El presidente Rafael Caldera y la primera dama Alicia Pietri, en compañía del pueblo caraqueño, camino al Congreso Nacional, para presentar el Quinto Mensaje de Gobierno.

Mensaje Presidencial

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Culmina una nueva etapa en el proceso de consolidación del sistema democrático de Gobierno. En un momento generalmente adverso para la democracia representativa en el hemisferio, nuestro país acaba de dar una prueba palpable de solidez institucional.

El resultado de las elecciones generales celebradas el 9 de diciembre puede ser juzgado de acuerdo con distintas posiciones, según los diferentes puntos de vista que concurren a la pluralidad democrática; pero lo que nadie puede negar es la manifiesta voluntad del pueblo de ejercer el derecho, que la Constitución le garantiza, de escoger entre los distintos candidatos propuestos libremente a su consideración.

Aun cuando hemos insistido en que la democracia no se realiza solamente a través de una consulta popular cada cierto número de años, sino que reclama una activa, intensa y creciente participación de los sectores que integran la comunidad nacional en los asuntos de interés colectivo, lo cierto es que el pueblo venezolano ha ratificado nuevamente su propósito de ejercitar en forma pacífica su derecho de elegir y de cambiar gobierno, porque está convencido de que mientras tenga esta arma poderosa será más fácil avanzar en la solución de las cuestiones que lo afectan y más viable su participación en la decisión de sus destinos.

Reconocimiento

Permítanme, honorables Senadores y honorables Diputados, que comience mi último Mensaje dando públicas gracias a Dios, Creador y Legislador del Universo, porque su Providencia me ha permitido cumplir el compromiso contraído en el momento en que fui declarado Presidente Electo: «en mis manos no se perderá la República».

Gracias también al pueblo por su comprensión, manifestada aun en los momentos más difíciles de mi gestión gubernativa, y por el afecto con que hombres y mujeres sencillos de toda Venezuela me acogieron y continúan acogiéndome ahora, en el momento de entregar a otras manos la dirección del Gobierno. A las fuerzas que cultivan y defienden los valores espirituales sin cuya afirmación es imposible el ascenso que deseamos. A la Iglesia Católica, a las demás Iglesias y comunidades que rinden culto a la Divinidad y fomentan la amistad entre los hombres. A los ductores del pensamiento y a los voceros de opinión, que han contribuido a ganar la batalla de la fe contra los fantasmas de reminiscencias y presagios. Y a todos aquellos compatriotas que, desde posiciones políticas, económicas, sindicales, científicas o culturales, o de otra índole –en medio de las circunstancias vividas y de una lucha cuyo ardor a veces no permitía calibrar con objetividad la justicia de las afirmaciones o de las negaciones-, mantuvieron plena confianza en mi apego a los principios, en mi lealtad a las instituciones que, a lo largo de una vida consagrada al servicio del pueblo, he tenido la fortuna de contribuir a organizar y defender.

Debo hacer presente mi reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas Nacionales, que durante cinco años he tenido el honor de comandar. Ellas me dieron en todo momento franco apoyo. Supieron apreciar mis esfuerzos por el fortalecimiento de la soberanía nacional y compartir los riesgos que la defensa de lo nuestro inevitablemente conlleva. Ellas no dudaron un momento en que respetaría las reglas del juego democrático y cumpliría mi promesa de enaltecerlas sin dar cabida a intereses mezquinos ni a motivaciones subalternas.

El resultado de las elecciones que me llevaron a la Presidencia no permitió lograr una mayoría comprometida a respaldar a mi Gobierno en las Cámaras Legislativas y en la mayoría de los Cuerpos Deliberantes. Pero, a pesar de ello, y de innumerables problemas que fue necesario resolver, no hubo que suspender un solo día la vigencia de las garantías constitucionales. No se ordenaron acuartelamientos de las Fuerzas Armadas en previsión de acontecimientos graves.

La intensa propaganda hecha contra la democracia misma desde diversos ángulos –por razones que en algunos casos nadie pudo entender- se encontró con una muralla invencible: la fe democrática del pueblo, expresada en los comicios en porcentaje abrumador por aquellas posiciones que firmemente se pronunciaron en pro del sistema democrático. Y si la trasmisión pacífica del mando presidencial, que tendrá efecto la próxima semana, no lo constituyera por sí misma, no podría exhibir más honroso finiquito que el Acuerdo del Consejo Supremo Electoral, adoptado por unanimidad, testimonio irrecusable de la esencia democrática de la gestión de Gobierno próxima a concluir.

Cinco años de gobierno

La exposición detallada de la obra de gobierno cumplida en el año de 1973 va en el informe que acompaña el presente Mensaje como parte integrante de él. Es imposible reducirla siquiera a una lista de enunciados y guarismos y no sería cortés someter al honorable Congreso a escuchar su lectura. Haré sólo referencia a algunos de los aspectos básicos de una acción realizada en este año y durante los cinco años del período, con vehemente deseo de servir, con entrega total al desempeño del deber, sin poner límite a los días y horas de trabajo, sin dar tregua al anhelo de corresponder a la confianza pública y sin abrir rendijas al desaliento y al cansancio.

Con sincera humildad reconozco que esa obra está llena de imperfecciones; pero tengo la convicción de que su contenido es positivo y trascendente. Por otra parte, su mérito no es de una persona, sino de un equipo, compartido por todos los que han contribuido a hacer a Venezuela más grande, más soberana, más libre y más justa.

Si el resultado de ese esfuerzo se pudiera enunciar en pocas líneas, diría que entrego a mi sucesor una república en paz, a pesar de las turbulencias de los tiempos, de las que nuestra propia realidad no puede sustraerse; un pueblo libre, que ha demostrado en forma convincente su capacidad para vivir en libertad; un país próspero, cuya bonanza dimana del ejercicio activo de la soberanía sobre sus riquezas naturales; una nación que goza de mayor aprecio en el mundo y que en la familia latinoamericana es considerada cada día más importante.

La paz brilló en el proceso electoral con que culminó el presente período: esa paz no fue sólo un don de la generosa Providencia; fue también una conquista del diálogo, de la tolerancia, del respeto a los derechos de la persona humana, aún de los más irreductibles adversarios, y del propósito constante de persuadir y explicar antes que de oprimir y castigar.

El prestigio de que goza Venezuela en el Hemisferio y en las esferas internacionales no se debe sólo al brillo de su historia pasada, sino al intento sostenido de recoger el mensaje del Padre de la Patria y de hablar el lenguaje de sinceridad, elevación y nobleza que caracterizó a nuestros próceres, hoy más que nunca voceros insuperables del nacionalismo latinoamericano.

El auge económico de que gozamos no es resultado del acaso, sino producto del convencimiento de los países exportadores de petróleo de que es irracional la competencia de los precios bajos; de la decisión de exigir por ese producto, tan valioso, escaso y no recuperable, un precio más justo que el que situaciones de prepotencia habían impuesto y que, a cambio de la mezquina contraprestación que se nos daba, pretendían exigirnos además agradecimiento y sumisión.

La participación fiscal por cada barril de petróleo extraído, que era de Bs. 3,93 al comenzar el quinquenio, ha llegado a Bs. 34,63, sin incluir los ajustes por regalía.

El valor de exportación promedio del barril, que al empezar el año 1969 no alcanzaba a dos dólares, excede de catorce dólares.

Hemos demostrado con los hechos que nuestra política no debía orientarse a extraer mayor volumen sino a obtener una retribución mayor por el petróleo ofrecido al comercio internacional; por ello, nuestra producción total en 1973 fue un 6,8% menor que el último año del período precedente.

Ya Venezuela está madura para manejar directamente su actividad petrolera. Existe disposición creciente en el país para asumir el manejo de las áreas actualmente bajo concesión. El ordenamiento jurídico ofrece caminos para una reversión anticipada, ya sea a través de fórmulas tradicionales, ya mediante una Ley que reserve al Estado la Industria de los Hidrocarburos, como se hizo con la Industria del Gas Natural a proposición de mi gobierno. Hay una firme expectativa acerca de los pasos que el Congreso debe dar sin tardanza para poner en manos del Ejecutivo los instrumentos necesarios. Hemos acumulado invalorable experiencia en la materia; hay personal calificado; hemos reactivado la actividad exploratoria y en las riberas de nuestro mayor río tenemos la reserva más rica del Hemisferio. La Faja Petrolífera del Orinoco, que despierta atención, interés y codicia, ha de ser procesada y manejada consciente y soberanamente por Venezuela, para el servicio de la humanidad y del progreso y beneficio de nuestro país, que tiene en el petróleo la palanca más poderosa para su desarrollo industrial y para su independencia tecnológica.

Al proclamar que esta política petrolera ha reflejado un gran consenso nacional, siento también la necesidad de afirmar que Venezuela está erguida como un solo hombre en la defensa de los precios de su petróleo y de su plena soberanía sobre sus recursos naturales; no porque ignore los peligros que con su actitud ha desafiado, sino porque está convencida de que ya pasó el tiempo de las dependencias coloniales, y de que aquí está hoy el punto crítico de la lucha contra el colonialismo.

Las presiones adversas ya no se limitan al campo de la maniobra sorda; ya se pregonan en alta voz dentro de poderosos países. Pero Venezuela está alerta y vigilante. Y así como se ha manifestado dispuesta a arbitrar fórmulas justas y operantes para favorecer a las naciones hermanas de América Latina y, en especial, a las que dependen de nuestro suministro de combustible para sus programas energéticos, así mismo ha afirmado, con voz serena pero imperturbable, que las maniobras y sofismas de quienes se aprovecharon de lo nuestro pagándolo a precios en constante deterioro mientras nos imponían para vendernos sus manufacturas, condiciones cada vez más gravosas, no podrán impedirnos ejercer, ahora y para siempre, nuestro derecho sobre lo que es nuestro. Porque no se refiere sólo a los antiguos conquistadores (que al fin y al cabo habían poblado nuestras comarcas y nos trajeron la civilización y la fe) sino a todos los que pretendan oprimirnos, la estrofa que cantamos ayer y volvemos a cantar todos los días: «Gloria al Bravo Pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor».

