El Concejo y los Partidos
Columna Consignas de Rafael Caldera, publicada en el diario El Gráfico, el 25 de diciembre de 1949.
Aunque tímido aporte en el proceso hacia la institucionalidad, el Decreto por el cual se restableció el funcionamiento de los Concejos Municipales ha ofrecido ocasión para cierto ajetreo político. Con motivo del nombramiento de los Concejos, un importante diario ha exornado su primera plana con noticias y conjeturas acerca de la actitud de los partidos, y no han faltado comentarios, en otros, acerca del papel que los militantes partidistas pueden hacer en los cuerpos recientemente creados.
Por otra parte, quienes desde hace ya para cuatro años vienen tratando de lograr una interpretación sobre la posición de URD en la política venezolana, han encontrado un nuevo obstáculo para entender la actitud de aquel partido. Porque, en momento en que todos hablan de la necesidad de conjugar esfuerzos en un plano nacional para sortear las inocultables dificultades del momento, los urredistas aparecen como exigiendo condiciones de unilateralidad. Y mientras hablan de «mayoría liberal y democrática», se exhiben como prestos a desconocer mayorías limpiamente ganadas desde la oposición por un grupo como COPEI, que si antes reclamó la condición de intérprete de la voluntad nacional, ahora sería el que podría invocar la condición del partido más fuerte y de mayor arraigo en el pueblo venezolano.
Es difícil para los partidos fijar su posición frente a estos nuevos Concejos Municipales. La circunstancia de tratarse de un período de facto, durante el cual la fuerza del Ejecutivo deja circunscrita a límites muy estrechos la acción de los demás Poderes, hace muy delicada la conducta de un miembro de partido en un cuerpo municipal. Pero, por eso mismo, por ser los concejales nombrados por los gobernadores –mientras se hace una elección popular– la presencia de los representantes de partido en los concejos se hace indispensable. Pues ellos gozan de relativa autonomía, por tener su fuerza política –aunque los designen los Gobernadores– en otra fuente distinta ante la cual responden: el partido del cual forman parte.
Por otro lado, cuando alguien dice que los representantes partidistas hacen política en los concejos mientras que los otros van a trabajar por la colectividad, sólo se dice una verdad muy relativa. La clase de política que podrán hacer en los Concejos, y especialmente en circunstancias como éstas, es únicamente abogar por las necesidades populares. Lo que es cierto es que, quienes representan intereses programáticos en los cuerpos edilicios, tendrán que cuidar más que los otros su conducta, interesarse más por los asuntos municipales, velar mejor por las necesidades colectivas, si aspiran a asegurar la popularidad del grupo a que pertenecen.
Desde un punto de vista muy radical podría pensarse (y esta es otra objeción apuntada) que mientras los Concejos no gocen de su pleno régimen autonómico, los miembros de partidos como COPEI, que defienden la autonomía municipal, no deberían asistir. El argumento es fuerte. Pero, como en otros casos de la vida política, la razón más poderosa para desecharlo está en el reverso. En que esa ausencia constituiría factor de retroceso, que contribuiría a alejar el objetivo de la regularización de la vida pública venezolana.
Quizás las dificultades apuntadas, confrontadas por ellos también, sean las que hayan decidido a los urredistas a adoptar la actitud que han tomado en el presente caso. Quizás el deseo apresurado de controlar posiciones también contribuya al desplante. Los titulares de las informaciones periodísticas han aprovechado la cosa, para enfrentar URD a COPEI. «No irán con COPEI», es la afirmación que en el público queda como saldo. A lo menos que en cada Concejo «predomine una tendencia liberal y democrática», por supuesto, calificada por ellos.
Si a reclamar predominios fuéramos, la situación sería otra. Hablemos de casos concretos. Antes del 24 de noviembre, COPEI tenía 6 concejales en el Concejo Municipal de Caracas y URD sólo 1. Ahora, en la Municipalidad más importante de la República, a COPEI sólo se han reconocido dos asientos, y URD tiene dos. ¿Será esto lo que URD considera manifestación de un criterio liberal y democrático, puesto que sus representantes no se han retirado de dicho Cuerpo?
Antes del 24 de noviembre, COPEI ganó en recia brega, mayoría en casi todos los Concejos Municipales del Táchira y de Mérida, y en un Distrito del estado Trujillo. No podemos admitir que haya razón ética que permita negar la efectividad de aquellas mayorías. En el estado Trujillo nuestra representación –pese a la persecución y maniobras oficiales– llegó antes casi a 1/3 de los votos; en el estado Barinas, por poco igualamos la representación oficial en varios distritos; en Libertad, de Anzoátegui, nos faltaron unas docenas de votos para hacer mayoría. En las elecciones al Congreso, nosotros obtuvimos diputados por los estados Lara, Zulia, Falcón y por el cociente nacional por Carabobo, Miranda, Aragua y Yaracuy. Fuimos el único partido de oposición representado en las legislaturas de Apure, Bolívar, Guárico, Portuguesa, fuera de los otros estados en que enviamos miembros a las Asambleas Legislativas. ¿Sería «liberal y democrático» negar a COPEI el carácter de grupo, el más fuerte de la oposición, ganado en lucha cívica contra la cerrazón hegemónica que desde el poder representaba Acción Democrática?
Tengo la impresión de que el propio comando urredista no debe estar satisfecho con la alharaca y el desplante. En especial, nada más delicado para ellos que definir su permanencia o no en los cuerpos municipales, en funciones de que haya o no «una mayoría liberal y democrática». Eso de clasificar la gente en el país, en dos grandes grupos: el de los «democráticos» y el de los que no lo son, y hacerlo en función de la simpatía de cada uno, no es conveniente ni justo. Recuerda lo del «ala luminosa» y «ala opaca», inventado por Andrés Eloy Blanco, con gusto de algunos pedevistas, para pulverizar el PDV.
Y, sobre todo, hace gravísima la responsabilidad urredista, porque su presencia en una u otra posición ya no podrán justificarla por razones de deber cívico o de conveniencia nacional, desde luego que han escogido frente a los Concejos un criterio valorativo. Donde ellos estén, tiene que ser porque atribuyen un sentido liberal y democrático a la integración mayoritaria. Y ¿dónde no estén? Donde no estén será porque predomina una tendencia antidemocrática y antiliberal. A menos que fuere porque… porque no los hayan llamado.
En toda forma, las elecciones dirán la popularidad de cada quien. Lo interesante es que, para entonces, se concurra con democrática tolerancia y con amplitud respetuosa, a lo que debe ser un certamen cívico y un ejercicio de responsabilidad ante el futuro.