Discurso de toma de posesión como Presidente de la República

Caracas, 2 de febrero de 1994.

Asumo la Jefatura del Estado invocando, como lo hacían los Padres de la Patria, el nombre de Dios Todopoderoso, por el cual he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República.

Saludo a los directivos e integrantes de las otras ramas del Poder Público, especialmente la legislativa y la judicial, con las cuales aspiro a llevar óptimas relaciones, dentro del respeto que a cada una debe tributarse, y con el propósito de colaborar en la realización de los fines del Estado, como lo prescribe la Carta Fundamental.

Saludo a las autoridades estadales y municipales, electas por el pueblo y autónomas en su funcionamiento. Confío en que, dentro del espíritu de descentralización que ha venido tomando cuerpo en los últimos tiempos realicemos la labor conjunta a que las poblaciones aspiran, orientadas armónicamente hacia la resolución de sus problemas y hacia la atención de las necesidades y aspiraciones de los habitantes de toda Venezuela.

Saludo a los diversos sectores de la sociedad civil, cuya importancia se reconoce cada día más y cuyo entendimiento con el sector público es indispensable para el bienestar general; a las autoridades religiosas, a los trabajadores y a los empresarios.

Saludo a los hombres y mujeres, venezolanos y extranjeros, que habitan en nuestro territorio y en especial a la juventud, objeto preferente de mis preocupaciones y esperanzas, y a la que espero tener presente de manera continua en los planes y actividades de Gobierno.

Saludo a las Fuerzas Armadas, factor indispensable en el mantenimiento del sistema democrático y en el desarrollo nacional. Les ofrezco ejercer con rectitud la delicada atribución constitucional de ser su Comandante en Jefe, con espíritu de justicia, con preocupación permanente por su progreso en el orden profesional y técnico y por su mejoramiento en el orden humano.

A todos los habitantes de Venezuela, salud.

El momento en que asumo el Gobierno es grave y complejo. Estamos padeciendo los efectos de una honda crisis que se inició –paradójicamente– hace veinte años, cuando el logro de precios más justos para nuestro principal producto, el petróleo, trajo consigo una avalancha de dinero que nos hizo caer en la equivocación de creernos muy ricos. Esa ilusión de riqueza nos hizo cometer infinitos errores. De entonces para acá hemos vivido un proceso de desorientación y de desbarajuste, que produjo una extendida descomposición moral, y finalmente ha creado un estado de cosas para cuya superación se requerirá un intenso y solidario esfuerzo nacional.

El Presidente Ramón J. Velásquez, un ilustre venezolano que aceptó el difícil encargo de conducir al país hacia una transición política a través del proceso electoral, ha cumplido una tarea de dimensión histórica. Sean cuales fueren las opiniones que se puedan tener acerca de algunos aspectos de su gestión de gobierno, merece el reconocimiento de sus conciudadanos, y no puede echarse sobre él la responsabilidad de unas circunstancias que con gran dramatismo delineó en su impactante mensaje del pasado viernes 28 de enero. En nombre de todos los venezolanos quiero manifestarle en este solemne momento la más profunda gratitud. Rompió el ciclo tradicional de las trasmisiones de mando, en las que el gobernante saliente sostenía que todo estaba muy bien, mientras el entrante enfatizaba sobre los aspectos perversos de la situación. En este caso, es el propio cuentadante el que, después de anotar los hechos positivos que asigna a su Administración, sintió la necesidad de desnudar su conciencia de patriota y de historiador para consignar el testimonio de esa durísima realidad que él no hubiera querido encontrar.

Hace exactamente veinte años –menos un mes y diez días– transferí el gobierno que ejercí entre 1969 y 1974 a quien fue electo por el pueblo para sucederme. Entregué un país pacificado y ordenado, un ejercicio fiscal con superávit. No podría yo decir, con frase muy conocida, que «veinte años no es nada». No. De ninguna manera. Estos veinte años han sido mucho, han representado mucho, han influido mucho en la vida de nuestro país. Para bien y para mal: porque, si por una parte hay hechos indudablemente positivos, también han ocurrido hechos decididamente negativos, cuya presencia ha llegado a amenazar la propia institucionalidad democrática, que tantos esfuerzos, tantas luchas y tantos sufrimientos costó a tantos venezolanos alcanzar. Venezuela es hoy un país diferente del que hace 20 años entregué.

