La reforma electoral

Columna de Rafael Caldera «Panorama venezolano», escrita para ALA y publicada en diversos diarios, entre ellos El Universal, del cual extraemos su texto, del 27 de enero de 1993.

Las elecciones realizadas el 6 de diciembre, al lado de los aspectos positivos que han sido aprovechados por abundante propaganda, han mostrado una serie de aspectos críticos de suma peligrosidad para el futuro de la democracia venezolana.

Por un lado, aunque se ha tratado de echarle un velo para hacer que se ignore, está el hecho de la abstención electoral. Las cifras que alguna vez dan voceros oficiales para hacer creer que la mitad –o un poquito más de la mitad- de los electores concurrió al acto electoral, no son convincentes ni satisfactorias. Que un 55% hubiera votado es difícil de creer, porque en los centros más densamente poblados y donde mayor competencia electoral hubo, el porcentaje positivo fue mucho menor. Pero aún si fueran ciertas, se ha demostrado que en el número de concurrentes se incluyeron numerosos difuntos, y que personas sin capacidad jurídica para elegir votaron con cédulas que no les pertenecían y cuyos titulares, por una razón u otra, realmente no sufragaron.

Que la mitad de los electores se abstuviera, después de tan intensa campaña contra la abstención, cuando ante los acontecimientos del 27 de noviembre se subrayó en toda forma y en todos los tonos que era necesario votar para reafirmar la fe en la democracia, es inquietante. Para la próxima elección general sería muy peligroso el que la decisión trascendental que va a adoptarse sólo contara con la concurrencia de una minoría de la población.

Ese peligro no sólo existe, si no se le ofrece al pueblo una fórmula capaz efectivamente de moverlo a ejercer su derecho a cumplir su deber de tomar parte en la determinación de su futuro, sino que lo estimulan las irregularidades y graves incorrecciones (por decir lo menos) hechas a la jornada reciente: ellas tienden a desanimar a gente que piensa que si su voto va a ser manipulado, tergiversado o irrespetado por los órganos electorales y por quienes ejercen el gobierno, no vale la pena ir a votar. A casi dos meses del acto de votación, todavía no se quiere reconocer la victoria de Gehard Cartay en Barinas y de Ramón Martínez en Sucre, en tanto que se han impuesto las falsas victorias de los candidatos gubernamentales en Nueva Esparta, Lara, Portuguesa y otras gobernaciones. Los alegatos de Fucho Tovar y Macario González han sido impotentes ante la posición tozuda de los órganos oficiales, que han aplicado una justicia diferente cuando las respectivas juntas electorales principales han proclamado como vencedores a los candidatos de la oposición.

El caso de Sucre es aún más grave, porque no sólo hubo la proclamación y la juramentación se llevó a efecto ante un juez competente, sino que el gobernador Morales Gil tomó la honesta decisión de entregar el gobierno a Martínez, y a éste lo desconoció la Asamblea Legislativa (con mayoría gubernamental), el comandante de la Policía (que cometió una gravísima falta) y hasta el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que dictó un Decreto de Suspensión de Garantías partiendo del falso supuesto de que no se sabe quién es el titular del Ejecutivo Regional. Con ello dio por nulos actos que no podría invalidar sino la Corte Suprema de Justicia, según lo ha reconocido el Consejo Supremo Electoral. Cosas similares ocurren con algunas alcaldías.

Lo único positivo de todas estas ocurrencias, al fin y al cabo, ha sido el reconocimiento unánime de que el sistema electoral debe reformarse de inmediato. La modificación de la Ley Orgánica del Sufragio es la primera prioridad que deben considerar las Cámaras Legislativas. Así lo ha admitido el presidente de la República, lo ha manifestado el presidente del Congreso, lo ha expresado el presidente del Consejo Supremo Electoral, quien llegó a decir que está dispuesto a renunciar si la reforma no se hace.

Lo primero que se plantea es la modificación sustancial de la integración del propio Consejo y de los demás órganos del Poder Electoral, para que el control de los mismos salga de las manos de las cúpulas partidistas y pase a las de independientes escogidos, de manera que no dependan de aquéllas. El sistema usado hasta ahora de entregar a los partidos el Poder Electoral ha llegado a pervertirse en modo tal, que ya perdió la confianza de los votantes. Hace algún tiempo propuse que se agregara al Consejo Supremo un número de miembros –podrían ser 4– verdaderamente independientes, los cuales, con el del presidente, tuvieran voto decisivo. Así, sin eliminar a los partidos, se daría mayor imparcialidad al cuerpo.

Últimamente se han expuesto criterios más radicales, que implican quitarle la condición de miembros del organismo a los representantes de los partidos, quienes quedarían como testigos. Cualquier solución sería aceptable, pero debe adoptarse, porque el país lo reclama a gritos. Naturalmente, la reforma envolvería la de las dependencias técnico-administrativas controladas hoy por los cogollos, así como la de las juntas y las mesas que tienen en sus manos hoy poder de decisión.

Otro aspecto fundamental de la reforma se refiere al sistema de votación y escrutinios. El requerimiento de mecanizarlo para eliminar los «errores humanos», que desnaturalizan la realidad, ha llegado a proclamarlo hasta el Jefe del Estado. Las máquinas harían desaparecer el proverbio «acta mata voto» y se obviarían las interminables expectativas, que nos colocan en un puesto muy atrasado entre las democracias del mundo.

Otro aspecto en el cual quiero insistir es el de la identificación del votante. La cédula de identidad es un documento indispensable, pero ya se sabe que quienes tienen acceso al Gobierno pueden obtener duplicados y que la foto que lleva la tarjeta no es muy definitoria. Ni es suficientemente clara, ni está exenta de las consecuencias del cambio de fisonomía que una persona experimenta durante el tiempo de validez de la cédula. En cuanto a la huella digital que se pone en el libro de votación, tiene poco valor: es generalmente un borrón y, por otra parte, los integrantes de la mesa no tienen la posibilidad de confrontarla en cada caso con la que lleva la cédula. Por ello he propuesto que se sustituya por la firma del portador en el libro de votación. La firma es fácil de cotejar con la que está en la cédula de identidad. Por algo este documento fundamental la lleva. Sólo la escasa minoría analfabeta sustituiría la firma en el libro por la huella digital.

En cuanto a la votación uninominal, ella se ha constituido más que en una aspiración, en un propósito firme de la gran mayoría de los venezolanos. Por tanto, imposible ignorarla. Establecerla en las próximas elecciones es imperativo. La parte que ha de mantenerse para la representación de las minorías tendrá que ser sólo la indispensable. Estuve recientemente en Italia y el problema está planteado allá en términos similares: el secretario político de la Democracia Cristiana anunció, estando yo en Roma, que su partido aceptaría la fórmula de un 70% electo por voto «mayoritario» (equivalente al «uninominal» del que aquí se habla) y un 30% para la votación proporcional.

En definitiva, si alguna vez hay una voluntad clara de la opinión pública es actualmente sobre la necesidad inaplazable de la reforma electoral. Sería gravísimo que, sin rechazarla abiertamente, las fracciones parlamentarias fueran dándole largas para que a última hora no hubiera tiempo de hacerla.

Ignorar que nuestro sistema democrático está ante un momento decisivo sería imperdonable.