El gobierno del «chiripero»

Por Asdrúbal Aguiar

El siglo XX venezolano se aproxima hacia su vértice bajo el gobierno de un último civil, quien a su vez es partero junto con Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, casi cuatro décadas antes, de la llamada, por algunos, Republica Civil. Rafael Antonio Caldera Rodríguez asume su segundo mandato presidencial el 2 de febrero de 1994 y lo concluye el 2 de febrero de 1999, deviniendo para entonces en el único mandatario de nuestra Historia republicana quien electo mediante el voto popular ejerce dos veces la Presidencia de la Republica sin verla interrumpida. Pero alcanza la Presidencia, esta vez, a la edad de 78 años, en un país mayoritariamente joven, con una población casi duplicada y en avance creciente hacia las ciudades, y lo logra por obra de una tenacidad militante; que si fue objeto de duras críticas por sus adversarios y algunos correligionarios socialcristianos enconados, encuentra asentimiento popular, regla inexcusable de la democracia.

La realidad política del país es ya otra. Muy distinta de la que vive Caldera durante su primer gobierno y por lo demás inédita en el siglo. La sociedad muestra sus dos mitades antagónicas de hoy: una declinante, hechura de la Republica de partidos y otra, que también lo es pero la abandono, decidió dejar atrás el tiempo de la política y de los políticos y otear en búsqueda sea de un modelo más eficaz y menos formal de democracia, sea de otro caudillo salvador de la Patria así se trate un gendarme autoritario. La memoria histórica queda hecha añicos.

El voto electoral acopiado por el presidente repitiente, suerte informe de «chiripero» –como se le llama– y sumado a la votación que alcanza el candidato Andrés Velásquez, hombre de izquierda y líder laboral anti sistema, postulado por La Causa R, suman casi 3 millones de votos. En tanto que los dos candidatos de los partidos tradicionales, aun representando aquellos a la generación de relevo e inconforme con el liderazgo tradicional –Claudio Fermín y Oswaldo Álvarez Paz– es de apenas 2.600.000 votos.

La Causa R, no ha de olvidarse, subrepticiamente ha tenido metida sus manos en el golpe del 4 de febrero de 1992 y decide, a última hora, adherir a la protesta de Caldera esgrimida desde el Congreso en tal día, dado el deterioro alcanzado por la experiencia democrática venezolana iniciada en 1958. Y sobre ella, uno de sus militantes más emblemáticos, Aristóbulo Istúriz, corre en aquel año con mejor suerte que Velásquez, al ser electo alcalde de la vieja Caracas, del municipio Libertador.

Todos a uno, en todo caso, Fermín, Álvarez y Velásquez predican electoralmente la necesidad de una ley de amnistía que beneficie a los golpistas de 1992.

Dos ideas fijas, producto de una convicción muy íntima, dominan en Caldera con vistas a su nuevo desafío. Está convencido de que la República torció su rumbo luego de 15 años de mandatos iniciados en 1959 y en los que el país administra sus recursos magros ocupándolos en servicios de directo interés popular, sin generar déficit presupuestario. Pero una vez como ocurre el boom petrolero de 1974 la nación se sume en el delirio haciéndole cuerpo generoso a la corrupción y al despilfarro «saudita».

Asimismo, está persuadido de que al final del trayecto la prioridad es, como lo afirma luego, «armar el rompecabezas», sostener la paz, el bien preciado del siglo XX. Lo que no es poco, a su juicio.

Las condiciones estructurales del país no son las mejores, y ellas condicionan el desempeño de todo el quinquenio constitucional y hasta determinan, desde antes, su desenlace: la elección democrática de un militar golpista para la Presidencia de la República.

El gobierno de Caldera asume el poder como gobierno de minoría, sin un apoyo parlamentario que le de viabilidad; media una crisis financiera –reconocida como la mayor habida en el hemisferio– que muestra su rostro crudo una vez como el presidente Velásquez decide la intervención del instituto bancario de máxima cobertura nacional, el Banco Latino, luego de lo cual y concluido el mandato de este ha lugar a un efecto dominó que provoca el derrumbe sucesivo y sin solución de continuidad de casi todo el sistema financiero del país. Deja el mismo a la vera, postrados, a casi 4 millones de ahorristas.

