El ejecutivo colegiado o plural y el consejo consultivo, propuestos

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política», trasmitido por Radio Caracas Televisión los jueves a las 10 pm..

Actualmente, con la cercanía de la fecha de las elecciones, se va haciendo mucho más agudo el interés al respecto y aparecen con frecuencia informaciones que pueden oscurecer un poco el ánimo público y que me llevan esta noche a referirme al tema del Ejecutivo Colegiado.

Quisiera decir, sin embargo, antes de entrar en materia, que tanto COPEI, el Partido Socialcristiano de Venezuela, como yo personalmente, hemos sido partidarios desde el primer momento de la idea de poner de acuerdo a todos los grupos en un candidato unitario, a fin de evitar las circunstancias de un debate electoral. En esta posición coincidieron, Integración Republicana y –a pesar de la diferencia ideológica con COPEI– el Partido Comunista.

Sin embargo, esta tesis sostenida durante largos meses, ha venido tropezando con una serie de inconvenientes bastantes serios: jefes de los más importantes partidos políticos dijeron que la candidatura única tendría tufillo plebiscitario y que lucharían con toda su fuerza para impedir que al pueblo se le impusiera votar por un solo candidato, y personalidades eminentes, en posiciones desde las cuales se influye poderosamente sobre la opinión, como el Presidente de la Junta de Gobierno, Contralmirante Larrazábal, o el doctor Rafael Pizani, actual Ministro de Educación, o como el doctor Carlos Morales, hombre muy considerado y muy respetado en la opinión pública, han insistido en que no debía haber un solo candidato. Hasta ayer no más, el Contralmirante insistía en que debía haber candidatos y hasta daba el nombre de las personas que debían ser postuladas por los diversos grupos.

La Convención de COPEI y su posición ante la candidatura, el Ejecutivo Colegiado y el Consejo Consultivo

Hoy está ocurriendo una cosa singular, la Convención de COPEI, convocada con toda la tardanza posible porque queríamos llegar a conclusiones concretas y que no pudo retardarse más porque había un anhelo nacional por conocer la decisión de los partidos sobre la o las candidaturas presidenciales –expresión esta usada por el Comité Sindical Unificado Nacional cuando visitó la Casa de nuestro Partido–, se abocó al problema y adoptó la determinación, ante la actitud clara de los otros grupos, de sostener la candidatura mía para la Presidencia de la República, por considerarla una candidatura de unidad.

Esta candidatura, lanzada por un grupo de independientes y que ahora cuenta con el respaldo, para mí sumamente honroso y valioso, de los hombres de Integración Republicana –a quien nadie podrá negar su altura de miras, su gran equilibrio temperamental y una actitud moral por encima de toda sospecha–, se encajó dentro de los requisitos que se habían señalado como condiciones para que una candidatura fuera considerada de unidad.

Al mismo tiempo, la adhesión del Partido a la tesis de una candidatura unitaria se manifestó en tal forma –y lo ratifiqué yo expresamente al aceptar la postulación en el Nuevo Circo de Caracas–, que estaríamos dispuestos a ponerla a un lado si todos los grupos políticos en forma unánime acordaban la postulación de un candidato para evitar el debate electoral.

Nuestra Convención estudió a fondo las circunstancias políticas y los diversos planteamientos y se pronunció de una manera inequívoca contra la candidatura del Contralmirante Wolfgang Larrazábal, expresando que no lo hacía por razones personales, porque la persona de Larrazábal nos es simpática e incluso le reconocemos una actitud en general bastante favorable a los intereses de la democracia durante estos meses de régimen provisional, sino por razones muy serias que consideramos de principio y que tienen una gran importancia para Venezuela.

Se pronunció también la Convención contra la fórmula del Ejecutivo Colegiado, cualquiera que fuera la manera como se lo concibiere, y expresamente contra la idea de un Consejo Consultivo que ya había sido asomada en el campo político por otro partido.

Ahora resulta que por uno de esos avatares de la política, como dijera mi apreciado amigo Rómulo Betancourt, Acción Democrática y Unión Republicana Democrática se han puesto de acuerdo precisamente acerca de los dos puntos previamente rechazados por COPEI: la candidatura de Larrazábal y el Consejo Consultivo, y se tiende a crear una atmósfera que supongo no está inspirada en ninguna intención de mala fe, pero que es evidentemente equivocada, de que nosotros romperíamos la unidad si no aceptáramos ahora, por el hecho de haberse puesto de acuerdo AD y URD en las dos fórmulas sobre las cuales más precisos pronunciamientos hemos venido haciendo nosotros.

