La historia acelerada

Columna de Rafael Caldera «Panorama», escrita para ALA y publicada en El Universal, del 11 de septiembre de 1985.

Con satisfacción ha celebrado Venezuela los primeros diez años de la Ley que nacionalizó el petróleo. La ocasión invita a revisar el rápido proceso que culminó en 1975, que nos recuerda aquello de «la aceleración de la Historia».

En 1943, siendo presidente el general Medina y ministro del ramo Eugenio Mendoza, se promulgó una Ley de Hidrocarburos que purgó y unificó las concesiones existentes, que con todos los bienes a ellas afectos revertirían al patrimonio nacional en 40 años (1983). También se abrió camino para aumentar la participación del Estado a través del Impuesto sobre la Renta. La reforma fue apoyada, sin duda, por el gobierno de Roosevelt, con su política de Buena Vecindad, y en la negociación participó, entre otros, el procurador general de la Nación, Gustavo Manrique Pacanins, esclarecido jurista con cuya memoria está en deuda la República.

Fundada Acción Democrática en 1941, había adoptado una posición nacionalista, aunque para entonces parecía imposible pensar en nacionalización. El PDN, su antecedente directo, proponía en su Programa, en 1939: «Revisión de los títulos de las concesiones mineras y anulación de aquellas logradas por cohecho, abuso de poderes o por cualquier otro medio fraudulento, previamente comprobados. Revalidación de los títulos conforme a la Ley». Además, impuestos progresivos sobre las utilidades de las compañías, corporaciones estatales para la explotación directa, «estimulación del capital privado nacional para la explotación de nuestras riquezas naturales», construcción de una refinería nacional y obligación para las compañías de «proveer al Estado de todo el petróleo que éste necesite, tendiendo a la prohibición en el futuro, de la exportación de petróleo crudo».

La tesis petrolera de AD en 1958 contenía diez proposiciones, entre ellas «crear una empresa petrolera de la nación, en forma integrada: producción, refinación, transporte y venta»; crear una flota petrolera; revisar el sistema impositivo, no acordar nuevas concesiones y estudiar las otorgadas en 1956 y 1957 «a fin de adoptar una posición definitiva»; incrementar la industrialización del petróleo y gas, estudiar sistemáticamente los mercados mundiales, reclamar mayor colaboración de las empresas en el desarrollo económico del país, asegurar el cumplimiento del porcentaje de trabajadores venezolanos a todos los niveles y crear una comisión especial permanente para estudiar todo lo relativo al petróleo.

A su vez, el Partido Social Cristiano Copei, en su Programa adoptado en 1948, decía: «Política nacional ante la industria petrolera. Participación mayor de la Nación en el producto de su explotación. Injerencia cada vez mayor en su dirección técnica. Defensa de los beneficios de los trabajadores en sus negociaciones colectivas. Defensa de los derechos de los propietarios del suelo ante la explotación petrolera. Mantenimiento de relaciones de mutuo respeto con las empresas explotadoras mediante el reconocimiento constante de nuestra soberanía y el respeto a los derechos legítimamente adquiridos en cuanto sea justo y equitativo. Incorporación de Venezuela, dentro de las posibilidades de la realidad nacional, al grupo de países que trabajan directamente su petróleo».

En 1948, el gobierno de AD elevó el impuesto al 50%, el «fifty-fifty», que fue considerado un gran adelanto. En 1958, el gobierno provisional (presidente Sanabria) llevó al 65,35% la participación del Estado.

El gobierno de coalición formado en 1959, en virtud del «Pacto de Puntofijo», dio, por iniciativa del presidente Rómulo Betancourt y de su gran ministro Juan Pablo Pérez Alfonzo, pasos trascendentales: adelantó y formalizó los contactos con los países petroleros del Medio Oriente, iniciados por la misión que envió el ministro Egaña en 1949, y logró culminaran en la fundación de la OPEP; creó la Corporación Venezolana del Petróleo, que se suponía llamada a ser en el futuro el eje de la industria; e insistió en la tesis de no más concesiones.

Pero todavía no se podía avizorar lo que pasaría en 1975. En la inauguración de la II Conferencia de la OPEP, en Caracas, en 1961, el presidente Betancourt afirmó: «hemos dicho, y aquí lo ratifico, que dentro de nuestros planes inmediatos o lejanos no está el de la nacionalización por Decreto o por Ley de las Compañías y que conceptuamos que la participación Estado-Empresa en lo producido de la industria es satisfactorio en los actuales momentos». Reiteró la política de no más concesiones y anunció la de contratos de servicio.

Los acontecimientos se aceleraron a partir de 1970. En la Conferencia de la OPEP en Argelia, en junio, se aceptó estudiar la tesis de programar la producción para obtener mejores precios, la que había sido siempre tesis venezolana. En la Conferencia de Caracas, en diciembre, se acordó «establecer un aumento uniforme en los precios cotizados con el fin de reflejar el mejoramiento general de las condiciones del mercado internacional». En Teherán, en febrero de 1971, se decidió un aumento uniforme de 33 centavos de dólar por barril; con ello quedó abierto el camino del alza de precios que, al impulso sin duda de motivos políticos, se recorrió con gran velocidad en 1973: el poder de decisión había pasado de las manos de los consumidores a las manos de los productores.

