En peligro el sistema democrático

Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política», trasmitida el jueves 1 de diciembre de 1960, las 10 pm, por Radio Caracas Televisión y publicada el domingo 4 en el diario La Esfera.

Estaba previsto y anunciado. Desde este mismo programa, «Actualidad Política», habíamos analizado, para formular un llamado a la conciencia nacional, las amenazas de un mecanismo de tipo insurreccional que a la vista de todo el pueblo se estaba preparando.

Hemos vivido, estamos viviendo todavía, momentos de inquietud. Vidas venezolanas se han sacrificado estérilmente, innecesariamente. Sangre venezolana ha corrido, una vez más, en esta ciudad capital y en alguna otra población de la República. Todo ello por una maniobra absolutamente injustificable, en sus procedimientos y en su objetivo. Con despreocupación tremenda por el destino de esta patria y de su juventud, se ha estado jugando con fuerzas que deberían estar directamente encaminadas hacia una labor constructiva y amenazando seriamente la vida institucional.

Maquinaria contra la libertad

La situación, con ser grave, no ha llegado a extrema gravedad; pero sí es muy peligrosa. Acecha un enemigo perfectamente entrenado, que sabe lo que quiere, y algo más: que está acostumbrado a aprovechar los beneficios del sistema democrático para acabar después con todas las libertades democráticas. Los argumentos se utilizan, se deforman las instituciones, para acabar precisamente con ellas. Y, algo sumamente curioso, que es necesario destacar: una propaganda previamente preparada se hace circular en el país y por el mundo entero. Cuba y Santo Domingo aparecen una vez más en sospechosa coincidencia, y las hojas del llamado «mil civilismo» corren por los mismos canales quizás, porque llegan en la misma forma que las hojas clandestinas de los grupos que llaman a la insurrección.

Otra circunstancia bastante extraña pero nada difícil de entender: se acaban de clausurar las sesiones de las Cámaras Legislativas y con ellas se anuncia al país que la Constitución está terminada. Falta apenas la ratificación por las Asambleas Legislativas de los Estados y el escrutinio de los votos de esas Asambleas para hacer su pública y solemne sanción y promulgación, que bien pudieran realizarse en la fecha simbólica del 23 de enero.

Esto hace pensar que las fuerzas perezjimenistas deben recrudecer su ofensiva contra el sistema democrático entre este momento y el momento en que entre en vigencia la Constitución; porque ésta, que da más libertad y garantías en la medida necesaria y conveniente para el desarrollo del país, también hace definitiva e irreversible la primera etapa de la revolución del 23 de enero, sobre todo en el aspecto de la restitución al patrimonio nacional de los bienes de los más responsables de los hechos perezjimenistas.

Aquella situación de incertidumbre se va a definir jurídicamente. Los bienes del exPresidente de la República, que hasta ahora sólo están preventivamente ocupados por Decreto de la Junta de Gobierno, pasan, en virtud de una Disposición Transitoria, al patrimonio de la República. Es de entender que el general Pérez Jiménez y sus cómplices aprovecharán en lo posible esta circunstancia para tratar de lograr que no adquiera validez definitiva la Constitución, resultado de una elaboración de dos años.

Y simultáneamente encontramos, ante la vista y paciencia de algunos que no quieren tener ojos para ver, una actitud de abierta rebeldía, de sectores que en forma impávida niegan al gobierno el derecho a gobernar, niegan a las leyes y decretos virtualidad para aplicarse, niegan el cumplimiento de disposiciones dictadas en virtud de un sistema de derecho que deja abierta a todos la posibilidad de discutir, de entenderse, de rectificar, de ir a unas futuras elecciones para lograr, a través de ellas, lo que puedan considerar necesario en el enrumbamiento del país.

No. Nada de esto parece valer nada, sino que hay la voluntad de aprovechar este momento para llevarnos a un conflicto que de desarrollarse podría alcanzar proporciones cuya magnitud, de sólo pensarla hace sobrecogerse.

Los fines de la agitación

Esa actitud de rebeldía lleva, visiblemente, una doble finalidad: o el triunfo de lo que llaman el movimiento insurreccional, o la llegada por carambola al estado de guerra civil. Porque se alienta, en todas las formas posible, a aquellos militares que no estén convencidos suficientemente de que la realidad del país, el porvenir de la misma institución armada y las necesidades de la República exigen mantener la posición en que se han mantenido hasta ahora, de firme respaldo al orden constitucional; se los solicita, se los empuja, se los estimula, para ver si se lanzan al camino de la violencia, que sería la etapa previa de esa guerra civil a la que cantan tantas loas, y cuya experiencia ha sido tan duramente trágica para la historia venezolana.

