Primer Mensaje del Presidente Rafael Caldera ante el Congreso Nacional. Caracas, 10 de marzo de 1995.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Todos los habitantes de Venezuela saben perfectamente que el año transcurrido ha sido el más difícil de este medio siglo. No voy a regodearme en la enumeración de los aspectos del drama que ha vivido el país, efecto del proceso de deterioro de los últimos años. Pero sí debo hacer una precisión fundamental. No todos alcanzan a medir el esfuerzo gigantesco que ha sido necesario para enfrentar los problemas, para erradicar la corrupción, para mantener el equilibrio social, para afirmar la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

No debería haber necesidad de insistir en que la crisis del sistema financiero ha sido quizás la más grave del mundo, en proporción al monto de nuestro producto interno. Mas es preciso recordar que reparar el descalabro causado a millones de personas, rescatar la confianza perdida en la propia institución bancaria ha sido una tarea hercúlea. Esa crisis sistémica habría podido conducir en cualquier parte, como me lo dijera en Miami el Director del Fondo Monetario Internacional, a un verdadero «pánico», y ya se sabe lo que un pánico significa: el caos general, la locura social, el salto en el vacío, el país proyectado de fracaso en fracaso, para comenzar desde un inicio balbuciente el proceso de reconstrucción nacional.

Por supuesto, el protagonista del esfuerzo hecho para superar la crisis ha sido el pueblo venezolano. Por encima de las numerosas críticas –algunas seguramente fundadas, otras quizás dictadas por el reconcomio o la desesperación–, el pueblo ha mantenido y mantiene la esperanza: porque sabe que se le sirve con devoción, con absoluta honestidad y con ferviente patriotismo y no sólo conserva vivo el amor a la patria, sino la convicción de que nuestro país tiene los elementos necesarios para superar cualquier crisis y para abrir las anchas avenidas que, a cinco años apenas del año dos mil, nos está demandando el porvenir.

El objetivo a lograr supone y demanda la participación solidaria de todos. La magnitud del desafío no puede enfrentarse con posiciones aisladas. El egoísmo individual o grupal no tiene cabida en esta magna empresa. Nunca como ahora es tan perentorio el deber de solidaridad.

El noveno Plan de la Nación

El «programa de estabilización y reactivación de la economía» fue presentado al país a través de un ejercicio intenso de diálogo. Todos los sectores públicos y privados fueron informados durante el proceso de su elaboración y se escucharon los planteamientos que de buena fe se presentaron en torno a su contenido. El Noveno Plan de la Nación ha sido la proyección de aquel programa hacia el mediano y largo plazo, la ampliación de sus metas y el diseño preciso de lo que debemos hacer en la construcción de un país consciente de las exigencias del desarrollo económico y social.

El Plan establece el marco para la acción de gobierno en sus diversas áreas y propone un proyecto de país alrededor de cinco líneas fundamentales de acción: 1) la inserción estratégica del país en el ámbito mundial; 2) la transformación del aparato productivo para convertirnos en una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado; 3) un proyecto de solidaridad social para mejorar la calidad de vida y generar transformaciones profundas en la sociedad civil y promover procesos innovadores de integración económica y social de la población menos favorecida; 4) la transformación programada de la educación, para dotar a nuestra juventud de la capacidad necesaria para, a su vez, transformar el país; y 5) la reforma integral del Estado, para dar racionalidad a su acción y responder a las verdaderas necesidades de la población.

Confío en que la inaplazable Reforma de la Constitución y de la Administración de Justicia será una parte fundamental de la Reforma del Estado. Por otra parte, ya introdujimos el proyecto de Reforma Parcial que crea el Ministerio de Industria y Comercio y el Banco de Comercio Exterior y está listo el relativo al Ministerio de Infraestructura. En cuanto al proceso de descentralización, sigue su curso, en forma responsable y armónica. Las relaciones de los funcionarios nacionales con los Gobernadores y Alcaldes se desenvuelven en una forma más coordinada.

Queremos un país en el cual el ser humano sea el centro prioritario a cuyo servicio deben dirigirse los esfuerzos, a través de una economía impulsada por la libertad, pero condicionada por los requerimientos esenciales de una nación soberana y de una sociedad más feliz. No tememos en modo alguno la libertad; al contrario, proclamamos los principios que deben garantizarla en un ambiente de equidad; pero no estamos entre quienes, inmolando las exigencias de la moral, llegan hasta a borrar de sus vocabularios la expresión que define una de las mayores conquistas de la humanidad contemporánea, a saber, la justicia social.

Alrededor de estas ideas convoco a todos los compatriotas y a quienes conviven en nuestra tierra a modelar un proyecto de país que nos una, que nos dé la visión común del futuro por el cual luchar y que nos señale los rumbos y la manera de construirlo juntos.

Queremos una reactivación de la economía, un desarrollo del país en todos los órdenes, pero creemos en la justicia social. No estamos dispuestos a someternos a lo que un importante periódico francés ha denominado recientemente «el pensamiento único», vale decir, el nuevo dogmatismo que intereses económicos quieren imponer en sustitución del fenecido dogmatismo marxista.

