¿Capitalismo de Estado o iniciativa privada?

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política» del 30 de julio de 1959, trasmitida los jueves a las 10 pm por Radio Caracas Televisión.

Voy a referirme en esta oportunidad a un tema que fue de los que se trataron en una de las últimas sesiones del Congreso, con motivo de discutirse el Informe sobre la Memoria del Ministerio de Fomento. Es asunto de una gran importancia para el país y no sólo de interés futuro, sino de necesario enfoque inmediato, porque de la actitud que en la actualidad adoptemos, dependerá el rumbo que demos al desarrollo de nuestra vida económica. Es el tema del capitalismo de Estado y la libre empresa o, pudiéramos decir mejor, del papel de la iniciativa privada en el desarrollo del país.

El asunto lo planteó, con una intervención muy interesante, el senador Arturo Uslar Pietri, quien, haciendo consideraciones respecto de aquella Memoria, del Informe relativo a ella y de un discurso del diputado Domingo Alberto Rangel, planteó casi en términos dilemáticos ante la Cámara, como un problema de orientación futura, el de que debíamos decidirnos por uno de los caminos: por el camino socialista o por el camino capitalista. Observando, desde luego, el senador Uslar (es necesario hacerle justicia a este respecto) que cuando hablaba de la libre empresa o del desarrollo capitalista, en ninguna forma quería defender el capitalismo manchesteriano, la doctrina del «laissez faire, laissez passer», contra la cual se ha pronunciado en más de una ocasión, ni tampoco negar el intervencionismo del Estado, en cuyo favor ha blandido lanzas en otras oportunidades.

Camino socialista, camino capitalista

El doctor Uslar Pietri –tratando por cierto de hacer gala y a fe mía que la hizo, de una actitud sumamente ecléctica para no juzgar acerca de ninguno de los dos sistemas– dijo que para lograr el desarrollo económico del país teníamos dos caminos que seguir: el camino socialista, seguido por Rusia y por los otros países que imitan su ejemplo, y el camino de la libre empresa, representado especialmente por el desarrollo de Estados Unidos.

No quiso decir el senador Uslar Pietri –probablemente para mantener una posición deliberada en el encausamiento de la discusión–, que ninguno de los dos caminos que mostraba merecía un juicio determinado, sino más bien expresó que por cualquiera de los dos se puede llegar al desarrollo económico. Rusia, dijo, ha ensayado con éxito el camino socialista y evidentemente que ha logrado una transformación económica considerable. Estados Unidos ensayó con éxito el camino de la libre empresa y nadie puede negar que ha obtenido también un magnífico desarrollo. Hizo, por fin, un planteamiento que dio lugar a que los diversos oradores, representantes de las diversas corrientes, tuvieran que fijar posiciones, posiciones de las cuales a mi modo de ver resultó un fondo de convergencia que es necesario aclarar y explicar para ver si podemos sacar de él conclusiones prácticas y positivas para la vida venezolana.

Urgencia de nuestro desarrollo

Se trata fundamentalmente de esto, quisiera decirlo con las palabras más sencillas: Venezuela necesita desarrollar su economía. Su economía, que vive casi exclusivamente del petróleo, no ofrece oportunidad suficiente de trabajo y remuneración para grandes capas de población que tienen derecho a obtenerla. El desarrollo demográfico del país presiona aún más esta necesidad de desarrollo, porque si ya hoy encontramos que no hay ocupación suficiente en las industrias, en el comercio, en los servicios y en la agricultura, para una población relativamente modesta, todos los años encontraremos la situación difícil por haber mayor número de venezolanos que reclamarán su participación en la producción y en la renta nacional. Ante esta situación planteaba el senador Uslar Pietri: escojamos uno de los dos caminos. Más nuestra posición, frente al dilema propuesto por el senador Uslar Pietri, no es la de escoger en forma excluyente ninguno de esos dos caminos, sino la de buscar la que creemos que es la posición justa, casi podríamos decir ineludible: combinar el papel del Estado en la vida económica, no ya solamente como regulador de la misma economía sino como parte de ella, con la iniciativa privada, de la cual estamos necesitados para el desarrollo de nuestro país.