Metas del desarrollo

Venezuela está concientizada acerca de lo que representan sus recursos naturales para el fortalecimiento de su soberanía, para el logro de la independencia económica y para la rápida conquista de su desarrollo. Sabe que el desarrollo no es empresa meramente económica, sino que tiene su punto de partida y su objetivo final en el hombre. Comprende que para que el desarrollo sea justo tiene que lograrse armónicamente y por ello se empeña en una impresionante lucha por lograr simultáneamente todos los objetivos que implica la creación de una economía propia y el logro de un alto nivel de vida social. Por ello, es explicable que todo lo obtenido se olvide ante el reclamo, a veces estentóreo, de los objetivos por lograr.

Hay una revolución de expectativas que aumenta cada día y que necesariamente tomará mayor fuerza a medida que sean mayores los recursos al alcance del país. Si el presupuesto general de ingresos y de gastos públicos, que para 1969 era un poco mayor de nueve mil millones de bolívares, está ya para 1974 en el orden de los diecisiete mil millones y se prevé un ingreso adicional por encima de treinta mil millones; si el producto territorial bruto, que en 1969 no llegaba a cincuenta mil millones, en 1973 alcanzó casi a ochenta mil millones y para 1974 excederá seguramente de cien mil millones; si el ingreso por habitante es cuarenta y siete por ciento más alto, lo que en términos internacionales significa 1.294 dólares contra 841 en 1968; si las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela han pasado en cinco años de novecientos diez y siete millones de dólares a cerca de dos mil cuatrocientos; si los depósitos bancarios han pasado de menos de ocho mil millones de bolívares a más de diez y siete mil millones en cinco años, si el sistema nacional de ahorro y préstamo aumentó el número de sus ahorristas cinco veces durante este quinquenio y el monto de las cédulas hipotecarias pasó de novecientos veintiocho millones a cuatro mil doscientos ochenta millones de bolívares, todo ello, y los demás indicadores económicos que reflejan el desbordante auge financiero en que vivimos, no son sino un estímulo para cumplir un ambicioso programa de desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres.

Por ello nos empeñamos en incorporar masivamente a nuestro pueblo a la educación hasta sus más altos niveles, en atender más y más a la salud, o en impulsar decididamente la vivienda, al mismo tiempo que desarrollamos los grandes planes siderúrgico, eléctrico, petroquímico y agrícola, construimos las grandes obras de infraestructura, sin las cuales la economía del país desarrollado se sentiría encogida como dentro de una camisa de fuerza, fortalecemos el estado de derecho y emprendemos la reforma de la administración pública, a fin de hacerla apta para una nueva realidad dinámica que cada día le impone más graves compromisos.

Entrada del presidente Caldera al Palacio Federal Legislativo, sede del Congreso Nacional.

Prioridad de la educación

Le hemos dado prioridad a la educación porque consideramos que la mayor riqueza del país está en sus recursos humanos. Creemos que elevar la capacidad de la población es la mejor forma de sembrar el petróleo y educar a los hijos de los venezolanos de menores ingresos constituye la mejor forma de luchar contra la marginalidad. La matrícula escolar alcanzó en 1973 a más de dos millones ochocientos mil alumnos, lo que representa en cinco años un incremento de 33,3%, resultado de aumentos en: pre-escolar, más de 160%; primaria, 21,1%; media, 50,8%; superior, 139%. El número de estudiantes de nivel universitario pasó de setenta y un mil novecientos a ciento setenta y un mil novecientos. El personal docente aumentó en un 46,5% y el incremento de sus remuneraciones fue el más alto de todo el personal del sector público. Se crearon 23 nuevos institutos de educación superior (Colegios Universitarios, Institutos Universitarios de Tecnología, Pedagógicos, Politécnicos y Universidades Experimentales); se estableció el Ciclo Diversificado en la enseñanza media, que a la vez representa el aumento del tiempo de la educación básica a nueve años implica la diversificación en más de cincuenta menciones, que a la vez que aseguran una preparación para incorporarse al proceso social, permiten la continuidad de estudios a nivel superior. Se realizó un esfuerzo sistemático para el perfeccionamiento docente, se establecieron nuevos regímenes de evaluación, se renovaron los programas de estudio, que ya clamaban por una adaptación a las nuevas necesidades. Se estableció un régimen nuevo de educación permanente para adultos, cónsono con las características peculiares del alumnado respectivo. Se construyeron más de ocho mil nuevas aulas. Se destinó el rubro educacional casi a la mitad de la inversión realizada en edificios por el Ministerio de Obras Públicas. Se hicieron cerca de setecientas canchas deportivas en todo el país, sin contar las que fueron construidas por las administraciones regionales o municipales y doce edificaciones para deporte mayor. Se han levantado en todo el país hermosas construcciones para el deporte, la cultura y el arte. La más recientemente inaugurada es el Poliedro de Caracas, hecho por el Instituto Nacional de Hipódromos, en cuya concepción y ejecución puse el mayor empeño por considerarlo una necesidad urgente de la población en el área metropolitana.

Naturalmente, por su mismo carácter prioritario y por la misma audacia de los planes en movimiento, la educación es quizás el sector más crítico, en el que todo lo inmenso de la obra hecha apenas deja tiempo para atender el clamor de las nuevas necesidades que continuamente aparecen y el de las viejas necesidades acumuladas, todavía por satisfacer. Cada nueva inversión en el programa educacional supone automáticamente nuevas exigencias. La creación de nuevos institutos, aulas o servicios impone la necesidad de un nuevo personal (que viene a abultar, sino se establece la correspondiente aclaración, las cifras de la población burocrática) y a urgir más y mayores edificaciones. La renovación de los programas obliga a continuar innovando, preparando y adecuando personal y equipos para las nuevas proyecciones. Todo ello dentro de una sociedad libre y en un medio en que la penetración ideológica y la preocupación política alcanzan más altos niveles que en otros.

Es de observar, por otra parte, que los primeros bachilleres del ciclo diversificado es ahora cuando van a graduarse; que los primeros frutos de los Institutos y Colegios Universitarios están por recogerse y su rendimiento depende en gran parte de que se tenga el patriotismo necesario para no hacer tabla rasa de las conquistas obtenidas sino para imprimirles la continuidad vital que demanda la marcha de la juventud hacia un nuevo destino. Tengo para mí que la empresa de la educación es la más fascinante, la más compleja y más difícil, al mismo tiempo que la más promisoria de todas cuantas tiene en sus manos Venezuela.

Salud y Seguridad Social

Conjunta y armónicamente con la acción puesta en el desarrollo de la educación ha estado presente la preocupación por la salud. Durante el período de Gobierno el porcentaje del gasto público destinado a gasto social alcanzó cerca del 40%. Más de dos mil quinientas nuevas camas hospitalarias fueron puestas en funcionamiento a través del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y la inversión del Seguro Social en sus servicios médicos alcanzó un nivel paralelo al del SAS. Se atendieron más de veinte millones de consultas en 1973, mientras que en 1969 fueron algo más de catorce millones.

Durante el quinquenio, fue puesto en servicio el gran hospital del Seguro Social en Caracas que fue designado con el nombre de Pérez Carreño. Siete hospitales generales puso en funcionamiento el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y siete Centros de Salud. Se están construyendo otros en diversas regiones. En Caracas se incrementó en un 50% el número de camas pediátricas y en 30% el de camas para maternidad. Se crearon 14 Centros ambulatorios integrales; se incorporaron 629 camas en las colonias psiquiátricas; se dotó de excelentes equipos a nuevas y viejas instituciones de asistencia médica; se incorporaron numerosos profesionales en las nuevas instituciones en funcionamiento. El problema de la malaria refractaria produjo un brote que alcanzó a veintitrés mil casos en 1971, pero fue reducido al punto de que ya para 1973 sólo alcanzaba a once mil. La campaña de vacunación contra la poliomelitis realizada casa por casa a través de una organización de personal del SAS y de voluntarios de otros organismos y del sector privado logró reducir su incidencia a sólo veintitrés casos confirmados en todo el país en 1973. La asistencia geriátrica aumentó en un 150%; igualmente la atención social para ancianos e inválidos; se agregó servicio social, se creó un servicio médico y de rehabilitación y terapia ocupacional y se inauguraron y están funcionando las residencias para ancianos e inválidos en Boconó y Altagracia de Orituco y la primera unidad gerontológica de América Latina, en Caricuao, con capacidad para quinientos ancianos.

En salud, como en educación, todo lo que se haga palidece ante lo que es necesario realizar. El crecimiento de la demanda de atención en los establecimientos sanitarios asistenciales del país hace que, a veces, en grandes institutos a pesar de dotárselos con sumas cuantiosas y con un personal numeroso, se note la falta de una dotación aún mayor y al considerar las deficiencias se ignore la estupenda atención y las modernas y costosas instalaciones que se han puesto al alcance de los habitantes de menores recursos en toda Venezuela.

El análisis de la situación médico-asistencial y de su exigencia de inversiones cada vez mayores ha puesto de relieve con máxima importancia la necesidad de constituir un Servicio Nacional de Salud. Los estudios realizados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, al que por Decreto se le confió la presidencia de la Comisión encargada del asunto, han puesto al alcance del Estado los recaudos necesarios para proceder a unificar en un solo sistema los servicios que actualmente presta el Ministerio de Sanidad, los que se realizan en las Entidades Federales por estas mismas o en combinación con el SAS a través de los servicios cooperativos de salud, los que se prestan por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y los que dependen de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal o de otros organismos públicos. Una legislación especial se hace desear para dar los pasos necesarios, así como resolver las cuestiones prácticas que se refieren a las condiciones de trabajo del personal médico y paramédico, que constituyen uno de los puntos centrales para lograr tan necesario objetivo.