La población, por supuesto, ha aumentado sustancialmente. De 12 millones ha ascendido a más de 20 para finales de 1993. La tasa de natalidad ha bajado, razonablemente, de un 3,47% a un 2,99%, que todavía es considerable, en comparación con la tendencia en países más desarrollados. La expectativa de vida ha subido, por lo que la población mayor de 15 años, que era ya un 52,46%, se ha elevado a un 58,74%. El porcentaje de población urbana, que era un 73,1%, es ahora 84,1%. Esto relieva el gravísimo deber que tenemos con los pobladores de los barrios marginales de las grandes ciudades.

Las cifras de la economía han experimentado variaciones astronómicas. El presupuesto ha pasado de 14.000 millones a 1.400.000 millones de bolívares, suma ésta que a pesar de la devaluación de nuestro signo monetario, representa el triple de la cantidad anterior, en divisas internacionales. El PIB, en cifras constantes, ha aumentado en más un 50% con relación a 1973, pero el ingreso per cápita se ha reducido, así como el salario real. La tasa de inflación, que era apenas de 5% ahora supera el 40%. La deuda externa, que era de 3.000 millones de dólares, excede actualmente de 30.000 millones de dólares. El desempleo ha crecido de un 6% a un 12%, cifra engañosa si no se toma en cuenta para el balance social el 40% de población activa que se dedica a la economía informal. El déficit de viviendas es abrumador. Los servicios públicos están deteriorados. El costo de la vida se hace asfixiante para la clase media y para los sectores populares. El costo del dinero ha saltado escandalosamente y las tasas de interés hacen imposible el uso del préstamo para los productores. El sector agrícola se encontraba al borde del colapso; aunque es justo reconocer las iniciativas del Gobierno Velásquez y su ministro Gaviria para mejorar la situación. Los industriales, que no estaban preparados para competir en mercados abiertos, están sufriendo las inevitables consecuencias de la apertura súbita a la competencia foránea. La moneda venezolana, que con el nombre del Libertador era signo de estabilidad, ha perdido más de veinte veces su valor y sigue en su incontenible caída.

La situación económica es preocupación central del Gobierno que entro a presidir, como tiene que serlo de todos los venezolanos. Existe estanflación, no hay crecimiento económico, pero sí aumento desproporcionado de los precios.

La gente está consciente de lo difícil de la situación y sabe perfectamente que es imposible hacer milagros: ni los ofrecí en el curso de la campaña electoral ni puedo ofrecerlos hoy. Pero sí puedo asegurar, y es lo que la gente reclama del Gobierno que hoy se inicia: trabajar incansablemente, con absoluta honestidad y vocación de servicio, por dar frente a los terribles problemas que se han creado debido a la irresponsabilidad, la ineficiencia y la corrupción de los últimos años.

Hay quienes piensan que para superar esta crisis debemos declarar un estado de emergencia, y aplicar lo que se llama una economía de guerra. Razones no faltan, pero es necesario agotar las vías normales que ofrece el Estado de derecho y que tienen el auspicio favorable de una disposición al consenso manifestada en todos los sectores de la vida nacional. Hay, por otra parte, quienes han planteado, casi en tono desafiante, que no existe otra alternativa sino la de imponer, con una rígida ortodoxia neoliberal, más ajustes dramáticos, que según suponen deberían dar frutos en el mediano o largo plazo. Olvidan, como lo están demostrando los hechos en otros países y aquí en Venezuela, la estrecha imbricación que existe entre lo económico y lo social, y que si éste se descompone, no habrá forma de generar confianza para la inversión y la recuperación de la dinámica económica, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.

