Recorte de El Universal del 25 de marzo de 1992 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Etapa cumplida
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, 25 de marzo de 1992.
El pasado lunes, primer día hábil después de la fecha fijada por el Congreso a la comisión bicameral respectiva, entregué a los presidentes de las Cámaras el informe de la comisión, con un Proyecto de Reforma General de la Constitución, constante de 70 artículos. Para cumplir el compromiso hubo que sesionar intensamente durante toda la semana, incluyendo el domingo, pero debo dar fe de que los miembros de la comisión y los asesores dieron muestras de voluntad de servicio para cumplir tan importante encargo.
La comisión bicameral, designada en junio de 1989, iba ampliando su horizonte a medida que el interés nacional así lo reclamaba, y la prisa con que se concluyeron sus tareas no fue por capricho de sus integrantes, sino por responder a la profunda inquietud que existe ante la crisis política que atravesamos.
Esa prisa no impidió, sin embargo, que durante la última semana se revisaran absolutamente todos los temas que habían ido considerándose a lo largo de dos años y medio, así como los propuestos en los últimos días por organismos, instituciones o personas animadas con la mejor intención de contribuir a mejorar aún más el texto.
Las reuniones de la Comisión tuvieron lugar en el más importante salón del Capitolio (después del salón Elíptico) que es el salón de los Escudos, cuyas puertas estuvieron siempre abiertas, cuyo recinto siempre fue accesible a quienes desearan estar al tanto de las discusiones y cuyo umbral fue franqueado repetidas veces por los comunicadores sociales.
Para más amplia información y difusión del trabajo que se iba realizando, se celebraron foros de innegable trascendencia. Las Jornadas de Revisión Constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, celebradas en Parque Central, contaron además con la concurrencia de los copresidentes de la Constituyente colombiana, doctores Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf, y del presidente de la Constituyente brasileña, diputado Ulises Guimaraes. Los medios las reseñaron ampliamente; y allí, por cierto, fue donde por primera vez se planteó en un ambiente académico la posibilidad y conveniencia de prever la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esas Jornadas fueron de libre acceso al público y, además, se repartieron unas 4.000 invitaciones, que cubrieron todo el espectro político y social venezolano.
Las Jornadas Domínguez Escovar, que anualmente reúnen en Barquisimeto a lo más representativo del pensamiento jurídico de toda la República, se dedicaron el año de 1991 a la reforma de la Constitución. El Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, que tuvo su sede en Maracaibo con motivo del Centenario de la Universidad del Zulia y que comprendió a los mejores especialistas en la materia, también se dedicó a la revisión constitucional.
Numerosos foros patrocinados por Colegios de Abogados o por Universidades y otras instituciones, han analizado durante estos dos años y medio el trascendental asunto. Han participado en la discusión de la materia diversas personalidades, en programas de opinión trasmitidos por la televisión y por la radio. Y el material de prensa en torno a los diferentes aspectos del problema es sumamente abundante: artículos, declaraciones y noticias recogen los puntos de vista más variados sobre el particular.
Resultaría, por tanto, a lo menos ingenuo pensar que las actividades de la Comisión Bicameral han tenido algo de clandestinas o secretas; y no podría concebirse que nuestro pueblo y sus más conspicuos representantes hayan sido tan indiferentes que no tuvieran noticia de nuestra labor.
Sin embargo, convengamos en que lo ocurrido en el país a raíz del 4 de febrero ha incrementado la curiosidad; y ahora, con la entrega del informe de la comisión y la iniciación del proceso deliberativo en el Congreso aumentarán su conocimiento y la curiosidad por conocer el Proyecto. La controversia acerca de algunos temas polémicos acentuará ese interés; y si bien, de las reformas propuestas muchas son expresión de un verdadero consenso nacional y otras son transcripción mejorada de disposiciones existentes en las dos enmiendas aprobadas (No. 1 y No. 2), es indudable que la preocupación colectiva seguirá aumentando antes de convocarse el referéndum popular que habrá de decidir si aprueba o no la reforma constitucional, el cual deberá ser precedido además (sin duda) por una extensa información al pueblo, que ejercerá por primera vez el derecho a pronunciarse en una consulta popular de tal índole.