Hay una amenaza de huelga general. No puede tomarnos de sorpresa. El movimiento insurreccional buscaría este mecanismo para realizarse. Y aparecen como piezas coordinadas, perfectamente eslabonadas dentro de un plan, el propósito de una huelga bancaria, de una huelga telefónica, de una huelga de electricidad, de una posible huelga de transporte, de una posible huelga en la prensa, en la radio, en la televisión; es decir, una paralización de los servicios públicos que pueda llevar al paro total.

Afortunadamente, sabemos muy bien que una huelga general no se hace sino cuando toda la población participa en ella (de una manera activa o pasiva). Cuando hay una base de población, mayoritaria o no (puede ser en unos lugares abrumadoramente mayoritaria; en otros puede constituir una respetable minoría, que al fin y al cabo se afianza al identificarse en su carácter y sentido con la mayoría nacional), cuando hay sectores responsables que se dan cuenta de la maniobra y no se prestan a ella, la tentativa de huelga general siempre fracasa. Y en ese sentido, ha sido oportuno llamar a la opinión, ha sido conveniente el que los hechos se pusieran de relieve, para que los grupos de trabajadores que pertenecen a fracciones sindicales distintas de aquellos que tienen un franco propósito insurreccional, así como los trabajadores independientes, comprendan que sin su concurso o sin su tolerancia no podría lograrse este objetivo, que significaría para todos el principio de una etapa muy dura, negadora de todos los derechos y libertades que tan pomposamente se reclaman e invocan.

La experiencia del conato de huelga bancaria ha demostrado esto. Y queremos repetirlo claramente: estamos al lado de los trabajadores en todas sus legítimas reivindicaciones. Estamos al lado de los trabajadores para luchar por ellos. Y los trabajadores saben que es a través de la lucha democrática como pueden lograr sus conquistas sólidas y estables.

Pero aquí no se trata de eso. Ni siquiera se piensa en que se está atravesando uno de los momentos de depresión económica más graves que ha atravesado Venezuela. Ni siquiera se piensa en que hay un Decreto-Ley número 440 –que no lo dictó el gobierno constitucional sino el gobierno provisional– al cual se ha sometido el conflicto por disposición del Ministerio del Trabajo y de la Presidencia de la República. No se piensa en eso porque la finalidad es muy clara: lo que se busca es forzar la situación para hacer fracasar esta democracia representativa que abiertamente menosprecian.

La explotación de los menores

Pero lo más grave, lo más doloroso, lo que verdaderamente frunce el ánimo de quienes somos padres de familia y hemos dedicado largos años a la enseñanza, es cómo se quiere jugar con grupos juveniles, con planteles de educación y con la Universidad. Nosotros hemos sido y somos defensores de la autonomía universitaria, en todas las diversas situaciones que nos ha tocado atravesar. Pero eso mismo nos hace abominar el hecho de que irrespetándose la autonomía universitaria, se quiera convertir a la Universidad en un cuartel, para disparar armas cortas y largas, para atropellar y provocar incidentes, para utilizarla de refugio y desde ella mantener la ciudad en la zozobra e inquietud de una continua guerra de nervios.

Nosotros estamos entre quienes reclaman de las autoridades universitarias una posición severa. Si yo quiero hacer respetar mi casa, tengo que impedir dentro de ella el respeto que mi legítima autoridad merece. La autoridad universitaria está en el deber de no permitir que la Ciudad Universitaria se convierta en guarimba desde la cual se busca perturbar la vida nacional. Defendemos la autonomía universitaria. Por ello reclamamos que el ejercicio de la autonomía corresponda al respeto que el propio recinto de la Universidad merece.

Y, en cuanto a otros establecimientos, no podemos entender cómo un plantel educacional adyacente a la Ciudad Universitaria, según los relatos que escuchamos, se ha convertido durante varios días en fortín desde el cual muchachos que deberían estarse preparando para realizar labores técnicas como las que necesita el desarrollo del país, parecen demostrar que lo que han aprendido es a desarrollar la guerra de guerrillas, a lanzarse a la calle, a hacerle imposible la vida a aquellos que no gocen de sus simpatías, a quemar autobuses, a destruir vehículos, es decir, a realizar todo lo contrario de una tarea educacional. El gobierno tiene el deber de investigar cómo se ha dirigido ese instituto; si es o no cierto que determinado partido político se ha aprovechado de él abiertamente para realizar reuniones políticas, para establecer planes de acción. Las autoridades educacionales no pueden dejar que los planteles de educación colocados bajo su rectoría se utilicen para atacar los mejores intereses de la República.

