El tema militar

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 14 de julio de 1967.

Si negar el voto al ascenso del Ministro de la Defensa a General de División causó impacto, en una democracia acostumbrada a mantener el tema militar como tabú aparente y hacerlo en cambio motivo de corrillos, la sorpresa aumentó al conocerse la respuesta del Ministro. Nadie puede negarle al señor General Ramón Florencio Gómez el derecho de refutar la opinión envuelta en el voto negado, pero el agrio carácter polémico de sus declaraciones causó una penosa impresión.

En virtud de previsión constitucional, a los Senadores les asiste el respetabilísimo derecho de manifestarse en acuerdo o desacuerdo con la autorización para el ascenso de altos oficiales. La promoción no se basa únicamente en la antigüedad del ascendido, sino en los méritos para pasar a un grado superior. En el caso del Ministro de la Defensa, su actividad profesional está inmersa dentro de sus funciones al frente del Despacho. Más de una vez, voceros socialcristianos hemos expresado discrepancia con la conducción de asuntos graves, como el de las guerrillas. El ascenso equivalía, en este caso, a un reconocimiento tributado por el ejercicio de aquellas funciones: sería descabellado pedirle tal reconocimiento a quienes habían manifestado sobre el fondo una opinión adversa.

¿Por qué, entonces, había de reclamarse la unanimidad para elevarlo a General de División? Simplemente, porque no se tiene el hábito de que se discutan cuestiones atinentes a las Fuerzas Armadas, así sean de aquellas que necesariamente deben debatirse al tenor de la Constitución.

No fue feliz la respuesta del señor Ministro. Lo digo sin acrimonia y lamentándolo sinceramente. En primer lugar, porque su privilegiada condición de único militar que puede opinar en cuestiones políticas –derivada de la posición que ocupa en el Gabinete Ejecutivo– no debe inducirlo a expresiones que tienen sabor de controversia partidista. En segundo lugar, no era lo más propio manifestarse airadamente contra el ejercicio de un derecho constitucional porque el asunto le atañía personalmente, cuando antes no respondió en forma similar al criticarse la política del Despacho. En tercer lugar –lo que es de primerísima importancia– no debió atribuir «fines inconfesables» al hecho y, menos aún, establecer confusión entre su persona y las Fuerzas Armadas. No es justo que se considere como una ofensa a las Fuerzas Armadas emitir un dictamen sobre la actuación de un militar cuya actuación profesional es el ejercicio de un cargo político, como lo es el Ministerio, según el mismo General Gómez lo recuerda.

Todo esto ha servido al palangre político para supuestas defensas al General Gómez y a las Fuerzas Armadas, utilizando insidiosos argumentos. Nadie ha atacado a la persona y condiciones subjetivas del General Gómez, y menos aún a las Fuerzas Armadas. Estas no necesitan que se las defienda, y menos aún frente al partido COPEI, que en sus veintiún años de lucha ha mantenido una conducta consecuente ante ellas, basada en el recíproco respeto y en el deber común de defensa de las instituciones. Si algún partido en Venezuela ha mostrado elevada consideración por las Fuerzas Armadas, ha sido COPEI, cuya conducta lo pone a cubierto de gratuitas imputaciones de procurar aprovecharlas contra el orden constitucional.

El tema militar debe tratarse con mucha altura, con mucho patriotismo y limpieza. Clausurarlo mediante andanadas de frases y amenazas sería un flaco servicio a la democracia, como igualmente lo sería lanzarlo a la hoguera crepitante de la lucha partidista. No sé por qué, el escándalo farisaico de algunos ha traído a mi memoria un intento que se hizo en 1947 de aprovechar las Fuerzas Armadas como argumento poderoso en el debate político de entonces. Tal vez sea porque la experiencia demostró el espejismo de apelar a este recurso para buscar dividendos. En sesión del 13 de enero de aquel año, a pedido de la Junta Revolucionaria de Gobierno por órgano de su Secretario General el Dr. Luis B. Prieto F., la Asamblea Constituyente recibió una Comisión de las Fuerzas Armadas, encabezada por los tenientes coroneles Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y Llovera Páez, quienes entregaron un pliego de respaldo elaborado por «la feliz iniciativa de un oficial anónimo». Leído el documento, habló en nombre de Acción Democrática el Dr. Luis Augusto Dubuc, y para responder me correspondió llevar la voz de la oposición. He revisado el Diario de Debates. No oculté «la penosa impresión que nos causó en el texto del documento leído, el que representantes de las Fuerzas Armadas entraran a determinar posiciones en el seno de la polémica política». No me gusta citarme, pero debo recordar que hice advertencias desdichadamente confirmadas por la historia.

Es preferible colocar las cosas en su sitio. La reciente discusión en el Senado no envuelve peligro ninguno si se la entiende como debe entenderse. Al contrario, ella constituye una inmejorable ocasión para demostrar el arraigo de la conciencia democrática en militares y civiles que compartimos la responsabilidad de sostener instituciones fortalecidas por el esfuerzo conjunto en el curso del último decenio.