Sobre los problemas de la infancia

Columna «El año del cambio», escrita para El Universal. 18 de agosto de 1968.

El martes cumplió diez años de fundada la Federación de Instituciones Privadas de Asistencia al Niño (FIPAN). Para celebrar el aniversario, sus directivos tuvieron una idea singular: invitar a los candidatos presidenciales a dialogar sobre temas escogidos como excepcionalmente importantes, en relación con los problemas de la infancia y de la juventud.

Asistimos tres de los cinco invitados. Sobre cada uno de los puntos del temario oímos, previamente, autorizadas exposiciones, hechas por ponentes designados entre los dirigentes de instituciones integrantes de FIPAN. Esos puntos se referían al incumplimiento de las disposiciones legales dictadas en protección de la familia y del menor, al problema de los niños abandonados en edad pre-escolar, a la cuestión del aprovechamiento de las horas libres del menor, al debatido punto de la edad de inimputabilidad penal y al campo fecundo de las relaciones entre las instituciones creadas por iniciativa particular y los organismos oficiales.

Al invitársenos, se nos indicó la conveniencia de que expusiésemos el contenido de nuestros respectivos programas en referencia a los puntos planteados. Y surgió, como no podía menos de surgir, el contexto de todos los problemas enunciados: el papel de la familia en la estructura social y política y la orientación que debe seguir el Estado para contribuir a que ella sea, en forma efectiva, la célula fundamental de la sociedad.

La infancia, los distintos aspectos en los cuales su situación es conflictiva, constituyen parte integrante de un gran complejo social. La adopción de medidas aisladas, la visión de sus aristas más agudas, sólo podrían conducir a una perspectiva incompleta y a paliativos ineficaces. La política concerniente a la infancia, como la concerniente a la juventud, están necesariamente integradas a la política sobre la familia, la vivienda, la educación, la salud, el deporte, la promoción popular. No hay duda de que la asignación presupuestaria para el Consejo Venezolano del Niño es precaria, sin proporción con la magnitud de las funciones que se le atribuyen y con la presencia explosiva de una población menor de 18 años en la realidad dinámica de Venezuela. Aumentar las asignaciones, incrementar la educación pre-escolar y sus aspectos asistenciales para grandes sectores de población, crear mayor número de servicios y dotarlos más eficazmente, todo ello es de urgencia elemental.

Cooperar decididamente con las actividades creadas y sostenidas por la iniciativa privada, no sólo es de justicia, sino de conveniencia pública, puesto que la inversión oficial se multiplica a través de la acción desinteresada de los particulares. Pero, planteando las cosas como están, ello es un solo ángulo del poliedro. En el centro mismo del asunto está la necesidad de adoptar una posición y desarrollar una política de aliento en cuanto se refiere a la familia.

La familia, expresa el Programa de Gobierno que he presentado a la nación, es la gran ausente. Ausente en los organismos públicos y privados, en las decisiones que le atañen y que atañen a la comunidad. Tampoco existe una conciencia familiar, ni la familia misma ha tomado conciencia de su ser social. Ha llegado la hora, por tanto, de que en lugar de ser una simple estructura de conservación y tradición, la familia se convierta en una estructura de transformación dinámica de la sociedad.

La política familiar que me propongo cumplir tiene aspectos económicos, sociales y jurídicos. Va desde la reforma de las disposiciones legales que integran su estatuto civil hasta la exaltación de los valores familiares y la creación de una conciencia favorable a la realización plena de la familia y a su bienestar. Desde la ejecución de una ambiciosa política de vivienda, complementada con una buena organización de servicio social y tendiente a ofrecer a la familia una sede propicia para su satisfacción cabal, hasta la adopción de sistemas adecuados de prestaciones familiares, integrados dentro de los cuadros amplios de la seguridad social, y de otros mecanismos de protección para el equipamiento del hogar, para el alivio de las cargas soportadas por las familias numerosas y para la valorización del trabajo de las amas de casa en el cuadro de la política social y económica.