La experiencia de un año de gobierno nos ha demostrado que los organismos financieros internacionales pueden entender y respetar el ejercicio de la soberanía de una nación, aunque sea pequeña, cuando se hace sin arrogancia pero con firme y recta intención y sentido común. Y que los inversionistas, de cualquier nacionalidad que sean, se muestran propensos a invertir, sometiéndose a un ordenamiento jurídico que reconozca la fundamentación ética y la aspiración a la justicia, siempre que se les ofrezca la seguridad jurídica y el respeto debido a los derechos que se reconocen al capital emprendedor en toda sociedad civilizada.

Mensaje al Congreso Rafael Caldera 1995.
El presidente Rafael Caldera durante su alocución, en el que hace el recuento de la obra de gobierno en el año 1994.

La crisis bancaria

El año de la cuenta, ciudadanos senadores y ciudadanos diputados, ha estado perturbado por la gravedad de la crisis económica y por la inmensidad de la crisis bancaria. Puedo asegurar que por encima de las dificultades, entregaremos al país un sistema financiero saneado y una economía en orden. Pero no ha sido sólo en el terreno de lo económico donde mi gobierno ha tenido que enfrentar retos fundamentales.

Asumí el gobierno en un momento en el cual la secuela de graves acontecimientos había minado en muchos compatriotas la confianza en las instituciones democráticas. Quienes vieron terminadas las condiciones en las cuales amasaron inmensas fortunas vulnerando los principios morales y desconociendo las normas del comportamiento social, aprovecharon y continúan aprovechando el poder económico financiero, doméstico y foráneo, y la influencia en ambientes extranjeros, para lanzar una ofensiva de descrédito que no ha cesado todavía. Pero la realidad de los hechos desmiente las profecías malignas repetidas a diario en todas las formas y por todos los medios, y no logran su objetivo de minar la confianza de los gobernados y provocar perturbaciones violentas que darían al traste con la esperanza de recuperación que fundadamente sostenemos y a la que está firmemente asida la inmensa mayoría de la población.

Se ha mantenido la paz, en medio de una cultura de la protesta, que a diario en forma polícroma se observa en el país, ya que cada uno quisiera la solución inmediata de sus problemas y la satisfacción de sus aspiraciones. La generalidad de esas protestas se lleva a cabo en forma pacífica, con frecuencia el diálogo encauza los planteamientos y abre caminos para el entendimiento. Las protestas violentas son minoría, y no hay otra alternativa que darles el inevitable enfrentamiento, cuya entidad se dosifica prudentemente para evitar, hasta donde se pueda, cualquier daño a las personas o a los bienes.

En cuanto al fenómeno de la delincuencia, no voy a ocultar su gravedad, ni me voy a excusar con el alegato de que en las ciudades importantes de los países desarrollados la criminalidad es impresionante. Quiero decir que asumo la responsabilidad de este gran desafío. Ha habido mucho que hacer en numerosos y complejos aspectos, de los que no son los de menos la situación de los cuerpos de seguridad, el aumento del narcotráfico y la ausencia de una política de prevención del delito. La depuración, el equipamiento y la modernización de los cuerpos de seguridad exige un gran esfuerzo, dentro del cual la dotación de recursos ha habido que aumentarla en este año en un 200 por ciento en relación al año anterior. Este es uno de los grandes retos que tenemos que superar y con el esfuerzo de todos lo superaremos.

También lo es el de las cárceles, descuidadas durante tantos años: el asfixiante hacinamiento crea el caldo de cultivo par todas las formas de corrupción y de violencia. La colaboración y puesta en marcha de los programas para construir un sistema penitenciario apropiado han tomado tiempo, pero confío en que estarán en plena marcha en 1995.

La paz que hemos podido mantener, y que se aprecia en forma creciente, ha sido lograda dentro del funcionamiento regular de las instituciones democráticas, a pesar de las fuertes críticas a que ellas mismas han estado expuestas como consecuencia de los sucesos de los últimos años.

Debo reconocer que en la búsqueda de la convivencia indispensable para transitar caminos viables y eficaces para enrumbar el país, han tenido relevancia algunas determinadas actuaciones del Congreso de la República. Tales han sido, por ejemplo, el otorgamiento de una Ley Habilitante que permitió adoptar medidas de suma urgencia para atender la situación económica y fiscal, la comprensión de que la emergencia demandaba la suspensión de las garantías constitucionales y la reafirmación del llamado pacto institucional, iniciado, por cierto, en mi primer período de gobierno. Sin menoscabo de su actitud opositora, el partido que tenía la mayor fracción parlamentaria respaldó entonces la elección para presidir el Senado de un parlamentario escogido por la corriente identificada políticamente con el Presidente de la República. Esta práctica continuó cumpliéndose en los períodos subsiguientes y es perfectamente razonable que se haya mantenido en la situación actual.

En cuanto a la suspensión de garantías, las atribuciones asumidas por el Ejecutivo conforme a lo previsto por la Carta Fundamental han sido ejercidas con tanta prudencia que la crítica que más comúnmente se nos hace es la de no haberlas aplicado con suficiente dureza.

