Allanamientos

Columna CONSIGNAS, publicada en el diario El Gráfico.

 Están a la orden del día. Los de hogares honorables, a merced de que cualquier imbécil del Servicio de Investigaciones los considere sospechosos, y los parlamentarios, al arbitrio de caprichosas interpretaciones jurídicas. Ni unos ni otros honran al Régimen. En cualquier país civilizado constituirían medidas de tanta gravedad que sólo se explicarían en situaciones de una peligrosidad desbordante y sólo se usarían por su eficacia decisiva para determinar la salvación de un pueblo.

Aquí la cosa es más sencilla. Se allana el hogar de una dama honorable, se la requisa minuciosamente en altas horas de la noche, se turba la paz doméstica, esa garantía fundamental sobre la que se han escrito inmensidad de volúmenes en la vida de los pueblos, y después, al no encontrarse nada, la explicación es muy sencilla: «lo sentimos mucho, ha sido una información errada». Si hubieran encontrado siquiera una escardilla o un machete, la justificación habría sido brillante: «se encontraron armas en la casa de tal o cual familia».

Para el allanamiento parlamentario, el pretexto ha sido todavía más insustancial. Opiniones emitidas en el campo de la vida política por un parlamentario, apreciadas por un joven a quien se le ha asignado triste iniciación en la vida política como Fiscal del Ministerio Público, van a servir para que un voto de dos terceras partes, asegurado de antemano, ponga a un Senador de la República a la orden de los Tribunales. Es un vacío de la Constitución. Es una destrucción total de la inmunidad parlamentaria. No debe hallarse muy satisfecho el actual Procurador Pérez Guevara de haber llevado al texto de la Constitución un privilegio tan endeble para los miembros del Poder Legislativo. Estos quedan a merced del capricho oficial. Sin pronunciamiento, siquiera, de un Juez: por una simple interpretación de un escrito, las dos terceras partes de las Cámaras pueden aniquilar totalmente el derecho parlamentario de la Oposición.

Yo he leído los artículos del Senador Pulido Villafañe que se utilizan como pretexto para su allanamiento. Si fuera Juez, confieso que me costaría trabajo condenarlo. El delito de instigación a delinquir no se cumple con vagas y genéricas frases. Supone el señalamiento de un hecho delictuoso y la inducción a que ese hecho se cometa. Si es que había otro fundamento para solicitar el que al Senador suplente por el estado Táchira se le despoje de su fuero parlamentario, más honrado, menos totalitario, hubiera sido señalarlo.

La Oposición ha protestado y tiene que seguir protestando en toda forma contra el sistema de los «allanamientos». Un Gobierno fuerte, que gasta tanto dinero en policía, se arriesga mucho menos respetando la inmunidad de un Senador (y hay que ver la vigilancia y espionaje que se tejen alrededor de los parlamentarios de la Oposición) que desafiando la conciencia jurídica de la Nación.