El estado de derecho

Columna «El año del cambio», escrita para El Universal. 13 de octubre de 1968.

Una de las más hondas exigencias del país nacional frente a la coyuntura electoral es el establecimiento efectivo del Estado de Derecho. El modo de ser adeco es alérgico a la juridicidad. Ya desde los primeros tiempos de la creación del partido que actualmente finaliza su período de gobierno se contaban anécdotas que reflejaban el menosprecio de sus dirigentes por todo lo que sonara a legalidad.

Muchas cosas que pudieron hacer conforme al ordenamiento jurídico las hicieron deliberadamente bajo el signo de la arbitrariedad. El propio candidato oficial, en la campaña actual, ha señalado como un crimen de los copeyanos el de haber reclamado, a través del Ministerio de Justicia, que se cumplieran las formas legales en el caso de unos supuestos hampones enviados sin fórmula de juicio a la Colonia de El Dorado. Para los adecos, si la ley es insuficiente, el camino no es corregirla, sino, simplemente, violarla.

Por eso, hoy la población vive en una permanente inseguridad jurídica. Los ciudadanos no saben exactamente cuándo ni cómo se les va a aplicar la legislación existente. Los contratistas, que realizan obras para el Estado, no saben cómo ni cuándo van a cobrar. Los voceros del sector privado de la economía reclaman, como necesidad primordial, una definición de políticas: quieren que se defina cuál es el campo que el sector público se reserva para sí y cuál el que se asigna a la iniciativa particular; piden fijación de normas claras y cumplimiento de las mismas. Lo ganaderos, por ejemplo, señalan como la primera necesidad de su gremio la de que el Estado haga una definición de política pecuaria, y la cumpla. La Asamblea de Fedecámaras, reunida en Margarita el año pasado, hizo una reclamación ardorosa sobre vigencia del Estado de Derecho. La inseguridad en que todo se desenvuelve es de tal índole, que hay la sensación de que si AD ganara las elecciones establecería el propio año de 1969 una reforma tributaria más fuerte aún que la que intentó el año pasado, y de que al pasar las elecciones el Presidente Leoni suscribiría el acuerdo sub-regional andino en los términos que el Gobierno tenía dispuesto antes del aplazamiento táctico decidido por el proceso electoral.

Los socialcristianos, por propia formación, creemos firmemente en el Derecho. Pensamos que la estabilidad institucional del país reclama el cumplimiento de las leyes. Cada ciudadano debe sentirse ante el Gobierno dotado de una fortaleza invencible cuando lo ampare el ordenamiento jurídico, para que pueda repetir el gesto del molinero de Postdam al decirle a Federico el Grande: «hay jueces en Berlín».

Yo creo en la Constitución. Contribuí con todo lo mejor de mi voluntad a redactarla y expresé, en el solemne acto de su sanción, mi convicción de que hicimos una Constitución «del pueblo y para el pueblo; una Constitución de todos y para todos los venezolanos». Manifesté que nuestra preocupación central fue «elaborar preceptos que estén llamados a cumplirse, no estampar declaraciones que no haya el propósito y la posibilidad de realizar».

De allí que uno de los capítulos fundamentales del Programa del Cambio sea el referente al Orden Político y Administrativo, donde se precisan todos los pasos indispensables para lograr la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Se estampa la verdad de que la estructura actual del Estado y de la Administración, sus órganos, procedimientos y sistemas son, materialmente, los mismos que los establecidos en el siglo pasado y reclaman una reforma estructural y una reforma funcional. Reestructuración en los altos niveles de la Administración Pública Nacional, reforma y coordinación en las actividades de la Presidencia de la República y del Congreso, de la Contraloría y los departamentos administrativos de los institutos autónomos y empresas de capital público, de la administración regional y municipal. Se plantea la indispensable reforma burocrática, apoyada en una Ley de Carrera Administrativa y la modernización de los procedimientos, pues «una administración que sea motor del desarrollo integral en una sociedad democrática, solidaria y pluralista requiere, desde el punto de vista de su funcionamiento, un alto grado de eficacia y una activa actitud que promueva la participación de la población».

Quien haya destinado algunas horas a estudiar la parte pertinente del Programa de Gobierno encontrará que en él, por primera vez, se plantea en forma orgánica lo relativo al proceso de la administración. Racionalización de las competencias; proceso de descentralización, regido por el principio de la especialidad y por el de la proporcionalidad, y orientado a modernizar la actual administración, reordenarla y marcar el paso hacia la descentralización, utilizándola a la vez como instrumento para fortalecer la administración regional y municipal. El establecimiento de un sistema de procedimientos y métodos, la institucionalización de los mecanismos de consulta con sectores populares y la delegación de ejecución de programas para dar cumplimiento al principio de subsidiaridad.

Pero lo más importante es lo relativo a los pasos concretos para que el Estado de Derecho se realice. La seguridad que cada uno debe tener, sea cual fuere su ubicación social y sus medios de fortuna o grado de cultura, de que el Estado no puede invadir sus atributos fundamentales como persona humana, se proclama en el Programa como indispensable para la estabilidad política y para el desarrollo económico. Para ello se reconoce la urgencia de un ordenamiento jurídico que constituye el marco legal donde actúen las fuerzas motoras del desarrollo y dé a cada uno la certidumbre de su esfera de acción y, por otra parte, la creación de instituciones jurídicas y políticas que garanticen la aplicación del Derecho. La creación de un Consejo Nacional de Legislación, verdaderamente representativo y operante; la reforma del Poder Legislativo y la Administración de Justicia y los órganos concernientes a la seguridad, todo ello es el resultado de un análisis serio y de una formulación responsable de las soluciones cónsonas con los principios y con la urgencia de la hora, elaboradas y discutidas a través de personas altamente calificadas.

Todos se quejan de la ineficiencia del Congreso: el Programa del Cambio se ocupa de buscar caminos para corregirla. Todos se quejan de la Administración de Justicia: el Programa del Cambio se preocupa por presentar las mejores soluciones para reformarla. Todos se quejan de la inseguridad en que vivimos: el Programa del Cambio presenta vías concretas para eliminarla.

Todos, en fin, sienten el permanente desasosiego del incumplimiento sistemático de las normas jurídicas. Por ello, el Programa del Cambio orienta una de sus más nobles y alentadoras preocupaciones al logro real y verdadero de la aspiración fundamental de todo demócrata sincero: el Estado de Derecho.