El Seguro Social Obligatorio ha continuado ensanchando el radio de sus actividades. En el período constitucional que termina se puso en vigencia el régimen de pensiones, con lo cual el Seguro de Vejez e Invalidez entró definitivamente en vigencia. Numerosos estudios y análisis de los problemas administrativos que el Seguro enfrenta han llevado a la clara conclusión de que existe un déficit estructural y de que, si bien es cierto que se puede mejorar y en algunos aspectos se ha mejorado la administración de los servicios, el déficit reside en la diferencia desfavorable entre el monto de las cotizaciones que debe recaudar y el cuantioso volumen de las atenciones y prestaciones que de acuerdo con el sistema establecido por la Ley está en la obligación de otorgar.

He sostenido que es un deber del Estado subsidiar la Seguridad Social mientras ese déficit se elimina. He planteado ante los sectores empresariales y ante la dirección de los organismos laborales la necesidad de buscar medios para que los ingresos del Seguro aumenten. En lo relativo a la cotización de los trabajadores, el incremento podría condicionarse al aumento de salarios que obtengan mediante la contratación colectiva. Por de pronto, he garantizado a los cotizantes del seguro de jubilaciones y pensiones el cumplimiento de las obligaciones del instituto, que necesariamente está respaldado por el estado. Propuse al Congreso, cuando no se disponía de los voluminosos recursos que el estado tiene ahora a su alcance, un Proyecto de Ley para emitir una deuda pública especial, con el objeto de reconocer al Seguro Social el monto de los déficit que ha tenido que confrontar y convertirlo en bonos, de naturaleza peculiar, cuyo rédito sea utilizado para el cumplimiento de las obligaciones que el instituto ha adquirido y adquiere.

En todo caso, es oportuno recordar que el servicio que el Seguro Social presta, de no ser satisfecho por él tendría que serlo por el Estado mismo, de acuerdo con las normas constitucionales que establecen el derecho a la salud y el deber público de asistencia social. Por ello, en casi todos los Estados desarrollados es el propio Fisco el que asume el deber de subsidiar por sumas anuales muy cuantiosas el desequilibrio presupuestario de la seguridad social.

Vivienda popular

Dentro del propósito de dedicar atención preferente al hombre y a su vida social, y en este caso particularmente a la familia, que según la Constitución es célula fundamental de la sociedad, he tenido una permanente preocupación por la cuestión de la vivienda popular. El Congreso anterior supo de esta preocupación, que le manifesté en diversas oportunidades. Hice por primera vez uso de la atribución constitucional de designar un Ministro de Estado, para encomendarle lo relativo a la vivienda.

Fueron presentados los proyectos que aquel funcionario elaboró, tanto para la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, como para la adopción de planes y proyectos de Ordenación Territorial Urbana y de Desarrollo de la Vivienda Popular. No tuvieron éxito estos propósitos, puesto que los respectivos proyectos todavía esperan la aprobación legislativa. Se hizo, sin embargo, el esfuerzo máximo. En el último año del período constitucional se logró alcanzar y aún sobrepasar la cifra de cien mil viviendas inauguradas, como resultado de una política planificada cuyos diversos aspectos se precisan en el informe que acompaña el presente Mensaje. Estímulos al sector privado para la construcción de viviendas, no sólo para la clase media alta y para las clases pudientes, sino especialmente para que derivara sus inversiones hacia la vivienda popular; desarrollos mixtos, construcción en gran escala de viviendas para los sectores populares más necesitados, por el sector público: equipamiento y desarrollo de barrios a a través del Banco Obrero, con doscientas mil familias atendidas y treinta mil viviendas mejoradas en el ámbito nacional; soluciones variadas al alcance de los diversos niveles de ingreso familiar, combinando los esfuerzos del Banco Obrero, de la Vivienda Rural y de otros Organismos, y construcción de urbanizaciones populares, en las cuales se pusieron al alcance de los diversos núcleos familiares soluciones distintas según sus diversas posibilidades.

Quiero recomendar de manera especial al honorable Congreso su atención por los proyectos de Ley que todavía esperan su consideración y la dotación de recursos abundantes para que la marca de cien mil viviendas por año pueda mantenerse y superarse, a fin de atender el crecimiento de la demanda por el aumento de la población y a la satisfacción de necesidades acumuladas, en forma tal que al cabo de algunos años quede resuelto este problema fundamental. No puede haber Estado moderno o país desarrollado mientras haya familias que vivan en forma infrahumana. La vivienda no es sólo centro de cohesión familiar y de educación para la comunidad, sino, al mismo tiempo, fuente permanente de trabajo, puesto que los programas que se emprenden no van a desaparecer sino a mantenerse por reclamo del crecimiento demográfico.

El presidente Rafael Caldera es recibido por el nuevo presidente del Congreso, Gonzalo Barrios.

Trabajo y empleo

No podíamos, dentro de nuestra concepción integral del desarrollo, descuidar la preocupación por los problemas del empleo. Si lo sociedad moderna se funda sobre el trabajo, es necesario que el derecho al trabajo sea una realidad, no sólo para la mayoría sino para todos los integrantes de la población activa. El auge de las actividades económicas, como la construcción, más capaces de generar empleos; los cursos de profesionalización del INCE, la reforma educativa (Ciclo Diversificado) y el considerable incremento de la matrícula, todo ello ha contribuido a aumentar las oportunidades de trabajo y a calificar contingentes de mano de obra necesarios para responder a la creciente demanda, que ha llegado a generar escasez de trabajadores en importantes rubros. Los variados esfuerzos cumplidos lograron en el curso de los cinco años incorporar más de quinientos mil empleos, con lo que el índice de desocupación, previsto en el IV Plan de la Nación para 1973 en el 6,5% de la población activa, pudo bajar aún más y reducirse hasta el 6,2%.

En cuanto a las condiciones de trabajo, que en nuestro sistema jurídico y social se transforman primordialmente a través de la libertad sindical y la negociación colectiva, que en mi período de gobierno funcionaron con mayor amplitud que nunca, se adoptaron además medidas al alcance del Ejecutivo y se llevaron con inquebrantable decisión hasta donde lo permite el presente marco legal.

De marzo de 1969 a diciembre de 1973 se legalizaron: una nueva confederación, veintiséis federaciones y 1.221 sindicatos. En el mismo lapso se firmaron 6.682 contratos colectivos, con importantes aumentos de salarios y mejoramiento de las prestaciones sociales. Ha habido una efectiva paz laboral dinámica, es decir, que no se aferra al mantenimiento de las condiciones existentes pues se vigoriza por un avance constante.

La Ley de Carrera Administrativa, una vieja aspiración que había llegado a verse como un deseo jamás realizable, fue puesta en vigencia y con ella el régimen laboral de protección se extendió también a los empleados públicos. Se llevó a pleno vigor la representación de los trabajadores en la dirección de todos los Institutos Autónomos y Empresas del Estado.

Diversos Reglamentos se dictaron, pero entre ellos, el más importante fue promulgado el 31 de diciembre de 1973. Se trata del nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo, el cual sustituye el anacrónico que venía rigiendo desde 1938.

Cada año, al instalarse las Cámaras Legislativas se anunciaba el propósito de dictar una nueva Ley del Trabajo y ello automáticamente retardaba la oportunidad de dictar un nuevo Reglamento. Visto que al final del quinquenio la reforma legal no se había hecho, se hizo inaplazable asumir plenamente la responsabilidad de dictar el nuevo Reglamento. En él se introdujeron una serie de ventajas y de beneficios reclamados durante mucho tiempo por los trabajadores; se incorporaron de lleno al campo de aplicación de la Ley del Trabajo sectores laborales que por errada interpretación, o por negligencia, o por insuficiente reglamentación, habían estado ausentes de los beneficios legales; se trajo al texto reglamentario todo lo que la jurisprudencia, la doctrina y la experiencia administrativa habían indicado como conveniente y, por sobre todo, se derogó el Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría, de 1945, cuya base constitucional ya hace mucho tiempo había sido demolida por el constituyente.

De este modo, los trabajadores rurales entraron al fin al goce pleno de los derechos que hace tiempo la Ley otorga a los trabajadores de la ciudad y de la fábrica. Profundo impacto ha ocasionado esta decisión en la conciencia venezolana. Ese impacto revela la trascendencia de la medida. No obstante la airada respuesta de poderosos intereses ante su anuncio, el juicio de la colectividad sobre ella ha sido abrumadoramente positivo. Sin distingos partidistas, todas las organizaciones laborales la han recibido con júbilo; casi todos los cuerpos organizados de los distintos grupos de la actividad económica y política han coincidido en afirmar que las decisiones adoptadas el 31 de diciembre no podían esperar más tiempo y que desde hace años deberían haber estado en vigencia.

Rafael Caldera durante su discurso ante el Congreso al finalizar el periodo 1969-1974.

Programas económicos de desarrollo

Porque en nuestra acción ha mantenido siempre la primera prioridad el ser humano (hombre o mujer, anciano, joven o niño) no nos ruborizamos del progreso económico alcanzado; ya que de otra manera menospreciaríamos el principio estampado en el preámbulo de la Constitución de que el desarrollo de la economía debe ponerse al servicio del hombre.

Digamos, pues, que la ejecución de programas para realizar el desarrollo económico ha recibido un extraordinario impulso.

La Corporación Venezolana del Petróleo ha aumentado en tal forma sus actividades que ya puede considerarse como una gran empresa. Para robustecer el orgullo que sentimos por ella, nos hizo experimentar la inolvidable emoción de iniciar en grande nuestra flota petrolera. Los tanqueros «Independencia I» e «Independencia II» serán seguidos por muchos más y se contempla la construcción de uno en los Astilleros Nacionales, para dar impulso decisivo a una gran industria naviera venezolana.