La idea de la paternidad responsable, convertida en motivo central de una intensa pedagogía colectiva, debe ir paralela al empeño por la regularización de las familias que viven fuera del ordenamiento jurídico; pues si bien creemos que la aplicación de esquemas tradicionales no permite una exacta evaluación social de la familia en nuestro país, ya que hay numerosas uniones de hecho cuyos caracteres de estabilidad, afecto y solidaridad permiten encasillarlas en la simple catalogación de uniones ilegítimas, sabemos al mismo tiempo que la falta de una ubicación clara dentro de la ordenación legal produce infinitas consecuencias dañosas a la misma unidad familiar y a la situación de sus miembros.

La aspiración a que la familia participe por derecho propio en las entidades oficiales y semioficiales que asisten a los poderes públicos en sus tareas económico-sociales, la incorporación de la familia a los planes de promoción popular, son de una importancia trascendental. Por ello, queremos promover en la familia y en la juventud nuevas fuerzas para expresar su sentir. Queremos que esas estructuras sean el resultado de los esfuerzos de los propios interesados: las familias y los jóvenes de Venezuela.

Para dar expresión organizada a estas aspiraciones nos proponemos crear el Consejo Nacional de la Familia y de la Juventud. No como un nuevo despacho oficial, ni un instituto autónomo, ni un órgano disfrazado del Estado con miras a instrumentalizar a las organizaciones familiares y juveniles: se trata de una estructura mixta donde estarán representados, por una parte, las organizaciones familiares y juveniles de iniciativa privada, de acuerdo con pautas establecidas, y por la otra, el Estado como gerente del bien común. El propósito es el de que sean los propios interesados quienes libre, consciente y responsablemente asuman su autorización. El Consejo Nacional de la Familia y de la Juventud será el legítimo representante a nivel nacional –verdadero cuerpo intermedio– de la familia y de la juventud venezolana ante los poderes públicos.

Esto nos parece más serio y representativo, más cónsono con la situación y posibilidades actuales y con la aspiración a crear una democracia orgánica, que el anuncio precipitado de un Ministerio cuyas bases no han sido previamente establecidas. Y así, la iniciativa privada en materia de tanta importancia será vigorizada, participará con mayor autoridad en los asuntos que a todos atañen y no se sentirá ahogada por el centralismo oficial y por la fronda burocrática.

Los problemas que fueron planteados en el diálogo revisten todos trascendental importancia. Para ellos tuve respuestas precisas y hay soluciones en nuestro Programa. El ser humano tiene exigencias perentorias, diferenciadas en las diversas etapas de su existencia: desde la concepción a la edad escolar; desde que empieza la educación primaria hasta el comienzo de la pubertad; desde la pubertad hasta los 18 años, en que termina la calificación oficial de minoridad; desde los 18 a los 25 años, en que el joven toma responsabilidades de adulto entre las sacudidas de la adolescencia. Para todas esas etapas debe haber respuestas precisas, como debe haberlas para la edad madura, que va desde los 25 años hasta la edad de la jubilación y como debe haberlas para la edad longeva, que tiende a prolongarse por los progresos de la ciencia médica,

Lograr que en sus etapas infantil y juvenil se desarrolle plenamente la personalidad, se capacite para la vida y para el progreso y se concientice su responsabilidad social es un objetivo digno del mayor esfuerzo. Para acercarse por lo menos a la meta, no basta la preocupación de un Gobierno ni es suficiente aplicar paliativos a hechos que son efecto de diversas causas; es preciso promover, asistir y sumar el esfuerzo de todos y enfocar la cuestión en su dimensión total. Una política familiar de visión amplia y largo alcance es indispensable. Sin ella, todo lo que se hiciera quedaría colgando en el aire. Hay que tener presente su definida y amplia proyección.