Una revolución sin rumbo II

Segundo de tres artículos especialmente escritos para el diario El Gráfico, haciendo un balance de la Revolución de Octubre.

Elecciones y Constitución

«Unas elecciones libérrimas, sin imposición ni parcialización ejecutivista por ninguna de las corrientes políticas en pugna» anunció a la Nación la Junta Revolucionaria de Gobierno en la noche memorable del 19 de octubre de 1945. El mismo tono de la oferta anunciaba un compromiso especial. La circunstancia de que los militares hubieran desechado la senda abominable de quienes en los históricos golpes de fuerza hacían de la República botín del vencedor y su patrimonio exclusivo, y de que por lo contrario hubieran llamado a unos civiles para que gobernaran, le daba a la promesa un matiz nuevo que sonaba a desprendimiento oficial y a sinceridad insobornable. Si los hombres de armas, por primera vez en nuestra historia, reconocían que el triunfo en jornadas bélicas no constituye base ni justificación para alzarse con el Poder, era lógico esperar de los civiles que integraban la Junta un cumplimiento religioso de la consigna básica de la Revolución.

Nadie puede negar que, en cierto sentido, el movimiento hacia la devolución efectiva al pueblo de la soberanía se inició cuando comenzó la legalización de nuevos grupos políticos, la generalización de un clima de debate político y el interés del pueblo en la decisión de los asuntos que le conciernen. La presencia masiva de los venezolanos, hombres y mujeres, de más de 18 años, en los registros electorales, demostró que el pueblo no era escéptico. A pesar de haber sido engañado muchas veces, conservaba interés en la lucha. En su lucha. En la discusión pública de los asuntos que definen su suerte futura.

Pero aquí comenzó la historia de las contradicciones. El movimiento hacia el sufragio «libérrimo, sin imposición ni parcialización ejecutivista», tropezó a cada instante con el propósito, menos oculto cada día, de permanecer en el Poder. Métodos que fueron antes censurados en los gobernantes como recursos ventajistas para ganar las elecciones, fueron aplicados con provecho. Las autoridades ejecutivas, especialmente las del orden inferior (las que más directamente influyen sobre la vida de los ciudadanos) resultaron discípulas aprovechadas de los sistemas anteriores, a los cuales en algunos aspectos no les costó trabajo superar. Y cuando la voz de quienes en la arena política ejercían el derecho de oposición, contribuyendo poderosamente a despertar el interés colectivo por los asuntos nacionales, señalaban el mal que amenazaba en su existencia al sincero cumplimiento de la jornada electoral, las voces de los dirigentes políticos oficiales, que debían ser las más interesadas en señalar el rumbo, abundaron en recursos dialécticos para justificar los excesos abonando el terreno a su repetición.

Una «amalgama de normas»

Se va perdiendo el rumbo de la Revolución, cuando comienza a trajinar el camino de las inconsecuencias. En vez de la vía ancha y definitiva del cumplimiento cabal y exacto del programa revolucionario, el partido responsabilizado con el mando prefería trajinar la vereda de las vacilaciones, marchando atrás después de cada paso dado hacia adelante. Pero con la Constituyente se hace más visible el problema de esa fricción constante entre un grupo que halla en el gobierno facilidades tentadoras para seguir la ruta ya trazada históricamente por movimientos armados que utilizaron incontables recursos para simplemente «legalizar» el acceso y permanencia en el Poder, y por otro lado el sentimiento nacional que no quiere ver en la Revolución de Octubre una cosa más de las que Venezuela ha vivido, sino el paso definitivo hacia la consolidación de las instituciones.

La Constituyente ha sido una prueba muy dura para Acción Democrática. Especialmente dura lo ha sido al atender el requerimiento premioso que en nombre del pueblo formulara la Oposición, de establecer la radioemisión de las sesiones, porque toda Venezuela está pendiente de ver cuál es la efectiva capacidad de aquel grupo para resolver los problemas nacionales. La Constitución no se está elaborando entre las cuatro paredes de un hemiciclo parlamentario: la obra más delicada de la Revolución se está plasmando ante la conciencia inquieta (tremendamente inquieta) de un pueblo que se ha dado cuenta por primera vez de que su tranquilidad y bienestar, el futuro de las generaciones venideras, se está jugando mediante el simple alzar de manos de un grupo de hombres tras una consigna partidista.