El Instituto Venezolano de Petroquímica, enfrentando dificultades y problemas de variada índole, logró superar las trabas que se interponían ante su consolidación y crecimiento. El Complejo Petroquímico de El Tablazo es ya una estupenda realidad. En él, la industria del Estado ha ofrecido nuevas oportunidades al sector privado, aprovechadas en la instalación de empresas mixtas productoras de rubros que son consecuencia de sus actividades primordiales. El Complejo Petroquímico de Morón ha sido aumentado considerablemente y transformado en forma radical. Todo ello, lejos de constituir un punto de llegada, ha sido un nuevo estímulo para la elaboración del Plan Petroquímico Nacional, que comprenderá importantes instalaciones en el Oriente y en Paraguaná. La adopción de la Ley que reserva al Estado la Industria del Gas Natural, aprobada por el Congreso a iniciativa del Gobierno y que vino por primera vez a realizar una previsión constitucional, ofrece a la Petroquímica Venezolana nuevas y grandes oportunidades. Además, están en marcha estudios tendientes a obtener de los hidrocarburos proteínas para la alimentación animal y, más adelante, para la propia nutrición humana.

La industria siderúrgica en manos del Estado y las plantas que operan el sector privado o entidades mixtas se encuentran en la fase más intensa de su crecimiento. La Planta de productos planos de Sidor está ya casi terminada, y en plena producción el sistema de estañados y cromados y la línea de fabricación de chapas gruesas en caliente, que tuve la emoción de inaugurar y que son elocuente expresión de un país en franco desarrollo. La tendencia que hemos proclamado es la de refinar más mineral de hierro en el país para que el valor agregado se incorpore a la economía nacional.

El crecimiento de nuestra industria de aluminio se puede considerar vertiginoso. Todos los complejos industriales en marcha en las distintas regiones del país dan fe del avance hacia objetivos fundamentales. El desarrollo de la actividad industrial en manos del Estado, lejos de entrabar, ha constituido un factor poderoso para el desarrollo de la industria privada, favorecida por el programa de avales y créditos de la Corporación Venezolana de Fomento, por el Banco Industrial de Venezuela, que durante cinco años ha aumentado dos veces y medio el número de sus oficinas, ha multiplicado por diez el monto de sus utilidades y ha sido el primer banco nacional en salir al exterior con la agencia que instaló en Curazao, y por CONAFIN, que ha realizado valiosos esfuerzos en la protección de la mediana y pequeña industria, ha construido o ampliado diez parques industriales en diversas ciudades y espera que el Congreso apruebe el proyecto de Ley sometido a su consideración, que permitirá consolidar y perfeccionar su estructura.

Uno de los signos más elocuentes del proceso que se ha vivido y se está viviendo en Venezuela lo ofrece la producción y distribución de energía eléctrica. Tanto la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) como la de Electricidad del Caroní (EDELCA) han realizado grandes obras, entre las cuales sobresalen el Complejo Hidroeléctrico General José Antonio Páez en los estados Mérida y Barinas y la segunda etapa de la planta hidroeléctrica del Guri en el estado Bolívar. El cambio de frecuencia que unificó la energía eléctrica en el país en 60 ciclos, el establecimiento del sistema de transmisiones, conexiones e interconexiones en todo el territorio nacional, la construcción de numerosas centrales de distribución magníficamente equipadas y el adelanto de planes entre los cuales sobresale el del aprovechamiento de los ríos Uribante, Doradas y Caparo en la región de Los Andes, son apenas menciones e hitos dentro del progreso de la electrificación en el país. Vale la pena destacar además los esfuerzos cumplidos en materia de electrificación rural, los pasos dados para la normalización y rebaja de las tarifas eléctricas, especialmente para aquellos grupos de consumidores que corresponden a los sectores económicos menos favorecidos y el esfuerzo sostenido hacia la venezolanización de las plantas que están en manos de inversionistas extranjeros. Fue de un 73,7% el aumento del consumo nacional de energía eléctrica del 68 al 73; la generación de electricidad pasó de 8.375 millones a 14.035 millones de kilovatios-hora y el número de subscritores subió en más del 30%.

Sector agrícola

El impulso que se ha dado a todos los sectores de la economía nacional no habría sido concebible, en un gobierno de profundo contenido nacionalista como el que he tenido el honor de presidir, si no se hubiera dado atención prioritaria a los asuntos relacionados con la agricultura y con la cría.

Es cierto que factores adversos en materia de clima y de estaciones produjeron consecuencias desfavorables en algunos renglones de la producción. El fenómeno, desgraciadamente, ocurrió no solamente en Venezuela sino en el mundo entero y no hay duda ninguna en afirmar que las medidas adoptadas aquí permitieron conjurar situaciones que en otras partes produjeron irreparables daños.

Numerosas medidas se adoptaron para estimular y respaldar la acción de los productores del agro. La creación del Banco de Desarrollo Agropecuario, puesto en funcionamiento con indiscutible éxito. La de la Corporación de Mercadeo Agrícola que, sin recibir oportunamente todos los recursos que había menester para atender la impresionante dimensión de sus responsabilidades, ha cumplido una función cada vez más importante dentro de la vida nacional. El Programa Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA), que obtuvo el crédito más alto concedido hasta entonces por el Banco Interamericano de Desarrollo, que logró ponerse en marcha después de más de un año de incomprensibles demoras en su tramitación legislativa, y que está ejecutándose a niveles satisfactorios cuyos resultados se dejarán sentir. Los créditos concedidos al sector campesino por el Banco Agrícola y Pecuario, que alcanzaron en 1973 a más de doscientos millones de bolívares, contra ciento diez y siete millones en 1968; y los que el Banco de Desarrollo Agropecuario concedió a los empresarios agrícolas, que sumaron trescientos noventa y cuatro y medio millones de bolívares en el mismo año de 1973, contra un crédito empresarial de ciento diez millones y medio de bolívares otorgados por el BAP en el último año del período anterior. Todo ello demuestra un permanente interés por el sector.

La nueva política de comercialización de la carne era una aspiración vehemente de los ganaderos del país. Los estudios comenzaron a hacerse hace tiempo y continuaron adelantándose en los primeros años del presente período. Se necesitaba un acto de decisión para ponerla en marcha; y pese a las molestias que se sabía iba a conllevar, se adoptó esa determinación, en consideración a una rama tan importante de la producción. Los organismos representativos del sector presentaron testimonios de reconocimiento al Gobierno Nacional.

Está planteada como cuestión fundamental en el sector agrícola la cuestión de los precios, ya que los productores reclaman un mayor beneficio, en compensación de las alzas de algunos insumos y de las presiones inflacionarias externas e internas. El Gobierno ha dictado una serie de medidas, entre ellas la congelación de precios de la maquinaria e insumos; ha puesto en marcha programas especiales como el de fomento ganadero, crédito a nivel de finca y conversión de la deuda agrícola para conjurar situaciones de emergencia; ha exigido a la industria financiar la producción de materia prima nacional para sustituir insumos importados y ha preparado un programa extraordinario de inversiones por un monto total de 3.528 millones de bolívares, de los cuales 1.450 corresponderían a 1974, sujeto actualmente a aprobación legislativa y fruto de serios estudios. Se han dado pasos para mejorar sustancialmente los precios a nivel de productor; cuidando, eso sí, de que los aumentos no se trasladen a los consumidores, a fin de evitar las nefastas consecuencias que un proceso inflacionario supondría para el equilibrio económico nacional.

El problema de los precios

La lucha dramática sostenida contra las presiones inflacionarias ha dado resultados tangibles; y cuando ha tratado de crearse ante la opinión pública la impresión de que existe una conflictiva situación de carestía y escasez, los indicadores demuestran que Venezuela es un país privilegiado donde los niveles de inflación han sido mantenidos a nivel mucho más bajo que en la mayoría de los países del mundo. Ya sé que a este argumento se responde que el consumidor venezolano no tiene interés en lo que en otras latitudes ocurre pues sólo advierte lo que le toca a él pagar por algunos artículos o las dificultades que se le presentan para obtenerlos, dificultades que algunas veces son aumentadas por manipulaciones psicológicas; pero lo cierto es que el esfuerzo hecho ha sido comprendido por grandes y calificados sectores de la opinión, que reconocen el coraje puesto en enfrentar las tendencias alcistas.

En cuanto a la industria, es cierto que los productos se expenden hoy a precios mucho más elevados que los que regían hace 10 o 15 años, pero también lo es que el Gobierno que presido logró contener la vertiginosa subida, hizo frente a la situación dentro de la industria automotriz, una de las más importantes de Venezuela, y de otras industrias, y formalizó mecanismos para garantizar normas de calidad que constituirán la mejor protección de los consumidores.

Quizás muchos se han negado a reconocer estos hechos o que no han querido aceptar nuestras razones, se empeñen en negar el gigantesco esfuerzo que ha sido necesario para que Venezuela, considerada hace algún tiempo uno de los países más caros del mundo, resulte hoy comparativamente uno de aquellos en que la vida es más accesible para los grandes sectores. Quizás lleguen a reconsiderar su actitud una vez que continúen observando la marcha de los acontecimientos. En todo caso, quiero reiterar mi convicción de que cuanto se haga para contener la escalada de los precios constituirá uno de los mayores servicios que se pueden prestar al presente y al futuro del país. Por ello mi Gobierno ha librado hasta el último día una lucha sin tregua y ha adoptado todas las medidas recomendables para dejar al próximo Gobierno en condiciones de mantener el abastecimiento y los precios de los artículos esenciales en un nivel satisfactorio.

Salida del presidente Caldera del Palacio Federal Legislativo, después de presentar su Quinto Mensaje de Gobierno.

Obras de infraestructura

Es indudable que el desarrollo nacional al que nos hemos referido en el aspecto humano y en el aspecto propiamente económico, supone también la ejecución de una serie de obras de infraestructura, para poner al país en condiciones de hacer posible los movimientos y la operación de fábricas y empresas modernas y elevar las condiciones de vida de una población empeñada en lograr una vida mejor. La satisfacción de estas necesidades ha supuesto un gran programa de obras públicas.