Para quienes hayan presenciado u oído nuestro mitin en el Nuevo Circo, el 7 de octubre, quedaría muy clara esta posición. Nosotros estamos dispuestos a llegar a un entendimiento sobre una candidatura unitaria si ello es posible, pero dijimos muy claramente que no estábamos, ni estamos, esto lo ratifico de una manera muy formal, dispuestos a ceder ante ninguna presión de cualquier naturaleza que ella sea, para aceptar como fruto de una imposición tesis que reflexivamente, con mucha calma, con mucha serenidad y pensando en los intereses del país, hemos rechazado.

Mantenemos, pues, nuestra posición unitaria, que no ha sido circunstancial sino que ha sido constante, y así pensamos que la candidatura del doctor Martín Vegas estuvo a un paso de convertirse en una fórmula que nos habría ahorrado muchos tropiezos y contra la cual no han sido opuesto argumentos, y los pocos que han sido asomados se les podrían oponer en  mayor escala a otros candidatos que han sido auspiciados por quienes la rechazaron. Pero, así como al no prosperar la candidatura de Vegas porque un solo partido no quiso admitirla, no pensamos ni por un momento en coaccionar a ese partido para imponer un entendimiento que sabemos debe ser espontáneo, mucho menos estaríamos dispuestos en este momento –y esto debo decirlo son esguinces ante la nación– a ceder a ningún movimiento de presión para llegar a un entendimiento sobre puntos en los cuales nuestro criterio es el de que no son convenientes para el país.

La candidatura de Larrazábal

Acerca de la candidatura del Contralmirante Larrazábal se han expuesto por parte de COPEI numerosos argumentos, con la circunstancia que hemos dado instrucciones a nuestra militancia para evitar en todo lo posible alusiones de carácter personal en relación al Contralmirante y que al mismo tiempo hemos ratificado y ratificamos el apoyo al gobierno que él preside; que si, por ejemplo, hubiera mañana una emergencia, nos encontraría a su lado, como nos ha encontrado el 22 de julio o el 7 de septiembre, haciendo frente a cualquier empeño en perturbar el orden democrático; pero que nosotros consideramos que esa candidatura, por razones muchas de ellas de un valor histórico que no se puede desconocer, no es conveniente si queremos reiniciar sobre bases firmes la estructuración del poder civil en Venezuela. Y al decir poder civil quiero expresar aquí lo que le dije al Contralmirante Larrazábal cuando conversé con él ayer tarde, por invitación suya, en el Palacio Blanco: no es que abriguemos prejuicios contra los militares, ni que tampoco estemos dispuestos a hacer una clasificación entre militares buenos y militares malos, entre militares de tendencia civilista y militares de tendencia anti-civilista, ¡no, nada de eso! Es que creemos que al Ejército y al país le conviene el que de una vez por todas se sepa que la profesión militar es una profesión apolítica, que el destino del militar es muy elevado, pero tanto más elevado, tanto más importante para el país cuanto más alejado esté de la mezcla, de la inmiscuencia dentro de los accidentes de la vida política.

Sobre el Ejecutivo Colegiado o Plural

No vengo, pues, esta noche, a repetir argumentos sobre el punto anterior, que ya ha sido suficientemente tratado, pero creo necesario hacer una exposición más o menos rápida, como lo permite la duración de este programa, de las razones principales por las cuales nosotros creemos que cualquier fórmula de Ejecutivo Colegiado o Plural, así sea bajo la fórmula un poco eufémica del Consejo Consultivo, no es conveniente para el país, y si creemos que no es conveniente para el país, no estamos dispuestos a apoyarla.

Debo previamente observar una circunstancia y es la de que nosotros creemos que cualquiera que sea la persona que resulte electa Presidente de Venezuela en el próximo período debe realizar un gobierno de equilibrio, de unión, con un gabinete en el cual estén integradas las principales fuerzas políticas; que tenga, pues, una plena conciencia para solicitar y recibir respaldo de las fuerzas políticas sin comprometer la libertad de éstas y que, al mismo tiempo, dé seguridad de gobernar, no para un grupo, ni para una secta, ni para un equipo, sino para todos los venezolanos.