Nos han narrado personas que viven en las inmediaciones de la avenida Victoria, cómo han visto a un grupo de muchachos caerle a cabillazos a un chofer de autobús, después de haber hecho bajar los pasajeros, porque se negaba a dejar destruir aquella unidad de transporte. ¿Es posible que eso se exalte y se defienda? ¿Es posible que eso se presente como una acción legítima o como una jornada democrática? No lo creemos.

La Universidad y el civismo

Cuando Pérez Jiménez, el 21 de noviembre, el gran mérito de la huelga universitaria fue que los muchachos salieron, con su rebeldía cívica, con el pecho limpio, sin armas de fuego, a proclamar el evangelio de la libertad y a sacudir la conciencia dormida de los venezolanos. Los espías de la Seguridad Nacional penetraron a la Ciudad Universitaria y tomaron a golpes a los estudiantes, quienes no habían hecho otra cosa que decir que querían ser libres y que tenían derecho a serlo. Esta es la más hermosa significación de aquella jornada. Pero no es posible entender cómo un estudiantado que cívicamente combatió a la dictadura armada que ferozmente nos oprimía, pretenda –en un sector afortunadamente minoritario, porque no puede atribuirse a la mayoría estudiantil esa actitud –usar métodos de violencia y de fuerza contra un gobierno que ha respetado los derechos y la autonomía de la Universidad. Pérez Jiménez atropelló la Universidad cuando el estudiantado no hacía otra cosa que pedir libertad. El gobierno constitucional ha respetado los linderos universitarios, sin que se haya pisado una pulgada de su suelo, cuando desde dentro de la Universidad se le ha atacado con la fuerza y hasta con armas de guerra.

Nosotros no queremos que la Universidad se convierta en centro de adiestramiento para aprender a disparar o para enseñar al pueblo a ventilar por la violencia sus conflictos. Tenemos fe en nuestra juventud. Sabemos, y se ha demostrado de nuevo con las recientes jornadas electorales de otras universidades –la del Zulia, la de Mérida– que el extremismo y la violencia no son el factor determinante en la gran mayoría del estudiantado. Sabemos que existen grandes grupos de estudiantes, de diversas denominaciones políticas, que sienten que su deber es otro. Por eso mismo, no podemos aceptar el reto de poner también fusiles en las manos de los otros estudiantes para que vayan a matarse con sus compañeros. Hacemos un llamado a la vergüenza, al decoro, al sentido de responsabilidad y, al fin y al cabo, al sentimiento de esos muchachos, que están alentados por una idea que consideran noble y no se dan cuenta del daño que están haciendo, para que se restablezca la normalidad y sea la lucha de ideas lo que encuentre campo en el seno de la Universidad.

Después de todo, ¿adónde conducen los hechos de violencia? Cada autobús quemado ¿a quién perjudica, sino al pueblo que necesita esos vehículos para movilizarse? ¿A quién perjudica, sino al Tesoro Público, que tiene que reponer lo destruido para mantener su obligación de servicio a la colectividad? ¿A quién favorecen esos quemadores de autobuses, sino a la General Motors o a la Mercedes Benz, a las que hay que pagarles 10, 15 o 20 mil dólares –los dólares que desangran a Venezuela– por cada unidad que se destruye?

Y a esos muchachos a quienes lanzan a la calle, yo les pregunto: ¿creen, acaso, que si el comunismo triunfara en Venezuela seguirían en esa algarabía, perdiendo el tiempo, interrumpiendo todos los años los estudios con huelgas que los impiden prepararse? Están equivocados. Caerían bajo la disciplina más férrea. En la Unión Soviética no hay huelgas, ni de trabajadores ni de estudiantes; y no hay reclamo, porque hay que preparar cañones y fabricar cohetes estelares y desarrollar las industrias pesadas, para lo cual tiene la población que someterse a las restricciones que se le imponen desde arriba.

Yo no sé si han pensado en esta circunstancia, y si se han dado cuenta de que la meta adonde irían no sería el disfrute de mayores libertades, sino una muy férrea, dura e insensible regimentación.

La táctica de guerra de nervios

Se hace uso de una ola de rumores para mantener la ciudad en zozobra. A veces, la gente ingenua se hace vehículo de esta arma psicológica. A cada paso se relatan cosas tremebundas que supuestamente ocurren. Pero, afortunadamente, no han llegado a dañar la moral básica de la colectividad.