Durante el año 1994, a la intervención del Banco Latino y de sus empresas relacionadas sobrevienen varias olas –lo cuenta metafóricamente Ramón Guillermo Aveledo– que determinan la caída, primero, de ocho bancos más: Amazonas, Bancor, Barinas, Construcción, La Guaira, Maracaibo, Metropolitano, Fiveca, luego de otros tres bancos que se hacen la guerra pública entre sí –Venezuela, Consolidado, y Progreso–seguidos de tres bancos más –Ítalo, Profesional y Principal– y, finalmente, por otros tres adicionales que cierran el círculo, si no con su derrumbe sí con la desestabilización: Andino, Empresarial y Unión. Las pérdidas sumarán algo más de 1,2 billón de bolívares, representantes de casi 14,4 % del Producto Interno Bruto e incidentes sobre 56% de los activos bancarios del país. Aveledo habla del 20% del PIB y de 60% de activos afectados.

Por si fuese poco, la única estructura de sustentación del poder real del Estado –las Fuerzas Armadas– se encuentra fracturada luego de los golpes de Estado y la reinserción en su seno de los varios centenares de oficiales y suboficiales profesionales de carrera participantes de los mismos, dispuesta por el mismo presidente Pérez, la víctima, y en menor número por Velásquez.

De modo que, cabe reconocerlo, el soporte de coyuntura –pero coyuntural en todo caso– del desvencijado andamiaje de la Republica de partidos pesa sobre los hombros y la experticia del último albacea de la democracia. Sostener la precaria estabilidad del Gobierno y alejar al país de una eventual guerra civil, que casi estimulan los más radicales de los actores vinculados con los sucesos del 4 de febrero y 27 de noviembre, representa, por si sola, una proeza.

En su mensaje inaugural dice Caldera, por ello, que no llega a hacer milagros: «ni los ofrecí en el curso de la campaña ni puedo ofrecerlos hoy». Más allá de señalar que se ocupara de luchar contra la inflación, de reducir el gasto público, de promover una economía competitiva privada pero con responsabilidad social, y de velar por la transparencia de las privatizaciones necesarias y en curso, pone el dedo sobre la iniciativa que considera crucial para el relanzamiento de la Republica en quiebra tanto política como económica: la reforma constitucional, que no ve luz durante su quinquenio por ausencia de voluntad en los partidos fundamentales y a pesar de que la campana por una constituyente toma cuerpo desde sus primeros anos. Y Caldera se resiste, a su vez y pesar de las recomendaciones que le llegan a sus oídos, a dar un salto en el vacío: una suerte de Calderazo.

«No faltó alguna voz amiga, con apoyo en la experiencia de otros países, que nos aconsejara hacer alguna pirueta política para atraer la atención y distraer a la gente de las preocupaciones económicas. No quisimos hacerlo para no renunciar a nuestra seriedad, ya que lo único que nos garantizaba conservar la autoridad para llegar felizmente al final del quinquenio era que el pueblo sabía que no eludíamos los problemas y que lo que hacíamos estaba inspirado únicamente por el interés nacional». Rafael Caldera, Mensaje al Congreso, 28 de enero de 1999.

El duro comienzo y los años tormentosos

Integrar el Gobierno no le es tarea fácil a Caldera. Si Carlos Andrés Pérez opta por matizar a su gabinete con personas amigas venidas de su partido y otro grupo homogéneo aportado por la tecnocracia académica de relevo y amiga de la antipolítica, aquel refleja en su gabinete al mismo cobertor deshilachado que es el país del momento. El llamado «chiripero», amalgama coyuntural y con estrictos fines electorales, es un delta en el que confluyen sectores y personas de las mas disimiles posturas ideológicas. Una buena cuota la integraban antiguos militantes desencantados de Acción Democrática y de Copei.

Solo el Movimiento al Socialismo (MAS), partido socialdemocrático de izquierda y decantación de la vieja extrema izquierda insurreccional, acompaña a Caldera con perfil propio y diferenciado. De modo que, aun contando el Presidente con un programa de gobierno elaborado bajo la rectoría del académico y catedrático de economía política Asdrúbal Baptista, su gestión, sumada al condicionamiento que sobre ella ejerce la citada crisis del sistema financiero y la baja sostenida de los ingresos petroleros, queda marcada en su primer tiempo por acciones cruzadas, no pocas veces experimentales y casi todas desbordadas por la emergencia.

Antes de tomar el mando, por saber como hombre de Estado y curtido que la estabilidad ultima reposa en las Fuerzas Armadas, da un golpe de timón, riesgoso, pero certero como inesperado. Envía a sus casas a todos los integrantes del Alto Mando Militar encabezados por el vicealmirante Radamés Muñoz León, ministro de la Defensa, y los sustituye por los cuadros de oficiales generales quienes les siguen en rango y antigüedad. Y así se hace, en lo inmediato, de un comando sobre el mundo castrense que ejerce de modo inconmovible hasta el fin de su mandato.

