Protección social y rendimiento
Columna Consignas de Rafael Caldera, publicada en el diario El Gráfico, el 28 de agosto de 1949.
Cada vez que en la vida del país un periódico de demagogia hace crisis, no faltan las voces airadas que se vuelven contra las leyes protectoras del trabajo, considerándolas culpables de la falta de producción, de la intranquilidad social, del desajuste.
Cuando terminó el primer bienio del Gobierno de López Contreras, por ejemplo, esa campaña se hizo muy fuerte. Después de 27 años de la más férrea dictadura, López había abierto las válvulas a la inquietud nacional en diciembre de 1935; y al cabo –más o menos– de dos años había impuesto, a través de medidas restrictivas, hábilmente dosificadas, una especie de paréntesis forzoso en las actividades públicas más agitadas, como para levantar balance de lo hecho y pensar más serenamente en lo que había de hacerse. Fue entonces cuando más se habló y lloró contra las leyes del Trabajo, promulgadas en 1936; pero el Gobierno tuvo el acierto de no confundir la gimnasia con la magnesia: no confundió la agitación política con la reforma social y cuando refrenó aquélla no cerró el cauce oportunamente abierto a ésta.
La situación actual no deja de tener parecidos con aquella. Así como López Contreras, el mismo López Contreras que abrió con su mano las válvulas de diciembre de 1935, fue quien las fue cerrando desde mediados de 1936 para irlas reabriendo poco a poco hacia fines de su período, así los militares, los mismos que en octubre de 1945 entregaron a AD el gobierno de Venezuela, fueron quienes por su propia mano quitaron a aquel partido del mando, lo disolvieron por decreto, enviaron fuera del país a sus líderes y se encuentran hoy con el problema de cómo devolver a la Nación el goce de su vida institucional.
Entre los dos momentos, de innegable similitud en algunos lineamientos, el de antes tenía la ventaja de contar con un orden constitucional, en gran parte ficticio, pero que servía en aquel momento como base para la progresista reorganización política de la República. Pero el de ahora cuenta con la ventaja de una conciencia popular más madura, de una experiencia nacional más intensa, factores que es indispensable valorizar y aprovechar para ganar el puente, el nuevo puente hacia la constitucionalidad efectiva.
He hablado de ambos parecidos, porque en uno y otro momento escuchamos de parte de gente desorientada, pero interesada en hacerse oír, el mismo comentario adverso a la legislación social. Y así como nos tocó defender entonces las leyes obreras, ganadas para la Nación en uno de los momentos por ello más felices de su historia, es necesario hoy hacer la misma defensa, repetir conceptos sustanciales, afirmar los mismos principios, para que hoy tampoco se les ponga oídos y se mantenga sin vacilaciones una clara línea de progreso social.
Reincidimos a conciencia, hoy, en la defensa de nuestro sistema de protección social. Y al hacerla no desconocemos los daños que la demagogia ha hecho en el campo de la producción. Admitimos que la agitación ha hecho más daños a la producción, y a los propios trabajadores, que cualquier otro factor. Sabemos muy bien los excesos de intemperancia y negación donde se ha querido arrastrar al trabajo, factor primordial en el progreso humano, función social eminente en la vida de los pueblos. De cerca, muy de cerca hemos podido presenciarlo, al ver cómo en alguna empresa, fundada con un solo propósito idealista y sostenida con los mayores sacrificios, directivas sindicales inspiradas en intereses partidistas han querido imponer las más vejatorias situaciones. De no haber habido un propósito firme de luchar hasta lo último por servir un ideal colectivo, ya la torcida demagogia de algunos dirigentes sindicales, envenenando a sus trabajadores para que no cooperen en la salvación de la obra de la cual derivan su sustento y el de sus familiares, habría desaparecido: una empresa modelo, en trato y remuneración a sus obreros. Y ello hace pensar cuántas actividades, que podrían haber ayudado a remediar el déficit venezolano, que podrían con un poco de compresión haber tenido desarrollo próspero, habrán dejado de rendir esa actividad útil por efecto de la obcecación de quienes no comprenden la responsabilidad mancomunada de echar una Patria hacia adelante.
No se diga, por tanto, que ignoramos la otra cara del problema. Sabemos que por la cara de la empresa y del interés nacional, no siempre es infundada la queja contra la falta de rendimiento, que se traduce en merma de producción. El propio Rómulo Betancourt, dirigente de un partido de agitadores, hubo de señalarlo en sus últimos discursos, quejándose contra esa deficiencia que sus conmilitones alentaban. El propio don Rómulo Gallegos, víctima de sus mismos compañeros, se vio obligado a llevar a su Mensaje ante el Congreso Nacional el gráfico vocablo criollo «manguareo». El doctor Manuel Pérez Guerrero, en su defensa póstuma del régimen al que sirviera como «independiente», reconoce la falta de una campaña educativa que conjurara la crisis del rendimiento. Pero la falta de rendimiento no se cura destruyendo las legítimas ganancias hechas por el pueblo de Venezuela en su camino de mejoramiento social.
Protección social y rendimiento, son los dos términos de un binomio fundamental para el progreso de Venezuela. El trabajo (lo demostró la historia antes de que las doctrinas económicas lo reconocieran) es fuente y base indispensable del desarrollo de una sociedad. Si el trabajo no tiene garantía, seguridad y protección, es inútil gastar dinero, porque no habrá efectivo progreso. Si el trabajo no rinde el fruto de su esfuerzo, no habrá prosperidad (o la habrá puramente ficticia); no habrá producción; y los salarios nominales del trabajador, aumentados sistemáticamente por malabarismo de la demagogia, no se convertirán en comida y bienes baratos y abundantes, para adquirir y mejorar.
Protección social y rendimiento. Los marxistas y los demagogos hablan de la primera, a sabiendas de que no podrán lograrla, sólida y sincera, mientras estén a toda hora y en toda forma aniquilando el segundo. Los egoístas y utilitarios claman por el segundo, pero nunca podrán obtenerlo por su abierta enemistad a la primera. La fórmula está en los dos factores: rendimiento, para que haya producción y bienestar; protección social, para que haya estabilidad y armonía.
La consigna de muchos trabajadores de Venezuela, inspirados en las ideas socialcristianas, está representada en ambos términos: están dispuestos a defender ardorosamente sus derechos y prestaciones sociales y, al mismo tiempo, están dispuestos a dar sin tacañería el fruto generoso de su esfuerzo. Ellos saben que las grandes corrientes obreras del mundo se orientan cada vez más en este sentido. Y por eso se encuentran convencidos de que sólo cuando se inculque ese binomio, reflejo en el mundo laboral del eterno binomio derecho-deber, se ganará para la Patria la base de justicia que reclama.