Recorte de El Universal del 3 de octubre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

El capitalismo de Estado

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 3 de octubre de 1990.

Un verdadero carnaval verbalista amenaza desviar la atención de los problemas más graves del país (la inseguridad personal, el hambre de grandes y crecientes sectores de la población, la amenaza de desaparición de las clases medias, la ineficiencia y carestía de los servicios públicos) hacia consignas importadas, apoyadas en el cartabón que han elaborado los organismos financieros internacionales como condición para expedir certificado de «buena conducta» a los gobiernos y felicitarlos por su política económica.

Así, parece que todo se arreglaría con la «privatización» y con la eliminación del «capitalismo de Estado». La propia consigna de descentralización política y administrativa, sobre la cual sea venido insistiendo y trabajando en los últimos años, se convierte en una especie de espejismo, si al dar pasos importantes como la elección directa de los gobernadores y de los alcaldes, no se atienden los problemas urgentes que angustian a la población. La consecuencia puede ser un desengaño funesto, con impredecibles consecuencias.

Hay, por lo demás, serias contradicciones. Por ejemplo, mientras se insiste en la descentralización, se reclaman medidas centralizadoras, como la Ley de Policía Nacional. La verdad es que, a partir del gobierno de Gómez, Venezuela transitó un proceso de centralización que ha sido encomiado por historiadores e intérpretes. Gómez, con mano dura –la más dura que ha regido el país en toda su historia– convirtió las milicias irregulares de los estados en un ejército nacional; con Román Cárdenas unificó y ordenó las finanzas públicas; emprendió la acción del Gobierno Nacional en materia de educación y sanidad; inició la construcción de carreteras para unificar el país.

Este proceso centralizador continuó después. En el período de gobierno del general López Contreras se creó la Guardia Nacional, el Banco Central, se dio carácter autónomo al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se asumió, en el campo legislativo y administrativo, la protección al trabajo. En el gobierno del general Medina se tomaron otras medidas centralizadoras, entre otras, dos de gran importancia: la creación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) para dar asistencia técnica y administrativa a los acueductos municipales, y la «nacionalización de la justicia», porque hasta entonces, la administración de justicia estaba constitucionalmente atribuida a los estados, que tenían su propia jerarquía judicial: Corte Suprema, Corte Superior, jueces de Primera Instancia y jueces subalternos.

La creación del INOS fue saludada con alborozo por los técnicos hidráulicos y sanitarios; la centralización o nacionalización de la justicia fue precedida por un diluvio de conferencias y de simposios en los colegios de abogados, pronunciados a favor de esa medida.

Hay que poner atención a la realidad nacional, analizar los casos y adoptar los procedimientos que más convengan, sin asumir posiciones dogmáticas. Cuando la corriente universal se dirigía hacia la nacionalización de no pocos aspectos de la actividad económica, un líder socialista de gran relieve, Harold Wilson, dijo, en referencia a las nuevas industrias basadas en descubrimientos científicos o técnicos:

«No debemos ser dogmáticos o doctrinarios respecto a la propiedad de estas nuevas industrias. Algunas serán de propiedad privada; otras, de propiedad pública. Lo importante es que se establezcan».

Esta norma debería ser válida en torno a la nueva consigna de privatización. Es necesaria y conveniente en muchos casos, improcedente en otros. No hay que lanzarse a ciegas en la obsesión de ganar una carrera, a ver qué Gobierno privatiza más empresas en menor tiempo. Considérese –sin demora, por supuesto– por qué motivos y en qué condiciones debe el Estado desprenderse de un ente económico, analizar cuál fue la razón que hizo que el Estado lo asumiera y cuáles serían las consecuencias de privatizarlo.

Si el Estado promovió la creación de centrales azucareros, porque la iniciativa privada no lo hizo, o no lo hizo en cantidad suficiente, no tiene por qué quedarse con ellos para siempre. Venderlos, principalmente a los productores de la materia prima y a los usuarios de su producción, ofrecer a los trabajadores la oportunidad de participar en su propiedad, es conveniente. Así mismo, si el Estado construyó hoteles porque se necesitaban y no los había en número suficiente, no hay razón para que los retenga en su poder. Es correcto afirmar que el Estado no tiene por qué ser hotelero: pero es curioso el que la privatización se vaya a empezar por establecimientos hoteleros, administrados por cadenas internacionales especializadas en el ramo, que no generan pérdidas al Estado, el cual sólo tiene la propiedad del inmueble y las instalaciones.

