantes del Caribe.

Esto lo hemos reiterado de manera enfática en relación a la vecina Guyana. La terminación de las reuniones de la Comisión Mixta prevista en el Acuerdo de Ginebra y la proclamación de la República de Guyana han dado ocasión para que reiteremos firmemente la posición de Venezuela, que es, por una parte, la de defender  sus derechos inicuamente atropellados en una acción colonialista de la que no somos culpables ni guyaneses ni venezolanos y buscar para ventilar estos derechos las vías pacíficas más eficaces y operantes; pero, al mismo tiempo, reiterar a esa nación vecina, con la que tenemos muchos motivos para la amistad, nuestra amplia disposición de cooperar, con una visión clara del destino de los pueblos ubicados en esta porción del mundo y entre los cuales Venezuela tiene un papel cónsono con su historia y con su sentido profundo de igualdad y unión entre todos los hombres.

El Presidente Rafael Caldera es recibido con una ovación de pie por parte de senadores, diputados y público asistente al acto.

El reto del desarrollo

El reto fundamental que afronta nuestro país es el que plantea el desarrollo. Los objetivos del mismo son claros: la mayor utilización de nuestros recursos naturales, financieros y humanos para poner al máximo nuestras capacidades de producción y lograr beneficios que aseguren una participación de todo el hombre y de todos los hombres en el proceso social. Para ello necesitamos tomar exacta cuenta de nuestros recursos, defenderlos y aprovecharlos. En este momento nuestra economía depende especialmente del petróleo. Es firme nuestra aspiración de liberarnos de los riesgos de la monoexportación; pero al mismo tiempo sabemos que la defensa de nuestro producto petrolero, su acceso a los mercados internacionales a precios remunerados y en condiciones que aseguren una razonable expansión, constituye premisa ineludible para el cumplimiento de nuestros programas de desarrollo.

En materia de petróleo, arrancamos de premisas que consideramos de fundamental importancia para que nuestros esfuerzos obtengan el rendimiento a que tiene derecho aspirar Venezuela. Una y fundamental es la de sostener, ante todo, una política verdaderamente nacional. Para ello hemos solicitado la opinión y el concurso de todos los sectores, de todos los elementos representativos, de todos quienes puedan aportar algo, en opinión o acción.

Consideramos, por otra parte, que el petróleo seguirá siendo durante muchos años un factor de gran importancia en la economía nacional. Para el año 2000, todavía el petróleo significará mucho para los venezolanos, y como la demanda mundial de energía crece a medida de la población aumenta y que los programas de desarrollo se llevan a cabo, y como las posibilidades que abre la técnica a la utilización de los hidrocarburos son múltiples, el asegurar una presencia de nuestro producto en los mercados y una justa y remuneradora colocación del mismo en las transacciones económicas internacionales es algo hacia lo que debe mantenerse vigorosamente el empeño de todo el país.

Creemos que en materia petrolera se han ido logrando notables progresos; consideramos que estos progresos han de ser constantemente superados, como lo reclama la justicia y lo exige el desarrollo de Venezuela.

En el momento actual, el interés nacional en este ramo se ha dirigido y se dirige preferentemente hacia dos grandes objetivos: por un lado, poner término al deterioro de nuestra participación en las importaciones petroleras de los Estados Unidos de Norteamérica, adonde va el 47 por ciento de nuestra exportación, y asegurar un tratado hemisférico justo y una participación razonable en la expansión de dicho mercado para los años venideros, y por otro, impulsar la actividad de la industria y promover el cambio estructural del sistema, a través de los contratos del Congreso sobre el proyecto de bases de contratación que le fue sometido.

En lo relativo a nuestros suministros de petróleo a los Estados Unidos, estamos librando una batalla dentro de la cual la solidaridad explícita e implícita de todo el país ha sido un hecho alentador. Nuestros planteamientos han logrado una repercusión inusitada en aquel país amigo. El señor presidente Nixon y su gobierno han reconocido públicamente el compromiso de continuar el proceso de consultas que se viene realizando con nosotros, tanto a nivel técnico como a nivel político, antes de adoptar decisiones; y han reiterado en diversas oportunidades su consideración por nuestros alegatos, su reconocimiento por el suministro que en todas las circunstancias hemos cumplido, especialmente en aquellas en que estaba en peligro la seguridad hemisférica, y su determinación de no adoptar medida alguna que no tome en cuenta los intereses de Venezuela. Como, de todas maneras, son muchas las opiniones e intereses que en esta materia confluyen, tenemos que mantenernos vigilantes y firmes ante el curso de los acontecimientos, Como, además, en el asunto está envuelto también un país amigo tan importante como el Canadá, que al mismo tiempo que exportador de petróleo a los Estados Unidos es uno de nuestros mejores compradores de dicho producto; y como México y otros países del hemisferio también participan o pueden participar en el suministro de petróleo a Estados Unidos, hemos sugerido conversaciones conjuntas entre representantes de los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México y del nuestro, y hemos, por otra parte, propuesto que las ventajas que obtengamos sean extendidas por igual a los otros países de América Latina que puedan hallarse en situación de exportar petróleo a los mercados norteamericanos.

No ha habido ocasión en que no hayamos hablado en términos de dignidad y de decoro nacional, sobre los planteamientos de Venezuela. En memorables oportunidades he dicho con entera franqueza que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, no solamente será definitoria  para Venezuela, sino que servirá de indicador determinante de cuál va a ser el signo de sus relaciones con la América Latina.

En los contratos de servicio vemos la apertura de un camino de cambios estructurales, a la vez que un medio para activar la industria, sobre todo en su fase exploratoria, reclamada por la conveniencia de aumentar las reservas probadas, a fin de asegurar mejor el porvenir. Según estimaciones de la Corporación Venezolana de Petróleo, la participación nacional en el producto a través del régimen de contratos de servicio propuesto llegará al 85 por ciento, en comparación con el 68 por ciento, a que se ha llegado a través del régimen de concesiones vigente; pero más importante aún es la participación operativa de la misma Corporación Venezolana del Petróleo en todas las fases de la industria.

En el Informe anexo y en la Memoria respectiva va un análisis más completo de lo concerniente a nuestra economía petrolera. Básteme ahora añadir a lo expuesto, algunas consideraciones. Una, la de que el contrato colectivo de trabajo celebrado por empresas con las organizaciones sindicales, a la vez que un nuevo paso de avance en la vida laboral venezolana, ha constituido clara indicación de la fe que aquellas tienen en las perspectivas de nuestra producción petrolera. Otra, la de que el Gobierno está consagrando mucho interés al análisis de las cuestiones jurídicas y técnicas y de las posibilidades económicas tendientes a aprovechar el gas licuado para convertirlo en un nuevo renglón de importancia en los ingresos nacionales. Y finalmente, la observación de que la producción petrolera, que por diversos factores bajó en el primer semestre de 1969, se recuperó en el segundo semestre hasta alcanzar en febrero de 1970 la cifra récord de 3,7 millones de barriles diarios.

El Presidente Rafael Caldera, ante el Congreso de la República, hace un balance de los logros y objetivos cumplidos por el gobierno en 1969.

Atención al sector agropecuario

Estamos, por supuesto conscientes de que el destino del país reclama un impulso muy firme para aumentar la capacidad productiva de las otras ramas de la economía y para ensanchar decididamente la exportación no petrolera.

En el sector primario, este esfuerzo se orienta sin desmayo hacia la agricultura y la cría. En el año de la cuenta, el crecimiento del producto agropecuario alcanzó a niveles satisfactorios, a pesar de que la estación de lluvias fue excepcionalmente anormal y ocasionó daños considerables. No obstante las limitaciones presupuestarias, el programa crediticio se llevó adelante decididamente y se realizó un gran esfuerzo de investigación, de extensión y de coordinación.

Singular importancia reviste la instalación del Banco de Desarrollo Agropecuario. El proyecto MAC-FAO sobre productividad ganadera (Venezuela 17) iniciado en la región andina, es una realidad en marcha. El Plan de Fomento Pecuario fue objeto de evaluación para reestructurarlo y se activó con favorables resultados.