Y se utilizan los argumentos liberales con una desfachatez extraordinaria. Se habla de un atentado contra la libertad de expresión del pensamiento porque se impide la circulación de periódicos que abiertamente alientan la insurrección. No es la libertad de pensamiento, no es la libertad de opinión lo que está en juego allí: lo que se suspende es el vehículo a través del cual se incita a la rebelión. Yo no sé de ningún país del mundo donde se confunda la libertad de opinar, garantizada por la Constitución y las leyes, y el acto de predicar la subversión, de trasmitir consignas de violencia para la destrucción y ruina del orden legal establecido.

Y aquí también pensamos: si ellos llegaran a triunfar, ¿qué libertades nos darían? Sin ir hasta la Unión Soviética, el desdichado ejemplo de la hermana república de Cuba está muy cerca. ¿Qué oposición se permite en Cuba? ¿Qué vida de partidos se tolera? ¿Qué autonomía universitaria se respeta? ¿Dónde están los voceros de la oposición? ¿Dónde, los jueces, sino asilados en las Embajadas? ¿Acaso es ese el destino que se nos reserva?

Hay que pensar sobre estas cosas, porque la batalla del orden público podrá ganarse por la fuerza, pero es necesario ganar la batalla del sentimiento nacional. Y es necesario que todos los que no comulgamos con ruedas de molino adoptemos actitud definida para sostener y defender conquistas fundamentales para el desarrollo de nuestra nacionalidad.

La actitud de la ciudadanía

La actitud general tiene gran importancia a este respecto. Algunos toman una actitud pasiva y de expectación. En esa actitud pasiva podría sorprendernos la aurora, para después decir, como decían tantos en los días de Pérez Jiménez: «pero, si yo no he hecho nada; si yo no he estado en ningún partido; si yo no me he mezclado en nada, ¿por qué me traen aquí?

Otros toman una actitud confusa y a veces inexplicable. Yo quiero decirlo aquí con gran sinceridad. Leí, en un diario, unas declaraciones de mi buen amigo el doctor Jóvito Villalba, secretario general de URD. Yo esperaba del maestro Villalba, en consecuencia con su sostenido propósito de defender la constitucionalidad, el que usara su autoridad moral para llamar a quienes están predicando abierta rebeldía contra el orden legal y decirles: «vuelvan ustedes a la lucha democrática y yo estaré a su lado para defenderlos; pero mientras ustedes tomen el camino de la violencia y del desconocimiento de las leyes, yo no puedo darles mi benevolencia». Pero el doctor Villalba ha dicho: «antes que la supuesta actividad subversiva de los partidos de oposición, lo que hay son brotes de descontento popular». En realidad, el pueblo tiene motivos para no estar contento porque sufre grandes problemas y necesidades, pero el pueblo no está en actitud de subversión. Son grupos manejados, conocidos, que obedecen a consignas sistemáticas los que han creado esta posición de inquietud.

Hace unas dos semanas, el propio doctor Villalba expresó, enfáticamente, que su partido había dado a todas sus seccionales una consigna de autonomía política y táctica, de no ir en coalición con ningún otro grupo político a ninguna elección. Pero se me dice que en la Universidad del Zulia fueron aliados los urredistas con los comunistas y con los miristas; que en la Universidad de Los Andes fueron unidos en el mismo frente; que unidos en el mismo frente participaron en las elecciones en el Colegio Médico y que en todas las jornadas sindicales han aparecido formando una unidad. Yo, francamente, espero, por el aprecio y la simpatía que tengo por el doctor Villalba, que él revise esta actitud y contribuya, como es su deber y como Venezuela lo espera, a salvar este difícil momento nacional.

Pero, debo decir que el ciudadano común ha dado, en general, un gran ejemplo. La gente no se ha dejado atemorizar. Los negocios están abiertos. Todos van a su trabajo, circulan por sus canales ordinarios. La ciudad sigue viviendo normalmente. Y esto es fundamental para ganar la presente etapa histórica. La formación de una Comisión Nacional Defensora del Sistema Democrático, que preside tan honorable y simbólica figura nacional como la del doctor Martín Vegas, significa esto con lo que quiero concluir mis palabras de hoy: un llamado a la colectividad para que recuerde que no se trata de defender a Rómulo Betancourt o a este gobierno, se trata de defender un sistema de vida, un conjunto de libertades conquistadas después de muchos sacrificios y que no estamos dispuestos a perder, así se nos pinten pajaritos. Es necesaria una actitud serena y firme, constructiva y patriótica, para que podamos rendir buena cuenta de la responsabilidad que nos ha sido confiada.

Buenas noches.