Esperamos ansiosamente la sanción de las leyes más importantes frente a la emergencia financiera y a la crisis económica, para restituirlas a su pleno vigor. Es indispensable que el Congreso, consciente de lo delicado de la situación y dispuesto siempre a reclamar al Ejecutivo la responsabilidad de la conducción de la crisis, le otorgue sin regateo los poderes que necesita para solventar la emergencia.

Fortalecer la unidad de las Fuerzas Armadas

Dentro de la lucha por la paz y por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, consideración especial ha merecido la conducción de una institución fundamental para el mantenimiento de la soberanía nacional, de la constitucionalidad democrática, del orden público y de la normalidad social, como lo son las Fuerzas Armadas Nacionales.

Responsabilidad específica, personal e indelegable –como ha sido señalado en otras oportunidades– es la que me incumbe por mandato constitucional, de ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Desde el primer momento he tenido la noción plena de los que envuelve esta atribución, que la voluntad del pueblo echó sobre mí al elegirme Presidente de la República. Antes de asumir el cargo, como Presidente Electo manifesté en forma clara que me proponía ejercer sin vacilación tan alta función, inspirado por el único propósito de servir mejor a la República y a la propia Institución Militar.

Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Dispensé trato decoroso a los promotores de aquellos alzamientos y a todos los procesados por tales sucesos. Hice considerar debidamente cada uno de los casos individuales. Todos obtuvieron la libertad por gracia presidencial. Muchos se reincorporaron a la actividad, mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido; y a los que no quisieron volver al servicio activo o no se consideró conveniente que lo hicieran por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas, se les han dado todas las garantías que la democracia asegura a los ciudadanos.

Fortalecer su unidad y solidaridad, su capacidad profesional y su conciencia institucional, ha sido el propósito constante de la política militar que tengo el delicado deber de conducir. El mejoramiento social y humano se ha procurado en todos los rangos. Se ha reconocido a los soldados el derecho a una remuneración equivalente al salario mínimo de los trabajadores y se les ha abierto la oportunidad de adquirir un oficio o capacitación laboral para su pase a la reserva. Es grato reiterar que por fin se ha podido eliminar el reclutamiento forzoso para el servicio militar: jóvenes venezolanos han acudido en abundancia voluntariamente a cumplir esta sagrada obligación, con la seguridad de que ello es positivo para su formación y para su porvenir. Los programas sociales de atención a oficiales, clases y soldados, han sido objeto de preferente preocupación por las autoridades militares.

Y la disposición firme por parte de todas las Fuerzas, sin excepción ninguna, de asumir las tareas que se les requieren cuando haya necesidad de proteger a la comunidad contra la suspensión de servicios públicos importantes, ha sido acogida favorablemente por una inmensa mayoría de la población civil. En estos mismos días el rol asumido por la Fuerza Aérea para asegurar el funcionamiento del control del tráfico aéreo, es motivo de agradecimiento para los numerosos viajeros que día tras día tienen que desplazarse por el aire. A propósito, la modernización aeroportuaria en marcha permitirá optimizar el sistema de comunicaciones aeronáuticas, modernizar el Centro de Control de Defensa Aérea y dotar los aeropuertos principales de equipos en apoyo a la seguridad aérea, en un programa que cuesta 97 millones de dólares.

Como Comandante en Jefe, tengo la satisfacción de poder afirmar que el pueblo venezolano está orgulloso de sus Fuerzas Armadas y les asigna un alto grado de confiabilidad. Así lo revelan frecuentemente los sondeos de opinión. Al fin y al cabo, no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas Nacionales fueron determinantes en la conquista de la libertad el 23 de enero de 1958 y han sido garante permanente de la democracia a través de todas las circunstancias que el país ha vivido, en medio de los traumatismos institucionales sufridos por países hermanos de América Latina durante décadas recientes.

Metro de Caracas. Rafael Caldera 1994.
Inauguracion de la linea 3, Plaza Venezuela – El Valle del Metro de Caracas. A la derecha del presidente Caldera su esposa Alicia Pietri, José González Lander y Ramón Escovar Salom, 18 de diciembre de 1994. (Ernesto Morgado/Colección Archivo El Nacional)

El desarrollo del Sur y las fronteras

Uno de los proyectos de mayor trascendencia que ha emprendido el Ejecutivo Nacional es el Proyecto de Desarrollo Sustentable del Sur. Lo hemos incluido como componente destacado del proyecto de país que propone el Noveno plan de la Nación. Constante ha sido mi preocupación por la consideración prioritaria que requieren las extensas fronteras del país. Dispuse reactivar el Consejo Nacional de Fronteras, presidido por un Ministro de Estado que le ha dedicado una atención infatigable, en contacto con las diversas áreas en que la situación fronteriza reclama un cuidado inmediato. Al mismo tiempo, designé una Comisión, coordinada por el entonces Secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, hoy Comandante General de la Armada, para elaborar un proyecto preliminar sobre el desarrollo del Sur, es decir, las áreas menos pobladas de los Estados Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro, que en total representan más de la mitad del territorio nacional. Esas áreas fueron abandonadas por una falsa concepción conservacionista, y han estado sujetas a la depredación de los recursos naturales, a la invasión de «garimpeiros» ilegales y a la enfermedad y al atraso sufrido por las poblaciones indígenas que en ellas moran.