El Gobierno no abandonó un momento la preocupación que debe mantener celosamente por la conservación de nuestros recursos naturales renovables. La elaboración de una política de aprovechamiento racional e integral de nuestra riqueza forestal y de nuestros recursos hidráulicos reviste proyección considerable.

La Reforma Agraria recibió durante el año un impulso notable, tanto desde el punto de vista de la dotación y asentamiento de nuevos adjudicatarios, como desde el de la consolidación de  asentamientos, El otorgamiento de títulos de propiedad fue una de las preocupaciones primordiales del Instituto Agrario Nacional, como lo fue también el estudio de la situación actual de la tenencia de tierra, para lograr la ordenación racional de la misma. El monto de los créditos suplidos por el Banco Agrícola y Pecuario en 1969 ascendió a un total de 312,1 millones de bolívares, casi veinte millones más que el año anterior.

Quiero señalar aquí que la atención a la economía cafetalera tiende a resolver, no sólo un problema económico sino un problema social, por el gran número de familias que viven de ese cultivo en regiones donde el ingreso per cápita es muy bajo. Algo similar ocurre con la pesca donde las posibilidades de expansión son grandes para una región cuya situación económica es sumamente difícil y donde anoto con agrado en el presente año la creación de la Junta Consultiva Nacional de Pesca, el proyecto MAC-FAO para investigación y desarrollo pesquero (Venezuela 14) y la construcción de la primera etapa del Puerto Pesquero Internacional de Güiria, que va a concluirse en el presente año. El café en las montañas andinas y la pesca en las costas del Oriente y Falcón son actividades cuya vigorización redundará inmediatamente en un alivio de la difícil situación de los habitantes de aquellas regiones y conllevará el cumplimiento de claras normas de justicia distributiva.

Quiero recalcar la importancia del Programa Integral de Desarrollo Agrícola, proyecto que, en acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, constituye uno de los puntos importantes del Plan Extraordinario de Inversiones sometido a conocimiento del Congreso. Se trata de una inversión de ochocientos dieciséis millones de bolívares, de los cuales el 41,4 por ciento provendrá del crédito externo, en las condiciones favorables que pueden obtenerse del Fondo de Operaciones Especiales de aquel Instituto, en el cual los aportes de Venezuela no guardan actualmente proporción con la asistencia crediticia obtenida. El PRIDA supone la ejecución armónica en áreas ubicadas en cuatro regiones del país, de un programa que comprende créditos y asistencia al campesino, drenajes, vialidad, construcción de pozos, almacenes de tránsito, plantas procesadoras de grano, urbanismo, vivienda, acueductos y electricidad.

Venezuela, país minero

En cuanto a minería, la acción del Gobierno ha tenido presente la vieja y fundada idea de que Venezuela, en gran parte, es un país minero. Es satisfactorio anotar que la producción de hierro alcanzó cerca de veinte millones de toneladas, es decir, más de un 25 por ciento por encima del año anterior. Van a concluirse los estudios para la explotación del yacimiento de San Isidro y se adelantan gestiones para el aprovechamiento de las minas de níquel, de oro, de las minas de zinc, cobre y plomo de Bailadores y de los yacimientos de carbón existentes en el país. En cuanto a la producción de diamantes, no sólo aumentó su volumen en casi 60 por ciento, sino que se adoptaron iniciativas útiles para la protección de los mineros, para el aprovechamiento cooperativo de los yacimientos y para la prevención de los problemas sociales originados en los campamentos de explotación. En este año fue creado el Fondo de Desarrollo Diamantífero, cuyos resultados se espera contribuirán al mejor aprovechamiento de esta actividad minera.

Fe en nuestro desarrollo industrial

El desarrollo industrial del país está en marcha, Nos encontramos en un momento en que ya la industria venezolana, satisfechas las necesidades del mercado nacional, se prepara para conquistar nuevos mercados. La industria manufacturera tuvo un crecimiento de 4.4 por ciento en el año de la Cuenta. Dentro de ella, tomando en cuanta un descenso de la refinación petrolera por causas sobre todo físicas, el crecimiento del resto del sector alcanzó a 5.2 por ciento. Dentro de ese promedio, algunas ramas tuvieron señalada expansión: baste indicar que la industria metal-mecánica tuvo un crecimiento del 11.4 por ciento.

La industria de la construcción, de tan gran importancia no sólo por el elevado porcentaje de mano de obra que emplea sino también porque ella es condición indispensable para las obras de infraestructura, que dan cabida a las otras actividades económicas, y para las viviendas, que permiten el mejoramiento social, obtuvo en el sector privado un aumento de más del 25 por ciento. No es aventurado considerar que en este aumento ejercieron considerable influencia los estímulos oficiales dados a las iniciativas particulares en forma de exenciones a las inversiones correspondientes.

La producción de energía eléctrica aumentó considerablemente. Entre las obras de importancia terminadas en el año está la línea de transmisión entre Guri y Santa Teresa del Tuy, la línea entre Santa Teresa y Cagua, la entrada en funcionamiento de la Unidad No. 3 de la Central de Guri, la construcción de diversas estaciones y subestaciones, la ampliación de la planta de La Fría, la iniciación de la presa de Santo Domingo. Debe señalarse, por su importancia, el convenio de interconexión con Colombia, la extensión del servicio de electrificación de las áreas rurales, y la determinación de unificar el sistema de tarifas de CADAFE en todo el país, con ventajas para los consumidores que en algunos casos llegan a más del 40 por ciento. Las nuevas tarifas, fijadas a través de un estudio técnico por el Despacho de Fomento y la Administración de CADAFE, y procesadas a través de un diálogo fecundo con los Organismos Municipales, entraron en vigor el 1° de marzo del presente año.

Dentro del impulso industrial de Venezuela y la marcha a su liberación, imposible dejar de destacar la importancia de la industria petroquímica, y señaladamente el programa de El Tablazo, en el estado Zulia, que dará aliento vital y ofrecerá nueva fisonomía a los pueblos de la ribera oriental del Lago de Maracaibo; y el proceso de expansión de la Siderúrgica del Orinoco, a través de la planta de productos planos, de la planta de producción de hojalata y de otros proyectos.

El proceso de industrialización, puedo afirmarlo, no se detendrá. El Estado continuará dándole estímulo y protección. Nuestra preocupación en este sentido se orientará a estimular especialmente aquellas industrias que puedan competir en mercados más amplios, favorecer la efectiva incorporación de partes realmente producidas en el país, asegurar una calidad uniforme y satisfactoria y evitar que los precios suban desproporcionadamente ocasionando perjuicios a los consumidores y creando mayores dificultades a la exportación. El empeño hacia la productividad, la reactivación del estímulo a la pequeña y a la mediana industria para multiplicar el número de participantes en el proceso de industrialización y abrir un número mayor de oportunidades de empleo, y la construcción de parques industriales han sido acogidos con verdadera satisfacción por las comunidades respectivas.

El turismo constituye un renglón de inmensas posibilidades. La experiencia de otros países demuestra que con adecuada promoción y con la formación de personal capacitado, si hay conciencia clara de los beneficios que el turismo puede producir, se logran corrientes de significación. En Venezuela, el turismo cuenta con magníficas condiciones naturales: es necesario incentivar la dotación de los servicios necesarios para aprovecharlas. El Gobierno tiene gran interés en el fomento turístico para que, a vuelta de no mucho tiempo, esta actividad sea un capítulo importante en el ingreso de divisas y hasta un instrumento de redistribución del ingreso, por cuanto las regiones de menor desarrollo relativo, son las que mayores atractivos ofrecen a las corrientes turísticas.

El Gobierno se ha preocupado mucho por el fomento de la exportación de productos no tradicionales. Existe el consenso nacional de que en esta materia hay que proceder con rapidez para vencer los estadios iniciales, ya que sólo aumentando considerablemente el volumen de dichas exportaciones podemos salir de una dependencia exagerada de la exportación petrolera. El Consejo Nacional de Comercio Exterior ha sido creado y a través de él se realizará una acción coordinada por parte de los diferentes Despachos que tienen a su cargo la economía y relaciones con los otros países. El Gobierno ha tenido especial interés en mantener contacto con el sector privado para impulsar esta importante actividad.

