Recorte de El Universal del 23 de agosto de1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El status de Puerto Rico

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 23 de agosto de 1989.

Acabo de regresar de Puerto Rico, donde fui invitado por la Universidad Interamericana para exponer mis puntos de vista acerca de la situación actual de América Latina y del papel que corresponde a ese país en nuestro continente. El joven rector, Gamaliel Pérez Santiago, quien además de sus destacadas condiciones académicas y ejecutivas tiene viva preocupación por los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de su país y del hemisferio, me arregló una intensa y apasionante serie de entrevistas con personalidades representativas de las tres corrientes que se definen ante el plebiscito sobre el status, previsto para el 4 de junio de 1991.

En efecto, se prepara una consulta popular, en la cual el pueblo puertorriqueño deberá pronunciarse por una de estas tres alternativas: independencia, estadidad (anexión) o continuación del Estado Libre Asociado. La iniciativa partió del senador demócrata estadounidense J. Bennett Johnston, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, al cual está confiado lo relativo a los territorios dependientes. Se celebran audiencias en Washington para precisar la oferta alternativa que el Congreso deberá presentar al pueblo de Puerto Rico para que éste haga su elección.

Son muchos los problemas económicos y jurídicos que, naturalmente, se plantean, derivados de la situación actual y de casi un siglo de ocupación. Entre ellos el de si la contribución económica norteamericana va a continuar, y por cuánto tiempo. Actualmente, personas bien informadas la estiman en unos 6.000 millones de dólares anuales. En Venezuela, al cambio vigente, esta suma representaría la mitad del presupuesto, para un país de 18 millones de habitantes. Puerto Rico, en la isla tiene solamente 3,5 millones y tiene su propio presupuesto, que se eleva a unos 6.000 millones. La ayuda norteamericana corresponde en parte a la seguridad social, a la atención médica, a subsidios que alcanzan a 60% de la población, en especial de los sectores menos pudientes, y posiblemente, a 90% de los estudiantes universitarios.

El Senado ha colocado la hipótesis de la independencia en plano de igualdad, aunque en las últimas elecciones la corriente que la representa haya tenido sólo 5%. Le ofrece una partida de 500.000 dólares para la campaña del plebiscito, en forma pareja con las otras dos opciones. Le promete, en caso de independencia, una contribución de 4.500 millones de dólares por 9 años, al fin de los cuales se negociaría la relación futura. Acepta mantener la ciudadanía norteamericana a quienes la tienen actualmente y posiblemente transferida a los hijos. Sostiene, eso sí, el mantenimiento de las bases: los independentistas hablan de desmilitarización, pero parece ser que este punto no está sujeto a transacción.

Los adversarios de la independencia aprovechan cualquier acontecimiento que ocurra en otro país de América Latina (por supuesto, los sucesos de Caracas el 27 de febrero y días subsiguientes les dieron un banquete) para señalarlo como algo que se repetiría en Puerto Rico en caso de hacerse independiente, pero se les contesta recordando los tremendo disturbios raciales de Estados Unidos y la existencia en la metrópoli de barrios donde para los «hispanos» es imposible penetrar, y observando que el fenómeno de la inseguridad personal ha aparecido ya en Puerto Rico, aun bajo el control norteamericano.

La hipótesis de la «estadidad» requeriría diversos acuerdos en materia económica y fiscal; pero el problema más serio es el del mantenimiento como idioma oficial del español, que los puertorriqueños han conservado a través de un siglo de ocupación como presea de su identidad nacional. Se les responde que no hay por qué pronunciarse en el particular, porque la materia es de la competencia de cada Estado, pero hay temor ante una campaña que toma fuerza en Florida, la del «english only» (solamente inglés).

Los adversarios de la estadidad sostienen que para Estados Unidos ella crearía potenciales problemas muy graves de orden público. Citan el caso del Ulster (Irlanda del Norte) y consideran que para dar un paso que sería irrevocable tendría que decidirlo, no una mayoría simple ni un mero 51%, sino lo que llaman «super-mayoría», es decir, una mayoría calificada. También observan que ese hecho podría provocar una reacción hostil en los demás países latinoamericanos. Otros peligros que podrían ver algunos políticos norteamericanos en la estadidad de Puerto Rico sería su influencia sobre minorías étnicas en los propios Estados Unidos, su peso en la política electoral, porque hay 23 estados con menor número de habitantes, y su incidencia en la problemática social, porque su ingreso per cápita es la mitad del Estado de Misisipi, el más bajo de Norteamérica, y porque el número de desempleados es muy alto.

