Proceso electoral y CSE

Artículo de Rafael Caldera para El Nacional, del 5 de mayo de 1967.

Una de las características del actual régimen es la de dejar pasar el tiempo sin resolver problemas, hasta que éstos entran en fase aguda y para salir de ellos hay que hacer cualquier cosa, de carrera. La Constitución tiene seis años de promulgada y no se ha dictado todavía ninguna de las leyes fundamentales que prevé: de régimen político, régimen municipal, poder judicial, presupuesto, institutos autónomos, etc. Descontados los años 62 y 63, en que tenía signos distintos el Senado y la Cámara de Diputados y era imposible legislar, ¿por qué se han dejado pasar los años 1964, 65, 66 y 67 sin acometer esa tarea?

El año pasado debió elegirse un nuevo Consejo Supremo Electoral, Pasó el tiempo y nada. En este año ha transcurrido exactamente la mitad del primer período legislativo del Congreso y apenas ahora, a dos meses de su conclusión, comienza a considerarse en Comisión el Proyecto de Ley Electoral. Ese Proyecto tiene que convertirse en Ley en este mismo año, porque en 1968, a pocos meses del acto de votaciones, no sería posible ignorar todavía el sistema escogido para inscribir a los votantes y para ejercer el sufragio. Basta mencionar estas circunstancias para confirmar que el Poder Público, en vez de ir a la cabeza del país abriendo caminos, ha adoptado la táctica de dejarse remolcar a duras penas por aquél, que sigue su marcha a pesar de la inercia oficial.

El Consejo Supremo Electoral tiene en el sistema venezolano de elecciones una importancia preponderante. Le corresponde la organización del llamado «poder electoral» en todas sus ramas; la distribución de las mesas electorales y del material electoral; la fijación de la fecha o fechas de las elecciones; la resolución de las cuestiones contenciosas que surjan en medio del proceso electoral; la proclamación de los candidatos electos; la interpretación de las cuestiones dudosas u oscuras en la aplicación de las normas legales. Es, realmente, uno de los órganos de mayor poder en la vida del Estado. La confianza que merezca tiene repercusión directa en la solidez del sistema democrático y en la estabilidad de las instituciones.

Por este motivo, la elección de los miembros del Consejo Supremo no es una operación administrativa cualquiera. Si su selección no se hace con espíritu patriótico, si no prevalece un criterio nacional por encima de intereses de grupo, estará faltando uno de los ingredientes más esenciales en la arquitectura democrática de la República.

De los miembros del Consejo Supremo Electoral, cinco son propuestos por los cinco partidos con mayor representación en el Congreso. La clave está en los otros miembros, a saber: tres independientes y uno electo a proposición de las fuerzas minoritarias del Parlamento. Su importancia es tan grande, que la Ley exigió las dos terceras partes de los votos de las Cámaras para designarlos, a fin de evitar que puedan ser impuestos en favor de determinados intereses.

Para la selección de los miembros independientes se exige escoger hombres que tengan una gran capacidad de trabajo, una apasionada voluntad de servicio a la comunidad y una integridad moral a toda prueba. Si fueran negligentes, o se parcializaran en la escogencia de los miembros independientes de los otros órganos electorales (Juntas Principales, Distritales y Municipales), o decidieran sin justicia las cuestiones que pueden ocurrir, todo el proceso electoral quedaría resentido.

La posición socialcristiana frente a esta elección es muy clara. No pretendemos ni aspiramos a que los miembros independientes del Consejo Supremo Electoral nos favorezcan, ni deseamos gente capaz de cometer irregularidades en beneficio nuestro. Lo que aspiramos es la designación de personas incapaces de violentar el proceso, ya sea en favor del Gobierno, ya de la Oposición. Hombres de integridad a toda prueba para resistir las presiones que pueden ejercitarse sobre ellos, vengan de donde vinieren.

Esta misma, sin duda, debe ser la actitud de los otros grupos de oposición. Debemos esperar que sea compartida por los partidos de Gobierno. No se trata de buscar la conveniencia de nadie; se trata de salvar la fe del país en los mecanismos democráticos, sin la cual todo se iría al traste. La elección del Consejo Supremo Electoral, atrasada ya un año, es urgente. Esa elección señalará el inicio auspicioso del proceso que habrá de culminar en la renovación de los poderes públicos por voluntad del pueblo.