Perspectiva económica optimista

La situación económica ha sido favorable y su perspectiva es optimista. Elementos fundamentales para ese optimismo son la estabilidad política, la estabilidad del nivel de precios, la estabilidad monetaria y la paz social. En 1969 se pueden señalar como elementos característicos el aumento del ahorro interno, el crecimiento de la participación laboral en el producto y el aumento de las exportaciones no petroleras.

Estos elementos revisten mayor importancia por las circunstancias que están ocurriendo en el exterior. El año 1969 ha presentado en el mundo peligros serios de desequilibrio monetario, afortunadamente en proceso aparente de recuperación; el alza de la tasa de interés y una corriente inflacionaria, que tiende a ejercer presión sobre nosotros, a través de las importaciones. Frente a este panorama no hemos estado inactivos. La medida de fijar tipos mínimos de interés ha servido para proteger el ahorro nacional contra las perturbaciones monetarias externas y contra una posible emigración ante el halago de una retribución más alta. Esa medida fue acompañada con el aumento de los intereses pagados a los ahorristas, con exoneración del impuesto sobre la renta a los intereses producidos por los depósitos a plazos no menores de 90 días, y con disposiciones tendientes a impedir la absorción del ahorro interno por inversionistas foráneos. Las medidas adoptadas dieron resultados patentes. Las reservas internacionales llegaron a 929,5 millones de dólares. La liquidez bancaria y el circulante monetario en poder del público aumentaron en relación con el año anterior. El activo de la banca comercial creció en más del 10 por ciento, y los depósitos llegaron a ocho mil ochocientos millones de bolívares.

Es digno de notarse el aumento de las inversiones en cédulas hipotecarias, que gozan de una amplia confianza del público y han tenido un papel importante en la construcción privada. Su monto, así como el de los préstamos hipotecarios superaron ampliamente y por primera vez, la marca de los mil millones. El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo tuvo un auge sorprendente: la captación de ahorros aumentó en más del 60 por ciento.

Las dificultades fiscales

La situación fiscal es la que dentro de la vida económica ha planteado al Gobierno mayores dificultades. El Congreso y el país entero están en conocimiento de esta situación. Mientras tanto, los requerimientos del país aumentan en una proporción mayor de lo que han aumentado los ingresos. El Gobierno se empeña en lograr un sano equilibrio presupuestario, pero al mismo tiempo siente el urgente llamado del país para que se impulsen e incrementen los programas de desarrollo. La búsqueda del equilibrio supone, ello es innegable, una corrección del gasto público: sin afectar los programas prioritarios de los cuales dependen el progreso y bienestar general, esperamos a través de una reforma administrativa integral y de la aplicación de los recursos a proyectos realmente prioritarios, limitar el crecimiento del gasto a los montos verdaderamente requeridos y mejorar el rendimiento. Pero al mismo tiempo, es indudable la necesidad de aumentar los ingresos. El estímulo a la actividad económica es un camino para ampliar la base tributaria, con lo cual el producto fiscal también aumenta. Por otra parte, una ordenación más cabal en la administración permitirá subir los índices de recuperación de cobranza por créditos u otros servicios prestados a particulares, y una acción intensa de fiscalización y de recuperación –como lo que actualmente se realiza con el nombre «operación blanqueo»– tiende a lograr que cumplan con justicia sus obligaciones tributarias todos los contribuyentes.

No consideramos el régimen fiscal como un elemento estático dentro de la vida económica del país; tampoco consideramos justo ni conveniente elevar la carga tributaria para enjugar déficit de ejercicios presupuestarios, y menos aún si no se ordenan efectivamente la recaudación y el gasto, en función de la eficacia y de la productividad.

No auspiciaría el Gobierno ninguna medida que tendiera a desalentar las inversiones y a reducir el incentivo conveniente para que aumente la actividad económica. La dinámica del desarrollo obliga a un análisis permanente y continuo del sistema de tributación para adaptarlo a las exigencias cambiantes de una sociedad en plena marcha ascendente. Cualquier modificación que fuera propuesta en la estructura impositiva habría de responder a los objetivos generales de la colectividad venezolana y no a solventar transitorias dificultades del fisco.

El uso del crédito público a través de las formalidades establecidas por la ley, la cual requiere la opinión del Banco Central y la decisión del Congreso, está muy lejos de constituir para el país un gravoso endeudamiento. La capacidad de crédito de que goza Venezuela es muy amplia, y menospreciarla sería renunciar  innecesariamente a una fuente de suministros que bien empleados aumentarán considerablemente la riqueza nacional. Así como es irreprochable la censura del crédito improductivo, destinado a gastos de funcionamiento o a cuestiones suntuarias, así mismo es justa la concepción de que urge aprovechar las posibilidades crediticias para realizar inversiones que multipliquen la potencialidad económica nacional.

Paz laboral y progreso social

Toda marcha expansiva de nuestra economía tiene como característica la de que en modo alguno se deja a un lado el progreso social. El Gobierno se preocupa por lograr un ambiente de paz constructiva entre el capital y el trabajo y en las negociaciones laborales interviene, en la medida que la ley lo establece y la necesidad lo reclama, con un concepto claro de la composición tripartita de la sociedad, que reclama entendimiento armónico entre los empleadores, los trabajadores y el Estado. Para 1969 se encontraban vencidos, o vencieron numerosos contratos colectivos; grandes sectores de trabajadores de diversos oficios y niveles sintieron la impaciencia de plantear problemas que en algunos casos venían acumulándose a través de los años.

El Gobierno ha tenido una gran amplitud para los planteamientos de los trabajadores y se ha preocupado por facilitar la solución de los conflictos en un sentido favorable a las reivindicaciones justas planteadas por aquellos.

Esfuerzos laboriosos de conciliación se han hecho en los casos planteados, y para la solución de los mismos ha contado con la colaboración de altos dirigentes del movimiento sindical venezolano y de figuras distinguidas u organizaciones representativas del sector empresarial.

Es oportuno señalar aquí que los actos de presión a través de huelgas o paros intempestivos o ilegales, no pueden aceptarse dentro de la concepción del Estado de Derecho. La ley y la negociación colectiva constituyen la fuente de donde deriva el trabajador su fortaleza; aceptar que se atropelle sistemáticamente sería en el fondo destruir la base sólida del progreso social. El Gobierno ha confrontado en el año de la cuenta situaciones que rompen la normalidad jurídica en las relaciones de trabajo, respaldadas a veces por respetables sectores de opinión y hasta por organismos deliberantes que revisten en el sector público una alta representación y autoridad. Pero es el momento de recordar que la Constitución y las Leyes imponen al Ejecutivo la obligación de hacer frente a los hechos contrarios al ordenamiento jurídico, como lo son esos conflictos laborales planteados al margen del procedimiento legal. Su actitud es serena pero de inquebrantable firmeza, como se lo imponen el prestigio del Estado y los supremos intereses de la colectividad.

Vale la pena señalar, como un signo de la paz social por la cual se ha luchado y se lucha, que en el año de 1969 se suscribió en Venezuela la cifra récord de 1.140 contratos colectivos de trabajo, entre los cuales deben destacarse el que rige en la industria petrolera y los que regulan las relaciones entre los entes públicos y sus trabajadores.

El problema de la vivienda

Un punto al que quiero referirme en relación con la situación económica y social de Venezuela, es la vivienda. Se trata de una necesidad primordial. Estoy convencido de que requiere un esfuerzo extraordinario. Pienso que a través de la vivienda, no solamente se fortalece la familia y se hacen más viables la higiene, la educación y la integración del hombre al proceso social, sino que al mismo tiempo se ofrece ocupación a numerosos desempleados y se genera un efecto económico multiplicador. He dicho en numerosas ocasiones, y estoy plenamente convencido de ello, que en el momento actual del país, el volumen del déficit habitacional y los requerimientos del crecimiento demográfico reclaman la construcción de un número de viviendas no menor de cien mil por año, para atender a las necesidades crecientes por el aumento de la población y a la vez reducir en proporciones efectivas la necesidad no satisfecha. Ahora bien, lo cierto es que en el año 1969 sólo pudo alcanzarse en total, mediante los esfuerzos combinados del sector público y el sector privado, la construcción de unas 52.000 viviendas.