La reforma constitucional es una contribución valiosa, sin duda, a la solución de la crisis política que el país atraviesa. No es ni puede ser una panacea, pero sí un factor importante para abrir caminos a la recuperación de la confianza en la institucionalidad democrática. A través de un procedimiento previsto en la misma Constitución de 1961 se abre campo a novedosos e interesantes cambios en la estructura del Estado democrático venezolano.
De la mayor importancia es, por ejemplo, la institución del referéndum popular. Se lo propone en los términos más amplios: referéndum abrogatorio de materias de señalada significación (como podría serlo por ejemplo, un tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia); referéndum consultivo, sobre materias de especial importancia, y –muy interesante– referéndum revocatorio del mandato de funcionarios públicos de toda clase y de todo nivel cuando, después de transcurrido un tercio de su período, el pueblo crea que debe removerlos por no estar cumpliendo a satisfacción sus compromisos.
La reforma de la administración de justicia ha sido materia a la que dedicó quizás la mayor parte de sus deliberaciones la comisión bicameral. El hecho de que el país nacional no crea en la imparcialidad de sus jueces es dramático. Muchas de las disposiciones propuestas tratan de ofrecer solución: algunas de ellas de carácter permanente, otras para responder a los reclamos especialmente urgentes de la comunidad en la hora actual. Mi tesis ha sido la de crear una Alta Comisión de Justicia que no sea un organismo burocrático, sino una especie de jurado que se reúna en cada caso en que se necesite, convocada por el Fiscal, por las Cámaras y por la propia Corte Suprema y presidida por el Fiscal General de la República e integrada por personas que en parte representen el estamento jurídico y en parte el resto del país nacional. La Comisión prefirió darle el nombre de «Consejo de la Magistratura» y, además de quitarle algunas de las facultades propuestas, colocarla bajo la presidencia del Presidente de la Corte Suprema, lo que no me parece conveniente. Además, propuso una modificación del Consejo de la Judicatura que no estoy seguro de que constituya efectivamente una mejora sustancial. No veo cómo se evitará una inevitable confusión en el público entre el «Consejo de la Magistratura» y el «Consejo de la Judicatura», dos organismos con atribuciones muy diferentes y con denominación equivalente. Pero, al fin y al cabo, y sea cual fuere la decisión final, la proposición evidencia la preocupación de la comisión bicameral sobre este tema.
La creación de la figura del Primer Ministro, nombrado por el Presidente, que comparte con él la selección y funcionamiento del Gabinete y que puede ser destituido por un voto del Congreso; la del defensor de Derechos Humanos, que atiende las quejas de la población, para que el Fiscal General pueda dedicarse íntegramente a las responsabilidades que el Ministerio Público impone; la introducción de normas exigentes para el funcionamiento de los partidos; el voto de conciencia; la formulación de derechos reclamados por importantes grupos sociales, todo ello es requerido por la Venezuela de hoy y no hay un motivo para aplazarlo.
Y se propone la previsión de que, si el pueblo así lo decide, se convoque una Asamblea Constituyente: es decir, que el propio ordenamiento constitucional prevé el procedimiento para que pueda derogárselo a través de un poder originario. ¿Audacia? Sin duda; pero indispensable para satisfacer muchas inquietudes y desvanecer muchas dudas.
El nudo de todo el proceso está en la decisión sobre la aplicación inmediata, en algunos aspectos trascendentales como el referéndum revocatorio, que respondería a evidentes aspiraciones de la población, pero no contó con mayoría en la Comisión. No se planteó en ella la propuesta de una disposición transitoria para recortar este período constitucional, pero se anunció que sería presentada a las Cámaras. Esta cuestión, sobre la cual no quiero insistir, va a tener inevitables consecuencias.
De todos modos, estoy convencido de que la nueva etapa que se inicia en el proceso de la reforma constitucional abre ante el país una esperanza: esperanza que se traduce en la convicción de que sí hay solución democrática para la crisis que vive Venezuela.