El tercer año de gobierno

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 17 de marzo de 1967.

Con la presentación de su mensaje, el Presidente Leoni dio remate a su tercer año de gobierno. Esto ocurre en momentos especialmente delicados. No se ha repuesto el país del rudo impacto producido por el monstruoso asesinato del doctor Julio Iribarren Borges, cuyo principal efecto ha sido el de llamar nuevamente la atención sobre el gravísimo problema de la falta de seguridad personal. No ha logrado la Administración Pública producir una sensación de eficacia: se han hecho algunas obras, se han presentado planes, pero se palpa la ausencia de un esfuerzo vigoroso y sistemático para el desarrollo, se pierden inmensas riquezas del Fisco en gastos improductivos y las realizaciones ostentadas no corresponden al volumen del gasto público, ni siquiera a la magnitud de los planes presentados. No ha podido recuperarse la confianza, factor primordial de la actividad económica, después del duro golpe que le asestó la mal llamada «reforma tributaria».

Esa triple sensación de negatividad (falta de seguridad personal, falta de eficacia administrativa y falta de confianza económica) se ha traslucido en el propio mensaje del señor Presidente y se refleja en los comentarios suscitados por dicho documento. En regiones tan importantes como el Zulia, Oriente y Apure –otrora partes sustanciales del «imperio» accióndemocratista– he podido personalmente comprobar la existencia de un malestar creciente, en las visitas que les he hecho en los últimos doce días. Esta misma semana tuve ocasión de dialogar, en Carúpano y en Maracaibo, con elementos muy responsables de sus más variados e importantes sectores sociales: los sucrenses siguen quejándose del completo abandono en que se halla el Estado y del incumplimiento de incontables promesas, y el clamor del Zulia contra el centralismo absorbente va tomando proporciones alarmantes, que traducen casi una desesperación por la falta de una política coherente y activa de desarrollo regional. De Apure, no hay para qué decirlo: se trata, quizás, del Estado más descuidado por el Gobierno Nacional en toda la República.

Está profundamente resentida la vida del país. Hay cuestiones inmediatas y urgentes que debieran ponerse por encima de posiciones particulares; pero no se encuentra ante ellas la iniciativa amplia, apta para comprometer en una acción común a todos los sectores interesados por el fortalecimiento de la democracia y por el despegue hacia el desarrollo, sea cual fuere su alineación política.

La primera de esas cuestiones debería ser la de poner freno a la violencia. Toda la literatura del régimen sobre la pacificación, repetida a dosis progresivas a los largo de tres años, queda desvalorizada por cruda realidad. No es que queramos echarle la culpa de todo lo que ocurre: un alto jerarca de Acción Democrática, usualmente más comedido que los otros voceros de su partido, incurrió a propósito de esto en la ligereza de calificar como «de mala fe» nuestras críticas a la política gubernamental. Si se ve a fondo el caso, más bien podría discutirse la buena fe de las declaraciones oficiales que han tratado de adormecer la opinión diciéndole, una y otra vez, que «todo está en calma», como en el tango de Gardel.

Hemos dicho, y lo sostenemos, que el Gobierno no ha presentado jamás un plan integral, sistemático, coherente y serio para enfrentar el problema de la violencia: se ha limitado a intentar ciertas aproximaciones (sobre las cuales no ha dado información cabal) y a aplicar reacciones espasmódicas y aparatosas cuyo resultado no se ha visto. La prueba es que los peores hechos se han fraguado en momentos en que aparentemente se desarrollaban las acciones gubernamentales más eficaces. Esto ha ocurrido con la suspensión de garantías, medida de excepción bajo cuya vigencia han sucedido episodios lamentables. Los venezolanos esperábamos que el Mensaje del doctor Leoni anunciara un programa de verdad, eficiente y de alcance nacional, para hacer frente a la permanente amenaza que se cierne sobre las vidas y hogares de los habitantes del país y sobre las instituciones democráticas.

Esperábamos, también, razones y hechos concretos capaces de devolver plena confianza a la actividad económica, todavía no suficientemente recobrada de los duros golpes que sufrió en el segundo semestre del 66. Nada de esto se ha visto. Y en cuanto al reajuste de los cuadros administrativos, todo lo contrario de un impulso renovador puede esperarse del cambio de Gabinete: es un simple reajuste burocrático, con la única finalidad de satisfacer exigencias del aliado necesario, salvo el caso del Ministro de Hacienda. Se han nombrado algunos Ministros, únicamente, para atender conveniencias partidistas. En cuanto al nombramiento en Hacienda, entraña el reconocimiento por parte del Gobierno del grave error que envolvió la «tributaria»: al fin y al cabo, el titular de la cartera estaba predestinado a pagar los platos rotos.