La creación de la Comisión Nacional de la Vivienda, que coordina los organismos públicos y privados interesados en la materia, constituye un paso hacia la creación del organismo único que será necesario establecer más adelante para que el programa de vivienda reciba todo el impulso que reclama y merece. Entre las medidas de urgencia que se adoptarán será la de hacer urbanizaciones populares, en las cuales puedan venderse a precios mínimos parcelas ubicadas en tierras acondicionadas satisfactoriamente, con servicios de calles, agua, cloacas, electricidad y demás indispensables en la vida moderna. Una de las cosas que impresiona en la observación de los barrios populares que circundan nuestras grandes ciudades es el monto cuantioso de la inversión hecha por los habitantes de esos barrios, a costa de grandes sacrificios; y el riesgo de que esas inversiones se conviertan en nada por haber sido hechas en terrenos inadecuados, en zonas peligrosas, como las que por las recientes lluvias han sufrido grandes deslizamientos, lo que nos hizo solicitar un crédito especial para remediar parcialmente sus pérdidas.

En el Programa Extraordinario de Inversiones que va a presentarse al Congreso hay una partida especialmente destinada a la continuación de los programas de vivienda popular. En las principales ciudades como ocurre en Maracaibo con El Saladillo, ellos servirán al mismo tiempo para la reurbanización del área central. Estoy seguro de no equivocarme al expresar mi serena confianza en que los representantes del pueblo darán su apoyo con todo calor a los proyectos que favorecen los sectores necesitados y que tendrán una disposición favorable de ánimo para respaldar la expansión de los programas habitacionales.

La adecuación del territorio

En las exigencias que plantea el desarrollo y a cuyos principales aspectos he venido refiriéndome en los párrafos precedentes, se han tomado en cuenta fundamentalmente tres elementos considerados tradicionalmente como constitutivos de la sociedad: la tierra, el hombre y las estructuras políticas.

En relación al territorio, se ha impulsado a fondo la labor acometida por el Ministerio de Obras Públicas para las obras de infraestructura. No obstante las dificultades presupuestarias, ese Despacho ha sostenido un alto ritmo de inversiones. El plan de vialidad ha continuado con vigor porque, a pesar de que algunos consideran que en esta materia están satisfechas las necesidades nacionales, lo cierto es que los habitantes del interior de la República continúan asignándole a las obras de vialidad mucha importancia.

Se comenzaron una serie de vías urbanas e interurbanas en varias ciudades del país tales como: San Cristóbal, Mérida, Coro, Maracay, La Victoria, Valle de La Pascua; se ha puesto en marcha la Autopista Valencia-Campo de Carabobo; están terminadas o por terminar las avenidas La Limpia y Sabaneta en Maracaibo; la autopista Araña-Antímano, el dispositivo Puente Veracruz-Baruta en el área metropolitana y se adelanta el tramo de la Castellana-El Marqués de la Avenida Boyacá en la Cota Mil. Se han emprendido también nuevos trazados de carreteras, como el de la variante Puente Real-Las González en el estado Mérida.

Merecen destacarse adicionalmente algunos programas especiales, como el plan intensivo de elaboración de planos reguladores de casi 200 poblaciones del país, en el cual se trabaja activamente.

La vialidad rural ha recibido atención y se le continuará dando, mediante la multiplicación del kilometraje y sistemas más apropiados de mantenimiento. Todas las carreteras existentes están en gran parte malogradas por el tránsito de vehículos pesados, hasta el punto de tener que rehacerlas en algunos casos, y esta situación es más grave en aquellas que carecen de los adecuados servicios de defensa y drenaje.

En cuanto a los autopistas, creo que el grado de desarrollo y las perspectivas del país reclaman la construcción de una gran estructura vial que vaya desde Maracaibo hasta Ciudad Guayana, de la cual serían parte la autopista existente del Palito a Caracas y algunos tramos hacia el Oriente; pero esta autopista vertebral y otras que pudieran ser de gran utilidad, podrían construirse mediante financiamiento obtenido dentro o fuera del país, si se estableciesen mecanismos que desligaran estos compromisos de las obligaciones crediticias del Estado y aseguraran su pago a través de la tasa cubierta por los usuarios del sistema.

El crecimiento de las exigencias en materia de obras públicas, convertidas en verdadero clamor en cada momento histórico en que un cambio político fomenta la esperanza de que estas necesidades y problemas van a ser resueltas de inmediato, obliga a racionalizar las inversiones, para que con un costo menor pueda obtenerse el mayor resultado. Las construcciones escolares, por ejemplo, así como las construcciones deportivas, han podido realizarse, a pesar de las limitaciones financieras, evitando lo suntuario y lo monumental para buscar lo eficiente y económico.

La regionalización, proceso en marcha

El acondicionamiento del medio ha sido consideración de importancia para decidir el proceso de regionalización. El Decreto por el cual se adoptó, con base en estudios debidamente procesados, un sistema de regionalización que establece en el país ocho regiones administrativas, ha revestido indiscutible trascendencia. Dentro de ese decreto de regionalización se destaca la creación de la Región Capital, integrada por el Distrito Federal y estado Miranda y de la Región Sur, formada por el estado Apure, el Territorio Federal Amazonas y el Distrito Cedeño del estado Bolívar. La Comisión del Desarrollo del Sur planifica y comienza a ejecutar la construcción de aeropuertos, carreteras, servicios de radiocomunicación y exploración del terreno, en esa estupenda porción de la patria que espera con ansiedad de una población suficiente para ponerla en mayor actividad e incorporarse efectivamente el destino de la Nación. La creación de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana por ley de la República, y la próxima creación de la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental son pasos importantes en el proceso de regionalización.

Conjuntamente con el proceso de regionalización se ha iniciado un movimiento de descentralización administrativa, del cual es manifestación la creación de seis sucursales de la Corporación Venezolana de Fomento, encargadas de llevar a las regiones las facilidades del crédito en función del desarrollo.

El acondicionamiento de territorio supone la construcción de puertos y de aeropuertos capaces de dar un servicio eficiente. Este Gobierno cree que los aeropuertos constituyen una necesidad primaria dentro de la vida de un Estado Moderno; por ella sintió viva complacencia al concluir y poner en servicio del estupendo Aeropuerto Internacional «La Chinita» en Maracaibo; la iniciación de las obras para hacer el Aeropuerto Internacional de Maiquetía algo cónsono con su movimiento y con su importancia y el Aeropuerto Internacional de Margarita, Isla que, con este aeropuerto y el Puerto Turístico Internacional, y otras medidas que se proyectan, podrá ser uno de los mayores centros turísticos del Continente. El mejoramiento y ensanche de otros aeropuertos cuyo estado reclamaba el esfuerzo puesto en transformarlos y las obras de construcción de bases aéreas corresponden a las imposiciones del progreso.

Es importante anotar en materia de comunicaciones la incorporación del servicio cablegráfico a la red nacional de telecomunicaciones y el desarrollo del plan quinquenal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, que ha dotado de servicios de telex y discado directo a las principales poblaciones del país y aumentado en más de setenta mil líneas urbanas y en más de veintiocho mil nuevos suscriptores el servicio telefónico, en cuyo mejoramiento persigue la meta de llegar por lo menos al doble del servicio existente para 1973.

 El cambio en la educación

En todo el proceso de desarrollo dentro del cual nos movemos y cuya realización pretendemos, sigue siendo centro principal el hombre venezolano, puesto que es él quien puede moverlo a su destino y puesto que el desarrollo ha de tener como finalidad prestarle las posibilidades de su plena realización personal y garantizarle la oportunidad de incorporarse al proceso social.

