Elecciones, oposición y abstención

Artículo para la ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 13 de diciembre de 1989.

Un somero recorrido por el mapa político de América Latina ofrece un resultado que a muchos pudiera sorprender: en todas las elecciones celebradas de un tiempo a esta parte ha ganado la oposición.

Podríamos comenzar por El Salvador, donde la incomprensión de ambas extremas e innegables errores del gobierno demócrata-cristiano le dieron el triunfo al movimiento político «ARENA», cuya posición rabiosamente derechista ha estimulado la guerra civil que se libra en aquel noble país.

En México es opinión bastante extendida la de que la votación del famoso PRI, el Partido Revolucionario Institucional, enseñoreado del poder durante muchos años, fue inferior a la de la oposición. La oposición ha mantenido tercamente su negativa a reconocer la legitimidad del gobierno presidido por el señor Salinas de Gortari.

En Panamá fue tan indiscutible el triunfo de la corriente opositora que el Gobierno, cuya primera intención fue anunciar un resultado fraudulento, optó por romper «el hilo constitucional» y arbitrar fórmulas artificiales para tratar de dar un barniz de legalidad al régimen de facto.

En Argentina, el vencedor indiscutible fue el actual presidente Menem, hasta el punto de que el presidente Alfonsín optó por adelantar la entrega del mando para desligarse de una situación que ya no podía mantenerse.

En Bolivia, las elecciones llevaron a la presidencia al líder del MIR, Jaime Paz Zamora, con el apoyo inesperado del ex presidente Banzer.

En Uruguay, las urnas dieron su veredicto a favor del candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle; en Honduras, al del Partido Nacionalista, Rafael Leonardo Callejas.

En Brasil, si algún candidato de los muchos propuestos pudo considerarse identificado con el gobierno del presidente Sarney, quedó muy abajo en la tabla de posiciones. Se libra la batalla final entre dos opositores rabiosos: Collor de Melo, a la derecha, y Lula da Silva, dirigente sindical, cuya colocación en el espectro hace parecer moderado al ex gobernador Brizola.

En Chile, finalmente, es un hecho ya definido el triunfo de la oposición. Al dirigente democratacristiano Patricio Aylwin Azócar le va a corresponder la ardua tarea de dirigir la transición del régimen militar al renovado sistema democrático.

Podría añadirse como complemento a esta excursión lo que sucede en otros mundos en vías de desarrollo. En la India, por ejemplo, pierde el poder el Partido del Congreso y de la jefatura del gobierno, el hijo de Indira Gandhi y nieto de Nehru.

Este cuadro podría seguramente extenderse. Y ello sin hacer referencia a los históricos acontecimientos que se están sucediendo en la Europa del Este. ¿Cuál podría ser el denominador común de estos hechos, ocurridos en lugares diferentes y en circunstancias diversas? Establecer una afinidad ideológica entre los peronistas argentinos, los blancos uruguayos y los miristas bolivianos parecería aventurado; y en cuanto a Chile, fácil sería responder que el elemento fundamental del triunfo de la oposición es el anhelo de libertad.

Pero no cabe duda de que un elemento común en todos los países mencionados es la situación económica. En algunos –quizás la mayoría, por no decir la totalidad– el peso de la deuda externa, visto con una miopía imperdonable por los países desarrollados y agravado por la presión del Fondo Monetario Internacional, ha repercutido en el deterioro de las condiciones de vida de grandes masas de población, a más de un trastocamiento de las estructuras económicas y de un alejamiento del horizonte de esperanza que las emergentes clases medias habían ido avizorando en los últimos 30 años.

El Wall Street Journal del 4 de diciembre, al informar que el FMI añadió a Honduras a la lista de países inelegibles para nuevos préstamos, observaba que es el décimo de los países a los que el Fondo ha cortado los créditos. Perú, Guyana, Liberia, Sudán, Somalia, Vietnam, Sierra Leona, Camboya y Zambia habían recibido ya su declaración de inelegibilidad, lo que les cierra el flujo posible de «dinero fresco». Ahora se agrega Honduras, un país centroamericano que atraviesa una situación política y militar difícil y el mantenimiento  de cuya democracia es vital para la política hemisférica de Estados Unidos. No faltarán otros países que se pregunten: ¿a nosotros nos tocará también?

