Razones de una sinrazón

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 8 de abril de 1992.

 

Se ha dicho –y es verdad– que los venezolanos no somos proclives al trabajo metódico y oportuno, pero nos interesamos en los programas cuando están a punto de realizarse y las decisiones a punto de tomarse. Eso está ocurriendo con la reforma de la Constitución. Irrumpen con afirmaciones destempladas, personajes que se supone debían estar ampliamente informados del curso que llevaba la elaboración del proyecto. Se muestran ahora sorprendidos y, lo que es más grave, expresan opiniones aventuradas que demuestran no conocer aún la materia ni apreciar las consecuencias que podría tener para el país una opinión adversa a ese paso, que es indispensable para la salida de la crisis. No es que sea la solución, pero es una apertura indispensable para la solución.

No está de más recordar que la comisión bicameral para la revisión de la Constitución estuvo reuniéndose semana tras semana, durante dos años y medio, en el Salón de los Escudos del Capitolio, a puertas abiertas, con asistencia frecuente de los medios de comunicación social y con abundantes comentarios en periódicos, revistas y programas de radio y TV.

Que en octubre se celebraron en Parque Central las Jornadas de revisión constitucional que llevaron el nombre de Jóvito Villalba, a las cuales se invitó a todos los miembros importantes de los poderes públicos, nacionales, regionales y locales, así como a los jueces y abogados de toda la República. A dichas jornadas concurrieron dos de los tres copresidentes de la Constituyente de Colombia, los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf y el presidente de la Constituyente brasileña, diputado Ulyses Guimaraes, cuya presencia era noticia y quienes fueron ampliamente entrevistados.

Que al tema de la reforma de la Constitución se dedicaron el Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, celebrado en Maracaibo, y las Jornadas Domínguez Escovar en Barquisimeto, así como numerosos foros en colegios de abogados, universidades y otras corporaciones, en variados lugares del país. A ninguno de ellos se dignó en concurrir y menos enviar observaciones, ninguno de los prominentes señores que hoy alzan su dedo acusatorio contra la reforma constitucional.

Por supuesto, es importante que quienes tengan observaciones o proposiciones que hacer las formulen ahora, cuando empieza la discusión del proyecto en las Cámaras Legislativas. Lo que sería una sinrazón sería desestimular desde ahora la participación del pueblo en el referéndum, que es definitivo en el proceso.

Porque, como lo expresa un documento publicado por el consejo consultivo de la Presidencia de la República, es inaplazable, «una pronta reforma constitucional que llene las expectativas de la población y sea aprobada en un referéndum en el curso de los próximos meses».

No sólo hemos admitido, sino que hemos insistido sobre ello en todas las formas y oportunidades, que la reforma constitucional no es una panacea. Los problemas del país son complejos y la reforma constitucional no los puede resolver: pero es una apertura indispensable para abordar con éxito su solución. Por otra parte, no hemos olvidado la advertencia del Libertador de que no son las leyes, por perfectas que fueren, sino los hombres, los ciudadanos probos y patriotas, los que constituyen las repúblicas.

Naturalmente, la reforma de la ley fundamental no es suficiente; los cambios que el país necesita han de ser obra de sus ciudadanos, pero aquélla busca poner en manos de la colectividad las decisiones fundamentales, para que sea protagonista de su propia superación.

Si le dijéramos al pueblo que la reforma constitucional es una panacea y que con ella lo tendremos todo resuelto, lo estaríamos tratando de engañar. Pero es una estupidez mal intencionada decir que al proponer la reforma estamos mintiéndole al pueblo. Lo que le decimos es que para que él asuma papel estelar en una democracia de participación, el proceso tiene necesariamente que pasar por una reforma general de la Constitución. Esto y nada más.

Se comprende que entre las razones de la sinrazón está la actitud de quienes no quieren desprenderse de una cuota de poder que han venido teniendo en sus manos y que la perderían con la reforma.

Mueve a algunos el deseo de que los cambios se pospongan y por eso quieren que no se tome ahora otra decisión que la de prever la convocatoria de una Constituyente que, en el mejor de los casos, no comenzaría sus debates sino en 1993.

Hay, por otra parte, la aspiración de quienes desean una salida militar, porque de no adelantarse sin demora la salida democrática (que requiere como condición sine qua non la reforma constitucional) tomaría cada vez más cuerpo y presencia el fantasma de la solución de fuerza, que se ha venido planteando con insistencia después del 4 de febrero.

No pretendo que todos los que se oponen, en forma abierta o sibilina, a la reforma constitucional, sean movidos por esos propósitos. Hay honorables personalidades que no están debidamente informadas y no han reflexionado suficientemente sobre sus diversos aspectos. Hay quienes ingenuamente piensan que las cosas pueden irse llevando (corriendo la arruga) hasta febrero de 1994, y para entonces ya se verá lo que ocurre. Otros consideran que ellos y no otros eran los llamados a plantear y decidir las modificaciones necesarias y nadie más. Ante lo cual debo decir que todas las mejoras y correcciones posibles están a tiempo de plantearse ante las cámaras y que como miembro de la comisión bicameral me siento dispuesto a deponer todo orgullo y a aplaudir los cambios que mejoren el proyecto y lo hagan más conveniente a la realidad nacional.

Por lo demás, algunos puntos de supuesta controversia sostenidos dramáticamente, tienen fácil solución. Tal, por ejemplo, la previsión de que el Senado pueda destituir a los gobernadores por los 2/3 de sus votos, a solicitud del presidente de la República o de las Asambleas Legislativas. Nadie pondría dificultad alguna en su eliminación. Haberla puesto se debió al propósito de no dejar las causas de remoción al legislador. Se trasladó al proyecto lo establecido actualmente en la Ley Orgánica sobre elección y remoción de los gobernadores, que nadie ha protestado. Pero hoy suprimir esa atribución no sólo es conveniente sino viable, porque el referéndum revocatorio que se propone da al pueblo la potestad de destituir al gobernador. Y es sólo el pueblo quien debe tenerla.

En cuanto al situado constitucional, se consideró innecesaria y aventurada la modificación: innecesaria, porque ya se sentó el precedente de que la ley puede disponer su aumento; aventurada, porque la materia está en proceso de experimentación.

Yo, personalmente, pienso que las entidades regionales deben acreditar fehacientemente la buena administración de los recursos asignados: actualmente temo que muchas, quizás la mayoría, no saldrían aprobadas en un severo examen. Además, el proyecto abre caminos para que los estados vayan creando sus rentas propias y dependiendo menos del Estado nacional. En todo caso, la comisión lo que ha hecho es proponer.

El debate que ahora se abre es la oportunidad para decidir. Esa discusión tendrá el efecto de motivar al pueblo para que acuda consciente a dar su ratificación. Si se aprueba la terminación inmediata del actual período constitucional y una llamada inmediata a renovar mediante  el voto los poderes públicos, el interés del pueblo será mayor. Ojalá lo entienda así la mayoría del Congreso y le dé ese aliciente a la convocatoria del referéndum.