Para que el hombre, que constituye la mejor riqueza y el mayor orgullo de Venezuela, pueda vencer con éxito el desafío que el tiempo le formula, le estamos dando a la educación toda la importancia que le corresponde. Este año ha sido declarado por el Ejecutivo como el Año de la Educación Venezolana, en conmemoración del centenario del Decreto de 27 de junio de 1870.  Coincidencialmente, también 1970 ha sido declarado por la Unesco el Año Internacional de la Educación. Dentro del sistema educacional estamos efectuando una serie de cambios reclamados hace tiempo por la realidad venezolana. El cambio en el sistema educacional es una realidad y, por cierto, una realidad saludada con manifestaciones entusiastas de aceptación y estímulo por parte de los más variados calificados sectores que intervienen en el proceso educativo.

La creación del ciclo básico común para la enseñanza media; la adopción de un nuevo sistema para la evaluación del rendimiento escolar; el establecimiento de normas que consagran una concepción armónica de la comunidad educativa; la adopción de nuevos programas más a tono con el momento que vivimos, para la educación pre-escolar, para la primaria y para la enseñanza media; la reglamentación de la educación permanente de adultos; el decreto que hace efectiva la obligatoriedad de la educación física y el estímulo especial al deporte; la adopción de un plan de edificaciones escolares a bajo costo pero con todos los requerimientos: todo ello configura un proceso de vastas proyecciones.

De gran significación fue el hecho, cuya posibilidad de realización era puesta en duda, de la abolición del cupo en las ramas primarias y media de la educación. Toda la población escolar encontró ubicación en la escuela o en el liceo, mediante un esfuerzo gigantesco que tuvo éxito, pese a las restricciones en disponibilidad de fondos para los planes de enseñanzas, derivadas del aumento de remuneración a los profesionales del magisterio. Los maestros y profesores recibieron un incremento remunerativo superior al de cualquiera otra profesión. Hubo un acuerdo nacional en que participaron el Ejecutivo y el Congreso, para demostrar a estos compatriotas el alto aprecio a la elevada tarea que les incumbe y el propósito de remediar la injusticia de que eran objeto. Espero que los maestros y profesores aprecien en toda su magnitud la considerable carga que el Estado asumió para dar satisfacción a sus demandas y el sacrificio que ello ha significado para la colectividad y confío en que ellos constituirá un acicate para entregarse cada día con mayor devoción a sus labores, así como para reafirmar su voluntad de fortalecer el sistema democrático, a través del cual han podido lograr importantes reivindicaciones.

La puesta en marcha de la Universidad Simón Bolívar, ha sido el hecho de mayor importancia en la Educación Superior. Para lograrlo se trabajó activamente durante el año de 1969, lo que permitió iniciar sus cursos el 19 de enero de 1970. Al darle el nombre del Padre de la Patria a esta nueva Universidad, se quiso rendir significativo homenaje al hombre cuyo pensamiento y cuya acción constituye magisterio perenne para Venezuela y para todas las patrias hermanas y comprometer al nuevo Instituto a seguir el camino marcado por el paladín de la libertad, campeón de la independencia, avanzada del progreso y visionario de la integración latinoamericana.

La instalación y dotación del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Tecnológicas, en cumplimiento de la Ley respectiva, vino a quedar coincidencialmente vinculada con el año en que la llegada a la luna le dio al hombre una nueva dimensión y marcó a la historia el comienzo de una nueva era, profundamente condicionada por la técnica.

Y la transformación del ordenamiento que rige la Universidad de Oriente constituyó un paso conscientemente dado hacia su autonomía, entendida en el legítimo sentido que siempre le han dado los mejores intérpretes de la comunidad universitaria y conducida hacia el ejercicio pleno de las funciones de autogobierno, de orientación académica y de administración por la propia Universidad.

Es de señalar que en el mundo la institución universitaria atraviesa por un momento de revisión y, en algunos casos, de desajuste. Los países dentro de los cuales la comunidad universitaria no goza del derecho de gobernarse a sí misma y al estudiantado se le considera estatutariamente como un elemento pasivo, sin participación en la dirección institucional, buscan a través de una proceso a veces conflictivo obtener siquiera alguna parte de la autonomía consagrada entre nosotros plenamente y regulada democráticamente por el ordenamiento jurídico. Como universitario que soy, vinculado hondamente a la Universidad a la que he dado gran parte de mi vida, he sentido las mismas preocupaciones que inquietan a los padres y madres de familia y al común de los venezolanos sobre la desnaturalización del régimen autonómico y sobre las perturbaciones, a todas luces infundadas, que han ocurrido dentro y fuera de nuestros institutos de Educación Superior. Abrigo plena esperanza en que una visión clara del problema, una serena preocupación nacional y un auténtico espíritu universitario logren el vencimiento de esas dificultades y hagan cada día más clara y efectiva la misión universitaria de formar hombres, de forjarlos para cumplir con éxito la gran responsabilidad que a las próximas generaciones impone el reto del desarrollo.

La promoción humana

El pleno y libre desenvolvimiento de la persona humana, definido como objetivo nacional en el artículo 43 de la Constitución, es, en nuestra concepción del desarrollo, algo fundamental. Creemos en la necesidad de promover al hombre y no consideramos que el desarrollo pueda tener verdadero sentido si se aparta la vista de quienes en una forma u otra, por razones derivadas más de las estructuras sociales que de su propia falta, están marginados del proceso social. Como el trabajo es uno de los derechos humanos cuya efectividad es más indispensable, se ha puesto empeño en una política de empleo que busque por todos los medios posibles el acceso de cada quien a las actividades cónsonas con su vocación y capacidades. La labor realizada por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa ha recibido del Gobierno el mayor respaldo y reconocimiento. Se ha celebrado una importante convención a donde concurrieron organismos públicos nacionales e internacionales, representantes del sector privado empresarial, del sector laboral y de los organismos técnicos, para buscar en la raíz de los problemas y acometer las posibles soluciones. Lejana ya la celebración del Censo Nacional de 1961, las estadísticas sobre desempleo y subempleo resultan poco confiables, hasta el próximo Censo, que debería hacerse en el presente año y que al resolverse aspectos de orden presupuestario se debe llevar a efecto con disposición de procesar y divulgar sin demora los resultados obtenidos. Se estima en alrededor de un 8 por ciento de la población activa el índice de desempleo y ello impulsa al Gobierno a buscar a través de los caminos del desarrollo el remedio de fondo a este problema, que suscita un verdadero clamor nacional.

Los programas de salud y de seguridad social constituyen aspectos de una inversión indispensable para el aumento de la primera riqueza del país, su capital humano. Se han construido nuevos hospitales; se han acercado los centros de atención  a los lugares de trabajo y se han dado pasos para la dotación  de aquellos cuya construcción está concluida pero no han podido entrar en servicio. Una comisión calificada, que ofrece altas garantías de honestidad y de experiencia, se ocupa de procesar las ofertas que han llegado a la Administración Pública para la dotación de equipos necesarios a los establecimientos hospitalarios. Por otra parte, consciente de que la dispersión de esfuerzos y la falta de coordinación de planes entre los diversos organismos que tienen a su cargo el cuidado de la salud pública produce despilfarros o, en todo caso, impide el aprovechamiento pleno de los recursos invertidos, me he ocupado personalmente de poner en contacto a sus representantes para encauzar la aspiración general de que se vaya hacia un Servicio Nacional de Salud, a través de la coordinación de servicios existentes. El proceso tiene dificultades, como las que se crean cuando se han establecido diversas esferas de competencia con regímenes distintos para quienes actúan dentro de ellas; tengo fe en que en el presente año se adelantará notablemente en el área metropolitana este proceso, que ya ha tenido considerable éxito en entidades federales en las cuales funciona con éxito el Servicio Cooperativo de la Salud.

También abrigo la mayor confianza en que dentro del presente año entrará en funcionamiento el Consejo Nacional de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, adelantando así las actividades iniciadas con la creación de la Oficina de Salud Laboral y recogiendo las conclusiones de la Primera Reunión Consultiva sobre Riesgos del Trabajo, celebrada en Maracaibo en 1970. A medida que el país se dé mayor cuenta de la necesidad de conservar e incrementar la salud  y seguridad de sus trabajadores, obtendrá mayores logros en los objetivos del rendimiento.