No es tampoco un dogma el que el sector privado sea suficientemente cuidadoso y eficiente en los ramos que se le asignan. Hay un hecho que debe hacer pensar: si los concesionarios ingleses y alemanes de los ferrocarriles construidos a partir del último cuarto de siglo pasado, hubieran sido previsivos y emprendedores, Venezuela tendría hoy ferrocarriles modernos, funcionando con eficiencia. Pero no hicieron sino exprimir las concesiones, y cuando éstas concluyeron, lo que entregaron era chatarra.

Por el tema de la privatización se pasa al capitalismo de Estado. El Estado no tiene por qué ser capitalista, es cierto; pero también lo es que no debe consumir todos sus ingresos en gastos corrientes; menos aún cuando parte de esos ingresos provengan de la venta de recursos propios. El Estado venezolano se descapitaliza cada vez que vende un barril de petróleo: por eso se ha sostenido que una porción del ingreso petrolero debe dedicarse a gastos de inversión, y cuando los precios del petróleo subieron, en 1974, el presidente Pérez creó un Fondo de Inversiones.

Ya antes, con unánime aprobación, se había emprendido la construcción de una industria siderúrgica, otra alumínica y otra hidráulica. Durante la propia dictadura de Pérez Jiménez se dieron pasos importantes, que se ampliaron en los gobiernos democráticos. Pero ya antes, la nueva concepción del Estado, iniciada en 1936, reconoció la necesidad de invertir recursos en aumentar el patrimonio del Estado y en fomentar a través de créditos blandos la creación de una industria nacional y el fomento de la agricultura.

En una brillante conferencia sobre la libertad económica y la intervención del Estado, dictada para inaugurar un ciclo del Partido Democrático Venezolano (PDV), el doctor Arturo Uslar Pietri dijo, el 5 de septiembre de 1944, cosas muy importantes, entre ellas la siguiente:

«Esta es, precisamente, la razón por la cual, indefectiblemente, en Venezuela no hay sino dos caminos: o dejar que la acción de la transformación económica operada por el petróleo juegue libremente, y esto se transforme en ese gigantesco Caripito, en ese inmenso Curazao: o que se haga punto de interés nacional que el Gobierno intervenga enérgicamente, canalice ese flujo de riqueza, lo dirija y lo obligue a invertirse en forma reproductiva y permanente, a fin de ir creando una actividad económica que garantice que, el día que desaparezca el petróleo, Venezuela será una nación normal, que podrá seguir viviendo. (…) Este es, precisamente, el camino que ha tomado el Gobierno de la nación. Este es el camino que ha tomado el gobierno del general Medina. Este es el camino que ha tomado el PDV, y con él la inmensa mayoría de los hombres que en Venezuela ponen el interés nacional mucho más allá de un mezquino o inmediato interés personal mal entendido. Estas medidas han sido: la protección arancelaria, que ha continuado el sistema de contingentes de importación; el capitalismo de Estado, que es muy importante y por el cual la nación, en función de promotora de industrias y en función de gran banquero, como irónicamente se ha querido decir por allí, ha estado aportando dinero barato para que se funden industrias, para que se emprendan labores agrícolas, para que algo de la riqueza petrolera quede y arraigue en tierra venezolana; las primas de exportación, el dólar-fruto, el sistema que ha establecido el control de cambio y que permite que Venezuela siga exportando café y cacao, porque de otra manera se podría llegar incluso a la paradoja de importar Medellín Excelso del mercado de Nueva York y venderlo a precio más barato del que alcanza nuestra pasilla más inferior; y por último, la legislación obrera, el seguro social, la jornada de ocho horas y la protección del capital humano de la República, porque el gobierno del general Medina, y con él, el PDV, entienden que ninguna de las riquezas de la nación es superior al pueblo venezolano, y que su primer deber, por encima de cualquier interés, es proteger a ese pueblo y asegurarle condiciones de dignidad, de libertad y bienestar, que garanticen su calidad de hombres libres y de hombres satisfechos».

Es verdad que el proteccionismo industrial se hipertrofió  después hasta lo increíble, y que lo penetró la corrupción; es cierto también que la ineficiencia y el clientelismo político invadieron las empresas del Estado; pero la solución no puede estar en hacer tabla rasa y en desconocer las causas válidas de una sana y eficaz intervención y de la necesidad de que el patrimonio del Estado no se dilapide. Ahí está el secreto; gobernar no puede consistir en dar bandazos de un extremo a otro, sino en aplicar, con clara visión y pulso firme, las soluciones que en cada caso se requieran.