¿Dos nuevos ministros?

Columna Consignas de Rafael Caldera, publicada en el diario El Gráfico, el 25 de junio de 1950.

Con marcada insistencia ha venido hablándose en los últimos días de la creación de dos nuevas carteras: Justicia y Economía. A la primera se asignarían la actual Dirección de Justicia, y los ramos de Cárceles y Penitenciarías, Registro Público y Cultos; a la segunda, el actual Despacho de Fomento, excepción hecha del ramo de Minas y Petróleos, y alguna parte del de Hacienda, la relativa a Bancos especialmente.

La noticia, según lo observaba agudamente en uno de sus «Renglones» Luis Herrera Campíns, sería muy grata para los aspirantes a la fronda burocrática. Dos nuevos Ministerios significan, por lo menos, además de dos cargos de Ministros, dos Direcciones más de Gabinete y dos Direcciones más de Administración, con sus Jefes de Sección, Jefes de Servicio, Oficiales clases «A», «B», «C», y «D», porteros, automóviles y choferes para Ministros y Directores, amén de las Consultorías Jurídicas y demás accesorios indispensables a cada Despacho ministerial. Y no faltaría su cierto estímulo a otras actividades económicas: pues se consumiría más papel, más gasolina, más mobiliario, se organizarían nuevas bibliotecas, se publicarían más avisos, se necesitarían más máquinas de escribir, en fin, todos los objetos comprendidos en ese capítulo que bajo el rubro de «gastos variables» aparece en el Presupuesto de cada Ministerio.

Ante esa perspectiva, redondeada en algunos millones, vale la pena preguntarse si es necesaria u oportuna la creación de dos nuevos Despachos. Mi impresión, franca y llana, es que no. Y a muchas personas he oído la misma opinión: dos Ministerios más no se necesitan; o, por lo menos, no se necesitan ahora.

Veamos el Ministerio de Justicia. Es necesario darse cuenta del problema que será la creación de una cartera con la función aparente de lograr que los Tribunales marchen mejor. En un país proclive al ejecutivismo, ¿no significaría eso forzar a una intervención directa y constante del Gobierno sobre los Tribunales? Ya podemos imaginar lo que será el acudir de litigantes al Despacho del Ministro, a quejarse de que los jueces han decidido mal; a suplicarle intervenir para que se decida en favor suyo. El Ministro de Justicia, en sus largos ratos de descanso, repasará su presupuesto: y al hallar «Poder Judicial», fácilmente creerá que cada uno de los cargos que allí se mencionan corresponden a empleados suyos, a quienes está en el deber de dirigir.

Un Ministerio de Justicia es una solución menos lógica a los problemas de la Judicatura, que otras estudiadas con anterioridad. La Fiscalía General de la Nación y el Consejo Supremo de la Magistratura serían más apropiados y eficaces para la vigilancia de la administración de justicia, por un lado, y para la selección de magistrados y resolución de cuestiones técnicas, por el otro. En pro de esos organismos hemos luchado con sobra de argumentos. Proposición copeyana fue la creación de la Fiscalía General de la Nación en la Constitución de 1947, y hubo de ser acogida porque no puede negarse la conveniencia de dejar a la actual Procuraduría solo sus funciones específicas de representar la Nación y resolver consultas del Gobierno, y quitarle el Ministerio Público Fiscal, que requiere atención constante y exclusiva.

Proposición nuestra fue también la de crear un Consejo Supremo de la Magistratura, «a fin de asegurar la independencia, eficacia y disciplina del Poder Judicial y la efectividad de los beneficios en éste de la Carrera Administrativa», es decir, para alejar de la lucha política la Administración de Justicia, todo lo contrario de lo que ocurriría con la creación de un Ministerio, organismo esencialmente político, para entenderse con el ramo.

La primera Asamblea Nacional de Funcionarios Judiciales (reunida en Caracas en enero de 1950 por iniciativa de la Corte Federal y de Casación), cuyo parecer debería tomarse en cuenta, se pronunció por la brillante ponencia presentada a favor del Consejo Supremo de la Magistratura por el doctor E. Agudo Freytes, con apoyo de numerosos juristas.

En cuanto al Ministerio de Economía aparecen razones más fuertes pero no decisivas. Al menos en cuanto a la oportunidad. El actual Ministerio de Fomento puede perfectamente ocuparse de los asuntos que le competen. Y si se le considera recargado, podría pensarse en pasarle algunos asuntos a Hacienda y en atribuir la Estadística al Ministerio de Comunicaciones.

Sea en esta, o en otra forma, lo conveniente es estudiar una redistribución de materias. El tránsito terrestre, por ejemplo, no tiene porqué pertenecer al MRI, una vez creado el Ministerio de Comunicaciones. La Dirección de Seguridad y Extranjeros podría escindirse en dos direcciones, pero al mismo tiempo la de Seguridad podría absorber la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, simplificándose los trámites del ramo. El Archivo General de la Nación podría pasar al MEN. Y así, los Ministerios más congestionados podrían ir desprendiéndose de ciertos ramos, buscándoles un acomodo más cónsono.

En todo caso, de pensarse en crear nuevos Despachos, ello debió hacerse este mes, para entrar en vigor el 1º de julio. Porque preparar un Presupuesto y resolverlo todo a las pocas semanas de entrar en vigencia, no se concibe. Sobre todo, cuando no hay una holgura financiera tal que permita el lujo de distribuir las previsiones presupuestarias y recargarlas en comienzos de su ejecución con pesados créditos adicionales.