La atención al hombre venezolano ha mantenido al Gobierno cuidadoso de los derechos de los consumidores. La experiencia demuestra que al proteger la producción, a veces no han sido tomadas suficiente y correlativamente en cuenta los intereses de la población consumidora, sobre la cual puede echarse una carga no siempre proporcionada a los beneficios recibidos. Lograr ese equilibrio  es uno de los deberes más importantes del Estado. Por esto se han adoptado determinaciones como la fijación de límites a los precios de los vehículos, la unificación y reducción de las tarifas eléctricas de CADAFE y la aplicación de sanciones previstas por la Ley a los acaparadores, medidas recibidas con amplio respaldo por la colectividad. Es importante también fomentar la toma de conciencia por la población misma. El estímulo dado a las cooperativas y a otras organizaciones de interés social está enmarcado dentro de esta línea de protección al consumidor.

 La promoción popular

La concepción humana del desarrollo, la convicción de que él debe propender a la incorporación  de todos al proceso social, explica el interés del Gobierno en la promoción popular. Una de las primeras disposiciones adoptadas fue la designación de una Delegada Especial para el estudio, organización y estructuración de la Secretaría de Promoción Popular. La persona designada para esta función insistió en que quería desempeñarla con carácter ad honorem. Ha trabajado con gran devoción, acompañada en sus esfuerzos por colaboradores que, en organismos públicos o en actividades de interés social e iniciativa particular, realizan labores que las estimulan para esta tarea, dirigida a provocar en los sectores marginados una toma de conciencia, una voluntad de organización y un espíritu de responsabilidad en el manejo de sus propios asuntos y sensibilización hacia los asuntos comunes.

La División de Urbanización y Equipamiento de Barrios creada en el Banco Obrero, está orientada en el mismo sentido, aunque dedicada específicamente a atender la necesidad urgente de los servicios humanos y la transformación  de las viviendas  en los barrios populares en la periferia de las ciudades. La Fundación para el Desarrollo de la Comunidad continúa con gran entusiasmo una labor que mi distinguido antecesor el doctor Raúl Leoni calificó en su penúltimo Mensaje al Congreso, como «Instrumento para promover la participación consciente y organizada de la población en las tareas del desarrollo nacional». Dentro del mismo orden de ideas de atender a las necesidades urgentes del pueblo fue creada una fundación denominada «Fondo de Solidaridad Social». La iniciativa surgió del llamado de angustia de quienes han estado en contacto con los daños sufridos, como consecuencia de hechos impredecibles o de fenómenos de la naturaleza y se proyectó con la idea de que la iniciativa del Gobierno provocara la participación de los particulares, de acuerdo con lo que el artículo 57 de la Constitución establece, al disponer: «las obligaciones que correspondan al Estado en cuanto a la asistencia, educación y bienestar del pueblo no excluyen las que, en virtud de la solidaridad social incumben a los particulares según su capacidad». Debo manifestar, a este respecto, que la comunidad no ha sido sorda al requerimiento de la Solidaridad Social, y que, por otra parte, el Voluntariado Social ha comenzado a prepararse, a través de cursos dados por personas profesionalmente preparadas, y ha iniciado la prestación de servicios en la atención hospitalaria y en otros aspectos de interés social.

Sé que la idea de la Promoción Popular, por razones explicables que tienen su raíz en la confrontación dialéctica de una campaña electoral, encuentra todavía reservas en sectores políticos que por su integración  y antecedentes están en una línea reconocida de convicción democrática y de compromiso de servicio al pueblo. También las hay en sectores sociales económicos que, sin embargo, han hecho profesión de amplitud y han dado testimonio de apertura hacia el cambio social que supone la incorporación del pueblo a la conquista de su propio destino. Deseo vivamente que aquellas suspicacias y reservas se desvanezcan, a través de un mayor examen del asunto y de un diáfano esclarecimiento de las finalidades superiores que inspiran los programas de promoción popular. Es el interés de Venezuela el que reclama un esfuerzo armónico y sincero cuyo beneficiario es el pueblo y cuyo fruto en todos los órdenes ha de recibirlo el país entero. La labor modesta y callada de la Delegada Presidencial y de sus colaboradores, en una tarea que aspiramos ver convertida algún día  en función de un órgano permanente del Estado, habrá de obtener –estoy seguro porque conozco la buena voluntad de mis compatriotas– el reconocimiento unánime de la nación.

No puedo dejar de mencionar, en el aspecto de la promoción del hombre, el interés que debe merecernos la juventud, para facilitarle, sin pretensiones paternalistas, la posibilidad de desarrollar lo mejor de sí misma, a fin de prepararse adecuadamente a asumir las responsabilidades que le demandará el país en las décadas venideras. Me he preocupado en manifestar el mayor interés por las actividades juveniles, en su amplia variedad. He deseado que los jóvenes me consideren siempre como un leal amigo, dispuesto a entenderlos, a considerarlos y valorar sus naturales impulsos hacia la conquista de un mundo mejor. He ofrecido el mayor estímulo al deporte y he fomentado en los barrios instalaciones populares abiertas a la juventud con preferencia a las construcciones lujosas. El 12 de febrero de este año dispuse la constitución de una Comisión Nacional de Programación Juvenil, para coordinar e intensificar las actividades que persiguen en forma sincera la promoción del joven.

Mucho más cabría indicar en el camino de la promoción humana. Prolijo me haría, sin embargo, si tratara de relacionarlo todo. Permítaseme, no obstante, añadir que así como he querido usar la condición de Jefe de Estado para estimular el deporte, así mismo he querido, con mi presencia y actitud de gobernante, estimular el interés de las nuevas generaciones por la investigación científica y tecnológica; y recordar que de no prepararnos suficientemente y disponernos a llenar el vacío  que nos separa de los países desarrollados, estaremos en peligro de caer ineludiblemente en la forma más grave de colonialismo. Si no formamos nuestros propios técnicos, otros vendrán de cualquier parte: y los procedimientos y metas que establezcan no serán los que correspondan mejor a nuestra idiosincracia, sino los que apliquen, quizás hasta sin adaptación suficiente, tomándolos de otras realidades.

El Ministro de Relaciones Interiores, Lorenzo Fernández, hace entrega de su Memoria y Cuenta al Presidente del Congreso Nacional, José Antonio Pérez Díaz.
El Canciller, Arístides Calvani, hace entrega de su Memoria y Cuenta.

El cambio de las estructuras políticas

 La marcha hacia el desarrollo ha reclamado y reclama una transformación de las estructuras políticas. En la organización del Estado, también el cambio es una realidad; una realidad, como dije al principio, dinámica y continua. Es un hecho reconocido el de que las estructuras de la Administración Pública no responden a las circunstancias del tiempo que vivimos. Mecanismos arcaicos restan eficiencia a la acción del Estado y de los entes públicos.

La reforma administrativa marcha con paso firme. La Comisión de Administración Pública ha sido reestructurada para dotarla de mayor eficacia. En la mayoría  de los órganos estatales y para-estatales, ya está funcionando un Consejo de Reforma Administrativa. Se han puesto en marcha algunos mecanismos de transformación y espero que en el próximo presupuesto se apruebe una serie de modificaciones que previamente se conversarán con los miembros de las comisiones legislativas.

La sola enunciación de los organismos que en este año de Gobierno han comenzado a funcionar es elocuente. Recordemos que han iniciado sus labores la Universidad Simón Bolívar y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas; que han sido creadas la Corporación de Desarrollo del Zulia, cuyo directorio se instalará en este mismo mes, el Consejo Nacional  de Comercio Exterior, La Comisión Nacional de la Vivienda que está funcionando, el Consejo Técnico de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de la Marina Mercante y la Junta Consultiva Nacional de Pesca; que ha sido constituido el Banco de Desarrollo Agropecuario; que han sido creados el Consejo de Asesoría Jurídica, presidido por el Procurador General de la República e integrado por los Consultores Jurídicos de los distintos Despachos; que se ha fundado el Fondo de Solidaridad Social y que se ha organizado y puesto en funcionamiento el Departamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios del Banco Obrero.

