Urgencias en la administración
Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política», trasmitida el jueves 11 de agosto de 1960, las 10 pm, por Radio Caracas Televisión, y tomada de su publicación en el diario La Esfera el domingo 14.
La noticia política más importante de la semana –fuera de la del desarrollo del planteamiento venezolano contra el gobierno dominicano ante la Organización de Estados Americanos, cuya perspectiva es ya bastante firme– ha sido la de los problemas interpartidistas que se han venido planteando en las diversas circunscripciones locales.
Hay, sin duda, fricciones entre los partidos, diferencias y rivalidades. Don Rómulo Gallegos, con su alta autoridad política, ha expresado algo que hace cierto tiempo dijimos como una recriminación a todos los grupos, sin excluir el nuestro: da la impresión, externa, de que a veces se pensara más en las elecciones –para las que faltan cuatro años todavía– que en la situación actual y en la necesidad inmediata de entenderse y de trabajar para atender los graves problemas del país.
Suspicacias y desajustes
Estas fricciones interpartidistas tienen su base en suspicacias, en discrepancias, en desajustes que se producen en todos los regímenes de coalición, en todos los países del mundo, pero que entre nosotros revisten mayor importancia por dos motivos: primero, porque es mayor la necesidad de trabajar con firmeza y decisión, porque la situación que vivimos es anormal y probablemente decisiva para la suerte de una generación; segundo, porque nuestra experiencia democrática es nueva, y la de coalición, en cierto modo, más nueva todavía. En este siglo es la primera vez que se realiza así, por lo menos en concurso de partidos organizados.
No quiero pecar de exageración, ni negar que a raíz de la invasión de Castro del 99 se hizo un ensayo de gobierno de fusión; el grupo de «mocheros» (los partidarios del general José Manuel Hernández, el célebre «Mocho», el gran caudillo popular), es decir, los nacionalistas y los liberales se fusionaron con los castristas, que ya empezaban a formar su propio grupo llamado Partido Liberal Restaurador, y formaron gabinete de coalición que duró poco. Este mismo ensayo lo hizo Gómez cuando empezó en 1908; sólo que cuando quisieron tomar la fuerza potencial del caudillo para servir los intereses de determinado partido, como había ocurrido en el siglo pasado, el viejo zamarro –que no entendía mucho de partidos ni quería oír hablar de eso– contestó en un brindis diciendo: «por la paz y por la unión», es decir, por la desaparición de todos los grupos partidistas. Y tan desaparecieron que cuando él murió, a los veintisiete años de gobierno absoluto, aquellos partidos que antes existieron no pudieron levantar cabeza. Muchos hombres prominentes llamaron a sus compañeros, presentaron a la opinión pública sus cuadros, gastaron dinero y propaganda, y esos esfuerzos fueron ineficaces, porque ya en Venezuela habían desaparecido, y el ciclo de Gómez los liquidó. Iban a empezar los viejos partidos: conservador, liberal, nacionalista, etc., una nueva experiencia, de donde derivaron los actuales partidos existentes en Venezuela.
Pero este gobierno actual de coalición, entre grupos de ideología propia y característica, con su formación de lucha, con su trayectoria de combate, entre ellos mismos y frente a la Dictadura, y con la experiencia cumplida en año y medio de gobierno constitucional, es, en muchos aspectos, una experiencia nueva, lo que obliga más a los venezolanos a buscar que la coalición funcione. Sobre todo, por aquello que hemos dicho y debemos repetir, de que el fracaso de este ensayo no sería el fracaso de un partido –lo que dejaría en reserva ante la opinión pública a los otros partidos para llenar el vacío– , sino que los enemigos de las instituciones democráticas podrían presentarlo como el fracaso en general de los partidos; y el fracaso de los partidos significa, si llega a tomar cuerpo en la conciencia pública, puerta abierta para la tesis de gobierno personalista y autocrático.
Hay, sin duda, desajustes, fricciones, suspicacias. Los que somos dirigentes de partidos y no podemos desconocer la realidad interna de nuestros grupos, muchas veces tenemos que dar la razón a nuestros dirigentes locales, que se quejan de discriminaciones en determinados aspectos de la Administración Pública; y no tanto por lo que respecta al acceso a las posiciones burocráticas –problemas que al fin y al cabo pueden resolverse y, en cierto modo, es de segundo orden– , sino en el del proselitismo, la maniobra, la posibilidad o el deseo de utilizar posiciones en favor de determinadas tesis o intereses, lo que crea, automáticamente, una reacción difícil de vencer y nos impone un esfuerzo superior para lograr entendimiento y hacer que la coalición siga marchando.