Una vez recibido el proyecto, he designado una Comisión Presidencial para el Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR), presidida por el Ministro de Estado-Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, coordinada por el Secretario General del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, e integrada por siete ciudadanos de muy alto nivel y de comprobada experiencia, más un representante de la Corporación Venezolana de Guayana y uno del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). Los Gobernadores de los Estados mencionados y los Alcaldes de las áreas comprendidas tienen derecho a asistir con voz a las reuniones de la Comisión. El Ministerio de la Defensa, al cual está adscrita administrativamente la Comisión, tendrá un rol preeminente en el proyecto, y las Fuerzas Armadas participarán activamente en él, además de cumplir el deber de defender y proteger nuestra soberanía frente a la agresión de fuerzas extrañas de cualquier índole.

El Plan Sosa, la devaluación y la inflación

La lucha por la estabilización y reactivación de la economía ha tropezado, como el mayor obstáculo, con la presión inflacionaria. No se puede olvidar que encontramos una economía desarticulada, con baja presión tributaria, subcapitalización y descapitalización de los aparatos productivos, deterioro de los servicios públicos, desfase tecnológico, baja productividad, declinación progresiva del salario real y de la inversión privada y un deterioro de la moral pública y privada en el fondo del caos general. Desde la iniciación del período, la lucha contra la inflación tomó rango preferente. El llamado «Plan Sosa» se dirigió, por una parte, a la reducción del gasto fiscal, para lo cual se modificó el Presupuesto que se había aprobado para 1994, y al aumento del ingreso y reforma sustancial del sistema tributario, orientado a hacer mayor la contribución de quienes más poseen, y a aminorar la dependencia excesiva del ingreso petrolero

El resultado de este plan fue reconocidamente positivo. Como un hecho significativo vale mencionar que, por efecto del mismo, en 1995 el ingreso tributario no petrolero superará al petrolero. Pero el proceso inflacionario se incrementó considerablemente como consecuencia de la crisis sistémica de las instituciones bancarias. Es un error de percepción que frecuentemente cometen afamados analistas económicos, el ignorar que el factor máximo del aumento de la inflación en 1994 estuvo en la devaluación acentuada de nuestro signo monetario, a consecuencia de la crisis de confianza originada por la situación de los bancos e instituciones de crédito.

El bolívar, que venía devaluándose progresivamente a través del procedimiento denominado «crawling-peg», se precipitó en forma vertiginosa cuando el mercado cambiario se distorsionó por la pérdida de confianza en las instituciones financieras. Quienes tenían sus fondos en los bancos intervenidos y recibieron su equivalencia mediante los auxilios financieros otorgados por el Banco Central de Venezuela a través del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), corrían de inmediato a comprar dólares. Los mecanismos ensayados por el Banco Central de Venezuela no fueron eficaces para contener la hemorragia; y solamente la drástica medida de control de cambios pudo detener la caída del bolívar, que amenazaba precipitarse en proporciones similares a las que experimentaron en otros momentos algunas naciones hermanas. Hoy son escasos los que critican la medida de control de cambios, cuyo efecto inmediato fue reforzar las reservas internacionales y «darle un parao» a la devaluación.

Contenida la devaluación, no era posible, sin embargo, borrar los efectos de lo que había ocurrido. El control de precios, que hubo que aplicar, limitado a unos cuarenta artículos, apenas podía moderar parcialmente el alza de precios de las subsistencias. Además de la presión inflacionaria, el alza se debió a la especulación y a la inexistencia de sistemas eficaces de intermediación y comercialización. Ello ha influido considerablemente, pues los precios obtenidos por los productores a la puerta de su establecimiento, que consideran con razón insuficientes, son aumentados desproporcionadamente a los consumidores que adquieren los productos en el mercado.

La caída del signo monetario ha sido también determinante en la merma de los salarios reales. Por ello, el Ejecutivo decretó un aumento de salario mínimo que, sumado con el bono para alimentación y transporte, representa un incremento de más de ciento por ciento. Las remuneraciones de los servidores del sector público se aumentaron también en cantidades que exceden de un ciento por ciento. El Gobierno consideró justificados los reclamos de sus empleados y obreros y convocó una Reunión Normativa Laboral, conforme a lo previsto por la Ley Orgánica del Trabajo, con la cual se abrió campo a la paz laboral del sector y se dio un paso significativo hacia la normalización de las remuneraciones. El personal docente de la educación oficial, el personal médico y paramédico del sector salud y el personal de los cuerpos de seguridad tenían especialmente derecho a que se considerara su situación. Así lo estimó el Gobierno Nacional y a pesar del limitado espacio de maniobra que le permite el presupuesto, no vaciló en aceptar esta realidad.

