Recorte de El Universal del 18 de abril de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

La transferencia del poder

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 18 de abril de 1990.

En la reunión inaugural del Centro Carter, en Atlanta, en noviembre de 1986, un distinguido politólogo argentino, Guillermo O’Connell, del Helen Kellog Institute (Universidad de Notre-Dame) y del Centro Brasilero de Análisis y Planificación, presentó una ponencia sobre transiciones hacia la democracia, insistiendo en lo importante de la distinción entre las que ocurren por colapso y las que se realizan «por transacción».

Muchas veces he reflexionado acerca de esta diferencia. Es cierto. La situación es distinta cuando se pasa de la autocracia a la democracia como consecuencia del colapso de aquélla y cuando el cambio ha sido resultado de un consenso o, como dice O’Connell, de una transacción.

En Venezuela, en 1958, la dictadura colapsó, y las fuerzas políticas que sustentaban la democracia encontraron el camino libre. Las medidas retaliativas pudieron reducirse a un mínimun y a la organización del Estado democrático se pudo dar forma a través de una nueva Constitución. La ventaja mayor estuvo en encuadrar las Fuerzas Armadas dentro de la nueva situación. Eliminando el «cogollito» militar, sobre el cual recaía la responsabilidad de un pasado por liquidar, los integrantes de la institución armada pudieron incorporarse al orden democrático, aceptar las nuevas reglas y convertirse en lo que, por su propia índole  y por el deseo profundo de sus integrantes, tenían que ser: el sostén de la Constitución y de las leyes y el garante de la soberanía nacional.

La otra forma de transición es más difícil. En ocasiones ha sido resultado de laboriosas negociaciones, como ocurrió en Uruguay. A veces, las negociaciones no han sido expresas: ha habido una especie de consenso implícito, en el fondo del cual se supone que los responsables de la nueva orientación quedan comprometidos a guardar ciertas consideraciones y mantener ciertos límites de comportamiento en relación a los anteriores titulares del poder.

El problema surge cuando éstos, vale decir, los que han ejercido el mando, se siguen sintiendo en posesión de ciertos derechos fundamentales y no se resignan a desprenderse de ellos, lo que puede envolver el desconocimiento de los atributos que al nuevo régimen corresponden porque tienen su fuente en la voluntad del pueblo.

Ello es lo que, a juicio de algunos observadores imparciales, está ocurriendo en Chile y en Nicaragua. Realizada o por realizarse la transferencia formal del gobierno, los antecesores (a quienes hay que reconocer el mérito de haberse atrevido a someterse al voto popular) pretenden reservarse una parte de la potestad gubernativa y se resisten a admitir que la voluntad de los votantes fue evidentemente la de que se cambien las cosas y que aquellas limitaciones que la contrarían no tienen justificación.

No siempre ha ocurrido eso antes. Cuando el presidente Lanusse, en la Argentina, en 1973, cumplió su promesa de garantizar elecciones libres y de entregar el mando a quien resultara vencedor en los comicios, lo transfirió sin reservas de ninguna especie. Y, por cierto, tuvo que soportar de inmediato una reacción desmedida en su contra, sin abonársele el mérito de su actitud y señalándosele como responsable de todo lo que había ocurrido durante el régimen de facto que concluyó entonces (para reaparecer desgraciadamente más tarde), al poner en el pecho del presidente Cámpora la banda presidencial.

En cambio, en Chile, el presidente Pinochet se aferra a mantenerse como comandante del Ejército, en virtud de una de las disposiciones constitucionales de su régimen; y ejerciendo la función legislativa que asumió en el régimen de facto, hizo dictar normas que contrarían la voluntad popular expresada en dos consultas plebiscitarias, como son la de nombrar a dedo cierto número de parlamentarios adicionales con el propósito de invertir la correlación de fuerzas en el Congreso y la de aceptar reglas tendientes a menoscabar las atribuciones del Jefe de Estado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y las de pasar al Ejército el control de la Policía Secreta. Con ello se ha tratado de instituir una bipolarización del mando, mantener al lado del poder constitucional surgido de la soberanía nacional otro poder subyacente o concomitante, construido durante el tiempo del absolutismo, al cual, sea cual fuere el juicio que se le dicte, el pueblo chileno demostró su determinación de considerarlo definitivamente concluido.