El fortalecimiento de la coalición
Hay que reconocer que la Comisión Interpartidista, que en meses anteriores era casi un elefante blanco, en la actualidad está dando mayor resultado. Si no se ha llegado a la solución de los problemas planteados, por lo menos se le ha visto trabajar con seriedad en el análisis de muchas cuestiones, y esta seriedad y espíritu de laboriosidad debe conducir al fortalecimiento de la coalición.
Pero yo quiero insistir en que el pueblo de Venezuela desea que la coalición se fortifique, no tanto en el aspecto de que los partidos dejen de discutir por determinadas cuestiones –siempre habrá discrepancia entre ellos– , sino más bien en el sentido de palpar que la Administración Pública funciona; que funciona como una unidad, con eficacia; que los problemas se resuelven; que todo no se vuelve un conjunto de idas y venidas, de reuniones y de conversaciones, sino que priva la voluntad de hacer, necesariamente más eficaz, por naturaleza y por esencia, que las corrompidas y personalistas administraciones autocráticas. Esto es lo que muchos venezolanos piensan y lo que a mi modo de ver debe preocuparnos más a los dirigentes políticos en este momento: tenemos que dar la sensación real de que el gobierno administra con eficacia y resuelve de manera efectiva los problemas que se le plantean; de que las comisiones para estudiar asuntos no se reúnen con el objeto de gastar el tiempo, establecer dilatorias o distraer la opinión (cosa que yo sé que no es así, porque he visto el firme deseo de llegar a una finalidad) sino para llegar a conclusiones que se ponen por obra; de que las cosas de la vida oficial marchan con la rapidez con que deben marchar y lo exige el ritmo premioso de vida que estamos haciendo y que estamos obligados a hacer.
Cuando un Banco particular recibe una solicitud de crédito, la analiza, la estudia y después decide; pero cuando la directiva del Banco decidió que el crédito se va a otorgar, el prestatario puede ir al día siguiente a la caja del Banco a firmar unos papeles y recibir su dinero. Sería de desear que una sensación parecida se diera en los cuadros de la Administración. Cuando ésta va a conceder créditos, debe estudiar las condiciones particulares: el estado de solvencia, las perspectivas de inversión con el crédito que se solicita; debe realizar análisis y estudio; pero cuando llega a una conclusión y se le informa al solicitante que su crédito se le ha concedido, no hay razón ni motivo para que al día siguiente o al término tan breve como lo permitan los trámites indispensables –que nunca son tan complejos que puedan suponer largas demoras– , no vea convertido en realidad lo que se le ha dicho a través de la palabra oficial.
Impresión de ineficacia
Desgraciadamente, la impresión que priva es distinta: es la del señor a quien le mandan a desocupar una casa porque va a pasar una avenida, lo apuran para que desocupe, lo hacen sufrir gastos por la mudanza, se traslada de prisa a otro sitio, y después ve que pasan los meses y los meses y aquella avenida no se hace, bien porque no se ha decidido o porque se cambiaron los planes; la del particular que ve anunciar una obra como si estuviera ya dispuesta y luego siente que la obra se va quedando en el papel, y no sabe si en definitiva va a ejecutarse o no.
No es que la Administración no esté trabajando. Está haciendo mucho. Muchas cosas positivas, que quizá no se ven suficientemente. Hoy mismo me decía un amigo venezolano muy apreciable por todos respectos, que a veces la crítica de los insatisfechos refleja tal estado de negatividad que dan la impresión de que en Venezuela no se está haciendo absolutamente nada. Y él les pregunta: «¿Es que no hay nada positivo que ustedes puedan reconocer?» Nada. Esa actitud negativa, de los que tienen determinados intereses y añoran determinados sistemas, o de los que desean otra clase de cosas, es de negación absoluta de lo que se está haciendo. La verdad es que en Venezuela se está haciendo mucho, mucho más que en cualquier otro país de América Latina. No quisiera decir esta frase, desprestigiada por el abuso del perezjimenato, para el que todo era lo más grande de la América del Sur, pero es la verdad.
En Venezuela se está haciendo mucho. Cuando se toman las estadísticas de asistencia a la Escuela Primaria y se ve la diferencia en dos años, se llega fácilmente a admirar el esfuerzo que se está realizando, sobre todo si se piensa que las escuelas tienen hoy mejor dotación escolar, mejores construcciones, mejor material y que los maestros están ganando no sólo dos, sino hasta tres y cuatro veces más de lo que ganaban para el momento en que la asistencia escolar era muy inferior (por la razón de las primas de hijos que ahora se están pagando, y que en algunos casos han producido aumentos considerables en la remuneración). Cuando se piensa en lo que se está haciendo en materia de Reforma Agraria y de extensión agrícola; en el aumento que se está logrando en productividad por hectárea en una serie de renglones de nuestra actividad agropecuaria; en la construcción de caminos de penetración agrícola, que no alcanza a apreciarse porque son tantos los que se necesitan que los muchos que se van construyendo llegan a diluirse ante la inmensidad de la obra por hacer; cuando se suman todos los kilómetros de carreteras de penetración agrícola, y cuando se ve en el campo general de las obras públicas la cantidad de kilómetros de carreteras que se van pavimentando y reconstruyendo; cuando se piensa en la cantidad de edificios que se fabrican, dispersos por todo el territorio nacional, se reconoce que se está construyendo, aún dentro de la materialidad de las obras.