Me propongo ser a la vez optimista y prudente. Entre las dos opciones radicales, la populista y la neoliberal, opto por comprometerme a buscar un compromiso de solidaridad con acento social. Quiero confiar en la racionalidad de los factores económicos del país y en la comprensión y soporte de la colectividad. Aspiro a que los diversos sectores no se muestren sordos al angustioso llamado de deponer los intereses egoístas e inmediatistas por una visión de largo aliento que reclama el sentido común.

El objetivo de este compromiso de solidaridad es alcanzar una economía competitiva y moderna dentro de un marco de solidaridad social, donde la economía privada sea el motor de crecimiento y comience a asumir parte de la responsabilidad social que hasta ahora ha descansado sobre el Estado y la economía petrolera.

Puntos especiales de esta estrategia son:

1) Lucha sin tregua contra la inflación.

2) Política de austeridad en el gasto público para alcanzar el equilibrio y quebrar la inercia inflacionaria en el corto y mediano plazo, sin afectar el área social, a la que atribuyo prioridad. Se empezará por dar ejemplo reduciendo drásticamente los gastos de la Presidencia, de mi propia Casa Militar y de las partidas secretas. Se reducirá, en consecuencia, el presupuesto de 1994 y se buscará coordinar la política fiscal con la monetaria, para que el combate a la inflación no tenga componentes contradictorios.

3) Apertura de la economía y estímulo a la competitividad, en el marco de la reciprocidad.

4) Programa de estabilización económica que no se centre solamente en las grandes cuentas macroeconómicas y que se tomen en consideración las necesidades básicas de la familia venezolana.

5) Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

6) Transparencia en los procesos de privatización que las circunstancias del país aconsejen y medidas que tiendan a la democratización del capital.

7) Política tributaria inspirada en el precepto constitucional conforme al cual: «El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación de vida del pueblo» (art. 223 de la Carta Fundamental).

Esta política tributaria conlleva, por una parte, una efectiva recaudación de los impuestos causados y por la otra, una reforma a fondo de las leyes impositivas, de manera que más paguen los que tienen mayor capacidad.

Respecto a la recaudación, un informe de la Contraloría General de la República, de enero de 1994, sobre el déficit fiscal y el presupuesto, contiene esta afirmación impactante: «Estudios del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Venezuela, así como actuaciones del organismo contralor, conjugan una serie de hechos que permiten estimar una evasión fiscal en el orden del 70% por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y multas y ello sin incluir la renta de hidrocarburos y el impuesto sobre la renta de la industria petrolera». Esta evasión representa una inmensa suma, causada por la ineficiencia y la corrupción. El empeño que pondrá mi Gobierno en combatir estos dos males será enérgico y firme. Espero confiadamente en que el resultado aminorará el déficit fiscal en medida considerable.

En cuanto a la reforma tributaria, debo ser muy claro en la posición que sostengo. Dije en mi Carta de Intención al Pueblo Venezolano, durante la campaña electoral: «Habrá que enfatizar una reducción y reorientación del gasto y emprender de inmediato una mejora radical en la recaudación de los impuestos y una reforma tributaria que aumente los ingresos, distribuyendo las cargas con sentido de equidad, en forma tal que recaiga principalmente sobre quienes tengan mayores recursos. Así mismo, se impone la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en cuanto constituye una carga injusta sobre los consumidores de menores recursos».

Consecuente con esta promesa, tan pronto se instale el nuevo gobierno, el ministro de Hacienda presentará a las Cámaras Legislativas los proyectos que integran la proposición del Ejecutivo sobre la urgente reforma del régimen tributario, para confrontar en lo inmediato la difícil situación creada por el déficit fiscal. Pediremos, por de pronto, la eliminación del IVA a los consumidores, y propondremos una serie de medidas fiscales, tales como un impuesto selectivo a las ventas al por mayor, un impuesto al lujo y la reforma sustancial del Impuesto sobre la Renta, todas ellas orientadas a la modernización de las finanzas públicas. Todo ello hará más rendidora y progresiva la presión tributaria, a la vez que lograremos mejorar sustancialmente la inversión del gasto público, que es de una urgencia inaplazable, agravada por el deterioro del mercado petrolero.