La Junta de Gobierno afirmaba que la Revolución de Octubre abriría cauce para que se diera al pueblo la Constitución «que anhela». Con ello debía lógicamente esperarse que la Constitución resultaría un documento orgánico, sinceramente democrático, «fruto madurado de principios y de ideales en marcha sobre los caminos rectos y bien trazados del ordenamiento legal». El resultado de las tareas constituyentes, después de las cuales nadie duda que ha sufrido reciamente el concepto que tenía el pueblo sobre el partido en el gobierno, va dejando la impresión de ofrecer una simple «amalgama de normas».

Lo dicen observadores calificados

Las frases anteriores no han sido tomadas al azar. Están insertas en el documento que los independientes elegidos en listas de AD presentaron ante la Asamblea. El documento, lleno de hondas reflexiones, se atribuye con bastante fundamento al Dr. Martín Pérez Guevara, quien desempeñó la Dirección de Política en el Ministerio del Interior y llegó a estar encargado del Despacho. «Una vez más -expresa aquel importante memorial- insistimos en la idea de que organización constitucional no es ni puede ser mera amalgama de normas, ajena a toda idea directriz, sino fruto madurado de principios y de ideales en marcha sobre los caminos rectos y bien trazados del ordenamiento legal».

Nadie niega –y la oposición copeyana se caracteriza por su firme decisión de reconocer al adversario toda la razón que le asista, aún en medio de la más ardorosa polémica- que muchas disposiciones progresistas han sido llevadas al texto constitucional. Pero en éste se han injertado también, sin meditación suficiente, sin preocupación técnica, sin suficiente conciencia de la responsabilidad asumida, muchas disposiciones incongruentes. «Entre esas modificaciones –dice la exposición de los diputados independientes de las listas blancas- hay algunas que constituyen más que una restricción, la negación de derechos cuyo reconocimiento y respeto efectivos por el Estado son a nuestro juicio condiciones esenciales para el adelanto y progreso colectivos».

Una vez más, y ahora en el más importante de todos los actos políticos que ha tocado cumplir al partido responsabilizado en el Gobierno, la Constitución, ha aparecido la ausencia de rumbo. Ofrecida al país reiteradamente la elección directa de los gobernadores estadales, se inventan fórmulas y circunstancias para hacer ineficaz la oferta, por el simple temor de perder esta elección en algunas entidades regionales. Anunciado un régimen dentro del cual «la religión se convertiría en asunto privado», el Régimen se aferra a conservar como un privilegio político no despreciable el ominoso Patronato, inconciliable con un régimen de libertad de cultos. Ofrecido un sistema de libertad civil y política, se hipertrofian los justos derechos del Estado a intervenir para el control de la enseñanza, dejando como espada de Damocles en el texto constitucional el derecho del Estado a destruir en un instante toda la libertad de cátedra, asumiendo como monopolio suyo la formación del magisterio. Y mientras se habla de reconocimiento y respeto al derecho de propiedad, no se limitan las disposiciones constitucionales a establecerle como cargas (que nosotros también proclamamos) las que sean consecuencia de su función social, sino que se establecen disposiciones ambiguas y contradictorias que en un momento dado pueden dejar sin realidad la esencia misma del Derecho. Y mientras se proclama la aspiración del Régimen a lograr un armonioso equilibrio de las fuerzas productoras, se derrama una avalancha de improperios sobre quien esto escribe, por la simple circunstancia de proponer que una Comisión formada a base de representantes obreros estudiara la posibilidad y conveniencia de dejar previsto el establecimiento futuro de un Consejo Nacional del Trabajo.

Contradicciones manifiestas

De ahí que en la nueva Carta Fundamental se establezcan según el testimonio autorizado de los independientes elegidos por AD, «contradicciones manifiestas que evidencia en la actualidad la obra constitucional». Esas contradicciones manifiestas son las mismas que cualquiera anota en la obra de gobierno. A veces da la impresión de que el timón de la República es considerado por los gobernantes como un juguete con el que se ensayan bandazos entre posiciones contrapuestas.

Esas contradicciones patentes que se observan también en los otros aspectos fundamentales del programa revolucionario, son de aquellos que lo llevan a uno a concluir que la Revolución no ha encontrado todavía su rumbo. Mañana veremos, en la conclusión de estos artículos, cómo la misma preocupante conclusión se deduce del análisis de los otros aspectos primordiales de la gestión cumplida por este gobierno.