La vialidad, por ejemplo, es artículo de primera necesidad; de allí que haya habido que invertir en ella cuantiosos recursos. Las estadísticas de transitabilidad de las carreteras del país revelan que las calificadas como buenas alcanzaban en marzo de 1969 al 45,5% del total y para 1974 alcanzan al 70%, siendo de observar que se han construido más de 7.600 kilómetros.

El intenso proceso de urbanización ha requerido dar carácter prioritario a las obras de transformación urbana, asó como a la dotación de servicios indispensables a los grandes núcleos periféricos formados aceleradamente en torno a nuestras ciudades. La política de urbanismo ha supuesto un esfuerzo intensivo para la elaboración de estudios urbanísticos y planes de desarrollo urbano, que en 1969 sólo cubrían 18 ciudades y para 1974 alcanzan 192 ciudades. En materia de acueductos se se han realizado obras de gran importancia para las principales ciudades del país, entre ellas Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida, Cumaná, San Felipe, Puerto Cabello, La Victoria, Boconó, San Juan de los Morros, Cúa, Charallave y otras. El servicio de cloacas se incrementó en un 25,6% con respecto a marzo de 1969 y la capacidad de almacenamiento en un 35,7%. Nuevos núcleos urbanos han sido creados, entre ellos las dos ciudades satélites del área metropolitana, Ciudad Losada en los Valles del Tuy y Ciudad Fajardo en el área Guarenas-Guatire, y Nueva Altagracia en el Distrito Miranda del Estado Zulia, para asimilar el incremento que producirá la industria petroquímica. Los problemas de vialidad urbana han demandado la construcción de más de 75 nuevas avenidas, autopistas y distribuidores de tránsito en toda la República y el adelanto del proyecto, cada vez más urgente, del Metro de Caracas, cuya continuación sólo espera la aprobación de las importantes medidas legislativas propuestas. Señalada importancia se ha prestado al programa de control de inundaciones, en el que el 34% estimado de las ciudades mayores de dos mil quinientos habitantes está urgido de acciones inmediatas. Se construyeron los canales de alivio del Neverí y del Manzanares, que han tenido plena eficacia en proteger a las ciudades de Barcelona y Cumaná de las inundaciones, que ya habrían padecido, como en ocasiones anteriores, por el volumen de las lluvias, y se han venido construyendo y se construyen gran cantidad de obras para el control de inundaciones en todo el territorio nacional.

Dentro de los programas de urbanismo se ha puesto el debido interés en los parques, así como en la reforestación y en la protección del medio ambiental. La creación del Instituto Nacional de Parques, a base de la experiencia lograda por el Parque del Este, está ofreciendo resultados muy satisfactorios. Por otra parte, se han decretado diez parques nacionales, para protección de áreas de gran belleza e importancia, dos refugios de fauna silvestre, cinco zonas protectoras de las ciudades y cuatro monumentos naturales y se están realizando plantaciones de millones de árboles que, a la vez que contribuirán a rescatar las condiciones del ambiente, ofrecerán un nuevo ritmo de producción a la economía nacional.

La doma del agua

Especial interés se ha puesto, por acción combinada de los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura y Cría, en al aumento de la capacidad de producción de tierras y saneamiento de las mismas. En relación a 1968, ha aumentado en 37% el total de hectáreas regadas. Vale la pena señalar que en el sistema de riego del Guárico se logró en 1973 una producción récord de arroz que alcanzó a 120.000 toneladas. El módulo experimental de Mantecal, en el estado Apure, ha constituido un gran éxito. En ocasiones anteriores hice referencia ante el Congreso a esta iniciativa, llamada a corregir definitivamente la angustiosa oscilación de nuestros llanos entre la inundación y la sequía. Es la doma del agua, realizada a través de un programa de factibilidad técnica y económica. El experimento actual alcanza a treinta mil hectáreas y se considera que puede incorporar a bajo costo quinientas mil hectáreas en los próximos quince años.

Un gran programa de saneamiento de tierras, que alcanza a seiscientas cuarenta mil hectáreas, se está realizando con una importante inversión en la zona Sur del Lago de Maracaibo.

Por primera vez se ha establecido en el país un plan rector para la utilización de los recursos de agua. Lo ha elaborado COPLANARH. Ese plan nacional de aprovechamiento de recursos hidráulicos, con previsión para los próximos 30 años, ha merecido un alto crédito, no sólo en el país, sino en escala internacional.

Puertos, aeropuertos y servicios

Como las transformaciones estructurales suponen un esfuerzo constante en materia de comunicaciones, se ha prestado especial atención, además de a la vialidad terrestre, a la construcción y mejoramiento de puertos y aeropuertos. Se han construido puertos pesqueros y se han construido, o transformado, o mejorado, importantes puertos comerciales. Se han puesto en servicio cuatro nuevos aeropuertos internacionales. Se han hecho ampliaciones y mejoras a casi todos los aeropuertos existentes para cumplir los requisitos que exigen los equipos modernos de aviación y se ha prestado ayuda a la navegación aérea con instalación de equipos de diversa índole. Las líneas de aviación nacional e internacional han recibido nueva dotación y la revisión de los convenios internacionales de tránsito aéreo les han asegurado nuevas rutas.

La Compañía Anónima Venezolana de Navegación adquirió en los últimos 5 años 4 grandes motonaves, a un costo total aproximado de 120 millones de bolívares. Se ha autorizado el aumento de su capital en 200 millones de bolívares, para atender exigencias crecientes, por la incorporación de nuevas rutas y por las normas de alto contenido nacionalista de la Ley de Protección a la Marina Mercante Nacional, aprobada por iniciativa del Gobierno.

En cuanto al tránsito terrestre, materia que se hace cada vez de mayor trascendencia por lo intenso de la circulación y por la repercusión dañina de los accidentes de tránsito en la vida de la comunidad, se han tomado también importantes medidas. Entre ellas está la colocación del Cuerpo Nacional de Vigilantes de Tránsito bajo el control directo de oficiales especializados de la Guardia Nacional y la aplicación de las dos primeras etapas del Plan Nacional de Patrullaje de Carreteras, que a la vez que persigue garantizar la fluidez y seguridad del tránsito, el control del orden público y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, presta auxilios mecánicos y primeros auxilios médicos a quienes puedan necesitarlos. Al aplicarse la primera etapa, el total de accidentes se redujo en 24,2% y el número de vidas perdidas disminuyó un 32,8% en la ruta cubierta; en la segunda etapa, el total de accidentes disminuyó un 38,2% y el número de fallecidos en un 26% en la ruta respectiva. Es evidente que al extender este plan a todas las vías y aumentar sustancialmente su dotación –lo que no había podido hacerse por dificultades presupuestarias- sus beneficios se harán sentir en escala nacional.

Dentro del propósito de mejorar los servicios de comunicaciones es de destacar lo que se ha hecho en materia telefónica. Nadie niega que todavía falta mucho por hacer y que las necesidades aumentan rápidamente; pero el número de líneas instaladas, que para 1968 era de 278.000, es ya de 510.000; el Discado Directo Nacional, que para 1968 sólo servía a seis ciudades, atiende ciento nueve poblaciones. Es justo reconocer la labor rendida por CANTV para ampliar la cobertura de la Televisora Nacional, que al principio del período apenas servía a la ciudad de Caracas, y que en la actualidad ha llevado su sintonía a más de la mitad de Venezuela.

En materia de correos y telégrafos es donde la deficiencia se hace sentir todavía en mayor grado. Los estudios realizados indican que la mejor alternativa para prestar un servicio eficiente es la creación de un Instituto Autónomo que pueda operar con los privilegios del Estado y con las normas que en algunos aspectos permiten a la empresa privada obtener mayor eficiencia. El proyecto de Ley que lo crea ha sido ya enviado al Congreso por el Ministro de Comunicaciones. Las dificultades principales que se han interpuesto para dar este paso residen, por una parte, en el problema social, económico y humano de los trabajadores actuales, que en muchos casos tendrán que ser jubilados (lo que supone una inversión inicial de una cuantía de la que no se ha podido disponer) y en la necesidad de poner el nuevo ente sobre bases más sanas que las actualmente existentes , lo que supone una importante inversión y la reducción drástica del déficit que implica el sistema de franquicia postal y telegráfica de que actualmente se disfruta en Venezuela, cuestiones cuya decisión tendrá que solucionar el Congreso en la ley respectiva.

Vale la pena agregar, en esta materia de servicios y comunicaciones, que se han adquirido unidades flotantes y de tierra para la mejor operación de los puertos. Se ha realizado un experimento positivo con la creación del Instituto Autónomo Aeropuerto de Maiquetía, llamado a extenderse oportunamente a otros sistemas portuarios o aeroportuarios.

Todo ello ha marchado acorde con el fomento del turismo, que por primera vez comenzó a considerarse en forma sistemática como un renglón promisorio para el fomento económico y para la creación de empleos.

Nuevos hoteles, planes turísticos, reuniones nacionales e internacionales, formación de una conciencia turística, han sido pasos firmes hacia esta industria. Desde el punto de vista interno, se la ha orientado hacia las regiones de menor desarrollo económico, con lo cual se atiende a una mejor justicia distributiva, corrigiendo desigualdades en el reparto del ingreso. Desde el punto de vista internacional, se ha preferido el turismo sano, sin incentivos al juego o la bebida y se ha visto subir el número de visitantes foráneos, de 93.000 a 190.000, con el doble de divisas ingresadas, que alcanzaron en 1973 a más de 80 millones de dólares.

Acompañado por la gente de Caracas, el presidente Caldera se dirige en caravana al Palacio de Miraflores.