Tenemos, por una parte, un Estado muy rico. Esto constituye un factor que nosotros no podemos olvidar. La significación de la riqueza fiscal dentro de nuestra vida económica tiene caracteres singulares muy especiales, no fáciles de encontrar en cualquier otro país. El mismo senador Uslar, en su magnífico discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales que me cupo el honor de responder en nombre de la Academia, señalaba que el capitalismo de Estado en Venezuela era un resultante casi natural, casi involuntaria, del desarrollo de la economía petrolera. Pero, por otra parte, esa riqueza del Estado no es bastante, no es suficiente para poder lograr, mediante los solos recursos fiscales, el grado de desarrollo económico con la rapidez e intensidad que Venezuela lo necesita.

Magnitud del esfuerzo exigido

Se necesita un gran esfuerzo de la Nación, pero también la cooperación de los capitales, de los capitales internos y externos –o como dicen los economistas, quizás por la influencia de los términos anglo-sajones, el capital «doméstico» y el capital «foráneo»– los cuales tienen forzosamente que participar en ese esfuerzo. Y esa colaboración es requerida, necesaria y urgente, para poder lograr que nuestro pueblo no pase hambre, para encontrar trabajo en qué ocupar a los desempleados, que son muchos en toda la extensión de Venezuela y para alcanzar rápidamente las etapas de desarrollo económico sin las cuales el país quedaría relegado, quién sabe por cuánto tiempo, a la condición de insuficientemente desarrollado.

Nosotros consideramos que el Estado tiene en Venezuela un papel primordial. Y consideramos (aunque ello pudiera no serlo más deseable para otros países o en otras circunstancias) que el Estado tiene que emprender directamente, bajo su responsabilidad, actividades económicas que quizás en otros lugares podría desarrollar con éxito la iniciativa privada. Podríamos poner muchos ejemplos, como el de los telégrafos, que en Estados Unidos son resultado de la iniciativa particular, que los emprendió y los mantiene con gran eficiencia, mientras en Venezuela, sin perjuicio de la participación de empresas privadas, son y deben ser del resorte primordial del Estado. O, por ejemplo, el caso de las líneas de navegación. Para que Venezuela tenga una marina mercante adecuada, con suficiente empuje, para que se establezca una flota petrolera, el papel del Estado, sin duda, será primordial. Por supuesto, no decimos que sea el Estado solo el que todo lo haga; debe ser hábil de parte del Estado lograr la participación del capital privado; pero esta participación supone, además, el cuidado sobre aquellas actividades en las cuales el capital doméstico no está en condición de suficiencia y la intervención del capital foráneo puede ser peligrosa para la independencia misma del país, para dirigir su desarrollo conforme a su criterio propio.

La siderúrgica y la petroquímica

Tenemos el caso de la industria siderúrgica. Después de haber estudiado muy serenamente y escuchado y pesado las razones alegadas en relación a la industria de refinación del hierro en Venezuela, nosotros llegamos a la conclusión de que el paso decisivo en materia de industria siderúrgica debe darlo el Estado. Porque el capital nacional (el capital doméstico, como dicen los economistas) el capital interno no tiene fuerza ni aliciente suficiente para embarcarse en esta aventura; y esta actividad en manos del capital foráneo no sería la más aconsejable ni lo más seguro y conveniente para la autonomía del país dentro de la situación actual.

Nosotros creemos, pues, que a pesar de los funestos errores cometidos en materia de industria siderúrgica y de industria petroquímica, en los cuales se ha derrochado el dinero de los venezolanos, lo que nos duele, no tanto en cuanto a lo que se ha gastado en inversión útil dentro de esas empresas, sino en lo que se robaron, en lo que despilfarraron en inversiones totalmente improductivas, creemos, repito, que estas industrias fundamentales tienen que seguir en manos del Estado, con la idea de que éste dé participación progresiva al capital privado pero sin abdicar de su propia responsabilidad.