Preocupación central de la nueva política económica es cambiar el viejo esquema disfrazado de modernidad, de lograr el crecimiento económico apoyándose en el aumento desmesurado del gasto público. Al Estado corresponde el papel de promotor y rector. El propósito es estimular la inversión privada, nacional y extranjera, dentro de un marco de seguridad jurídica y económica, y estimular, con medidas precisas, la reactivación de los sectores productivos fundamentales en la vida nacional.

Pero el proyecto económico y fiscal de corto y mediano plazo no agota la preocupación y el interés que el Gobierno se siente obligado a mostrar por una reforma a fondo de la economía nacional. Por ello he designado un Ministro de Estado que tendrá a cargo el estudio y análisis de los escenarios económicos a largo plazo. Estamos a las puertas del siglo XXI y no podemos restringirnos a buscar fórmulas para resolver las situaciones planteadas en los años finales del siglo XX.

Nadie puede garantizar que no habrá riesgos en una sociedad como la venezolana, en pleno proceso de transición de una economía rentista a una economía productiva. Pero sí puedo asegurar que pondré todo mi empeño en lograr un régimen transparente y confiable, que no habrá incertidumbre en política cambiaria y, de una vez por todas, despejo cualquier duda acerca de que no está en el esquema de mi gobierno ni una maxidevaluación ni un inmediato control de cambio.

Los anuncios formulados hace cinco años, de reconvertir el aparato productivo para hacerlo competitivo no dieron los resultados prometidos. Ahora no se trata solamente de reconvertirlo, sino de evitar su colapso. De allí que es propósito fundamental del compromiso solidario que promuevo, un programa acordado, realista y viable, que permita estimular la producción y la productividad, y bajar las tasas de interés, cuyo alto nivel hace materialmente imposible poner la función de intermediación bancaria al servicio de los empresarios, grandes, medianos y pequeños.

Dentro del diálogo pro-solidaridad debe abrirse, según deseo expresado por factores del trabajo y del capital, la definición de un programa de solidaridad social que implique, no sólo el reordenamiento institucional, sino también la estructuración de fondos públicos y privados de pensiones y su carácter de complementariedad, junto con el análisis y discusión constructiva de la materia de las prestaciones sociales y las garantías para el trabajador, al término de su relación laboral.

Apoyaremos el sector agrícola, vegetal y animal, que ha sido duramente castigado por la política de reajuste económico y de apertura no condicionada de los últimos años. La seguridad alimentaria será objeto de atención prioritaria. La inversión en el agro, en el sector industrial y en los recursos humanos será factor determinante de la nueva etapa de crecimiento económico sostenido.

El esfuerzo productivo en el sector agrícola será motivo de especial estímulo y apoyo, lo cual implica la observancia de un sistema de seguridad jurídica y personal para los hombres del campo. Se estimularán las actividades pesqueras, tanto en lo referente a la pesca industrial en aguas nacionales e internacionales, como en el desarrollo y consolidación de la pesca artesanal, y a la producción agrícola de diferentes especies.

Apoyo recibirán también las actividades productivas relacionadas con la rama forestal, dentro de un cuidadoso resguardo de las condiciones ecológicas.

La evolución de la ciencia y de la tecnología induce cambios sustanciales en la orientación y conducción de los procesos productivos con miras a superar anacrónicos moldes, readaptar las estructuras, y proyectar el esfuerzo de los trabajadores de la industria y del campo hacia la conquista de los mercados foráneos.