La Conquista del Sur

Dentro de la tarea de atender la infraestructura del país y servir todo el territorio nacional, hay un programa en el que hemos puesto todo el corazón, aún cuando no pudimos obtener para él siquiera el mínimun de recursos a que aspirábamos. Se trata de la Conquista del Sur. Empresa del futuro, pero de un futuro acuciante, no sólo para la soberanía nacional sino para la preparación y ordenación de un espacio que a vuelta de muy poco tiempo sentirá la vigorosa presencia del hombre venezolano y que requiere desde ahora plantear las bases y mecanismos para una óptima relación entre el ser humano y la naturaleza.

Ochocientos kilómetros han sido construidos entre carreteras, caminos de penetración y picas; cinco embarcaderos, modestos pero útiles están ya funcionando; más de veinte pistas de aterrizaje y sistemas de ayuda a la navegación aérea sirven para el medio más urgente de comunicación; se construyen: la ciudad de San Simón del Cocuy, el Centro Cívico Militar, diez escuelas, ocho dispensarios y una escuela de promotores indígenas. Una radio-emisora educacional trasmite en castellano y en lenguas nativas. Se hizo el levantamiento topográfico del Territorio Amazonas por medio del radar, utilizado por primera vez en el mundo para este fin en la vida civil, se encontró en el cerro Impacto una reserva de minerales altamente promisoria y se adelantan los estudios de navegación del Orinoco con la aspiración de contribuir a la realización de la interconexión fluvial Orinoco-Amazonas-Plata, que será en el futuro una de las vías más importantes de comunicación en el corazón de Sur América. No puedo menos que recomendar encarecidamente la Conquista del Sur a los legisladores que integran este honorable Congreso, en quienes estoy seguro alienta la visión de un gran destino nacional. Este programa, que esperaba por largos años, constituye uno de los más trascendentes deberes de la generación actual para con las generaciones venideras.

Recomiendo, así mismo, la proyección de la política de fronteras que se ha venido desarrollando. Venezuela tiene hoy una política nacional de fronteras coherente y sistemática. El Consejo Nacional de Fronteras lleva tres años funcionando. Lo preside el Canciller y lo integran representantes calificados de todos los despachos y entidades con interés directo en tan delicada materia. Yo mismo he visitado varias veces los puntos más alejados de nuestra geografía y he alentado personalmente a quienes en ellos cumplen una tarea desbordante de mística. Las fronteras de Venezuela no son más una simple línea en el mapa, sino una expresión vital de la presencia venezolana.

La juventud, la ciencia y la cultura

El inmenso esfuerzo a que, apenas señalando puntos determinantes, he ido refiriéndome en la exposición de este Mensaje, supone una concepción ambiciosa del papel de los venezolanos en la vida del hemisferio y la adopción de normas que en unos aspectos fortalecen y en otros modifican las estructuras del Estado y las instituciones.

Por lo que respecta al papel de los venezolanos, centrado en la atención prioritaria dada a la gran empresa de la educación, simultáneamente se ha tenido una constante preocupación por la cultura, la ciencia y la tecnología. Nos hemos esforzado por abrir todas las posibilidades a la cultura y al arte para que con la libertad de creación, el talento venezolano ascienda a los más altos niveles y la repercusión de su obra se sienta en los grandes ambientes.

Hemos construido museos y teatros, hemos dotado exposiciones, fomentado ediciones y realizado planes culturales de indiscutible significación. Hemos decretado la presencia de obras de arte en todas las edificaciones nacionales y solicitado de todos los artistas, sin exclusivismos de corrientes o escuelas, su participación en el movimiento cultural venezolano.

En cuanto a la Ciencia y a la Tecnología, entró a funcionar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) al que le hemos dado apoyo y dotación creciente; se creó la Comisión para la Integración del Sistema Científico y Tecnológico (SISTECIT), con la cual el estado venezolano tiene el mecanismo capaz de instrumentar una política científica; se han aumentado la capacidad material, la jerarquía docente y las posibilidades de rendimiento del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC); se ha decretado la obligación de que los Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas y Fundaciones creadas por el Estado incentiven la demanda de la actividad científica y tecnológica nacional; se han creado Centros juveniles de ciencia en ciento cincuenta y ocho liceos y se ha participado en los Festivales Juveniles de la Ciencia, que siembran nobles preocupaciones en la juventud; se ha iniciado, a través del Convenio Andrés Bello, creado por iniciativa venezolana, el proceso de integración cultural, científica y tecnológica en los países del área subregional andina.

En la preocupación por elevar los recursos humanos del país para conquistar su destino, he dado atención señalada a los asuntos de la juventud. Designé un Ministro de Estado para la Juventud, la Ciencia y la Cultura y éste, después de más de doce mil entrevistas y de reuniones de estudio celebradas en toda la República, ha elaborado el Primer Diagnóstico de la situación de la juventud y las bases preliminares para una política juvenil. También se hizo un primer diagnóstico del sector deporte y se fijaron las bases preliminares para una política deportiva.

Dentro del propósito de alentar en la juventud el entusiasmo por los valores fundamentales de la Patria se creó la semana de estudios bolivarianos, para que cada año, en la semana que comprende el aniversario del Discurso de Angostura, incursionen los estudiantes en el pensamiento del Libertador y extraigan de él rumbos y nervio para las grandes tareas que demandan el futuro de Venezuela y el destino de Latinoamérica.

Es grato señalar que las grandes efemérides –y especialmente el Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo y el de la Batalla Naval de Maracaibo- han sido conmemoradas dignamente, y que el recuerdo del ayer glorioso ha sido reforzado por la inauguración de grandes obras de desarrollo y por la toma de conciencia de los grandes compromisos de hoy y del mañana.

Nuevos y honrosos monumentos han sido erigidos en Venezuela, en otros países del Continente Americano y en Europa, a Bolívar, a Bello, a Sucre, a Miranda, a Páez; y cada vez que se ha honrado a estos y otros egregios varones de la Patria, hemos insistido en que la continuidad rota en horas menguadas nos obliga a un esfuerzo vigoroso de superación para eliminar los restos de atraso, de marginalidad social y de dependencia colonial incompatible con el mensaje de los forjadores de la nacionalidad. Hemos destacado igualmente ante los jóvenes la juventud de nuestros héroes, como un ejemplo inestimable para las nuevas generaciones.

Es de justicia mencionar, aunque sea de paso, la obra realizada por la Fundación Festival del Niño, presidida por la Primera Dama. Con el criterio amplio de continuar y expandir toda actividad útil, se mantuvo aquella Fundación y se desarrollaron nuevos programas a través de esa entidad, creada durante el quinquenio anterior. El «Plan Vacacional», que movilizó a través del territorio nacional 105.000 niños, de 1969 a 1973; el programa televisado pre-escolar «Sopotocientos», la edición de libros de lectura infantil, de la serie «Páginas para Imaginar»; la Semana de Arte y Cultura para los niños; la puesta en servicios de más de ochocientos «Parques de Bolsillo»; la extensión del «Día del Niño» a todo el país y la instauración del «Día del Niño Hospitalizado» fueron, entre otras, hermosas iniciativas realizadas con el concurso del sector público y de fundaciones y personas privadas, y acogidas con beneplácito por todos los sectores, especialmente por las madres carentes de recursos y por los niños de toda Venezuela.

En cuanto a la estructura del Estado han sido muchos y muy importantes los cambios acometidos en el período constitucional que ahora termina.

Ellos han sido orientados por una clara conciencia jurídica. El Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública (CAJAP) se constituyó para cuidar el carácter jurídico de los actos de gobierno. El Procurador General de la República, en cumplimiento de una previsión constitucional que se aplicó por primera vez, ha asistido regularmente al Consejo de Ministros, al que ha llevado la voz del CAJAP.

La regionalización del desarrollo es un hecho. Sería osado negar que en Venezuela existe hoy una sana conciencia regional. Cada una de las ocho regiones administrativas en las cuales se ha distribuido el país realiza constantemente actividades, no sólo en el sector público, sino también en el sector privado: planifica, resuelve, ordena y ejecuta actividades en beneficio de la región y, a través de ella, en beneficio del Estado Nacional. Las Convenciones de Gobernadores han dado cada vez mayor atención al hecho regional; el nuevo Plan de la Nación se elabora con participación regional; se realizan Convenciones Regionales y funciona en cada región un Comité Regional de Gobierno (COREGO), un Consejo Regional de Coordinación (COSERCO) y los demás organismos previstos. De las ocho regiones administrativas, cinco de ellas tienen Corporaciones Regionales de Desarrollo que realizan invalorables tareas.

Las Corporaciones del Zulia y de la Región Nororiental han recibido del Gobierno concesiones para la explotación de las cuencas carboníferas del Guasare y Naricual; la Corporación de la Región Centro Occidental abarca variados programas, entre los cuales el más importante es el del sistema de riego de los Valles de Quíbor con el agua de Yacambú; Corpozulia ha ejecutado en tiempo récord, mediante un programa regional en el que participan las Municipalidades respectivas, el Puente «Goajira Venezolana» sobre el río Limón; las Corporaciones de desarrollo de los Andes y de Guayana impulsan decididamente la transformación de sus respectivas regiones, con grandes proyectos en ejecución o en estudio como lo hacen Corpozulia, Corporiente y Corpoccidente.

El desarrollo regional se concibe como un movimiento armónico de transformación, que trata de enmendar las desigualdades mediante el incremento de la acción en cada una de las diversas regiones.

Dentro de una idea de justicia distributiva, tendiente a corregir desniveles, el Ejecutivo ha puesto en marcha el régimen especial de protección que supone la Zona Franca de Margarita, cuya expansión ha superado todas las previsiones; la Zona Franca Industrial de Paraguaná está en pleno proceso de organización, lo mismo que el Régimen de Incentivos Especiales para las zonas industriales del Táchira y de otras áreas de los Andes, cuyos estudios están terminados, sus reglamentos aprobados y sus obras de infraestructura en construcción.