En cuanto a las remuneraciones del sector privado, el movimiento empresarial organizado ha reconocido la necesidad de hacer aumentos sustanciales, pero aspira a que se adopte una decisión sobre el controvertido asunto de las prestaciones sociales, para cuyo estudio se designó una comisión técnica que ayer me presentó su informe. De inmediato procederemos al diálogo con los sectores involucrados. La importancia que ha cobrado el asunto me lleva a esperar un consenso constructivo en el cual, sin mengua de los derechos de los trabajadores, pueda responderse a los planteamientos empresariales y abrir nuevas perspectivas a la seguridad social. Exhorto a ambos sectores, empresarial y laboral, a dialogar sin ningún tipo de prejuicios para adoptar una vía que corrija los efectos negativos que se atribuyen al actual régimen de prestaciones sociales y garantice ingresos reales para el trabajador en el breve plazo.

La crisis financiera produjo también otros efectos, dentro de la quebrantada economía del país. El Gobierno ha respondido a ellos. La Ley de Reconversión de la Deuda Agrícola supuso una negociación difícil, dada la situación grave que atravesaba el sector bancario, por una parte, y el déficit fiscal por la otra. Esos obstáculos no han impedido encontrar vías que será necesario continuar transitando. Tampoco han sido fáciles las tramitaciones para salvar y estimular la pequeña y mediana empresa, pero se ha avanzado en su protección y defensa.

Después de la puesta en práctica de las medidas extraordinarias y del programa de estabilización y recuperación económica, el índice nacional de inflación ha venido continuamente disminuyendo. De 9% en junio de 1994, ha pasado a 5,1% en octubre, a 3,5% en diciembre, a 2,4% en febrero de 1995. Esto induce a esperar que no pase este año del 35%: la mitad del índice de 1994. El proyecto anti-inflacionario sigue siendo prioritario, pero es necesario entender que el déficit fiscal, que es uno de los factores importantes, demanda una actitud solidaria de parte de la comunidad. Cada quien debe aportar su cuota de sacrificio. Si cada sector se preocupara sólo por obtener beneficios para sí, la tarea a cumplir se dificultaría considerablemente.

Para combatir el déficit fiscal estamos dispuestos a hacer una drástica reducción del gasto corriente y a imponer una severa disciplina fiscal bajo criterios de sana austeridad y eficiencia administrativa. Esta reducción supone la colaboración del Congreso, al que le pido designar una Comisión Especial para trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en la adopción de aquellas medidas que requerirán la participación de ambas ramas del poder público.

Rafael Caldera en Represa Yacambú, 1994.
Inspección de obras en la represa Yacambú. Estado Lara, 16 de octubre de 1994.

La preocupación social

El compromiso de la Administración de responder con carácter de suma urgencia a los problemas económicos y a la crisis del sistema financiero, no nos ha hecho apartar la vista de nuestra primordial tarea: la preocupación social. El aumento de los salarios para compensar la merma del salario real es importante, pero sabemos que no basta. El programa social no es un mero apéndice de nuestro proyecto de gobierno, sino una parte esencial de nuestro compromiso con nuestra gente. La lucha contra la pobreza y sobre todo la erradicación de la miseria es un objetivo central. En el presente año, lo destinado a los programas sociales en el Presupuesto Nacional ha aumentado en un 67% en comparación con el año anterior. Nos proponemos transformar el sistema de subsidios en un medio propicio para asegurar una mejor y más adecuada nutrición para los niños y para la juventud.

Hemos incrementado el monto de la beca alimentaria, pero queremos que ella se transforme en un sistema de alimentación escolar orientado y supervisado por los padres y representantes. Hemos invocado la solidaridad social para establecer una «red de ferias populares» en las cuales los consumidores puedan obtener artículos de primera necesidad a un precio sustancialmente menor que el de las casa de abasto y los supermercados. El experimento de la economía solidaria ha resultado un éxito que será ampliamente extendido. Ya son más de doscientos los «puntos de abastecimiento solidario» y más de trescientas mil las familias que se benefician del acercamiento de productores y consumidores. Las «farmacias populares» también han resultado positivas y estamos interesados en que su número se extienda para aliviar el costo de las medicinas, que es uno de los más graves problemas que confronta la sociedad. En el marco del Noveno Plan de la Nación, próximamente lanzaremos un programa de nutrición popular que considerará los aspectos sustanciales de la alimentación en general, elaborado tras un detenido análisis por las dependencias gubernamentales que tienen que ver con la producción alimentaria y con la salud. Dentro de ese programa nos proponemos, con la asesoría de una autoridad mundialmente reconocida, como lo es el Dr. José María Bengoa, el programa de la cesta básica alimentaria para facilitar la adquisición a precios asequibles de siete productos para una dieta balanceada, capaz de garantizar la ración de calorías indispensable para una buena salud.

Salud, vivienda y agua

Intensa ha sido la preocupación en relación al sector salud. La situación en que se encontraban los establecimientos hospitalarios y el propio personal médico y paramédico, ha requerido de muchos días y horas de atención para enrumbar las soluciones. Ello no obstante, se ha dedicado tiempo y voluntad para lanzar y realizar campañas de alto valor educativo y sanitario. Después de la campaña de vacunación contra el sarampión hemos emprendido una nueva denominada «Compromiso con la Vida», con el apoyo moral de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de sus altas autoridades. Confiamos plenamente en que serán tangibles sus resultados.