Los amagos desestabilizadores que cocinan algunos actores del país, por distintas razones anejas a la misma crisis político-bancaria: dolientes de la quiebra gubernamental precedente, banqueros perseguidos por la Justicia, o relacionados con los mismos golpes de Estado de 1992, no van más allá del ejercicio verbal y hasta predican durante el periodo, soterradamente, que el Presidente ha muerto.

La vertiente política del Gabinete la conforman al inicio uno de los Notables civiles, viejo adversario del mismo Caldera, Miguel Ángel Burelli Rivas, quien ocupa la Cancillería; Ramón Escovar Salom, otrora próximo al escritor cabeza de los Notables, Arturo Úslar Pietri, más tarde ministro de Carlos Andrés Pérez y a quien luego y a la sazón defenestrará del poder y lo enviará a la cárcel, como titular de Relaciones Interiores; y Asdrúbal Aguiar, un socialcristiano venido de la corriente herrerista, quien ocupa la Gobernación de Caracas. El cuadro lo matiza, desde un despacho sin cartera, el Consejo Nacional de Fronteras, un ojo vigilante trillado y veterano, de reconocida honorabilidad y pionero de la izquierda, Pompeyo Márquez. En la vertiente económica otro independiente socialcristiano, Julio Sosa Rodríguez, asume el Ministerio de Hacienda, acompañado de Asdrúbal Baptista, independiente y catedrático del IESA, en calidad de ministro sin cartera para la reforma económica, quien contará con el apoyo desde Cordiplan del profesor universitario Enzo del Búfalo. A ellos se le agrega un teórico de la economía monetaria procedente de la izquierda y entendedor de la apertura económica en boga, Luis Carlos Palacios, como titular de Fomento, y otro hombre venido de la empresa, ex presidente de Fedecámaras, Ciro Áñez Fonseca, como ministro de Agricultura.

Los hilos reales sobre el poder financiero –el que importa de entrada– y por razones estatutarias inmodificables, siguen, a principios del gobierno, en manos de personas venidas desde antes, sea en el Banco Central de Venezuela o en la Superintendencia de Bancos, sea en el mismo Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade). A ellos les corresponde, de consuno y bajo la dirección del ministro de Hacienda designado, Julio Sosa Rodríguez, atender la esencia de la crisis; pero sin encontrarse preparados –era explicable dada, las dimensiones de la misma y su carácter inédito– para enfrentarla y por débiles para el momento los mecanismos institucionales de supervisión de la banca. Meses más tarde, el propio Banco Central explica ante el país las razones que impulsan la situación de crisis de la banca antes de iniciarse el gobierno de Caldera.

«El BCV ha ejercido responsablemente su función de prestamista de última instancia, con las garantías debidas. Lo hizo desde mediados de noviembre de 1993, en vista de la situación seria de liquidez que afectó a un grupo de bancos con motivo de las fuertes salidas de capital que hubo en el país antes de las elecciones del 5 de diciembre. Entre ellos estuvo el Banco Latino… El BCV oportunamente transmitió al más alto nivel del Ejecutivo Nacional, información sobre la crítica situación de liquidez que el instituto apreciaba en relación con varios bancos… saldos adversos en la Cámara de Compensación, insuficiencia de encaje legal y saldo deudor que se le adeudaban al Banco Latino (bonos del Centro Simón Bolívar)». Comunicado del Directorio del Banco Central, 11 de marzo de 1994.

Dado el cuadro de anomia política y económica encontrado el Presidente se blinda con dos apoyos de inconmovible fidelidad. Le son criticados –no sin consecuencias negativas– dado el apasionado y muy comprometido ambiente parcelario existente, bajo el alegato de nepotismo. A su hijo, Andrés Caldera Pietri, quien coordina la campana electoral y duramente atacado por el presidente Pérez, por los banqueros responsables de la crisis y por dolientes vinculados con uno y con otros, le confía la Secretaria Presidencial en calidad de ministro. A su yerno, el general Rubén Rojas Pérez, vapuleado por sus compañeros de armas, quienes recién redescubren su sed de poder histórico o reclaman un trato profesional preferente, le encarga su seguridad personal y la de su familia como jefe de la Casa Militar.

En suma, las perspectivas no son halagüeñas. Resolver con urgencia el grave déficit fiscal, la crisis bancaria, la convulsionada situación militar, y mantener la seguridad de las personas en un ambiente de crispación social, son, pues, los objetivos de corto plazo pero inaplazables. «El problema del déficit fiscal se vino a complicar con el cataclismo del Banco Latino, que es el coletazo de la crisis moral que en lo político, lo económico y en todos los órdenes ha vivido Venezuela. El caso del Banco Latino es de una inmensa gravedad y la cantidad de venezolanos y de extranjeros que han sido víctimas de las incorrecciones, de las operaciones delictuosas que se han hecho a través de esta institución, es realmente asombrosa y causa profundo dolor». Rafael Caldera, Mensaje televisado al país desde Miraflores, 2 de marzo de 1994.