Pero, sobre todo, cuando se aprecia el esfuerzo que se está haciendo para que las decisiones no las adopte arbitrariamente una sola persona o un grupo de favoritos, sino que los asuntos se discuten, se lleven a las columnas de la prensa, se reúnen comisiones con representantes de todos los intereses políticos, se converse continuamente con los representantes de las fuerzas económicas y de las fuerzas sindicales, se mide lo que significa esto como transformación de un estado de espíritu en magnitud impresionante.
Sin embargo, se sigue teniendo la impresión de que la Administración no es eficiente. Quiero insistir en esto. Se siente que los planes no están listos con la rapidez indispensable, que no se está adoptando el esfuerzo necesario, activo, para obtener un resultado tangible a los ojos de la comunidad. Claro que en esta materia hay un aspecto que he tratado con anterioridad y que conviene no olvidar: hay, quizás, cierta aprehensión, cierta ojeriza en sectores oficiales por el crecimiento desmesurado de la ciudad de Caracas, y cierta especie de resistencia en darle a esta ciudad la solución de una serie de necesidades urgentes que es preciso atender. Es cierto que Caracas ha dado en determinado momento al país un aspecto de macrocefalia: el crecimiento demasiado violento, a expensas de las áreas rurales, ha deformado un poco la estructura nacional; pero éste es un fenómeno característico de nuestra época y hasta indispensable: toda gran nación necesita una gran capital y Caracas no solamente alberga el veinte por ciento –quizás más– de la población venezolana, sino que es el centro donde continuamente converge todo lo más activo, todo lo más representativo de la vida venezolana, de todos los lugares de la provincia y de cualquier actividad; aquí vienen todos los días los líderes políticos, sindicales, culturales y educativos, los representantes de las actividades económicas, industriales, comerciales o agro-pecuarias, y de cualquier otra actividad, y lo que se hace en Caracas influye mucho sobre el interior. Pero si esta especie de postergación de asuntos de Caracas provoca en la opinión pública la impresión de que no se hace lo que en realidad se está haciendo, yo creo que ello se debe en mucho también al funcionamiento de la coalición.
Falta de sensación de equipo
Hay interferencias en el seno de la coalición. Hay rivalidades políticas que no dejan formar en cada departamento oficial la plena sensación de equipo comprometido en una tarea solidaria. Esto lo hemos visto en diferentes circunstancias. En la discusión de las Memorias de los Ministros en el Congreso, por ejemplo. Es cierto que las Memorias se aprobaron por los tres partidos de la coalición, y a veces hasta por unanimidad. Pero no se tuvo la sensación solidaria de que el ataque a cualquiera de las gestiones del gobierno imponía a todos los sectores comprometidos en la obra de éste asumir la responsabilidad de la defensa, o de la rectificación. A veces sucede que las órdenes dadas parece como si tuvieran que pasar por el tamiz de la resistencia política de otros sectores para ser cumplidas.
Nosotros consideramos indispensable imprimir a la Administración y de manera definitiva, esa sensación de solidaridad. Por ejemplo, nosotros seríamos incapaces (yo lo digo de mí con la más absoluta sinceridad) de sostener en su cargo al gobernador de un Estado porque sea de nuestro partido, si está en discrepancia con la política del Gobierno Nacional; o sostener a un ministro que no estuviera lealmente defendiendo y realizando la línea política que debe empezar por el Presidente de la República. Pero, asimismo, nosotros pensamos que un director de Ministerio, un secretario general, un jefe civil de cualquier partido que sea, un presidente o director de Instituto Autónomo, cualquiera que éste sea, tiene que estar unificado con la acción dirigida por su superior inmediato –el Ministro o el Gobernador– , no en beneficio de los intereses de un partido, sino de los intereses del gobierno, que al fin y al cabo deben ser los intereses nacionales. Y tengo la convicción –quizás ingenua pero honrada y venezolana– de que la mejor táctica que deberían utilizar los partidos para ganar votos, es la de hacerlo lo mejor posible, acreditar que sus personeros en el gobierno son capaces de servirle al pueblo con la mayor honestidad y decisión para que el resultado de sus labores sea verdaderamente tangible.