Consciente de la inconveniencia de los actuales mecanismos de comercialización y mercadeo, que establecen una diferencia sensible entre lo que recibe el productor a la puerta de la finca y lo que paga el consumidor, mi Gobierno promoverá y estimulará el establecimiento de estructuras de intermediación agro-comercial, socialmente justas y económicamente eficientes. Por otra parte, se brindará entusiasta apoyo a las iniciativas del área industrial destinadas al procesamiento y elaboración de las materias primas agropecuarias y a la elaboración de insumos industriales para el campo, y se propenderá al equilibrio y al ascenso de la agricultura y la industria.

La política de inversiones tendrá una oportunidad amplia en el sector turístico. El turismo tiene para invertir en Venezuela inmensos atractivos. Nos esforzaremos por ofrecerle al inversionista nacional y al extranjero facilidades y estímulos; y el empeño que pondremos en garantizar en todo lo posible la seguridad pública, constituirá un factor poderoso para este sector de la actividad económica.

El país confronta también la necesidad de grandes obras públicas indispensables para el desarrollo, tales como la vía alterna de Caracas al Litoral, el puente de Los Barrancos sobre el Orinoco, y una serie de autopistas, algunas de ellas iniciadas pero que es necesario terminar. En vista de la situación fiscal, se hace indispensable el sistema de concesiones para la construcción de obras. Espero que el Congreso revisará la ley de la materia a fin de hacerla viable.

La pequeña y mediana empresa, el artesanado y las microempresas serán objeto de atención especial, convencidos como estamos del papel trascendental que pueden cumplir para la reactivación de la economía y la generación de oportunidades de trabajo.

El colapso sufrido recientemente por una importante entidad bancaria, que amenazó la estabilidad del sistema financiero, fue un coletazo de la crisis moral y económica perjudicial en todos los órdenes. La grave advertencia que constituyó nos conduce a llamar a todos los sectores económicos y políticos a sellar un compromiso fundamental que le ponga fin a una política perversa: la de jugar con los depósitos del pueblo en una especie de ruleta financiera que pone en peligro instituciones indispensables y daña nuestra imagen de seriedad y honestidad en el exterior. El Consejo Bancario y la Superintendencia de Bancos, así como las demás instituciones vinculadas al sistema, tienen que erradicar la práctica de hacer préstamos directos o subrepticios a los miembros de un mismo grupo bancario. El Gobierno que voy a presidir tomará las iniciativas necesarias para que se impongan sanciones penales y civiles a los responsables de irregularidades dolosas en esta o en cualquier otra entidad de crédito. Se hará lo necesario para garantizar a los ahorristas la devolución de sus ahorros y para que quienes tuvieran en el instituto intervenido depósitos de los cuales derivan el cubrimiento de sus necesidades perentorias sean atendidos con la mayor rapidez y eficacia posibles.

Aun cuando la terrible crisis económica y la alarmante presencia del déficit fiscal nos obligan a los venezolanos a acciones inmediatas para hacerles frente, no podemos dejas a un lado nuestra preferente obligación por lo social. El deterioro de las condiciones de vida es motivo de angustia para quien estudie la realidad nacional y sienta su deber insoslayable de velar para que se obtenga, como lo prescribía el Libertador en el Discurso de Angostura, «la mayor suma de felicidad posible». El crecimiento de los porcentajes de familias que viven en situación de pobreza y de aquella cuya situación es de pobreza crítica, se ha acentuado en América Latina en grado tal, que organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo comienzan a otorgar prioridad en sus programas a la lucha contra la pobreza. El Gobierno que el pueblo de Venezuela eligió para gobernarlo en estos años cruciales no puede perder de vista este hecho. Confío en que las entidades mencionadas nos prestarán valiosa colaboración para hacer frente a este grave problema.

El deterioro del salario real es considerable. El monto del salario mínimo tiene ya más de dos años de fijado, años en los cuales la economía ha padecido la inflación y la moneda ha ido devaluándose. Por ello me propongo, responsablemente, decretar dentro de las pautas legales, un aumento sustancial del salario mínimo y de los beneficios actuales por concepto de alimentación y transporte.

