Es un encargo para el 16

Columna Consignas de Rafael Caldera, publicada en el diario El Gráfico, el 18 de agosto de 1948

Llegó como esperábamos, el Proyecto de Ley de Educación Nacional hasta la Cámara de Diputados. Precedido de un aura casi misteriosa. Ignorado de todos aquellos que pudieran en un momento dado combatirlo. Impulsado por los pedales de una maquinita parlamentaria. Apurado. Contundente. Rodeado de una atmósfera de «tequichazo».

El análisis y discusión pública de sus disposiciones será cuestión sin duda apasionante para la opinión. Reformar el sistema educativo de la Nación es cosa grave y delicada. Jugar con las escuelas, colegios y liceos, con el desarrollo de las Universidades puede ser peligroso. Muy peligroso. Y más peligroso todavía, dejar acumuladas atribuciones y más atribuciones en las manos, no siempre serenas ni bien intencionadas, de los Ministros de Educación Nacional.

Hoy, mientras entra la discusión al fondo mismo del Proyecto, es procedente adelantar las consideraciones acerca del apuro que se puso en aprobarlo en primera discusión. Según la Constitución y el Reglamento de las Cámaras, el sistema normal consiste en pasar a Comisión los proyectos que sean acogidos y repartirlos impresos, con el Informe respectivo, para la oportunidad de la primera discusión. Con otras leyes de importancia, se ha respetado ese procedimiento. No se quiso proceder así con uno de los proyectos de más vastas consecuencias en la organización futura de la Nación. ¿Es que, en realidad, está buscando consagrarlo mediante el método del «tequichazo»?

La Comisión de Educación Nacional está estudiando con afán el Proyecto. Veremos si en definitiva, un criterio conciliador y patriótico, amplio y equilibrado, llega a privar en el seno de la Comisión. Lo deseamos fervorosamente, aunque tememos mucho que ello no suceda. Lo deseamos porque, según expresamos en el primer debate, abdicaríamos gustosamente de todo el caudal de lucha política que alrededor de este problema pudiera desarrollarse, por el propósito venezolano de lograr una Ley inspirada en la justicia y en el verdadero interés nacional. Pero tememos mucho que no sea, porque los primeros síntomas no ofrecen un panorama promisor. Se quiere imponer lo que llaman una «filosofía de la educación» y que en verdad no parece orientarse hacia otra cosa que la «táctica del monopolio progresivo de la educación».

Para aprobar precipitadamente el Proyecto en su primera discusión se invocó el poco tiempo. No hay mucho tiempo, dicen, para discutir. Y nosotros preguntamos: ¿culpa es de quién? ¿Por qué no fue presentado el Proyecto en alguno de los tres meses del tiempo normal de sesiones? ¿Por qué se ha esperado que transcurriera casi todo el primer mes de la prórroga? ¿Es que puede decirse que se está educando con ejemplo, cuando el ejemplo que se da es el de lentitud para estudiar y ligereza para decidir?

Lento ha sido el estudio administrativo si se piensa que desde hace más de un año existe el compromiso de presentar un proyecto orgánico y bien fundamentado de Ley de Educación Nacional. Ligera se pide la decisión de la representación popular, cuando se exige que las Cámaras Legislativas decidan en un mes todos los problemas fundamentales que se le plantean en torno a nuestro sistema educativo. ¡Quince días para cada Cámara! Ese es el término que, confiado sin duda con el apoyo irrestricto de la mayoría, ha impuesto al Congreso Nacional autoritariamente el ciudadano Ministro de Educación.

Quince días para cada Cámara. Cualquiera consideraría exagerado decirlo. Pero no lo verá así quien lea el artículo 117 del Proyecto, según el cual, «Esta Ley entrará en vigor el diez y seis de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho». El Proyecto fue enviado el 12 de agosto a la Cámara de Diputados. Para el 15 de septiembre debe haber aparecido en la Gaceta Oficial. Dentro del término tiene que transcurrir el procedimiento de estudio y discusión por las Cámaras Legislativas, la firma por el Presidente de la República, e impresión por parte de la Imprenta Nacional. ¡Un «tour de force»!

En resumidas cuentas, las Cámaras Legislativas han recibido del Ministro Prieto un encargo para el 16. Mientras menos discutan, mejor. Mientras menos analicen, mejor. Para eso está el Ministerio, para analizar y pensar por los representantes del pueblo. Con gentileza ARS, el Ministro le dice sin mucho disimulo a las Cámaras Legislativas: «permítame pensar por usted». Y es tan así, que no para que el Congreso no entre en quebraderos de cabeza, considerando planes de estudio, el Proyecto sugiere que se deje todo eso al Ministerio.

Si los estudios de primaria (o «primer ciclo») han de durar seis, ocho o diez años, eso lo resolverá el Ministro: la Ley se reducirá a expresar que serán «seis grados por lo menos». Lo mismo con la enseñanza media. Lo mismo, tal vez (la Ley tiene en esto oscuridades atemorizantes) con la Universidad.

En cualquier República donde el Parlamento se estime, lo menos que se habría formulado por parte de los voceros de todas las fracciones, sería una protesta contra el Ministro. Es una falta de respeto, eso de enviar un Proyecto tan fundamental el 12 de agosto, con la exigencia implícita de que esté «listo y despachado» para el 16 de septiembre.

Y lo peor es que una Ley que lo deja todo al Reglamento, se encarga para el 16 a fin de que rija en los nuevos cursos que se inician. Pero sale la Ley y la falta de reglamentación dejará sus disposiciones en el aire. A menos que se tengan ya «entaparados» los Reglamentos que van a promulgarse, y una sesión relámpago del Consejo de Ministros esté dispuesta a darles el espaldarazo, para rivalizar en ligereza con la ligereza que se está exigiendo del más alto Poder de la República.