En cuanto a la fórmula del Estado Libre Asociado, que existe desde 1952, sus críticos señalan que ella de por sí tiene carácter transitorio y que debería revestir ahora una forma más dinámica, con novedades que representaran un verdadero avance. Dentro del propio Partido Popular Democrático se ha sugerido la idea de una «República asociada», como la adoptada para algunos territorios del Pacífico, pero esta propuesta fue desechada por la dirigencia partidista, movida tal vez por la confusión que consideran podría provocar en los sufragantes. Por otra parte, se ha debatido en torno a la expresión de que «la soberanía la tiene el Congreso de EE.UU», aparentemente aceptada, al menos parcialmente, por los voceros del E.L.A. Yo pienso que en ello va una confusión ente «soberanía» y «poder»: la soberanía reside en el pueblo; el poder se ejerce, en lo interno, por los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, emanados del sufragio popular, y en lo concerniente a relaciones internacionales, defensa, aduanas y otras materias, por las disposiciones del Congreso norteamericano.

Lo que hemos resumido en apretada síntesis configura una cuestión compleja. El proceso se irá tramitando en diversas etapas, no exentas de dificultades. Hay quienes dudan de que se llegue a una solución permanente. Mientras tanto, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas se ventila paralelamente el asunto. La cuestión se inició con la Carta de la ONU (art. 73) que impuso obligaciones especiales a las potencias que administraran territorios no autónomos, y continúa considerándose anualmente. En 1953 la Asamblea resolvió (26 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenciones) que el status de Estado Libre Asociado y la aprobación por el voto popular de una Constitución hacían de Puerto Rico una entidad política autónoma. Pero, curiosamente, tanto los independentistas como los estadistas coinciden en sostener que el régimen sigue siendo colonial y debe resolverse por su independencia o por su anexión; mientras los partidarios del E.L.A. siguen sustentando el criterio de la Resolución de 1953.

Cuba, como en años anteriores, presentó en éste al Comité de Descolonización un Proyecto de Resolución pidiendo el cese inmediato de la condición colonial de Puerto Rico y la transferencia del poder de una vez, para que pueda negociar libremente con Estados Unidos si así lo decide. La Resolución se aprobó con 7 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones (las abstenciones no se cuentan en el régimen parlamentario de las NN.UU). Venezuela se abstuvo, con aplauso de los voceros del E.L.A. y fuerte reacción de los independientes, que consideraron su posición «inaceptable». Un destacado periodista partidario de la independencia me informó, sin embargo, que sus fuentes de Nueva York le aseguraron que nuestra delegación había propuesto a los cubanos dos adiciones, que él (el periodista) consideraba razonables, y al no ser aceptadas, decidió abstenerse. Tal vez habría sido preferible presentar un proyecto propio, para dejar constancia de la posición venezolana. Pero es cierto, por lo demás, que el hecho de ser Cuba proponente influye inevitablemente en el resultado de la votación.

En diversas ocasiones me preguntaron en San Juan cuál era mi opinión sobre el asunto del status. Pretendí resumirla en tres puntos: 1) Comparto sentimentalmente, desde mis días de estudiante universitario, la esperanza de que Puerto Rico llegue a ser un Estado soberano e independiente; 2) Considero que la decisión, en la cual influirán no sólo ideales, sino realidades que es imposible desconocer, corresponde tomarla al pueblo de Puerto Rico, no a nosotros, a quienes sólo nos toca exigir condiciones para emitir su voto con plena y entera libertad; 3) Sea cual fuere la decisión que el pueblo adopte, Puerto Rico será siempre para nosotros, una nación latinoamericana.

Su papel, actual y futuro, debe ser el de tratar de que los norteamericanos nos conozcan mejor y sepan apreciar nuestra realidad social, cultural y económica, interpreten cabalmente nuestros valores, nuestras aspiraciones y nuestra manera de ser y los reclamos que nuestra comunidad de pueblos tiene el derecho de formular.

Debo decir que mis afirmaciones fueron recibidas con generosa comprensión por parte de los puertorriqueños y con afectuosa simpatía por la generalidad de aquellos a quienes las expuse.