De manera que nuestra oposición al Colegiado arranca previamente de esta aclaración: no pensamos en que el Presidente deba gobernar solo, ni solo con un Partido, debe gobernar con los diversos partidos, buscar su entendimiento, pero no creemos que la mejor fórmula de lograrlo sea el Gobierno Colegiado. Y a este respecto quisiera observar que ya diversos grupos políticos han manifestado opiniones adversas a esa forma de gobierno: el partido URD fue muy enfático contra el Gobierno Colegiado en cualquiera de sus formas; Integración Republicana lo ha sido igualmente; voceros del Partido Comunista han opinado contra el Ejecutivo Colegiado; y, por ejemplo en la tarde de hoy, en un documento que lanzaron la Junta Patriótica, la Federación de Cámaras de Comercio y Producción, la Federación de Centros Universitarios, Gremios Profesionales, Sindicatos, etc., aclararon el deseo, el interés, de una solución unitaria, sin hacer mención del Gobierno Colegiado, exclusión esta que demuestra que hay un criterio bastante claro sobre la materia.

Ahora, el Ejecutivo Colegiado o Plural puede tener dos formas: o bien estar compuesto por diversas personas que son como decir así co-Presidentes, que comparten totalmente la responsabilidad del gobierno plural típico, o bien la existencia de un Presidente con un Consejo de Gobierno, que va a tener la característica especial de arrancar de la misma Constitución y de ser elegido directamente por el pueblo, lo que supone una serie de circunstancias distintas de los Consejos Consultivos tradicionales o de los Consejos de Estado que existen en el orden político y administrativo. Respecto del Gobierno Plural, al principio se hablaba de que hubiera una Presidencia rotatoria, de que cada uno de los miembros del Ejecutivo fuera Presidente durante un año y los demás colaboraran con él, fórmula a la cual nos opusimos por considerarla inconveniente para la administración pública.

En América Latina el único país que ha hecho ensayo de Gobierno Colegiado es el Uruguay, que está a punto de derogarlo. Quedan algunos adherentes teóricos al sistema. La opinión general se ve mucho más claramente adversa a esta cuestión. Acabo de recibir carta de un amigo mío del Uruguay, el doctor Américo Plá Rodríguez, Director del periódico «El Ciudadano», donde me dice que allí se discute sobre modalidades concretas para insistir en los inconvenientes de ella, pero desde luego sobre los inconvenientes del Colegiado está casi todo el mundo de acuerdo.

Eso en el Uruguay. En Suiza ya sabemos que existe un sistema especial, que el General Guzmán Blanco instaló aquí en 1881 hasta la Revolución Legalista de Crespo y que en realidad no era sino un medio desde el cual él aspiraba a seguir gobernando la vida política del país, impidiendo que existiera un Ejecutivo fuerte.

En Venezuela hemos tenido casos de verdaderos Ejecutivos Colegiados y su resultado no ha sido en general muy halagüeño. En 1811 se estableció un Gobierno Plural y su conclusión fue entregar el poder al General Miranda como dictador cuando ya la situación militar y política estaba caótica ante el avance de Monteverde. En 1945 es cierto que hubo una Junta Revolucionaria de Gobierno que duró dos años y pico y que se mantuvo en el poder, pero hubo la circunstancia de que dentro de aquella Junta de siete miembros, cuatro eran miembros de un solo partido político, compañeros de lucha durante muchos años y los presidía quien había dirigido la vida de ese partido durante mucho tiempo. De manera que prácticamente había una unidad dentro de esa Junta Revolucionaria de Gobierno. Además, prácticamente el Presidente de la Junta fue el Presidente de la República, porque los otros seis miembros asumieron carteras ministeriales que absorbían completamente su tiempo y la función de dirigir el Ejecutivo quedaba solamente al Presidente de la Junta.

En 1948 hubo una Junta Militar de Gobierno, que tuvo un trágico fin: el asesinato del Coronel o Comandante para entonces, Carlos Delgado Chalbaud. Y en 1950, en 1952, otra Junta Directiva de Gobierno que terminó en la usurpación de Pérez Jiménez; en el desemboque final, directo, de otros triunviratos en la historia de la Humanidad.

Ahora tenemos una Junta de Gobierno que ha durado nueve meses, a la que hemos apoyado todos los partidos políticos y que ha tenido un respaldo unánime. Esto no ha impedido que hubiera ya varios cambios de estructura en el seno de la misma, que hubieran podido suponer graves crisis si no habría sido por el consenso de tratar de llevar adelante el mantenimiento del régimen provisorio. De modo que la experiencia en este sentido no es halagüeña.