Abandonado el programa de gobierno, sobre la marcha se suceden varios planes a modo de torniquete y para la recuperación integral de la economía, como los llamados Plan Sosa I (abril de 1994), Plan Baptista (mayo de 1994), Plan Corrales o PERE (Programa de Estabilización y Recuperación Económica, septiembre de 1994), Plan Sosa II (enero de de 1995), que le abren espacio al IX Plan de la Nación (febrero de 1995), al Pacto Antiinflacionario (mayo de 1995) y al plan Matos (julio de 1995); todos de corte heterodoxo, según los especialistas y todos, a tenor de los críticos, frustrados e inviables ora por la falta de experiencia nacional en el manejo de este tipo de crisis, ora por cuanto los dirigentes económicos de la cosa pública no aprenden rápido. El Plan Baptista propone aumentar el ingreso real con apoyo de la inversión extranjera, y los planes Sosa se centran –lo que suscita quejas– en estrictas iniciativas fiscales e impositivas, surgiendo de estos modificaciones al Impuesto sobre la Renta, en lo particular el establecimiento del Impuesto al Débito Bancario y la sustitución del Impuesto al Valor Agregado –creado por el presidente Velásquez– por otro considerado más justo, el Impuesto al Consumo Suntuario. Hacia 1995 anuncia Sosa Rodríguez otro impuesto de 0,5% sobre las transacciones mercantiles.

En tal orden, el elemento estructural de significación lo comunica al país el propio Presidente el día de 2 marzo de 1994. Ante el abrupto cierre –dígase coloquialmente– de la nutriente fundamental del Tesoro que es el ingreso petrolero y mediando un país sin cultura impositiva, crea Caldera, según el diseño proyectado por quien luego asume su conducción, José Ignacio Moreno León, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat). En los años subsiguientes el aporte de los impuestos ciudadanos en la conformación del presupuesto del Estado pasa a ser el mayor.

No obstante lo anterior, los desequilibrios económicos y fiscales se sostienen durante los dos primeros años del gobierno, hasta cuando comienzan a ceder moderadamente. La inflación llega a 70,8%, el desempleo es de 8,5%, las reservas caen hasta 11.507 millones de dólares, la balanza de pagos del país es deficitaria en 903 millones de dólares, y las tasas de interés activas promedian 54,6% siendo las pasivas de 36%, todo ello para 1994. Y para 1995 el desempleo sube al 10,2% y las reservas bajan a 9.714 millones de dólares, a pesar de encontrarse ya vigente un Régimen de Control de Cambios bajo el amparo de la Junta de Emergencia Financiera y su Junta de Administración Cambiaria, que ancló la paridad del bolívar frente al dólar en Bs. 170 para subirlo al año siguiente hasta Bs 290. Sin embargo, la inflación –muy alta todavía– baja a 56,6% y el déficit fiscal, estimado en 14,4% del Producto Interno Bruto, cede hasta 5,9%.

Lo cierto, sin embargo, es que mientras que el BCV, dirigido por Ruth de Krivoy, se queja de la impropiedad de las medidas para la atención de la crisis y pide que el costo de la recuperación de los bancos no se le cargue a su institución sino al Fisco y a Fogade, a quien en buena ley corresponde gestionar recursos propios para los fines de auxiliar a la banca, otros exigen imaginar medidas económicas de fondo; en tanto que distintos actores –sitos en todas las ramas del poder o en la opinión pública– se centran en la persecución judicial de los banqueros señalados como responsables de la tragedia.

Y no pocos banqueros competidores –en medio del vendaval– atizan la industria del rumor contra los mismos bancos que quedan en pie pero debilitados, y el ministro Sosa apela al Congreso en procura de más dinero para la estabilización financiera y le pide a Gustavo Roosen, exministro de Educación de Carlos Andrés Pérez y presidente de Pdvsa, asumir la conducción del Banco Latino y rehabilitarlo.