Preocupación fundamental de mi administración será la atención a los barrios marginales, para convertirlos en urbanizaciones populares, donde esté garantizada la posibilidad de una existencia humana y digna. El agua, en todas partes, es necesidad prioritaria: en los barrios su carencia no sólo obliga a usarla en forma insuficiente, sino a costos radicalmente incompatibles con el modesto ingreso de los hogares. Sé que la situación fiscal es una traba para atender a este sagrado compromiso; pero haremos lo posible y lo imposible para patentizar el interés de mi Gobierno en este aspecto. Se comenzará de inmediato a tomar iniciativas que señalen claramente el camino de las soluciones.

La sociedad venezolana ha experimentado en estos años muchos cambios en su manera de ser y en sus condiciones de vida. La aplicación de medidas económicas que no la tomaron en cuenta ha representado para ella un costo imponderable. De allí ha surgido el hábito de la denuncia y el recurso cotidiano a la protesta. La denuncia ha jugado un papel protagónico en los acontecimientos políticos del quinquenio que acaba de terminar. La protesta es el desahogo de quienes con razón se sienten víctimas de injusticias y no encuentran modo ni manera de verlas remediar.

Estoy dispuesto a respetar la institución de la denuncia y daré órdenes estrictas para que toda denuncia hecha en forma responsable sea investigada sin demora y se informe debidamente el resultado de la investigación. En cuanto a la protesta, aspiro a que «una cultura de protesta» nos lleve a garantizar toda protesta pacífica y a cuidar de que no se infiltren en ella elementos provocadores que sólo buscan promover la violencia; y a que las autoridades encuentren métodos seguros para proteger y asistir a quienes protestaren, sin poner en peligro sus vidas e integridad personal.

El país requiere un gobierno que gobierne. Necesita una autoridad que ponga la casa en orden, dentro del Estado de derecho. Yo estoy dispuesto a dársela. Pondré un interés especial en hacer frente al deterioro de los servicios públicos, primordialmente a los de seguridad personal, salud y educación. La seguridad de los hogares, de las personas y de los bienes de los habitantes del país se ha deteriorado hasta extremos inaceptables. La salud y la educación confrontan indicadores impropios del grado de desarrollo en la Venezuela democrática. Estas materias, en las cuales concurren las responsabilidades del Gobierno Nacional con las de los Gobernadores de Estado y Alcaldes Municipales, reclaman un gran esfuerzo de comprensión y colaboración, con la participación de las comunidades. La descentralización no puede conducir a la multiplicación por el número de Estados o por el número de Alcaldías de los defectos achacados a la Administración Central. Esta, por su parte, tiene que ser ejemplo y señalar los rumbos de un esfuerzo que ha de tener carácter integral.

La tarea de poner al día el proceso educativo, incentivar decididamente la investigación, la ciencia y la tecnología, buscar soluciones justas para el financiamiento de la educación superior, multiplicar las formas de educación para el trabajo dirigidas preferentemente a los jóvenes de los barrios populares, la emprenderá el Gobierno Nacional, que espera la cooperación decidida de Gobernadores y Alcaldes. Sin ellos la tarea sería ardua de realizar.

Se requiere el concurso de todos para resolver problemas que afectan a todos. Invito a los empleados públicos, a que aporten mística en su trabajo y amplia comprensión para colaborar en las tareas de reorganización de los servicios. Sé que muchos responderán afirmativamente a este llamado. No he hecho pactos de distribución burocrática, tan dañinos para el país.

Grandes tareas nos impone la actualidad nacional. Empresas como el desarrollo sustentable del Sur nos exigen una coordinación de actividades para ejecutar proyectos en los que participen el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, las Fuerzas Armadas y los organismos académicos de estudio e investigación. Hay que atender sin demora a esa extensa porción de nuestro territorio, que ha sido abandonada a la depredación de aventureros nacionales y extranjeros, causando daños irremediables para la ecología y para las etnias que la habitan. Sin duda, en la llamada «Venezuela Saudita» por el esplendor de los petro-bolívares, no había ni podía haber interés, por la que se llamó, hace veinte años, «La conquista del Sur».

