Los derechos de los asegurados

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 6 de enero de 1967.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio, el 1º de enero, plantea una de las cuestiones más delicadas y de mayores consecuencias en la vida y orientación del Estado. La Seguridad Social constituye uno de los pivotes centrales del Estado moderno. La República Federal Alemana, por ejemplo, dedica un 37% de su Presupuesto a prestaciones sociales; solamente en subvenciones a los Seguros Sociales gasta más del presupuesto total de Venezuela. Inglaterra y los países escandinavos han ido muy lejos en la protección del riesgo social; los demás países de Europa, los Estados Unidos y las naciones de otros continentes dedican también gran esfuerzo a garantizar a sus habitantes la protección adecuada y oportuna contra enfermedades y accidentes, contra la vejez, invalidez y muerte, contra la pérdida del empleo y contra las cargas derivadas de acontecimientos importantes –algunos, felices; otros, desgraciados- de la vida familiar. Pero ello demanda un alto nivel de eficacia en la prestación de los servicios; como, también, un vigoroso estímulo a la producción y al rendimiento. De no lograrse estas dos condiciones, el sistema corre la eventualidad de convertirse en pesada carga sobre los mismos a quienes quiere proteger.

Resulta inconcebible, a este respecto, lo que está ocurriendo aquí con el Seguro. La Ley, como se dijo arriba, entró en vigor el 1º de enero. Nada lograron los razonamientos de partidos de oposición, de grupos de opinión y de intereses laborales o económicos, para que se difiriera al menos por seis meses la fecha de vigencia del nuevo instrumento legal. Con arrogante suficiencia, se respondió que la Ley comenzaría a regir en la fecha prevista. «Ni un día más, ni un día menos». Y para este momento no se ha dictado el Reglamento de la misma, ni se ha hecho frente a la reorganización que ella supone en el Instituto de los Seguros Sociales, ni se han dado los pasos necesarios para responder a un número inmenso de nuevos asegurados, que pagarán sumas cuantiosas y cuyo estado de ánimo frente al Seguro es de justificada desconfianza, dado el deficiente servicio que se viene prestando a los cotizantes anteriores.

Mientras tanto, la opinión lee declaraciones y noticias sobre el conflicto entre los médicos y el Seguro. Lee avisos oficiales que presumen la vigencia de un Reglamento cuyo proyecto todavía no se conoce. Y en definitiva, lo que sabe es que va a comenzar a pagar cantidades de dinero no despreciables, a cambio de una asistencia que no se le garantiza ni le inspira fe.

Desde luego, los derechos del gremio médico son muy respetables. Que los profesionales exijan no ser calificados como empleados públicos es comprensible, y lo es también el que exijan, antes de obligarse, conocer el nuevo Reglamento y celebrar un contrato que los garantice frente a la política oficial. Pero es de desear que tanto los médicos como el Gobierno no pierdan de vista, por encima de toda otra consideración, que están en juego los respetables intereses de centenares de miles de personas a quienes se les impone coactivamente por la ley un régimen proteccionista y reclaman ver convertida en realidad esa prometida protección. Ello explica el por qué los trabajadores agrupados en la CTV –sin distingos internos– hayan visto con simpatía el sistema de libre elección de médicos y el por qué médicos que nada tienen que ver con el Gobierno, como los socialcristianos, hayan emitido en el seno de la Federación Médica opiniones proclives a que se experimentara el sistema, eliminando las discriminaciones originales y corrigiendo otras dificultades e inconvenientes. Aunque como es natural, dieran ejemplo de solidaridad gremial identificándose luego con lo resuelto por la Asamblea.

En el fondo, se trata de invertir la correlación médico-asegurado: si lo tradicional es que el asegurado vaya al médico como implorando auxilio, se aspira a que el médico vea al asegurado como quien tiene derecho a exigirle y puede, en caso de no ser bien atendido, buscar otro que lo considere más. No defiendo el plan en sí. Puede tener defectos ese criterio de selección, aunque también lo tiene la designación oficial, matizada muchas veces de favoritismo partidista. Puede que, más adelante, se logre un sistema más orgánico. Pero, entre tanto, ¿cómo se va a resolver la situación?

Es innegable que los trabajadores –de todos los niveles– algunos de los cuales recibían una atención médica que ahora debe suplir el Seguro, reclamarán con toda justicia los derechos que como asegurados les competen.