¿Preparados ante la emergencia?

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 11 de agosto de 1967.

Cuando comienza a reponerse la población metropolitana del impacto sísmico, miles de otros damnificados hacen su trágico desfile anual por las páginas de los diarios. En Caracas, viva todavía la dolorosa llaga en el corazón de los familiares de las víctimas muertas o desaparecidas, el clamor de los que han padecido daños materiales eleva planteamientos de necesidad, de justicia y de solidaridad social; en el Interior, los ríos salidos de madre destruyen hogares y sementeras, aumentando el número de personas que pierden habitación y pertenencias y el caudal de inversiones o actividades económicas afectadas.

Las situaciones causadas son muy diversas, como lo son también las magnitudes de la desgracia. Hay el caso irreparable de quien perdió la vida; entre sus familiares, quizás algunos dependían totalmente o parcialmente del desaparecido; hay quien perdió su vivienda, lo único que poseía, y dentro de ella sus libros, sus muebles, sus objetos preciosos, el fruto íntegro de sus esfuerzos; hay quien no era propietario, sino inquilino, pero su mobiliario destruido constituía todo su patrimonio. Hay quien sufrió daños parciales; quien había pagado o quien había apenas comenzado a pagar; quien había invertido todos sus ahorros en uno o dos apartamentos para alquilarlos como renta. Son múltiples las contingencias. Para que la solución de las diversas situaciones no sea caprichosa ni quede al leal saber y entender de seres humanos que podrían ceder al peso de motivaciones personales, es indispensable una reglamentación rápida, lo más equitativa posible, que funcione con prescindencia de las simpatías o antipatías, amistades o enemistades que pudiera tener cada solicitante.

Pero la lección que debemos derivar de la tragedia es de mayores alcances. En este momento, todos volvemos los ojos hacia los terremotos. Se estudia comprobar las precauciones antisísmicas de las construcciones actuales y se piensa en la necesidad de revisar las normas, tomando en cuenta no sólo las estructuras, sino las circunstancias del suelo. Se discute sobre el seguro antisísmico, cuyo elevado costo lo hizo el gran ausente en la contingencia del 29 de julio. (Parece que una iniciativa para rebajar las primas estaba durmiendo un sueño burocrático). Ahora bien, no parece probable que otro movimiento sísmico de igual intensidad se repita en Caracas hasta dentro de más de cincuenta años; pero ¿se están tomando ya precauciones en las demás ciudades del país, para prevenir un movimiento similar? Por otra parte: ¿se ha dado la consideración necesaria a la prevención y previsión de otros siniestros, ya que un siniestro de cualquier índole puede presentarse en cualquier momento en cualquier ciudad de la tierra?

De la catástrofe reciente debemos extraer la grave conclusión de que no estamos suficientemente preparados para afrontar una emergencia. Venezuela es un país demográficamente tenso y tiene una naturaleza bravía. El número de ciudades con cien mil o más habitantes ya alcanza la decena. Urgente es organizar servicios y mecanismos capaces para enfrentar cualquier eventualidad.

Absurdo sería conformarnos con el hecho de que las construcciones caraqueñas resistieran mayoritariamente la sacudida del 29, o darnos por satisfechos con que la Providencia fue piadosa para que los efectos del terremoto no llegaran al límite que habrían podido alcanzar. Si en vez de cuatro hubieran sido veinte o treinta los edificios caídos en el área metropolitana y hubiera alcanzado cifras altas el número de heridos, ¿habríamos dispuesto de recursos eficaces para salvar las vidas y aminorar los daños? Un arquitecto decía, en reciente reunión de las que hemos celebrado para analizar los efectos del sismo, que Caracas era y sigue siendo un caos desde el punto de vista urbanístico. No hay un verdadero Plan Regulador, no existe una real conciencia urbanística. Parece que todo se limitara a decir a cada quien las medidas y normas según las cuales puede levantar un edificio sobre el pedazo de tierra que posee. La vialidad urbana va con un retraso espantoso respecto al crecimiento de la urbe. ¿Hay conciencia urbanística en las otras ciudades de la República? ¿Existe algún mecanismo, siempre alerta, listo a entrar en función para controlar cualquier situación inesperada? La Cruz Roja ha promovido la constitución de una Junta de Defensa Civil. La idea ha encontrado receptividad. No podemos seguir funcionando a base de la conocida rutina de los comités pro damnificados.

He aquí el mayor beneficio que podríamos derivar de la terrible prueba: la conciencia de la previsión. Las emergencias son fenómenos casi naturales de la existencia humana. Sus efectos se agravan en la medida en que la civilización concentra artificialmente grandes masas de población. Es inaudito que a estas alturas no tengamos una preparación capaz, un entrenamiento que comience en la escuela, un servicio siempre alerta ante cualquier eventualidad.