Además de los Entes que acabo de mencionar y que no agotan por cierto la nómina de órganos destinados a atender urgentes necesidades, debo hacer referencia a la designación de un Comisionado Especial de la Presidencia de la República para atender las denuncias, quejas y reclamos que se formulen contra cualquier funcionario o rama de la Administración, con el objeto de comprometer a la propia Presidencia de la República en la lucha por erradicar los vicios y corruptelas administrativas, tanto desde el punto de vista de la honestidad como desde el punto de vista del deber de atender los planteamientos, solicitudes y reclamos del público. Para asesorar al Comisionado en estas delicadas funciones solicité el concurso de venezolanos eminentes de unánimemente reconocida reputación ganada con una vida consagrada al servicio de los demás y orientada por severas normas éticas. Sin percibir ninguna remuneración, estos ciudadanos aceptaron el encargo de ser ojos y oídos del país ante los hechos que dañan la función pública y que sería quizás demasiado optimista el pretender que han desaparecido por completo. La labor del Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos, con la abnegada y positiva colaboración de los asesores que lo acompañan, ha sido llevada a cabo con fe en las tareas encomendadas y con el propósito de no dejar de investigar uno solo de los casos planteados, de estimular la confianza del público y de llevar adelante sus investigaciones sin dañar irresponsablemente reputaciones ni prestarse para negativos escándalos.

Las labores del Comisionado se iniciaron en la última semana de agosto de 1969. Su tarea ha estado dirigida, no a averiguar historias del pasado sino a suprimir las irregularidades que puedan cometerse en el presente y a poner todo el peso del Gobierno en impedir su continuación.

El problema de la inseguridad reviste hoy, en todas partes especial gravedad. Hermosas capitales de naciones dotadas de los más amplios recursos técnicos y económicos ven cada día con inquietud sucederse hechos de agresión, frente a los cuales no logran satisfactorios resultados los esfuerzos que se hacen para proteger la población. Hay ciudades importantes del mundo en las que ya no se puede transitar durante la noche y en las que hasta en plena luz del día suceden atracos que producen considerables daños a las personas y a los bienes. Al mencionarlo, no pretendo excusar el deber que nos incumbe para enfrentar en Venezuela el fenómeno de la delincuencia. Lejos de mi mente descargar al Gobierno de esta responsabilidad, que es la primera de las que corresponden dentro de los fines del Estado, Estoy convencido de que en el ánimo de la población el deseo de seguridad reviste una primera prioridad; por ello mismo, desde el propio momento en el que me hice cargo del Gobierno he puesto reiterados esfuerzos personales en la reorganización de los servicios que tienen a su cargo esta delicada función. Los cuerpos policiales de Caracas y del Interior han sido objeto de una evaluación que incluye el examen sobre la capacidad, antecedentes y condiciones psíquicas de sus integrantes. El resultado de esta evaluación ha sido, en algunos casos, alarmante. La formación del personal apto no es cosa de breves días: desde la selección de los aspirantes hasta el fomento de la vocación, la instrucción y entrenamiento necesarios, todo ello requiere un proceso que se está  cumpliendo con la mayor rapidez posible y cuyos efectos benéficos se harán sentir. Por otra parte, las condiciones sociales y económicas del personal encargado de la seguridad pública resultan todavía insuficientes para quienes prestan este delicado servicio.

A la iniciación del período constitucional, existía un amplio consenso sobre la necesidad de reorganizar, coordinar y profesionalizar las policías. En este sentido me moví, desde el primer momento de la instalación del Gobierno. La Dirección General de Policía fue eliminada. Para atender a los fines establecidos en el Estatuto Orgánico de Ministerios, ha sido organizada la Dirección de los Servicios  de Información y Prevención a cargo de competentes profesionales jóvenes, a los que se ha recomendado encarecidamente el mayor respeto de las leyes y de las garantías ciudadanas. Estas instrucciones se han dado a todos los organismos de seguridad. Si en alguna ocasión se hubiere incurrido en algún exceso, el Gobierno tiene abiertos todos los canales para su esclarecimiento y ha estado dispuesto a ser el primero en condenarlos.

La coordinación de los servicios policiales es una realidad en marcha, con la cual se han obtenido muchos logros, patentes en aquellas circunstancias en que se han producido perturbaciones del orden público, a los cuales se ha enfrentado con serena pero inquebrantable firmeza. El Comando Unificado Policial que está funcionando a todos los niveles de modo permanente, con indudables beneficios para el orden público y social.

En cuanto a la selección y profesionalización de los cuerpos policiales, se han dado instrucciones categóricas. Para que la tecnificación pueda hacerse de manera efectiva, y para que en la selección de sus integrantes no prevalezcan consideraciones políticas, he dado orden de que el frente de las policías estadales se vayan colocando oficiales activos de las Fuerzas Armadas de Cooperación, seleccionados por méritos y aptitudes, carentes por su misma profesión de inclinaciones políticas y de compromisos de grupo.

La creación de la Policía Metropolitana, mediante un ejemplar entendimiento entre los Concejos Municipales del Distrito Federal y del Distrito Sucre del estado Miranda, la Asamblea Legislativa del referido estado y los Gobernadores del mismo y del Distrito Federal, ha sido saludada con satisfacción por todos los habitantes de la capital de la República. El Gobierno Nacional, a través del Despacho de Relaciones Interiores, prestó su más decidido concurso para la realización de esta idea y tiene el propósito de continuarle dando la mayor atención para su progreso y constante mejoramiento.

Otro paso importante en materia de Seguridad Pública es la creación de la Dirección de Prevención del Delito en el Ministerio de Justicia. La convicción de que las transgresiones del ordenamiento jurídico no son hechos aislados, sino que en su génesis existen factores sociales de indiscutible influencia, obliga al Estado a investigar y atender hasta donde fuere posible esas causas, con la idea de que prevenir el delito es una grave obligación y de que la simple actividad represiva o punitiva sería cada vez más insuficiente si no fuera a lo hondo de la causalidad social.

En lo relativo al problema de la seguridad, hay una parte del territorio nacional que ha reclamado nuestra atención de manera especial: se trata de nuestras fronteras. Si bien en algunos trechos ellas se hallan todavía en territorio escasamente poblado, donde el intercambio humano es de poca consideración, hay algunas áreas donde la situación reclama una determinada línea de conducta. La región del Esequibo presenta la ocurrencia esporádica de incidentes de pequeña importancia, pero que pudieran estar encaminados a provocar situaciones delicadas; además, núcleos de pobladores indígenas ocurren en demanda de protección por persecuciones de que son objeto y nos plantean problemas de los que tenemos que apersonarnos por motivos de humanidad y hasta de decoro nacional.

Nuestra frontera con Colombia presenta un aspecto distinto. Las relaciones entre ambas repúblicas no pueden ser más cordiales y el intercambio fronterizo es creciente y fructífero. Sin embargo, se produce continuamente un fenómeno de inmigración clandestina, en contra de las leyes dictadas por el país en ejercicio de su soberanía.

Razones preponderante económicas, y entre ellas la diferencia del signo monetario, que produce una especial fascinación, estimulan el flujo incesante de pobladores los que, por otra parte, son de nuestra misma composición humana, de cultura común y con frecuencia arraigan definitivamente entre nosotros para formar familias venezolanas. Al lado de este hecho, ocurren también actividades ilícitas, como el contrabando, la trata de blancas y otros abusos que son perjudiciales para ambos países. Un diagnóstico preciso de la inmigración clandestina se está preparando mediante encuestas de urgente realización. Las autoridades policiales, de acuerdo con las instrucciones que coordinadamente dictan los despachos que tienen que ver con el asunto, y principalmente de los de Relaciones Interiores, Relaciones Exteriores y Defensa, tienen que estar pendientes de mantener la autoridad y de aplicar las leyes venezolanas; con todo el profundo sentido humanitario que hemos de mantener ante quienes son, como nosotros, hijos de la patria común pero con clara conciencia de asegurar y defender los altos intereses de Venezuela, cuya gestión nos está encomendada.