Y así, seguramente, habrá muchas otras actividades en las cuales el papel del Estado será decisivo. El programa de electrificación, por ejemplo, de la Corporación Venezolana de Fomento, es un programa que recae sobre la responsabilidad primordial de la nación venezolana. Podemos recordar también el caso de los bancos regionales. En Venezuela, hasta hace poco tiempo, era difícil encontrar agencias, aun de los Bancos más antiguos, en las principales poblaciones del país. La creación de los bancos regionales fue iniciativa estatal. Ya hoy los bancos regionales han tenido éxito y seguramente vendrá la diversificación de los bancos regionales de fomento propiamente dichos, dedicados a desarrollar las posibilidades de la industria y las distintas ramas económicas de Venezuela, y los bancos comerciales regionales que deben pasar al capital privado bajo el control del Estado.

Saneamiento de la Administración

Nosotros comprendemos el argumento de que el Estado ha administrado mal y de que se han cometido muchos errores. Y no estamos tampoco convencidos de que, por más de que ocurra un cambio de sistema en la organización del país, esa administración logrará fácilmente la máxima eficacia. Pero sí creemos que muchos de los defectos tradicionales e históricos en materia de administración por el Estado pueden y tienen que irse corrigiendo. Los vicios de esa administración no han sido solamente de tipo económico. En todos los servicios públicos han habido verdaderos desastres, y una de las reformas que hemos propugnado es la reforma de la Administración Pública, que tiene que asentarse sobre dos bases: la de la honestidad y la de la eficiencia. Tenemos que preparar personal capacitado y crear un ambiente en el cual la honestidad tenga que convertirse en regla para que no ocurran abusos fácilmente.

Debemos, sin embargo, señalar que el fracaso de la Administración no se puede establecer como regla general y absoluta, respecto a todas las empresas del Estado y a todas las circunstancias que se han vivido. La Aeropostal Venezolana dio utilidades en determinada época, si bien después cayó en el terreno del más espantoso desorden. Así mismo, algunas de las actividades realizadas o desarrolladas por el Estado se han hecho con honestidad y con eficiencia. La electrificación del Caroní es la magnífica acometida de un programa que hasta ahora va siendo llevado con verdadera honestidad y con verdadera capacidad. Ha sido el gran título del Coronel Alfonso Ravard para permanecer en la Corporación Venezolana de Fomento. En un momento en que todo estaba corrompido, él supo desarrollar el programa del Caroní con seriedad, con sobriedad, con economía de los dineros públicos y con eficiencia para el país. El programa de canalización de la Barra de Maracaibo se ha desarrollado, si atendemos al criterio de personas entendidas, con mucha capacidad y beneficio público. El mismo programa de electrificación, en el que parece haberse cometido grandes abusos, ha tenido también grandes aciertos, aciertos que –y esto es interesante destacarlo– comparten la iniciativa oficial y la iniciativa privada. Porque la iniciativa privada en la empresa de la Electricidad de Caracas ha sido modelo de eficiencia en cuanto a administración de una empresa cualquiera en Venezuela, pero también el programa oficial de electrificación en algunos aspectos, en algunas partes que ha desarrollado con positivos beneficios. El funcionamiento de los bancos regionales, a que hace poco me refería, en muchos casos ha funcionado bien: muchos de los bancos regionales han sido bien administrados, hábilmente dirigidos y con un margen de honradez satisfactorio.

Garantía y estímulo al esfuerzo privado

Ahora, estamos perfectamente convencidos (y es un aspecto en el cual consideramos necesario orientar cabalmente a la opinión pública) de que el desarrollo que Venezuela necesita no podrá cumplirse con la sola iniciativa oficial; de que necesitamos estimular, proteger y encauzar la iniciativa privada para que podamos lograr nuestra transformación económica.

Esto nos plantea una situación en la que aun por encima del debate ideológico, está el interés actual de la Nación. Necesitamos nuevas fábricas, nuevas empresas, nuevas actividades económicas. No podemos cruzarnos de brazos ante el drama de millares y millares de desocupados que están haciendo cola en las puertas de los despachos oficiales porque piensan que no hay ninguna otra posibilidad de trabajo que la que pueda dar el Gobierno.

El gobierno no podría, aunque multiplicara el número de planes de emergencia, absorber toda la oferta de brazos que hay en este momento y que incrementará cada año.

