Nos duele la universidad

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 2 de diciembre de 1966.

Nos duele la Universidad. Y porque nos duele, no podemos cerrar los ojos ni la boca ante la grave realidad que atraviesa. No es nueva la atormentada situación de la Central. Lo sabemos. No admitimos la versión de que ella apareció de súbito, sin causas profundas, ni que fue consecuencia de la autonomía, por mal que ésta se haya entendido a veces. Comprendemos que lo ocurrido en el medio universitario es reflejo de circunstancias ambientales, tiene raíces en los decenios precedentes y sufre la influencia de factores derivados del crecimiento demográfico y del cambio social cuya repercusión se deja sentir en todo el mundo. Pero, así y todo, lo que sucede va rebasando lo tolerable, y su recrudecimiento echa sobre los personeros de la institución universitaria una gravísima responsabilidad.

Es tan delicado lo que pasa, que enumerarlo parece exagerar y suscita interpretaciones malévolas. Pero, como universitarios, nos consta que la población universitaria es la primera en reclamar una clarificación y rectificación a fondo. Si el Senador Edecio La Riva hizo un vigoroso planteamiento en la Cámara Alta sobre la reactivación de la violencia, era inevitable que en alguna forma se refiriera a la conducta de determinados sectores dentro del recinto universitario, y si era inevitable también que intereses políticos cuestionados reaccionaran tergiversando el sentido de sus palabras, y que el fariseísmo habitual fingiera alarma aparentando desconocer hechos a la vista de todos, lo cierto es que una caudalosa opinión, dentro de la universidad misma, responde afirmativamente: en la convicción inaplazable de que las autoridades universitarias –y el profesorado, por cuyo voto deben renovarse y con cuyo respaldo deben actuar– deben asumir su plena responsabilidad frente a la institución y frente a Venezuela.

Lo demás es simplemente provocar alharacas para oscurecer lo fundamental. Pretender que se busca eliminar la autonomía es vano intento por borrar una inconfundible trayectoria: el Partido Social Cristiano ha mantenido su más celosa y consecuente defensa, lo mismo durante su participación en el gobierno que cuando ha estado en la oposición; al revés de otros grupos políticos, que la reclaman o defienden cuando no están en el poder y la amenazan o suprimen cuando toman el control del Estado. El propio Edecio La Riva propuso en el Senado, al final del debate, la ratificación del respeto a la autonomía universitaria; y fue él quien solicitó en 1947 su consagración en la Carta Fundamental, con la vehemente negativa –entre otros– del vocero de la extrema izquierda marxista, que ahora hace tanto escándalo con una supuesta defensa de la institución que tratan de convertir en barricada.

Hay que salvar el Alma Mater. La situación no puede continuar así, porque correría el peligro de desembocar fatalmente en absurdas y contraproducentes soluciones de fuerza. En la opinión pública se está gestando una peligrosa predisposición contra el régimen autonómico, como si en él estuviera el origen de los hechos que causan repugnancia. Los socialcristianos hemos estado y estamos abiertamente contra tal idea. El «llerazo», que algunos parecen inclinados  aceptar como única respuesta al estado de cosas, lo hemos censurado categóricamente, hasta el punto de que un importante diario bogotano nos imputara connivencia con la insurrección; a lo que hemos replicado que, a la inversa de los grandes partidos en Colombia, que han perdido todo ascendiente sobre la juventud universitaria, nuestra juventud lleva el peso fundamental de la lucha contra el extremismo dentro de la universidad.

No creemos en soluciones de fuerza. Tampoco aceptamos que la culpa la tenga el texto legal. La Ley de Universidades no establece trabas jurídicas al funcionamiento de la institución universitaria dentro del orden jurídico nacional; la inviolabilidad del recinto –mal entendida como extraterritorialidad– está, ni más ni menos, concebida en los términos en que se garantiza el hogar de cualquier habitante de la República. El artículo que la consagra establece que «su vigilancia y el mantenimiento del orden dentro de él son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia».

La responsabilidad de que habla la Ley es lo que reclamamos. Sería hipocresía o ceguera criminal no exigirla con firmeza, en momento de tanta gravedad.