Dentro de la preocupación social que nos anima se encuentra, necesariamente, el interés por la vivienda popular. A pesar de la situación fiscal hemos coordinado los medios de los distintos organismos que tienen que ver con la vivienda, para hacer un esfuerzo conjunto. En el año 1994 se entregaron a 47.073 familias igual número de soluciones habitacionales, de diversas clases y niveles, de acuerdo con las circunstancias económicas de las mismas. En 1995 están ya en construcción 74.341. Este año se proyecta llegar a 139.730 y en todo el quinquenio a la ambiciosa cifra de 900.000. Lo presupuestado para 1995 representa un 423% de aumento sobre lo de 1994. El déficit de vivienda acumulado en los últimos años es sencillamente monstruoso. Sostenemos que el derecho a la vivienda es consecuencia directa del derecho a la vida. Es, además, condición indispensable para la existencia normal de la familia. No podríamos aceptar que en el Año Internacional de la Familia, cuando se ha destacado el carácter fundamental de dicha institución, no se hiciera el esfuerzo máximo para que cada día sea mayor el número de núcleos familiares que puedan disfrutar de un hogar.

La misma crisis de la vivienda, la falta de planes de urbanismo (se han aprobado nueve planes de ordenación urbanística y catorce más han sido presentados a las autoridades municipales para su aprobación definitiva) ha creado en la periferia de las urbes metropolitanas gran número de barriadas dispuestas en forma irregular, colocadas a veces en terrenos inestables, sin las comodidades mínimas que sus habitantes necesitan, carentes de los servicios más indispensables, como agua para consumo humano, disposición de las aguas servidas, vías transitables de comunicación, servicio telefónico monedero, instalaciones deportivas, locales escolares, centros sociales de usos múltiples. Para humanizarlos, «Fundabarrios» ya está trabajando activamente en 985 barrios (aproximadamente un 30% del total nacional) y los resultados no tardarán en hacerse sentir.

Dentro de los servicios públicos de alto interés humano debemos señalar también el agua para las poblaciones. En numerosas ciudades se ha sentido como carencia dramática la escasez de este elemento fundamental. Resolver definitivamente la compleja cuestión del suministro de agua al Área Metropolitana de Caracas; terminar las obras del Acueducto Regional del Centro, tan ansiado por los pobladores de los Estados Aragua y Carabobo; la resolución de los problemas creados por el suministro de agua a Maracaibo; la aducción de agua de la Represa Cuatricentenaria para Carora; la atención a la fractura sufrida por la Represa del Turimiquire; el adelanto de la importante obra del Yacambú, son algunas de las muchas situaciones que ha requerido decidida acción del Gobierno.

La utilización de las obras de riego construidas, desaprovechadas en gran parte, es algo que considero de gran interés nacional. He dado instrucciones a los ministros del Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Cría, para proceder sin demora a elaborar los planes y ejecutar las acciones necesarias para que esta cuantiosa inversión, que inexplicablemente se está perdiendo, se utilice efectivamente en beneficio de la producción. Así mismo, he dado orden de activar en gran escala el programa de los Módulos Hidrológicos de Mantecal, bello experimento que una vez denominé «La doma del agua», porque pondrá fin, en el fantástico panorama del llano, el drama reiterado de la inundación de la sabana por el desbordamiento de los ríos, seguida de largos meses de sequía en que los pastos se calcinan y las reses mueren de sed.

Concesiones y asociaciones estratégicas

Pese a las limitaciones se ha hecho obra, aunque apenas parte de la que habríamos querido hacer. Es sabido que el presupuesto nacional confronta compromisos ineludibles que dejan poca disponibilidad para la construcción de obras y servicios de indudable necesidad. La sola rehabilitación de la infraestructura vial, cuyo mantenimiento fue descuidado en los últimos años, requiere una inversión de quinientos mil millones de bolívares.

Para la recuperación económica se han adoptado medidas que la opinión pública ha recibido positivamente. Ellas incluyen el control de la inflación y el estímulo a la producción y a la inversión. La apertura de las asociaciones estratégicas en materia petrolera está ya sometida, de conformidad con la ley, a las Cámaras Legislativas. Las inversiones que están en marcha y las ya aseguradas en petróleo y petroquímica constituyen una fuente segura de dinamismo a corto plazo. En los campos que estaban inactivos se han invertido más de 200 millones de dólares en 1994. Se están invirtiendo mil millones en 1995 y se invertirán otros tres mil antes de finalizar el presente período. Cuatro proyectos de la Faja del Orinoco, de los cuales dos están ya en marcha, contribuirán con veinte mil millones de dólares de nueva inversión productiva.

El proceso de privatizaciones continúa según lo previsto. Para las asociaciones con capital privado en las empresas de Guayana se ha pedido ya la autorización al Congreso, y le ha sido presentado un proyecto de reforma parcial de la ley respectiva, acogida favorablemente por las Cámaras Legislativas. Pero nos hemos visto obligados a insistir en algunos aspectos que, consideramos necesarios para obtener un resultado conveniente a los intereses nacionales.