El Ejecutivo Colegiado supone una dilución de responsabilidades que por lo general lleva a la inacción. Cada vez que no se pongan de acuerdo los miembros del Colegiado sobre quién ha de reemplazar a algún Ministro a quien hay que destituir, la conclusión será que el Ministro incompetente a quien se debe reemplazar continúe ejerciendo su cargo por falta de acuerdo sobre el sustituto. Y así sobre otra serie de problemas de la administración, a menos que tendieran a formarse bloques internos, lo que sería de mucha mayor gravedad, porque en el momento que dentro del Ejecutivo Colegiado se formara una mayoría de votos que sistemáticamente excluyera los derechos de alguno de los miembros, el Colegiado estaría herido de muerte. Y estas cosas no es que suponen de parte de nadie mala fe, sino al contrario, partiendo de la mejor buena fe del mundo se plantearán necesariamente en el lapso de cinco años, porque cinco años de vida política son muchos en un país cualquiera, y habrá momentos, ocasiones o problemas en los que haya diferencias más o menos importantes de criterio entre partidos distintos.

Sobre el Consejo Consultivo

La otra fórmula que ha aparecido ahora es la del Consejo Consultivo, y se pregunta la opinión pública si ese Consejo Consultivo con esas características especiales va a ser un Consejo Consultivo decorativo. Si va a ser un Consejo Consultivo con poder, va a repetir en mayor o menor escala los mismos problemas del Ejecutivo Colegiado anteriormente expuestos. Si va a intervenir, ese Consejo Consultivo, en la designación de Ministros, de Gobernadores, en la adopción de los puntos principales de la política, va a haber una serie de puntos en los que posiblemente el resultado va a ser la inactividad en la administración. Pero, por otra parte, lo que nos parece de mayor gravedad es que ese Consejo Consultivo va a significar ante la opinión pública una especie de Consejo de Tutela para el Presidente de la República, lo que le va a quitar autoridad, y tenemos la firme convicción, por razón de la experiencia, que los gobiernos democráticos deben gozar de autoridad suficiente, de suficiente respeto, precisamente para ponerse a salvo de las contingencias que puedan surgir.

Quitarle autoridad al Presidente es dar argumentos a los enemigos de la democracia, de modo que es preferible robustecer su autoridad, y los jefes de partidos que serían llamados al Consultivo lo harían desde fuera con toda libertad y con toda sinceridad, antes que coartar su autoridad y presentarlo mal ante la opinión pública. Aparte de los conflictos internos que puedan presentarse en muchas ocasiones y que pueden crear verdaderos conflictos de conciencia, porque un miembro del Consejo Consultivo que no esté de acuerdo en un punto que considere sustancial se verá ante el caso de salvar el voto ante la opinión pública y dar la sensación de una crisis en el gobierno, o de quedarse callado y tener que soportar cuestiones que para él signifiquen algo fundamental.

Si a estos Consejeros se les va a dar rango de «Designados», se crea un problema nuevo. «Designados» es una expresión que existió en nuestro Derecho Político y existe en la hermana República de Colombia, que equivale a la Vicepresidencia. Esos tres Vicepresidentes, no creo yo que aumentarían la fuerza del gobierno sino que más bien la disminuirían. Ahora, si el Consejo Consultivo va a ser algo decorativo, entonces va a ser dañino para el país, va a ser desorientador, y al fin y al cabo contribuirá al descrédito de la democracia, va a ser nada más que una fórmula hueca que se ha buscado para llenar determinada finalidad política inmediata. En resumen, va a ser, como hemos dicho en más de una ocasión, resolver un problema político inmediato al precio de crear un problema político para cinco años de duración, cosa que evidentemente no consideramos recomendable.

Por otra parte, hay precedentes inmediatos que no revelan la existencia de un clima muy favorable para el funcionamiento del Consultivo. Recordemos que los partidos muchas veces planteamos a la Junta presidida por el Contralmirante Larrazábal en esta situación transitoria el que se aceptara Ministros sin Cartera que representaran el criterio de los partidos en el Gabinete y esto no se pudo conseguir. Hubo resistencia de toda forma a la inclusión de los Ministros sin Cartera, y en más de una ocasión, jefes de partidos (que no he sido yo) han expresado su queja porque el gobierno llama a los partidos en determinados momentos para consultarles determinados problemas, pero en general no toma en cuenta ese valor consultivo de los grupos políticos en aspectos fundamentales de la vida del país.

Por otra parte, el establecimiento del Consultivo significa para quienes han hablado de plebiscito sobre el entendimiento de un candidato único, un verdadero plebiscito. Un plebiscito que le impondría al país votar, no ya por un candidato, sino por un sistema nuevo de gobierno. Un plebiscito que tendría, además, en su existencia, un aspecto grave: el de ser decretado por una Junta presidida por el mismo ciudadano que iría a presidir el cuerpo resultante del plebiscito. Esto podría tener, pues, un aspecto de aclamación, del plebiscito, que no consideramos conveniente para el país.