El Instituto Agrario Nacional tiene programas de asentamientos en regiones fronterizas para contribuir a mantener núcleos humanos permanentes, de inequívoco sentido nacional; y en otros lugares propicios para ofrecerles la oportunidad de regularizar su situación a quienes vinieron infringiendo nuestro ordenamiento legal, pero con su trabajo y su conducta se hacen dignos de preferente consideración.

En este tema de la seguridad interna y externa, papel primordial ha correspondido a las Fuerzas Armadas.  Conscientes de su función dentro de un Estado democrático, su labor ha sido invalorable, su rendimiento en la coordinación de los servicios positivo y su disposición a transformar sus cuadros, en función de la necesidad nacional y del progreso técnico, plena. Desde el estudio de las reformas legales en materia de Defensa Nacional y ordenamiento militar, hasta la renovación de sus sistemas de enseñanza y promoción, todos los aspectos del funcionamiento castrense han sido atendidos con la voluntad puesta íntegramente en el servicio de Venezuela.

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

El futuro de Venezuela se proyecta con hermosura. El análisis de nuestras posibilidades –y aún la ponderación de nuestros problemas– nos autorizan a tener fe en el progreso dinámico de esta nación joven y vigorosa. La clave del éxito está en que recordemos que nuestra grandeza ha brillado en las épocas en que hemos sostenido a toda costa la libertad y que el prestigio del gentilicio está asociado, a través de nuestras más excelsas figuras, al culto de los altos valores del hombre.

Además, hay un consenso cada vez más amplio en que para que la democracia representativa cumpla a cabalidad sus fines de servicio al pueblo y corresponda a las esperanzas que en ella han puesto los hombres, debe convertirse cada vez más en una democracia de participación.

Creo que para lograrlo hay que mantener y fortalecer las conquistas fundamentales de la democracia formal: el robustecimiento de los mecanismos institucionales garantiza contra los excesos del poder, previene las usurpaciones que tradicionalmente han frustrado las aspiraciones colectivas y abre caminos para que la opinión de cada uno entre al torrente de las inquietudes comunes y pase a formar parte de la voluntad general.

No creo, por lo demás, que la democracia participativa pueda ser obra artificial, improvisada por instrumentos jurídicos como esos que hicieron clamar a Bolívar y Bello contra el teoricismo político.

Creo que ella se obtiene estimulando la presencia diaria de todos los sectores en el debate nacional, haciéndole sentir a cada uno la directa responsabilidad que le incumbe en la defensa de sus intereses específicos y la obligación de todos de armonizarlos, y subordinarlos ante el bien común.

Esta convicción ha adelantado permanentemente en mí el esfuerzo del diálogo. He dialogado en escala nacional, en escala regional y en escala municipal. He dialogado en lo económico, con los sectores empresariales y con los sectores sindicales. He dialogado con los representantes de la cultura, de la ciencia y de la educación. He dialogado con jóvenes y viejos. He dialogado con quienes hacen de su vida un culto permanente a la actividad intelectual y con quienes a través del deporte buscan la clásica armonía en la salud de la mente y del cuerpo. He dialogado con quienes a través de funciones públicas consagran su vida a la colectividad, y con quienes en la iniciativa particular ejercitan actividades que redundan también en el esfuerzo colectivo, algunas de las cuales no tienen como fin el beneficio personal sino, a costa de grandes sacrificios, el bien de los demás. De manera especial he tributado mi respeto a las Instituciones que recogen, fomentan y orientan la vocación del hombre hacia lo alto: la Iglesia Católica, representativa de la gran mayoría de nuestra población y depositaria de valores inmensos en el propio ser de nuestra nacionalidad, ha recibido en todo momento del Gobierno testimonio de respeto, colaboración y simpatía; y las otras Iglesias, representativas de los cultos legítimamente establecidos en el país, no solo han gozado de la más amplia libertad, sino que han tenido de mi parte, y esta ha sido línea dictada a todas las dependencias del Gobierno, una permanente y cordial voluntad de fomentar la confianza recíproca, estimular sus nobles funciones y prestar a sus obras sociales el respaldo y la asistencia que han menester.

En el Mensaje que presento ante ustedes he procurado hacer una apretada exposición de las realizaciones e iniciativas del Gobierno en el año concluido. Al mismo tiempo, el examen de las orientaciones de la política ejecutada ha sido en cada caso acompañado de sus proyecciones inmediatas, las cuales constituyen los lineamientos básicos en el Cuarto Plan de la Nación. A través de un proceso de planificación democrática esos lineamientos serán precisados.

Una primera versión del Plan sirve de base para el trabajo que aceleradamente se realiza, a través de consultas ya iniciadas y que comprenderán a todos los sectores representativos del país. Con ánimo de abierta receptividad se acogerán las sugerencias que hagan, seguros como estamos de que ellas contribuirán a forjar un instrumento audaz y viable, adecuado a nuestra realidad y enderezado al bien común.

La obra cumplida es fruto de la incansable actividad, reconocida idoneidad y generosa dedicación de un valioso equipo de gobierno, cuyos méritos se aprecian más a medida que más se conoce su gestión. La labor de ese equipo consta en detalle en las Memorias de los Despachos respectivos. Si el Congreso así lo acordare, sería muy alentador el que los Ministros pudieran ir compareciendo ante sesiones conjuntas de las Cámaras, para explicar de viva voz y por lo que respecta a las materias que les corresponde, los aspectos más interesantes de la tarea confiada a su competencia.

Quiero hacer para terminar, unas breves consideraciones. Me he propuesto humanizar el Gobierno. Lo he intentado con decisión y pretendo haberlo logrado en la mayor medida posible, sin negar lo anteriormente hecho ni desconocer las fallas y errores de mi actuación. Como mi concepción política se basa en el reconocimiento esencial de la dignidad humana, pienso que donde no esté presente el sentido humano de la vida faltará el ingrediente principal.

Me he propuesto contribuir a humanizar las ciudades y los campos, las fronteras geográficas y las relaciones entre nuestra propia gente y la del nuestro con los otros pueblos.

Me he propuesto dar todo el aporte de que sea capaz al ideal de humanizar la economía, para que ella, como nuestra Carta Fundamental lo proclama, esté al servicio del hombre, Creo necesario incentivar e impulsar la creación de riqueza nacional, pero esta aspiración no la consideraría sólidamente fundada si no se enderezara al mejoramiento de la población, de modo obligante, al cambio de la forma de vida de los sectores más necesitados.

 Tengo la sensación de que el país aprecia este propósito. Por todas partes encuentro y he encontrado –aún en los momentos difíciles del año de Gobierno– una amplia comprensión general. De la expectativa favorable de los primeros días se ha pasado a la convicción de que hay efectivamente una voluntad de trabajo al frente del Gobierno, entregada sin reserva al servicio de Venezuela y de que es menester compartirla.

Convertir esa positiva disposición del país en fuerza impulsadora es clave para ganar, en beneficio común, la oportunidad que Venezuela tiene por delante. El avance del cambio y el signo afirmativo de su realización dependen de todos. Se ha andado un trecho mayor de lo que podemos apreciar nosotros mismos, ya que nuestra amplitud de observación está limitada por la inmediación de los hechos. Se ha realizado un movimiento en todos los órdenes, dentro de una clara concepción de las metas que es preciso alcanzar: de la voluntad común depende llevarlo aceleradamente hacia sus objetivos, sobre los cuales existe amplio consenso nacional.

Confiar en su realización no puede ser una utopía. No hay razón ni motivo para no cumplir ese proceso dinámico e irreversible que nos empuja y nos atrae. Sepamos ser dignos, sin resquemor ni mezquindad, de la tarea que nos exige el futuro de Venezuela, el cual depende en gran medida de lo que haga nuestra generación.

 

Ciudadanos Senadores,

Ciudadanos Diputados.