Reforma administrativa

La modernización del Estado ha sido una exigencia simultánea y casi una precondición de todo el programa de desarrollo. Por ello se ha llevado adelante la obra de la Reforma Administrativa, que va racionalizando los cuadros de la Administración, elevando el nivel de los servidores del Estado y aprovechando los sistemas modernos para una mejor distribución de funciones y competencias. El proceso de la Reforma Administrativa en Venezuela ha sido objeto de reconocimiento y aún de admiración en el exterior, y ya hemos estado prestando nuestro concurso para la formación de personal y para la adopción de programas en países hermanos.

El presupuesto-programa del que se venía hablando tiempo atrás y que quedó plenamente incorporado en este período entraña un cambio fundamental en el sistema presupuestario venezolano, al tener que justificarse cada apropiación en función de una determinada meta, expresada dentro de un determinado programa. La reorganización del sistema hacendístico se ha ido cumpliendo en forma decidida: desde el establecimiento de los sistemas de computación electrónica hasta el empeño puesto, con visible resultado, en los mecanismos de recaudación tributaria, que tanto han dejado que desear en el pasado y que todavía ameritan la continuación de este esfuerzo hasta obtener óptimos resultados.

Defensa nacional

Dentro del propósito de la re-estructuración del Estado se ha puesto señalado interés en la dotación de los sistemas de Defensa Nacional, para que cumplan sus elevados fines. La renovación de equipos y medios de defensa realizada en el curso de este período constitucional no tiene paralelo en ningún período anterior.

El Ejército ha sido dotado con tanques AMX-30, vehículos blindados para transporte de personal, vehículos para transporte de carga, cañones y otros medios de defensa. A la Marina se han incorporado los destructores Carabobo y Falcón, los submarinos Tiburón y Picúa, los transportes Maracaibo y Amazonas, las lanchas fluviales Atures y Maipures y el remolcador Felipe Larrazábal. Se han reconstruido importantes unidades navales y otras están actualmente en proceso de construcción, adquisición o reparación. La Aviación ha incrementado sus líneas de operación, entre otras, con los aviones de combate Mirage, aviones de caza CF-5, aviones de transporte pesado C-130 (Hércules), aviones de combate OV-10 (BRONCO) y aviones de entrenamiento T2-D. Las Fuerzas Armadas de Cooperación han sido dotadas de vehículos blindados anti-disturbios, aviones medianos de transporte, lanchas, vehículos terrestres y equipos de comunicación.

Al mismo tiempo, interesados en la constante superación profesional y técnica de las Fuerzas Armadas, se han creado nuevos Institutos, entre ellos el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de Cooperación, el Liceo Militar General José Antonio Anzoátegui, la Escuela de Guardias Nacionales Forestales y la Escuela Especial de Guardias Forestales, así como el Instituto Politécnico de las Fuerzas Armadas, en proceso de organización de acuerdo con Decreto recientemente dictado.  Se ha obtenido el reconocimiento del carácter universitario y la facultad de conceder grados de licenciado a los institutos de formación de oficiales.

Esta sintética enumeración da idea del proceso cumplido en el seno de la Institución. Al mismo tiempo, se ha realizado la reorganización de unidades de acuerdo con nuevos criterios, resultado del más serio estudio y cuidadoso análisis; y también para las Fuerzas Armadas se ha realizado la construcción de obras materiales, como el Hospital Naval de Puerto Cabello, en construcción, el Edificio de la Comandancia General de la Aviación, el Edificio de la Escuela de Aviación Militar en su primera fase y los edificios para la Comandancia General del Ejército y para la propia sede del Ministerio de la Defensa, ya iniciados o listos para su iniciación inmediata. Al propio tiempo, las Fuerzas Armadas han tenido el honor de contribuir a la construcción de obras de importancia para el desarrollo del país: especialmente la carretera de El Dorado a Santa Elena de Uairén, a cargo del Servicio de Ingeniería del Ejército, y la carretera de Puerto Ayacucho a Puerto Páez, a cargo del Servicio de Ingeniería Militar, que va a concluirse definitivamente a mediados de 1974, que es precisamente el Año Cincuentenario de la Fundación de Puerto Ayacucho, hecha en la ocasión del Centenario de la Batalla que le dio su nombre.

Llegada del presidente Caldera al Palacio de Miraflores.

Orden público y lucha antidelictiva

Ardua ha sido, por otra parte, la tarea de organizar los cuerpos policiales del país. La Policía Metropolitana de Caracas, fruto del primer acuerdo de mancomunidad entre las Municipalidades del Distrito Federal y del Distrito Sucre del estado Miranda, es un cuerpo enteramente renovado, en su personal, en su instrumental, en su conducción y en sus planes operativos. Todas las comandancias de policía de las entidades federales han sido puestas bajo el mando de oficiales de la Guardia Nacional, con lo que se ha buscado la profesionalización de los Cuerpos, la selección de su personal sin atingencia a criterios distintos de la idoneidad del candidato y la educación de base militar, con normas y hábitos de disciplina indispensable para el funcionamiento de los mismos Cuerpos.

La antigua Dirección General de Policía fue eliminada y se creó en su lugar, en el Ministerio de Relaciones Interiores, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.

La Policía Técnica Judicial ha visto ampliarse sus servicios mediante la creación de Comisarías, Delegaciones, Puestos, Laboratorios regionales y Medicaturas forenses y se ha logrado dotar de un edificio amplio y conveniente la sede de la Escuela Nacional de Policía Judicial, el servicio de Medicina Forense y el Instituto de Medicina legal.

Lo que en materia policial se ha hecho es de gran magnitud; pero el lapso de cinco años no es suficiente para analizar, planificar, ejecutar y dar tiempo para apreciar los resultados.

Fue creada la Dirección de Prevención del delito el 11 de febrero de 1970 y ya cuenta con seis oficinas regionales. También un organismo como éste, que ha comenzado por la recolección y por la realización de campañas, cursillos y seminarios sobre prevención del delito, requiere tiempo para que su labor se aprecie en toda su importancia.

La política penitenciaria, guiada por un sentido humano en el tratamiento del delincuente, ha avanzado en su proceso de tecnificación: han sido creados centros de asistencia en libertad y centros para la aplicación de los programas de observación y clasificación de delincuentes con resultados positivos.

Se ha cumplido una labor de asistencia, dotación y mejoramiento de los servicios y remuneraciones del Poder Judicial, con el deseo de prestarle todas las facilidades para el cumplimiento de sus delicadas funciones.

Defensa Civil y drogas

No debo, honorables Senadores y honorables Diputados, extenderme demasiado en esta rápida visión de lo hecho, que a pesar del esfuerzo de síntesis ha resultado inevitablemente extenso. Pero tengo, necesariamente que destacar, como otro paso de importancia dado en la organización del Estado la creación de la Comisión de Defensa Civil y el funcionamiento regular de la misma, que tuvo como antecedente la creación de la Fundación de Solidaridad Social (FUNDASOCIAL), a la que se ha encomendado la Secretaría Ejecutiva de aquella. Se hacía sentir la necesidad de que un organismo permanente e integrado tuviera la preparación adecuada y mantuviera constante alerta para prevenir calamidades y desastres, impedirlos hasta donde fuera posible y, en todo caso, conjurar sus efectos. Esta Comisión de Defensa Civil ha demostrado su eficacia en numerosas oportunidades. Ha prestado atención inmediata y apropiada a quienes han sido víctimas de derrumbes, inundaciones o sequías; la cooperación que se prestó a la hermana población de Nicaragua en ocasión del sismo que padeció su capital ha sido objeto de honroso reconocimiento. La celebración en Caracas de la VII Conferencia Mundial de Defensa Civil, del Primer Coloquio Latinoamericano sobre asistencia en caso de desastre y de la Asamblea Ordinaria de la Asociación Internacional de Protección Civil ha constituido una demostración palpable de la autoridad y prestigio ganada por nuestra Comisión de Defensa Civil y por FUNDASOCIAL en sus pocos años de existencia.

Tampoco puedo dejar de señalar, dentro de la misma idea de prevención de calamidades y desastres,  aunque trasladados al terreno moral, que hemos afrontado el problema creciente del uso indebido de drogas, motivo de alarma en todos los países del mundo. La creación de una Comisión Interministerial para el estudio del asunto, coordinada por el Fiscal General de la República, fue imitada por importantes países del Hemisferio.

La «Corrupción administrativa»

Considero necesario referirme a otro peligro de índole moral, del que suele hablarse con ligereza y con determinada intención, pero frente al cual no se suele tener la integridad personal necesaria para acudir a los canales previstos por las instituciones a fin de controlarlo, sancionarlo y corregirlo. Me refiero a lo que se ha dado en denominar la corrupción administrativa. Quiero dejar constancia de que, además de mi constante preocupación por el asunto y del ejemplo que me he esforzado en dar y que conmigo han dado los más altos funcionarios, designé un Comisionado Especial de Denuncias, Quejas y Reclamos y escogí para el cargo a una persona de reconocida honestidad, quien no ha dejado de investigar a fondo un solo caso cuya denuncia le haya sido presentada. La confidencialidad con que opera el Comisionado, en virtud del Decreto mediante el cual se designó, quizás ha quitado a sus actuaciones una repercusión que hubiera sido ilustrativa y ejemplarizante. Pero ha sido necesaria, para proteger tanto al denunciante que pudiera temer represalias, cuanto al funcionario, bien resultara inocente o culpable, tanto más si la convicción moral sobre sus actos no se basa en lo que jurídicamente se considera plena prueba.