Algo parecido ocurre en Nicaragua. En días pasados preguntaba si había aparecido una especie de «pinochetismo» en esa hermana nación centroamericana, a pesar de la lejanía geográfica y de la distancia ideológica de los regímenes respectivos. El comandante Daniel Ortega cumplió su ofrecimiento de elecciones limpias e hizo buena su palabra de reconocer la victoria de sus adversarios, en caso –que creía imposible– de que ésta se produjera. Su comportamiento ante el resultado de los escrutinios es merecedor de aplauso (como también lo fue el de Pinochet) y hasta puede entenderse el encomiástico entorno de alabanzas que se la han tributado y que se le han negado al General.

Ortega se está convirtiendo en un «enfant gaté» de círculos considerables de opinión latinoamericana y europea. Al 40% de sufragios por el Frente Sandinista se ha atribuido una valoración que se ha negado al 40% pinochetista (son números redondos). Pero existe un compromiso muy grave que pareciera tratar de eludirse: las elecciones de Nicaragua fueron un verdadero plebiscito, y ya antes hemos dicho que el voto mayoritario no fue solamente por elegir a una persona que bien lo merece, doña Violeta de Chamorro, sino por rechazar un sistema de gobierno impuesto durante diez años por los Nueve Comandantes. El pueblo no votó sólo contra el candidato Ortega: votó contra la horma política dentro de la cual lo habían mantenido férreamente, con resultados económicos, sociales y políticos que tuvo el coraje de repudiar. El mismo 40% obtenido por el Frente habría que evaluarlo a posteriori, ya que buena parte de los electores obró bajo una presión que descaradamente se ejerció sobre él, no sólo al final del proceso, sino durante toda una década.

Hay dos aspectos en la situación nicaragüense que me parecen de extraordinaria significación: uno, el relativo a la Constitución sandinista. La Constitución no fue, sin duda, resultado de un consenso; fue imposición de las concepciones ideológicas de la Revolución Sandinista, moderadas necesariamente en lo formal por la fuerza de las circunstancias. La mayoría de los vencedores en los comicios del 25 de febrero deliberadamente se abstuvo de participar en la elección de la Asamblea Nacional que asumió funciones de Constituyente.

Y en cuanto al Ejército, es indudable que convertirlo en una fuerza razonablemente modesta, comprometida al servicio de la nación y no de una corriente política, es una de las necesidades prioritarias para el porvenir de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Su volumen actual es muy grande para una nación pequeña y su costo muy elevado, lo que sólo se podrá explicar por la situación de guerra en que se encontraba el país. Hecha la paz, o abierta francamente la vía para afirmarla, no puede pretenderse que la nación y su gobierno democráticamente electo carguen con el peso enorme de su sostenimiento y con el riesgo permanente de una fuerza armada comprometida con un partido de oposición.

La inteligencia que el presidente Ortega mostró en el momento de la derrota debe ayudarlo a comprender que debe acatar la renovación institucional. Quienes le han brindado elogios y apoyos en América Latina y en Europa tienen la obligación de inducirlo a llevar por buen camino la transferencia efectiva del poder. Los Estados Unidos, por cierto, tienen también un compromiso muy serio con el pueblo nicaragüense.

Ayudar noblemente a la señora Chamorro a salir avante en su grave y complejo empeño es una prioridad moral y política que no se puede descuidar. Es indispensable que todos entiendan que sería una traición y una burla el convertir la trasmisión del mando en una ceremonia de opereta, porque el 25 de febrero hubo un pronunciamiento definitivo de un pueblo que no se puede eludir ni falsear.