El imperativo de los cambios que debemos emprender debe comenzar necesariamente por la Reforma Constitucional. Encargo urgente y reto fascinante para el Congreso de la República. Expertos constitucionalistas opinan que es posible hacerla este mismo año, siempre que haya consenso y que el voto popular la respalde. Las líneas fundamentales están trazadas: participación popular, a través de cuatro formas de referendos; reforma del Ejecutivo, previendo la posibilidad de un primer ministro; reforma del Legislativo, estableciendo entre otras cosas el voto de conciencia; reforma de la Administración de Justicia, que establezca un sistema nuevo y efectivo de elección y remoción de los magistrados judiciales; reforma de los partidos políticos, normas severas que aseguren su reconstitución. Esta reforma sería el primer paso del compromiso de solidaridad, el cual, por cierto, debería incluir, de hecho, un acuerdo de solidaridad generacional.

A la Reforma Constitucional deberá acompañar la Reforma del Estado y su redimensionamiento, para hacer más eficiente la Administración Pública, que se mueve con dificultad dentro de unas estructuras inapropiadas para el tiempo y las necesidades de la hora.

Estamos a la vela de grandes acontecimientos. La confianza en nuestro país y la fe en nosotros mismos tienen que renacer. El pueblo no ha perdido la esperanza. Nuestro deber es fortalecerla, a través de nuestra comunicación constante con él. Los venezolanos han dado la talla cuando se les han presentado traumáticamente inmensos obstáculos que superar.

Una frase muy repetida del renombrado escritor merideño Mariano Picón Salas afirma que el siglo XX comenzó en Venezuela en 1936. Creo que debemos empeñarnos en que se pueda decir también que el siglo XXI empezó en Venezuela el 5 de diciembre de 1993. Para ello es indispensable la acción solidaria de todos, el trabajo de todos, una cuota de sacrificio de todos, un compromiso de solidaridad de todos. La crisis que hemos padecido debe ser la oportunidad de un nuevo comienzo. Nuevos horizontes, nueva esperanza, nueva vida. Si la desorientación de la vida económica, las fallas en la administración de justicia y en los servicios públicos, el cierre de los canales de participación, han conducido a un enfrentamiento creciente de la población, a la cultura de la protesta y a actitudes de escapismo personal, y aparece Venezuela como una casa dividida, toda solución pacífica de los problemas pasa por la solidaridad que, como dijera Juan Pablo II, es «la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos».

El Gobierno cuya presidencia hoy asumo estará guiado en todo momento por la búsqueda empeñosa de esa solidaridad, para poder actuar como catalizador y orientador del proceso de reconstrucción del país, para que la sociedad entera, en consenso positivo, pueda movilizar sus propios recursos a fin de dar solución a los problemas inmediatos y a los problemas estructurales.

Asumo de nuevo la Presidencia de la República por la voluntad popular, tras una larga vida de luchas, con la experiencia de los errores propios, voluntad inquebrantable de servicio y el aprendizaje cotidiano del amor a Venezuela. Conozco bien a mi país, sé de sus angustias y sufrimientos, pero también de la capacidad de su gente, de su adhesión a los valores democráticos y de la increíble tenacidad de su esperanza.

Abrumada por las dificultades, Venezuela escucha hoy la pregunta que hicieran al Libertador, enfermo y abatido, en Pativilca: «General, ¿qué piensa hacer ahora?».  Como Bolívar, Venezuela debe responder con una sola palabra: «¡Triunfar!».

Con la ayuda de Dios, con la solidaridad de todos los sectores de la vida nacional, con el entusiasmo y la ilusión de los jóvenes y con el entero corazón del pueblo, vamos a hacer de esta crisis la oportunidad de un nuevo tiempo de afirmación y de avance, en la vida de la República.

Así nos adentraremos en el siglo XXI.

¿Seremos capaces de lograrlo?

No hay otra alternativa. Tenemos que triunfar. Y triunfaremos.