La Reforma Agraria

Columna de Rafael Caldera escrita para ALA y publicada en El Universal, del 27 de febrero de 1985. 

El 5 de marzo de 1960, en acto solemne celebrado en el Campo de Carabobo, fue promulgada por el presidente Rómulo Betancourt la Ley de Reforma Agraria. En el acto participaron los poderes públicos y los representantes, tanto de los partidos que formaban la coalición de gobierno, como de la Federación Campesina y de los organismos vinculados con el agro venezolano y con la economía del país.

Se ha hablado mucho en torno al proceso de ejecución de esa ley durante sus veinticinco años de existencia. Sus normas no han sido propiamente el blanco de los ataques sistemáticos del anti-agrarismo: lo ha sido más bien el cúmulo de errores, reales o supuestos, muchas veces magnificados, de su realización. Lo cierto es que, aun aceptando todo lo que haya de cierto en la posición crítica, la Reforma Agraria ha sido una experiencia íntimamente vinculada a nuestra etapa democrática, y entre sus resultados más positivos puede invocarse el de que contribuyó no poco a que la violencia guerrillera no encontrara suficiente apoyo y colaboración entre los campesinos venezolanos.

Muchas veces se afirma –y se repite por quienes menos deberían incurrir en tal dislate– que el proyecto democrático iniciado el 23 de enero de 1958 y formalizado en el llamado Pacto de Puntofijo, se limitó a la democracia política y de que es ahora cuando debe emprenderse un camino hacia la democracia social. Nada más falso y más injusto. Un ejemplo para replicarlo es éste.

El propio año de 1958, el 26 de septiembre, se nombró la Comisión de Reforma Agraria encargada de preparar y redactar el proyecto que se convirtió en Ley a principios de 1960.

Esa Comisión –uno de los hechos más relevantes de aquel intenso y turbulento año de 1958– fue designada por el gobierno provisional con un gran sentido de amplitud, hasta el punto de que, como se ha mencionado muchas veces, en ella participaban desde el Arzobispo de Caracas –el nunca suficientemente llorado monseñor Rafael Arias Blanco– hasta el doctor Salvador de la Plaza, uno de los representantes más conspicuos del Partido Comunista. La Comisión funcionó con cuatro subcomisiones: 1. Legal; 2. Económica; 3. Social; y 4. Agro-técnica. El asunto fue enfocado en todas sus dimensiones.

Será siempre motivo de orgullo para la democracia cristiana el papel protagónico que tuvieron dos demócrata-cristianos de excepción: Héctor Hernández Carabaño, quien como ministro de Agricultura y Cría del gobierno provisional fue el creador de la Comisión y su presidente honorario. Víctor Giménez Landínez, fundador y destacado dirigente de Copei, quien ha dedicado lo mejor de su vida al estudio teórico y práctico de los aspectos legales y sociales de la Reforma Agraria; éste presidió la Comisión y, sucesor de Hernández Carabaño en el MAC, introdujo el proyecto de Ley en nombre del gobierno de coalición del presidente Betancourt y refrendó el texto que entró en vigencia hace veinticinco años.

Las críticas que suelen hacerse a la Reforma Agraria son variadas, pero, como expresé arriba, se refieren más que a la ley, a su ejecución; a los abusos que algunos dirigentes campesinos con pasta de demagogos y de aprovechadores que no de cultivadores del campo, cometieron con apoyo político; o a las maniobras de no pocos propietarios, que estimulaban  o promovían la invasión de sus fincas para hacérselas adquirir por el Instituto Agrario Nacional. ¿Que hubo haciendas con buena productividad y la bajaron después de ser distribuidas a los campesinos? Pero también hay numerosos casos en que la producción de los adjudicatarios acreditó resultados satisfactorios. ¿Que la entrega de pequeñas parcelas no tuvo siempre atención oportuna para coordinar la actividad de los diversos parceleros, o que el crédito con frecuencia llegó a destiempo y ya no sirvió para sembrar sino para comérselo, o que la asistencia técnica y la maquinaria no siempre prestaron su apoyo en forma oportuna y debida, o que el movimiento cooperativo no respondió a las expectativas del legislador? No es preciso negarlo. Tampoco hay que desconocer que más de una propiedad distribuida fue abandonada por los beneficiarios a cambio de sumas pagadas por agricultores que, al margen de la ley, pero con el respaldo moral de la labor productiva que cumplían, fueron reconstruyendo propiedades por encima del límite autorizado. De allí que si para 1968 el IAN estimaba en 162.141 el número de familias asentadas, una investigación reveló que podía estimarse en algo menos de 100.000 la cifra de las que continuaban. Pero, repito, el proceso mismo de ese decenio, con todas sus fallas, constituyó un elemento muy importante para la estabilidad social y política de la democracia venezolana y contribuyó indudablemente a que no hubiera alcanzado la guerrilla la profundidad y proporciones que ha tomado en la América Central y en otros países hermanos.

Cuando asumí la presidencia de la República y me impuse la tarea de la pacificación, contaba con este factor; pero no conforme con ello, me interesé en llevar adelante el proceso de Reforma Agraria pautado por la Ley de 5 de marzo de 1960. Entre 1969 y 1973 se asentaron por el Instituto Agrario Nacional 48.672 familias más, en un total de 2.008.650 hectáreas. Se otorgaron en ese lapso 33.385 títulos definitivos de propiedad. Es decir que, simultáneamente con el proceso político de la pacificación, se llevaba adelante el compromiso social adquirido por la democracia venezolana con la población campesina. Como un caso notable, la finca denominada «Montaña Verde», en el Distrito Torres del Estado Lara, ofrece una demostración de cómo puede funcionar con éxito una explotación agrícola con régimen comunitario.

Es necesario recordar, a los 25 años de la Reforma Agraria, que la democracia surgida en Venezuela el 23 de enero de 1958 tiene, desde su origen, una marcada vocación social. Y ello explica que el instrumento jurídico destinado a introducir la justicia social en el campo, se promulgó 324 días antes que la Constitución de la República, llamada a servirle de sustento y guía.