Actitud negativa de la comunidad
El mismo problema de la Administración se mezcla con una especie de actitud negativa y hostil en sectores de la comunidad que no le dan comprensión y estímulo al esfuerzo que se está realizando. Por ejemplo, en materia de honestidad administrativa. Yo tengo la firme convicción –que muchos han expresado en diversos terrenos– de que altos funcionarios de la Administración Pública llevan una línea honesta, son incapaces de aprovechar los cargos públicos en beneficio personal o en tráfico de influencias. Sin embargo, le pido a los que en general critican y hablan de que la Administración está corrompida, una actitud responsable, patriótica, venezolana: no difundiendo consejas sino denunciando casos que conozcan y que en realidad sean indignos.
El comerciante a quien un funcionario público le pide comisión, si es un patriota va inmediatamente donde el superior jerárquico de ese funcionario o donde el Contralor de la nación a ponerlo al tanto de la proposición que se le ha hecho. Pero, desgraciadamente, lo que se hace muchas veces es pagar la comisión y decir luego que esto está corrompido, más corrompido que antes porque se están pagando comisiones.
Una vez me dijo un comerciante que un funcionario del Ministerio de Fomento estaba pidiendo dinero por la concesión de una licencia. La pregunté si podía decir eso con absoluta responsabilidad, refiriéndose a hechos concretos. El hombre vaciló en cuanto al riesgo que le podía traer, pero me contestó afirmativamente. Solicité una audiencia para él con el Ministro Fernández, ratificó en forma personal y privada, pero responsable, la denuncia que me había hecho, y el funcionario, sin preguntar quién era no de dónde venía fue inmediatamente destituido. ¿Por qué no se puede adoptar una conducta semejante en todos los órdenes de la Administración?
¿Por qué los ciudadanos no pueden colaborar, en vez de difundir especies graves y dañosas que relajan los resortes morales, como las de decir vagamente que se están pidiendo comisiones, que se está abusando, que se está robando? ¿Por qué no asumen la responsabilidad de presentarse ante funcionarios que se sabe son serios y circunspectos y denunciar los hechos para que no puedan repetirse y para que la Administración quede definitivamente saneada?
El público ayuda a mantener el contrabando, la terrible y vergonzosa industria del contrabando, con su actividad diaria y con ello sacrifica intereses nacionales, que no son solamente el Fisco, sino de la posibilidad del desarrollo de las industrias propias. Y así, con otras cosas. Es necesario fortalecer la conciencia de responsabilidades, no sólo en el Gobierno, sino también en los particulares.
A esta generación le han correspondido grandes sacrificios: el de la persecución en los años anteriores, el del esfuerzo desordenado pero terrible que está realizando en la actualidad. En Venezuela en este momento hay mucha gente que trabaja más que en cualquier otro país del mundo; que no tiene jornada limitada de trabajo; que trabaja desde tempranas horas de la mañana hasta tarde en la noche; que se ocupa sábados y domingos y se mantiene hasta horas de la madrugada discutiendo los problemas del país. Hagamos ese sacrificio provechoso. Para ello es necesario un acuerdo entre los líderes políticos de todos los grupos y entre los ciudadanos de todas las esferas nacionales, con el objeto de encauzar la acción hacia finalidades tangibles.
Nota: para terminar haré una breve digresión. Un periódico, en busca de lectores, quiere formar escándalo sobre un hecho suficientemente aclarado y establecido, en relación al incidente en las puertas del Capitolio el 22 de julio. Se afirma que el Comandante de la Policía dijo que yo había llamado a aquel Cuerpo para que fuera a disolver la manifestación. La afirmación es falsa. El propio interesado la desmiente.
Ahora, quiero decir esto: como Presidente de la Cámara de Diputados, yo sí tenía el derecho de llamar a la Policía. Si la hubiera pedido, con ello no habría hecho sino ejercer atribuciones que me confiere el Reglamento. Si lo niego es porque no lo hice. Pero cuando veo cómo la campaña se mantiene, a pesar de la aclaración absoluta y total, me pregunto: ¿los organismos gremiales, qué piensan de ese tipo de ética periodística? Sería muy interesante que fijaran un concepto sobre la ética profesional de quien informa que un funcionario público ha dicho en una declaración determinada cosa, cuando el respectivo funcionario niega que lo haya dicho.
Por lo demás, esa y otras declaraciones están escritas para que puedan revisarse. Simplemente menciono el hecho por la sola razón de que conviene señalar cómo luchan y actúan determinados sectores.
Buenas noches.