Unidad sincera

A nuestro modo de ver, si se quiere apoyar un candidato presidencial, se le debe apoyar claramente, sinceramente, sin rodeos, no crear la conciencia de que a ese candidato se le apoya con la condición de menoscabar sus facultades, lo que daría la impresión de que no se tiene confianza en él, de que se le está apoyando sin seguridad de su capacidad y de sus méritos. Sería profundamente desorientador para la opinión pública que un partido o varios partidos se presenten al pueblo y le digan «apoyamos a este señor para Presidente de la República, pero no tenemos confianza en él y por eso condicionamos este apoyo, limitando sus facultades». Limitación por cierto que se pretende con una figura que no encaja dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Es más claro y más noble el camino de ir directamente al fin que se desea. Por lo demás, somos partidarios de la unidad, pero no creemos que la unidad tenga un nombre y apellido, la unidad es un estado de conciencia.

Este Colegiado tendría, además, nombres y apellidos que pueden dar motivos para que en el sentimiento del pueblo, con el derivar de las cosas políticas, se piense que los jefes de partidos, ante la imposibilidad de cada uno de nosotros de obtener la Presidencia, hemos optado por tener todos una parte de la Presidencia, cosa que no nos daría la autoridad moral necesaria para poder ejercer una función rectora en la vida política del país.

Nosotros no creemos, pues, que si no nos ponemos de acuerdo en un solo candidato debamos crear un árbitro de la fábula, sino que es preferible que cada uno diga su opinión con sinceridad y que dentro de esta sinceridad se busque una solución favorable.

A mi modo de ver, el único argumento nuevo que ha surgido después de rechazada muchas veces la tesis del Consultivo es la candidatura de mi amigo Rómulo Betancourt, y francamente no creo que le conviene al propio Betancourt esa posición que se trasluce del lanzamiento de su candidatura como en forma de una amenaza: o se acepta el Colegiado o si no va a ser candidato Rómulo Betancourt.

Yo he opinado con toda franqueza y con toda sinceridad lo que siento acerca de la candidatura de Betancourt, porque a mi modo de ver no es la hora histórica de esa candidatura, pero yo pienso que ante este problema es el patriotismo de Betancourt el que debe resolver la situación. Ejemplos hay muy valiosos. Víctor Raúl Haya de La Torre, de quien me separan muchas diferencias pero a quien reconozco cargado de méritos ante su país y ante Latinoamérica, adoptó una muy noble actitud y un muy noble ejemplo en interés del afianzamiento de la vida democrática en su país. Creo, pues, que es el patriotismo de Betancourt y en todo caso el juicio del pueblo el que pueda resolver esta cuestión.

Ahora bien, si la pasión política considera que para que Betancourt no sea postulado candidato a la Presidencia es necesario que yo retire mi candidatura, acepto. Pero, vamos a buscar una solución honorable, vamos a ponernos de acuerdo sobre un candidato civil en el que haya un entendimiento unitario.

Yo no quiero formular nombres de una manera concreta y positiva, pero asoman a mi mente menciones, es decir, nombres o figuras, como la de Martín Vegas, como la de Carlos Sosa Rodríguez, como la de Eugenio Mendoza, como la de Héctor Hernández Carabaño, como la de Pastor Oropeza, y al nombrar éstos no hago una lista de las personas candidateables, sino solamente asomo nombres para demostrar que pudieran surgir, si hay buena voluntad alrededor de una mesa redonda, nombres para llegar a un acuerdo por el camino recto.

Ahora, que la unidad se vaya a lograr imponiendo una fórmula que hemos rechazado por considerarla inconveniente para el país, eso, para el país mismo, sería perjudicial. Sería muy mal comienzo para la unidad democrática en el régimen constitucional que va a empezar el que comenzaran por imponer, a través de un mecanismo más o menos indirecto de presión, una fórmula que todos los partidos políticos en su oportunidad han rechazado y reincidiendo en un hecho histórico que hasta ahora no ha tenido excepciones.

Yo tengo simpatías personales, repito, por el Contralmirante Larrazábal, pero creo que a su figura, dentro de su sincero deseo de unidad, que lo considero enteramente sincero, el gran papel que le corresponde en Venezuela es el de sentar un precedente, sirviendo de árbitro imparcial y de fuerza moderadora para que se llegue a un entendimiento nacional en las próximas elecciones y no derivando por caminos que no son los más adecuados hacia la Presidencia Constitucional.

Buenas noches.