Entre tanto, en Venezuela habíamos modificado la legislación fiscal para aumentar el impuesto y para dar al gobierno la potestad de determinar por decisión soberana los precios de exportación, que en el período anterior se fijaban por acuerdos entre el Gobierno y las compañías; habíamos promulgado una Ley para asegurar los derechos de la Nación sobre los bienes que serían objeto de reversión al nacionalizarse las concesiones, y habíamos nacionalizado el gas natural por Ley del 12 de agosto de 1971. En torno a estas medidas hubo un amplio consenso nacional, para cuya formación tuvieron papel importante todos los partidos políticos.

La marcha de los sucesos conducía a la nacionalización. En la campaña electoral de 1973, los programas de los principales candidatos planteaban la alternativa, pero la remitían a estudios que debían precederla. El candidato de mi partido, Lorenzo Fernández, afirmó: «estoy consciente de que me corresponderá ejercer el Gobierno en un período en que habrán de tomarse decisiones fundamentales en materia petrolera. Voy a adelantar el 83 y en consecuencia el país debe prepararse para asumir grandes responsabilidades. La decisión en esta materia, sin embargo, no puede ser fruto de impulsos emocionales sino producto de cuidadosos estudios que nos permitan actuar en la forma más adecuada y en el momento más oportuno. Por ello me propongo acelerar la terminación de los estudios ya iniciados por el actual gobierno y realizar una gran consulta nacional con la participación de todos los sectores interesados».

Y el candidato ganador, Carlos Andrés Pérez, dijo: «se avizora como una posible alternativa que procedamos en el período inmediato a una nacionalización, que asegure nuestra soberanía en la industria y que llegue a nuevas fórmulas para la participación de empresas extranjeras en aquellos aspectos en que necesitemos sus recursos técnicos, sus financiamientos o su capacidad de comercialización». Propuso realizar con la urgencia requerida los estudios para adelantar la reversión de todas las concesiones petroleras, a la par que se prepare la Nación para asumir responsabilidades integrales en el manejo soberano de nuestra industria petrolera; decisión ésta para la que propiciaremos un consenso nacional». Y sobre la política petrolera a realizar, expresó: «todo este programa –exploración intensiva en áreas tradicionales y nuevas investigaciones en gran escala en la zona del Orinoco, mantenimiento de las más moderna tecnología en los trabajos de explotación, intensificación de la recuperación secundaria, modificación de los patrones de refinación, la política de aprovechamiento del gas– exige recursos humanos, técnicos y financieros, de una cuantía considerable. Esas condiciones no están dadas en los actuales momentos».

Era preciso, por otra parte, que a las arcas públicas entrara suficiente dinero para enfrentar el peligro de un cierre de mercados como reacción de las transnacionales. En efecto, en los años 74 y 75 ingresó un caudal que equivalía a varios años de Presupuesto Nacional. Ello no obstante, la presión de las compañías logró imponer al transferir las concesiones, unos contratos sobre tecnología y mercadeo que estimamos leoninos y que, por cierto, nunca fueron consultados con la oposición ni con el Congreso.

Cuando entregué la Presidencia de la República anuncié con plena convicción –como lo había hecho en mi alocución de Año Nuevo– que el país estaba maduro para asumir directamente el manejo de su producción petrolera. El presidente Carlos Andrés Pérez, a los diez días de recibir el poder, decretó la creación de una amplia Comisión Nacional para «estudiar y analizar las alternativas para adelantar la reversión de las concesiones y los bienes afectos a ellas, a objeto de que el Estado asuma el control de la exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y mercadeo de los hidrocarburos». Al año y cinco meses quedó sancionada la Ley, y cuatro meses más tarde el Jefe del Estado tomó simbólicamente posesión de los campos petroleros nacionalizados.

Salvo la crítica que hemos hecho a los contratos sobre tecnología y mercadeo, hemos reconocido que el Gobierno manejó con éxito el proceso. No le regateamos ese mérito al presidente Pérez. Con prudencia, se constituyeron compañías venezolanizadas que continuaron sin interrupción la actividad de las antiguas concesionarias bajo el control de una empresa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA) al margen de vaivenes políticos. El Instituto de Investigaciones Petroleras (INVEPET) que habíamos fundado, se refundió como INTEVEP, con el apoyo necesario para ser instrumento de progresiva independencia tecnológica.

Hoy, Venezuela confronta las oscilaciones del mercado mundial. Se siente la necesidad de asegurar el acceso de nuestros hidrocarburos a los consumidores foráneos (internacionalización) y de convertir al petróleo en motor de desarrollo industrial y fomento económico (profundización de la nacionalización). Durante mi gobierno se construyó el Complejo Petroquímico de El Tablazo, proyectado durante el gobierno del presidente Leoni, y en las industrias derivadas se dio participación al sector privado. PDVSA es ahora responsable de PEQUIVEN (que sustituyó al Instituto Venezolano de Petroquímica) y le corresponde la dirección y el manejo de esa industria. Se cambiaron los patrones de refinación para aumentar el potencial de comercialización.

En cuanto al gas, rubro de ilimitadas perspectivas, ya está próximo a inaugurarse el Complejo Criogénico de Oriente. Y por si fuera poco, no sólo se han intensificado la actividad exploratoria y la recuperación secundaria de yacimientos, con un aumento sustancial de las reservas probadas, sino que las previsiones que anunciamos sobre la Faja Petrolera del Orinoco han resultado comprobadas y superadas ampliamente en las prospecciones hechas.

Tenemos petróleo para muchos años. Ello nos obliga a defenderlo, a saberlo aprovechar, a lograrlo complementar. A utilizarlo como insustituible palanca para el desarrollo armónico de la economía nacional.