Fedecámaras y el desarrollo

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 12 de mayo de 1967.

El hecho de que ya durante veintitrés años seguidos reúna su asamblea la Federación de Cámaras de Comercio y Producción es, por sí solo, un índice de la transformación del país. Cecilio Acosta decía que la necesidad mayor de Venezuela era la de tener instituciones. Nada tan indispensable para la formación del Estado de Derecho como estas manifestaciones sociales, a las que Hauriou ha definido por el aspecto de su duración, independiente de las voluntades individuales de sus integrantes.

Una de las diferencias principales entre la democracia orgánica y la vieja democracia tradicional es la representatividad y participación efectiva de los diversos sectores en el análisis y resolución de las complejas cuestiones que enfrenta la comunidad. Estas reuniones de Fedecámaras en mucho contribuyen al estudio de los problemas nacionales: se podrá discrepar a veces de sus puntos de vista, pero es innegable la seriedad y trascendencia de sus planteamientos.

La existencia de entidades representativas de los intereses económicos, como la de partidos políticos cuya fortaleza echa raíces en el ánimo de la población, la de organizaciones sindicales experimentadas, cada día más poderosas y estables, o la de corporaciones profesionales con influencia creciente, constituye un factor de estabilidad y puede convertirse en palanca formidable del progreso, siempre que se logre armonizar los puntos de vista y coordinar los esfuerzos en el propósito de realizar un fin común. Como dice Pablo VI en su carta encíclica sobre el Desarrollo de los Pueblos al referirse a los programas (necesarios para animar, estimular, coordinar, suplir e integrar, según Juan XXIII): «toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que hay que proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ellas, estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta acción común. Pero ellas han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una colectivización integral o de una planificación arbitraria que, al negar la libertad, excluiría el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana».

Venezuela tiene ante sí como objetivo central el desarrollo. Entendido, naturalmente, en su doble aspecto, económico y social. Los empresarios deben tener una participación muy grande en la consecución de ese objetivo. Al mismo tiempo, no pueden olvidar que la defensa de sus intereses específicos está en el logro de los fines comunes; si la vida económica se estanca, no habrá salvación para nadie. La fijación de metas claras y la propagación de una mística empeñada en obtenerlas constituirá el mejor beneficio para todos.

Los hombres que dirigen los sectores de la producción son, en su mayor parte, gente cuyo éxito ha concurrido con la iniciación del tránsito hacia una economía moderna. No tienen una mentalidad impermeable; no habría razón para que se atrincheraran en posiciones cerradas. En Venezuela, reforma agraria no es bandera de guerra social, ni relaciones obrero-patronales tienen sentido necesariamente conflictivo. La capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y para ayudar a crearlas ha sido clave y constituye el arma mejor para el futuro. En cuanto a las relaciones entre el sector público y el sector privado, las cuales no han sido ajenas a formas diversas de colaboración, hay desajustes que en parte provienen de falta de claridad en la política oficial, ausencia de motivación para estimular un gran esfuerzo nacional y escasa agilidad en la administración para ponerse a tono con las exigencias de la hora en que vivimos.

Uno de los primeros deberes de un nuevo gobierno ha de ser la definición de líneas precisas, claras y estables dentro de las cuales enmarcará su acción, en forma tal que cada uno de los sectores del país sepa a qué atenerse, a corto y a largo plazo. La confianza es un factor primordial del desarrollo. Esto supone, al mismo tiempo, sinceridad y constancia en el diálogo: por creerlo así manifesté, en el acto de proclamación de mi candidatura, que en caso de resultar electo aspiraría a ser el Presidente del diálogo.

Por otro lado, es urgente la revisión y la correcta aplicación de las leyes relacionadas con la economía, así como la reforma del aparato administrativo del Estado. Dentro de los temas de la XXIII Asamblea de Fedecámaras reviste especial importancia el de la vigencia del estado de derecho y la efectividad de la ley como marco indispensable de la actividad económica. En esa materia hay mucha tela que cortar. Y en cuanto a los procedimientos, las estructuras administrativas están entre las estructuras sociales cuyo cambio es más necesario, por lo mismo de hacer permanecido inalterables durante largo tiempo.

Empresarios y gerentes que adoptan los procedimientos más modernos en el manejo de sus negocios no pueden entender cómo la administración pública –una empresa que gasta 10.000 millones al año– tiene un rendimiento tan bajo y unos procedimientos tan anacrónicos que constituyen rémora para la actividad de todos. Se indignan por las demoras en los trámites (que según insistentes rumores, sólo se suelen acelerar mediante corruptelas) y los subleva la pérdida cuantiosa de recursos cuyo adecuado aprovechamiento repercutiría en estímulo fecundo para el esfuerzo general.

Una justa y provechosa relación entre el sector público y el sector privado en vista del interés común es indispensable, en un país donde urge la creación de fuentes de trabajo, la vigorización de la economía nacional y su orientación al progreso social. Puede y debe lograrse que el Estado, los empresarios y los trabajadores se entreguen apasionadamente a impulsar el desarrollo, en un clima de confianza recíproca y franco optimismo. Empeñarse en ello es una de las principales tareas que el país espera del futuro gobierno.