En materia de minería creemos indispensable iniciar una nueva política. Hemos creado el Consejo Nacional de Minería, con la participación del sector privado, y ya está listo un nuevo proyecto de ley que se ha estudiado con el propósito de obtener de nuestra inmensa riqueza minera los beneficios que el Estado debe recibir. Nos proponemos evitar para la minería los errores que la actividad petrolera hubo de superar en nuestro país para que no padezca las injusticias y corruptelas que sufrió aquella industria en las primeras décadas de su establecimiento en Venezuela.

Todas las posibilidades del país se están poniendo en marcha. El turismo deja de ser un espejismo para convertirse cada día más en una fuente de empleo y de recursos financieros. Si falta mucho todavía es porque mucho es lo que podemos y debemos alcanzar, para lo cual es indispensable concientizar a toda la población de que el turista es un invitado necesario, al cual debemos atraer.

La ejecución de un programa ambicioso de obras públicas por el sistema de concesiones conforme al Decreto Ley dictado en el orden de la Ley Habilitante, se ha retrasado por las dificultades inherentes a todo comienzo, que requiere gran cantidad de estudios y de análisis; pero ya se ha decretado la apertura del proceso relativo a la vía de Caracas al Litoral y se continuará en firme en los próximos meses con la Autopista a Oriente «Rómulo Betancourt».

Rafael Caldera y Salas Romer en Carabobo 1994
ntrega de Viviendas en el Sector Trapichito II. Valencia, estado Carabobo., 21 de mayo de 1994.

Política exterior

Intensa y positiva ha sido la actuación internacional de la República. Con dignidad y cuidadosos de mantener los atributos de la soberanía, hemos impulsado la cooperación recíproca. Hemos dado nuestro aporte al movimiento de integración, en beneficio de nuestro país y al servicio de la humanidad. Hemos suscrito con Colombia y con México el G-3; hemos participado en la constitución de la Asociación de Estados del Caribe y de la Asociación Mundial de Comercio; hemos tomado parte activa en las deliberaciones que condujeron a una Declaración Común y a un Programa de Acción en la Cumbre Hemisférica de Miami; hemos participado activamente en la Cumbre Iberoamericana, en las reuniones del Grupo de Río y en las negociaciones con la Unión Europea.

Estamos actuando para que se alcance un gran objetivo de la integración: el acuerdo entre dos grandes organizaciones sub-regionales, el Pacto Andino y Mercosur. Esperamos que Venezuela pueda ofrecer su sede para una reunión de alto nivel entre los representantes de ambas. Hemos recibido la grata visita de los Jefes de Estado del Brasil y de Colombia; de los Jefes de Gobierno de Portugal, Israel y las Antillas Neerlandesas y del Príncipe Gran Maestre de la Orden Soberana Militar de Malta. El encuentro de los Jefes de Estado de las naciones bolivarianas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela en Cumaná, en ocasión del Bicentenario del nacimiento de Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, ha constituido un acontecimiento de inmensa significación y trascendencia.

Las relaciones con los países limítrofes, en especial con Brasil y Colombia se han elevado a un nivel sin precedentes en el orden político, en el orden económico, en todos los órdenes. En cuanto a Colombia, no puedo omitir referirme a la traumática situación que se ha presentado, por diversas circunstancias, entre las cuales predominan los ataques alevosos que fuerzas irregulares han lanzado sobre unidades fronterizas de las Fuerzas Armadas Nacionales. La abominable acción contra el puesto fluvial de Cararabo, sobre el río Meta en el Estado Apure, ha despertado la indignación nacional y dado motivo para que algunos estimulen un sentimiento nocivo de animadversión que no podemos menos de rechazar. Es verdad que ello se ha sumado a otros hechos como la no devolución de millares de vehículos robados y los secuestros de empresarios venezolanos en nuestro territorio, trasladados al otro lado de la frontera, donde operan los culpables con aparente impunidad. Pero la amistad con Colombia tiene y debe tener irrenunciable preeminencia.

Tengo plena conciencia de la responsabilidad que la Constitución me atribuye al confiarme la dirección de las relaciones exteriores de la República. Estoy dispuesto a ejercerla con la mayor firmeza, que no excluye la ponderación ni la visión de los objetivos fundamentales. El Gobierno y las Fuerzas Armadas, bajo mi dirección, han reclamado de las autoridades civiles y militares del país hermano una respuesta positiva ante estos acontecimientos que, por ningún respecto, podemos tolerar. La respuesta ha sido positiva y categórica, y no podemos dudar de la buena fe que la inspira, pero estamos atentos a la realidad que haga efectivas las palabras. Existe a un lado y otro la convicción de que si se repiten casos como los ocurridos habrá de reconocerse el derecho de legítima defensa, que no puede estrellarse en una línea fronteriza que hemos respetado y respetamos, ante la profanación de quienes la atropellan, quizás con el maligno propósito de provocar conflictos entre dos naciones cuya amistad y cooperación son más necesarias que nunca.