Es indispensable que a la industria privada se la estimule, oriente, fomente y se la lleve a la convicción de que quien quiera poner un negocio y llevarlo dentro de canales legales, mantenerlo dentro de una situación de justicia y dar oportunidad de trabajo a brazos venezolanos, no es un enemigo de la sociedad sino un colaborador indispensable para que la sociedad se desarrolle. Y en este sentido, es indispensable el esfuerzo por parte de todos. No basta que el Presidente de la República se reúna con los banqueros, y que el Ministro de Hacienda se reúna con los hombres de empresa, y que el Ministro de Fomento haga declaraciones alentadoras para los que quieran transformar la industria nacional, y que el Ministro de Agricultura declare a los propietarios de tierras cultivadas racionalmente y mantenidas en función social, que tendrán las garantías más amplias por parte del gobierno. Las garantías del gobierno no bastan. Tenemos que hacer de esas garantías el resultado de un ambiente colectivo. Los miembros de las Cámaras Legislativas, los dirigentes de los partidos políticos, los periodistas, todos aquellos que de alguna manera podemos influir sobre la opinión pública, tenemos que crear claramente la idea de que la iniciativa privada, dentro de los límites que se le fijen, tiene derecho a una protección que todos vamos a reclamar. Y en este sentido se pidió en el Congreso –en la memorable sesión que comentamos– que se elabore prontamente un plan de desarrollo nacional en el cual se le señale a la iniciativa privada el campo que se le deja, pero que ese campo se le demarque con claridad y se le dé en él todo el estímulo, toda la ayuda y la protección que fueren necesarias.

Hay que crear un ambiente fecundo

Nada le haría más daño a Venezuela en el momento actual que una propaganda de desorden, de desorientación, cuyo efecto sobre los hombres que tienen deseos de trabajar o de emprender, o sobre el capital que quiere invertirse en actividad útil, será el miedo de lo que pueda pasarles mañana.

Es necesario decirle al que esté dispuesto a acometer empresas que puedan crear riqueza y ocupación, que esas garantías las va a tener. Las va a tener, eso sí, dentro de la ley, acatando al sindicato como una fuerza socialmente reconocida para garantizar los derechos de los trabajadores, a fin de que el beneficio que se obtenga no sea para el puro empresario sino que vaya para empresarios y para trabajadores, admitiendo leyes que pongan coto a ganancias desorbitadas y canalicen las inversiones dentro de amplios cauces constructivos. Todo esto está muy bien, pero a base de deslindar entre el campo de la iniciativa estatal y el que se reconoce a la iniciativa privada, dando a éste firmeza y seriedad, ofreciéndole la protección y el estímulo del Estado dentro de límites claros y concretos.

Con motivo del debate que ha dado tema para estos comentarios, el diputado Arístides Calvani tuvo una intervención de contenido filosófico muy alto. Recordó que la elección no debe ser por ninguno de los dos caminos que han creado hasta ahora una economía de riqueza o una economía de poder. Ni el capitalismo ni el socialismo de Estado han llegado a la plena concepción de que la economía está al servicio de valores más altos, al servicio del hombre. Y esto me hacía recordar, cuando se establecía comparación entre la economía liberal –corregida, sí, pero al fin y al cabo liberal– y la economía socialista, dos juicios ya definitivos: por un lado, la crítica decisiva que contra el liberalismo se hizo por sus grandes errores, engendros de grandes contrastes de prosperidad y de miseria y, por otro lado, aquella expresión de Albert Camus contra el socialismo de Estado cuando al recibir hace dos años el Premio Nobel, escribía lo siguiente: «La libertad es el camino y el único camino de la perfección. Sin libertad se puede perfeccionar la industria pesada, pero no la justicia o la verdad».

Tenemos un camino distinto, señalado por un documento que quisiera comentar ampliamente en otra ocasión: el Programa Mínimo, firmado por los tres candidatos presidenciales el 6 de diciembre de 1958. Allí está el justo medio, la clara línea que requiere hoy una reiteración para beneficio nacional.

Buenas noches.