En numerosas ocasiones insté públicamente a todos los que tuvieran algo que señalar en la conducta de cualquier funcionario a acudir al Comisionado, aún cuando fuera solamente para manifestarle sus dudas, sin necesidad de hacer una denuncia formal, o comunicársela a través de los distinguidos compatriotas que con carácter enteramente desinteresado aceptaron la designación que les hice como asesores del Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos, a saber, el lamentablemente fallecido señor Abraham Nones, Juan A. Zárraga Tellería, Enrique Sánchez, Marcel Carvallo, Henrique Castillo Pinto, Héctor Guillermo Villalobos y Rafael Rísquez Iribarren, Monseñor Juan Francisco Hernández y los señores Rafael Echeverría, Pedro Bernardo Pérez Salinas y Guillermo José Schael y la señora Esther Pietri Lavié. A la conclusión del período presidencial he tenido ocasión de reunirme con la mayoría de los nombrados: me ratificaron su convicción de que la institución es conveniente y necesaria y reiteraron su reconocimiento del respeto absoluto que para ellos tuve desde el momento mismo de designarlos y la invitación que reiteradamente les hice de abrir ojos y oídos a las denuncias que con seriedad se les hiciere conocer.

Ello constituye para mí un hecho moral de invalorable significación. En ese examen hubimos de reconocer que con frecuencia parece más fácil para algunos lanzar imputaciones que concretar hechos y personas cuando se pide su colaboración para el debido esclarecimiento. Es una delicada faceta que reclama un mayor empeño de educación cívica.

Dañinas tradiciones pesan en la vida nacional y, con frecuencia, dudas y suspicacias son las respuestas a una iniciativa como ésta, merecedora de más firme apoyo de todos los venezolanos honestos, por encima de las diferencias políticas. Es conveniente señalar que el Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos y los asesores que lo han acompañado en sus funciones no han interferido o suplantado a los otros órganos previstos para la investigación y sanción de hechos dolosos de gobierno o administración: han sido sólo un elemento más para ayudar al Jefe del Estado en la sincera preocupación por extirpar hasta donde fuere posible los brotes que tienden continuamente a renacer bajo formas sutiles, en un ambiente que no los enfrenta con severidad y que con frecuencia suele tratarlos con una extraña mezcla de tolerancia y maledicencia.

Otra vista de la llegada del presidente Caldera al Palacio de Miraflores.

Amor a Venezuela

Toda la obra hecha, con sus imperfecciones pero con el aliento de un místico deseo de servir, ha sido alentada por un amor apasionado por Venezuela.

De allí ha surgido sin contradicciones la política exterior del Gobierno:

La voluntad de ampliar sobre bases debidamente ponderadas las relaciones de amistad y cooperación con todos los pueblos del mundo; el acercamiento especial hacia los pueblos de América Latina; la conversión de un grave estado de tensión en disposición para el entendimiento con la República de Cuba; la tesis de la solidaridad pluralista entre gobiernos y regímenes distintos pero que comparten la comunidad de los valores esenciales y de las aspiraciones prioritarias de la gran familia latinoamericana; la proclamación de la justicia como fundamento de la paz y de la justicia social internacional y el bien común universal como base de un nuevo ordenamiento jurídico que sustituye las relaciones de prepotencia y de dominación por las relaciones de amistad y de cooperación.

Dentro de este contexto cabe valorar nuestro ingreso al Grupo Sub-Regional Andino mediante la firma del Consenso de Lima, el 13 de febrero de 1973, culminación de una visita inolvidable en la cual me correspondió el inmenso honor de llevar la palabra fraternal de Venezuela a las naciones del Sur del Continente.

Hemos establecido anchos canales de acercamiento y cooperación con los países del Caribe, con evidentes logros para nuestra política exterior. A ello contribuyó el Protocolo de Puerto España, que sin menoscabar en lo más mínimo nuestros derechos demostró la ausencia de una actitud hostil por nuestra parte; y el ingreso al Banco de Desarrollo del Caribe, que materializó nuestra disposición de colaborar en los programas de transformación de aquellas naciones vecinas.

También ha sido el mismo espíritu el que ha guiado, a lo largo de estos cinco años, las conversaciones con Colombia para la delimitación de áreas marinas y submarinas. Se han alcanzado progresos reales en la clarificación de los diversos puntos de vista. Se ha llevado a cabo una sensible aproximación en las posiciones de ambas partes. Y aunque son aún importantes las diferencias de criterio entre los respectivos gobiernos, estamos convencidos de que la continuación del diálogo conducirá –como lo ha expresado el Presidente Pastrana al Presidente electo de Venezuela, Carlos Andrés Pérez– al acuerdo justo y equitativo que todos deseamos.

Tengo también la convicción de que un acuerdo justo y equitativo se logrará amistosamente en la delimitación de las áreas marinas y submarinas con las Antillas Neerlandesas, conforme con la tónica del diálogo iniciado, y con nuestros demás vecinos.

Ha sido el mismo apasionado amor por Venezuela el que nos ha hecho celosos portavoces del decoro nacional, de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, del derecho a definir y defender lo nuestro. Nunca hemos aceptado la tesis que han sostenido algunos, de que la afirmación de una posición soberana puede ser interpretada como un acto de enemistad contra otras naciones.

Cuando denunciamos unilateralmente el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos- con lo cual abrimos el camino para una reforma de nuestro sistema arancelario, a fin de orientarlo hacia el desarrollo e iniciamos una política de comercio exterior que se ha ido realizando a través de la creación del Instituto de Comercio Exterior y las Leyes de Incentivos para la Exportación y de Fondo de Fomento a las Exportaciones-, no pensamos ni por un momento en desahogar bastardos sentimientos contra la importante nación norteamericana, sino en cortar cadenas que nos entrababan la acción orientada a nuestro desarrollo y, por ello mismo, podían crear y creaban resentimiento y malestar.

Cuando defendemos precios mejores para nuestro petróleo es porque lo creemos justo; cuando hemos llevado a la OPEP la idea de programar la producción y no caer en una absurda competencia a base de rebajar los precios de una materia tan valiosa, cuando presentamos la proposición de un Banco de la OPEP y la dotación de fondos especiales para facilitar la situación a países en vías de desarrollo, todo ello ha sido animado por un nacionalismo ferviente enmarcado en una honesta concepción de la justicia.

Por eso, proclamamos un nacionalismo democrático. Expresión del concurso plural libremente prestado en pro de los intereses nacionales. No es un nacionalismo agresivo ni hostil sino constructivo y cooperador, enrumbado hacia la paz y la amistad con las demás naciones; un nacionalismo proyectado a identificarse con las aspiraciones de los demás países de América Latina para que se corrijan desigualdades irritantes y se haga sentir la presencia de Latinoamérica, con su visión ecuménica del hombre, en la búsqueda de un entendimiento universal. Por ello, hablando de petróleo no hemos pensado sólo en nuestro interés; nuestra ha sido la iniciativa de crear una Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para que en el seno de la misma familia se rectifiquen errores, se inventaríen recursos y se establezcan formas cónsonas para el beneficio de todos.

La Pacificación

Dentro de la acción del Gobierno que es el encuentro de la experiencia y del ideal, dispuse desde el primer momento como objetivo prioritario la pacificación. Todas las medidas que se han estimado necesarias para orientar los pasos de quienes andaban por senderos de violencia hacia los cauces legales han sido dictadas con audacia y, por qué no decirlo, también con generosidad.

Se han rehabilitado partidos políticos, se ha garantizado la actividad opositora a organizaciones que fácilmente habrían podido inclinarse hacia terrenos diferentes; se ha tratado con respeto y consideración aun a los más enconados adversarios y ni en medio del fragor de la lucha se cerraron puertas y ventanas al diálogo.

Se han adoptado, una y otra vez, numerosas medidas de gracia, sin reparar en que los beneficiarios de las mismas disfrutarían de un ancho campo, en ejercicio de las libertades, y con frecuencia lo usarían, no para reconocer el beneficio obtenido sino para atacar con saña al Gobierno, cuya propia política de pacificación pretendían desmentir en el momento de saborear sus frutos. Sólo los inculpados de crímenes horrendos o de atentados graves, o aquellos de quienes no se ha recibido muestra alguna de estar dispuestos a abandonar el camino de violencia en que continúan empeñados, no han recibido hasta ahora el beneficio que a tantos ha sido concedido y que, por cierto, no emana jurídicamente de actos normales de procedimiento, sino de medidas extraordinarias que tienen carácter de excepción.

La pacificación marchó adelante, contra viento y marea, con la acquiesencia de la opinión pública y la comprensión y respaldo de las Fuerzas Armadas. Sus frutos pudieron medirse más que nunca en el proceso electoral. Han resultado impotentes todos los alevosos esfuerzos para destruirla.

Yo estoy convencido de que Venezuela ama la paz y tiene derecho a conservarla y cimentarla. Ama la paz interna y la paz exterior. Contribuye con su voz en las reuniones internacionales en favor de la amistad entre todos los pueblos, pero también aporta con su ejemplo la demostración de que la recta intención puesta al servicio de la democracia puede lograr esa convivencia fecunda que hace de las diferencias consideradas antes insalvables, un verdadero estímulo para el desarrollo y el progreso.

En el Despacho Presidencial del Palacio de Miraflores, el presidente Caldera se reúne con el expresidente Rómulo Betancourt y el presidente electo Carlos Andrés Pérez.

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Durante cinco años me he esforzado en ser el Presidente de todos los venezolanos. Pido sinceramente disculpas por todo aquello en que no haya estado a la altura de tan noble propósito, por todo aquello en que no haya podido corresponder a las aspiraciones de mis compatriotas.

Ya para iniciarse un nuevo gobierno, quiero, como venezolano, expresar mis sinceros votos para que continúe la marcha decidida del país hacia su desarrollo, por el camino amplio de la libertad y de la paz.

Al rendir ante la representación nacional el último Mensaje del quinquenio 1969-1974, quiero ofrecer mis modestos servicios de hombre que vuelve sin rencores a la arena de donde salió, en todo aquello en que pueda contribuir a la armonía, al entendimiento respetuoso y a la suma de esfuerzos para lograr los grandes objetivos a que nos compromete el destino nacional.

 

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.