No nos corresponde inmiscuirnos en la dramática situación que la violencia política ha implantado en el hermano país, cuya superación deseamos muy sinceramente. Los problemas que nos provocan los irregulares no tienen como causa ningún planteamiento ideológico ni político, sino la búsqueda de recursos monetarios y de armas. Pero, si aquí hemos superado felizmente desde hace veinte años el fenómeno guerrillero que existió en nuestro país, no estamos dispuestos a permitir que desde fuera se introduzca tan venenoso morbo. El caso del narcotráfico es distinto: tratándose de un delito contra la humanidad, nos sentimos comprometidos en la lucha librada por las autoridades de Colombia y del resto del hemisferio para combatirlo.

Una profunda transformación de nuestro sistema educativo

Entre los grandes aspectos de la vida nacional que han de ser reorientados e impulsados, el más importante sin duda es la educación. Los diagnósticos que se ha hecho arrojan un cuadro preocupante: no hay proporción alguna entre los recursos financieros y humanos que Venezuela ha invertido e invierte cada año en la educación de las nuevas generaciones y la escasa calidad de sus resultados. A este problema ha de prestarle el país toda la atención que requiere y mi gobierno está empeñado en que así sea. Sólo con una profunda transformación de nuestro sistema educativo será viable el nuevo proyecto de país, el cual requiere de la incorporación de la sociedad entera al proceso educativo, tal como lo ha planteado el Ministro de Educación, es decir, con una mayor «participación, atención, control y responsabilidad por parte de todos» podremos operar la transformación necesaria.

Es asunto de la mayor trascendencia, que ha de estar por encima de discusiones mezquinas. Las dificultades de la coyuntura que vivimos pasarán; la falta de capacitación de nuestra juventud sería un daño duradero, con efectos de largo alcance en la vida del país.

Como escribió el Libertador el año de 1825: «las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si ésta vuela; retrogradan si retrograda; se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompe o absolutamente se abandona» (Potosí, 1/10/1825).

Aspiro a que –por encima de las preocupaciones inmediatas– sepamos todos atender con prioridad a este grave asunto y empeñar los mejores esfuerzos públicos y privados, para lograr un cambio significativo. La tarea no puede ser solamente del gobierno. Toda la sociedad debe participar activamente para superar las deficiencias y para alcanzar la alta calidad que de una mejor educación debemos esperar.

La juventud es objeto preferente de nuestras preocupaciones. Uno de los síntomas más graves del estado de descomposición en que encontramos nuestro país ha sido la falta de motivación en gran parte de las nuevas generaciones y la abundancia de incentivos para el vicio y el delito. Con frecuencia los medios de comunicación caen en una incitación a la violencia. La educación para el trabajo, el deporte en todas sus formas, la cultura, la formación de orquestas juveniles e infantiles, son algunos de los variados medios a través de los cuales queremos despertar los más nobles instintos en los jóvenes para su vigorización creadora. El despertar de un sano sentimiento nacional, la promoción de la autoestima en todos los órdenes es algo a lo cual dedicamos entusiasmo y fe. Los jóvenes responden al llamado diciendo: «échale una mano a Venezuela».

Entusiasmo y fe

Entusiasmo y fe tenemos que promover para el gigantesco esfuerzo que el presente y el porvenir de Venezuela nos reclama. Cuando hablamos de solidaridad no acuñamos una frase hueca. Estamos hondamente penetrados de la convicción de que Venezuela tiene todos los recursos, especialmente humanos, para superar cualquier crisis, por extensa y profunda que sea. Pero tenemos que superar las diferencias y los antagonismos inevitables en cualquier sociedad y contribuir todos para armar el rompecabezas. La tarea es dura pero no imposible. Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad a sumarse a esta empresa de reconstrucción moral y material.

Los invito, pues, a movilizarse para rescatar su futuro en una gran nación. A no dejar que les sustraigan el Proyecto de país al que tienen derecho. La historia de Venezuela dejará fuera a quienes quieran sembrar el pesimismo y la desconfianza, así como a quienes pretendan sacar provecho de la crisis en desmedro del derecho al futuro que tiene su pueblo.

Al final del primer año de gobierno encontramos que si el pueblo ha sufrido y sufre, no ha perdido la esperanza. A este pueblo al que estamos comprometidos a servir, a la sociedad civil en todas sus manifestaciones, reiteramos nuestro mensaje de confianza.

A los sectores de la cultura, de la ciencia y de la técnica; a los sectores económicos y laborales, cuya tarea es principalmente la de la producción y la productividad; a los sectores morales, a la Iglesia Católica, a los demás grupos religiosos, a todos los cuales garantizamos nuestro respeto y colaboración, a todos los invitamos a este común y solidario empeño, a este grande y apasionante compromiso de sacar a Venezuela hacia arriba, hasta el sitio que le corresponde, a cinco años, recordémoslo, de un nuevo milenio de la cristiandad.

Los pueblos grandes han sabido sacar provecho de las crisis. Eso nos toca hoy. La mentalidad facilista de los años del derroche ha de ser reemplazada por la mentalidad del esfuerzo, del trabajo, de la lucha por la superación.

En peor situación estaba el Libertador –¿por qué no recordarlo?– cuando en Pativilca declaró su propósito de rematar la formidable empresa de la emancipación suramericana. El nos dijo: «¡triunfar!». Escuchamos su mensaje y respondemos: «¡triunfaremos!».

 

Ciudadanos Senadores,

Ciudadanos Diputados.