El Pacto Andino

Columna de Rafael Caldera escrita para ALA y publicada en El Universal, del 3 de octubre de 1984.

Un importante diario del hermano país de Ecuador, en la oportunidad de la toma de posesión del nuevo Presidente abrió su primera página con un título que tiene necesariamente que inquietarnos: «La Decisión 24 está llegando a su fin». «En Quito –dice la información– se decretó la muerte de la Decisión 24, norma que regula la inversión extranjera en los países del Pacto Andino. En el marco de la trasmisión del mando, que se desarrolló aquí, los socios de la subregión enfatizaron en la necesidad de dejar en libertad a cada uno de ellos para el tratamiento del capital foráneo. Los Presidentes de Ecuador, León Febres Cordero; de Bolivia, Hernán Siles Zuazo; de Colombia, Belisario Betancur; de Venezuela, Jaime Lusinchi, y el representante del Perú, Manuel Ulloa, llegaron a un consenso para liberalizar las condiciones de ingreso de las inversiones de cada uno de estos países».

Un amigo que mantiene una columna semanal en un importante diario de Caracas manifestó extrañeza por no haberse dado ninguna explicación oficial de este hecho. Hasta ahora, no ha tenido respuesta. Y, por cierto, el mismo periódico quiteño informa que a la reunión asistieron, además de los entes mencionados, el presidente Alfonsín, de Argentina; el presidente electo Ardito Barletta, de Panamá; el miembro de la Junta de Nicaragua, Sergio Ramírez (países que no son miembros del Acuerdo de Cartagena); y el Vicepresidente de los Estados Unidos.

He sido y soy partidario de la inversión extranjera, dentro de las normas y orientaciones que el interés de cada país y el proceso de integración señalan. Pero no puedo menos de inquietarme por una especie de estrategia encaminada a señalar al Pacto Andino, y concretamente la Decisión 24, como el obstáculo para que la inversión extranjera alcance los niveles necesarios para el desarrollo de nuestras economías. Peregrino argumento, frente al cual es fácil la respuesta porque Chile, que invocando esa razón decidió durante el Gobierno de Pinochet retirarse del Grupo Andino del que el Gobierno de Frei habría sido uno de los inspiradores, no ha logrado superar, ni siquiera alcanzar los niveles de inversión foránea de los países que han mantenido su compromiso integracionista.

La inversión extranjera debe considerarse a la luz de la experiencia. La hay muy conveniente: la que fomenta actividades para las cuales el capital nativo no alcanza, evitándonos el terrible mal en que por desgracia hemos caído hasta el exceso: el endeudamiento. Pero también hay abundantes casos en que el productor criollo se queja de que el competidor foráneo le arrebata el ahorro nacional, ya que los bancos e institutos de financiamiento fácilmente son tentados a preferir para sus préstamos a poderosas firmas transnacionales, que correr el riesgo de financiar a los empresarios vernáculos. No siempre las inversiones preferidas por los extranjeros son las que más convienen para el fomento de la riqueza estable, sino las que pueden rendir rápidamente mayor beneficio y no escasean las oportunidades en las que cualquier asomo de perturbación se agudiza por la estampida de quienes no sienten la menor pena por escaparse ante el peligro de perder dinero o dejar de ganarlo en estos países, a los que miran desde afuera.

He hablado con dirigentes empresariales de mi país y encontrado que la mayoría de ellos no rechaza la Decisión 24. Admiten que es necesario reglamentarla en forma cónsona con las necesidades de los tiempos, en sentido dinámico y constructivo; pero se dan cuenta de que, sin ella, quedarán a merced de quienes tienen mayor poder y pueden manejar a su talante los instrumentos que influyen en el comercio internacional, en el mercadeo de los productos y en el uso de la propaganda.

El ingreso de Venezuela al Pacto Andino fue resultado de un laborioso proceso. El presidente Leoni, mi antecesor, compartió con el presidente Frei de Chile, el presidente Lleras de Colombia y los otros Jefes de Estado del Área Andina, el mérito de la iniciativa. La reunión de Cartagena estaba prevista para muy poco después de la trasmisión del mando en nuestro país; solicitamos y obtuvimos una pequeña prórroga, y enviamos a Cartagena una delegación compuesta, además de varios funcionarios del rango de Ministros, por representantes del sector empresarial y del sector laboral. Los esfuerzos que hicimos para que se modificaran algunas normas que no cuadraban con la situación atípica de la economía venezolana fueron inútiles. Después comenzó una larga gestión, orientada por importantes seminarios y foros de alcance nacional. Dentro de esa etapa, fuimos promotores del Convenio Andrés Bello, del cual formamos parte, así como de la Corporación Andina de Fomento, cuya sede se puso en Caracas, antes de nuestro ingreso formal al Grupo Andino, que tuvo lugar en el consenso de Lima, suscrito durante mi viaje de Estado al Sur del Continente, el 23 de febrero de 1973.

Tengo la impresión de que los inconvenientes sufridos por el Pacto Andino no han sido solamente consecuencia de los cambios de gobiernos en los países del área. La visión del Pacto se ha orientado más hacia la cuestión comercial y aduanera que hacia su principal objeto, que es el desarrollo industrial. Ha faltado que cada gobierno trace una política económica que tome como elemento de juicio el compromiso subregional. Por otra parte, Venezuela ha pasado súbitamente de la condición de proveedor de moneda dura y estable, a la de exportador a precios que en el cambio exterior han bajado sensiblemente por la devaluación. En materia de errores, no hay quien pueda lanzar la primera piedra. He propuesto una mesa redonda de alto nivel, pero no para matar sino para vigorizar el Pacto Andino. Y en cuanto a los Estados Unidos, debe ser un interlocutor indispensable, pero no les corresponde participar en la mesa de decisiones. Integramos es, precisamente, para fortalecer y equilibrar en parte las relaciones económicas internacionales.