Sobre este telón de fondo, Venezuela ha realizado el 3 de diciembre elecciones para gobernadores de Estado, alcaldes y concejos municipales, a un año menos un día de la elección del presidente de la República y a diez meses del ejercicio de la actual administración. La predicción lógica que desde afuera podría haberse hecho era la del triunfo completo de la oposición. Porque el costo de la vida ha subido astronómicamente, el signo monetario ha bajado a menos de la décima parte de lo que era hace seis años, las tasas de interés se han elevado a tal nivel que nadie puede emprender un negocio solicitando un crédito que lo compromete más allá de lo razonable. El alza del precio de la gasolina desencadenó en los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo una conmoción de tal naturaleza, que ha impactado profundamente la conciencia nacional y ha producido efectos que todavía subsisten en los observadores internacionales.

De las veinte gobernaciones de Estado, los partidos de oposición ganaron 9. Mi partido, el Social Cristiano COPEI, obtuvo 7. Por supuesto, la lucha electoral que cumplimos fue recompensada por la victoria en las gobernaciones en las cuales triunfamos. Pero ¿no había razones iguales o muy parecidas en los Estados en que ganó el partido gubernamental, para que éste las perdiera? No creo que sería justo atribuir el resultado negativo a los candidatos de la oposición, hay que reflexionar muy a fondo, para detectar los graves errores de dirección que se evidenciaron, especialmente en algunas entidades en que los antecedentes obligaban a obtener franco éxito.

A esto se agrega el problema de la abstención. En Venezuela teníamos a orgullo el bajo índice abstencionista en las elecciones democráticas. Es cierto que era un poco mayor en las elecciones municipales que en aquellas en que se elegía presidente de la República, senadores y diputados al Congreso y diputados a las Asambleas Legislativas. Pero en esta ocasión llegó a un índice preocupante: ese 70% no debió darse, y menos porque se ofrecía a los electores la novedad de elegir directamente sus gobernadores y alcaldes, la que no tenían en oportunidades anteriores.

Esa abstención, que posiblemente tenga similitud en otros países, no fue debida a negligencia ni resultado de una decisión momentánea. Desde hace varios meses se dijo y repitió que la voluntad general era la de abstenerse, para exteriorizar una protesta; no obstante que en Venezuela el sufragio no es sólo un derecho, sino un deber cuya infracción está sancionada por la ley. De no ser por el esfuerzo puesto en la campaña electoral por los candidatos, por sus partidos y por sus propulsores, posiblemente el índice de abstención habría sido aun mayor.

Está claro que hubo el propósito de mostrar desacuerdo con la actual situación, con la inseguridad personal, con la política económica y también con hechos de corrupción denunciados todos los días y en todas las formas imaginables. Pero al mismo tiempo (debemos reconocerlo así) el fenómeno envuelve una manifestación de desconfianza hacia toda la dirigencia política, falta de credibilidad en los partidos, idea de que no había una verdadera alternativa por la suposición de que «todos son lo mismo».

Luchar contra esto fue una proeza. Los gobernadores y alcaldes electos tendrán buena parte de responsabilidad en la improbable tarea de devolver a los que se abstuvieron la fe en la institucionalidad, hacer que en ellos renazca una esperanza. Pero darían una nueva manifestación de inconsciencia los partidos si se pusieran a festejar triunfos o a justificar derrotas, cuando el futuro de la democracia reclama imperativamente enmendar a fondo la conducta que ha arrancado la fe del pecho de un 70% de nuestros compatriotas.

En el discurso que pronuncié el 1 de marzo en el Senado, con ocasión de los terribles acontecimientos que vivíamos, hice, por lo demás, un llamamiento al Gobierno y a su partido para revisar la política económica adoptada. Permítaseme ahora recordar al menos estas frases:

No soy yo quien vaya a negar la buena intención y el coraje del presidente Carlos Andrés Pérez para lanzarse por este camino que los técnicos le han aconsejado. Pero quisiera decirle que el partido Acción Democrática, que tiene el componente político del actual Gobierno, está obligado a analizar los hechos, sus repercusiones, la situación de un país que tiene un margen elevado de gente que no gana ni siquiera hasta el nivel de pobreza crítica que en cualquier país civilizado daría lugar a la seguridad social. Esta realidad está planteada. Considero que tenemos la obligación de hacerle frente.

Y esta otra:

Yo no creo que hay que darle la oportunidad a ese componente político para que analice, estudie y haga sentir su juicio, porque son muy respetables y muy dignos de aplauso los técnicos que están en el Gabinete, pero alguien me decía (y esto lo expreso sin ninguna desconsideración para ellos) que si el asunto fracasa, ellos vuelven a sus cátedras en sus institutos; mientras que el daño lo va a sufrir la democracia venezolana, en la cual los partidos que tienen mayor representación popular son los que cargan mayor responsabilidad y tienen más que perder.

Una nueva y urgente oportunidad se abre para la reflexión. Si se desperdiciara habría necesariamente que preguntarse: ¿cuántas ocasiones más se habrán de presentar?