Se hace impostergable, al ritmo de la experimentación, unificar el mando de la crisis, a cuyo efecto, con el respaldo del Congreso se establece la Junta de Emergencia Financiera, quedando adscritas a ella, desde julio de 1994, tanto la Superintendencia de Bancos como Fogaje. Al final de la jornada distintas instituciones financieras siguen recibiendo auxilios con los magros recursos del Estado y hacia enero de 1995, no bastando lo anterior, se advierte la presunta falsificación de documentos y «un inmenso fraude informático» en el Banco Progreso del Grupo Latinoamericana, cuyo presidente termina tras las rejas en Estados Unidos. El Latino no logra sostenerse en pie; otros bancos cierran sus puertas definitivamente y los menos, tambaleándose, se recuperan a fuerza de fusiones o mediante su oferta a capitales nacionales y extranjeros. Le queda al Gobierno la fatigosa deuda y la tarea de recuperar los auxilios haciéndose de los bienes de la banca, liquidándolos progresivamente.

La administración de Rafael Caldera se planteó para el quinquenio 1995-1999 sentar las bases de un desarrollo sostenido en nuestro país. En esa dirección, el Plan de la Nación contempla tres acciones simultáneas: Promover el consenso para la construcción compartida de un proyecto societario para el país; llevar a cabo una serie de cambios estratégicos que consoliden los procesos de transformación hacia un desarrollo generador de mayor bienestar; y mejorar, desde el corto plazo, las condiciones de vida de la población, elevando los niveles de empleo y la calidad de los servicios y reduciendo las desigualdades notorias que existen en nuestra sociedad. IX Plan de la Nación.

La verdad, en todo caso, es que el país se logra administrar durante el gobierno de Caldera II con un ingreso por barril de petróleo que llega a tocar el piso de los 10,57 dólares; y quienes rescatan sus ahorros, durante el tiempo del control de cambio y a pesar de la suspensión de las garantías económicas, los convierten en dólares y los despachan al exterior, incluidos algunos banqueros inescrupulosos que usan indebidamente o seapropian de los auxilios otorgados por el Estado.

En la hora de las pasiones

El país de 1994 y hasta entrado 1996 es, pues, un verdadero hervidero, un corral de gallos de pelea donde cada quien y cada cual busca ajustar alguna cuenta pendiente. Suspendidas las garantías constitucionales para atender a la crisis, el mismo partido fundado por Caldera decide quitarle su apoyo a esta medida en el Congreso, poniendo de carreras al Gobierno y a la propia estabilidad democrática. Son eliminadas así las suspensiones de las garantías de inviolabilidad del hogar y libre tránsito, entre otras, ante lo cual, por iniciativa suya, el partido AD y su cabeza, Luis Alfaro Ucero, deciden ofrecerle al Presidente respaldo parlamentario. Entre tanto, los gobernadores de estados afectados en sus gestiones por el déficit fiscal devienen en una suerte de sindicato que demanda iguales «auxilios financieros» del Gobierno central, que era un mero administrador de la quiebra. El Presidente se ve precisado a advertirles, no sin causarles irritación, que sean o no militantes de partidos de oposición, todos a una también son el Gobierno.

En mayo de 1994 el partido Acción Democrática expulsa de sus filas al expresidente Carlos Andrés Pérez y en junio, voluntaria y provisionalmente, se retira del mismo el expresidente Jaime Lusinchi, a fin de evitar –se dice– una medida de igual entidad. Este es sentenciado a un año de prisión con multa de 12.000 dólares por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, en el caso celebre de los jeeps. Y por si fuese poco, hasta el expresidente Ramón J. Velásquez es víctima de una investigación penal por el indulto que otorga durante su breve ejercicio, sorprendido en su buena fe por uno de sus colaboradores inmediatos, a un narcotraficante.

La Justicia penal dicta para dicho tiempo más de 83 autos de detención solo en el caso del Banco Latino, comenzando por su presidente, Gustavo Gómez López; a los que siguen un auto detención contra el exsuperintendente de Bancos, Roger Urbina, y la investigación de los directivos del Banco Central de Venezuela, bajo el dedo acusador del contralor de la República, Eduardo Roche Lander.

La lista de los enjuiciados crece en términos exponenciales, solo conocidos durante la época cuando se instauran en Venezuela los célebres juicios de responsabilidad administrativa, en 1945. Pero esta vez alcanza a miembros de la elite económica y no, como es lo tradicional, a la elite política y sus familias.

Una suerte de remanso en la tempestad lo constituye, a todo evento, la elevación de monseñor Rosalio José Castillo Lara, sacerdote salesiano venezolano, a la condición de Príncipe de la Iglesia. Su purpurado cardenalicio se lo otorga Juan Pablo II, a quien sirve como cabeza del Banco Vaticano y luego como gobernador del Estado pontificio y, antes, reformador de su Código de Derecho Canónico. Llega, además, la beatificación de la Madre María de San José, nacida en la población de Choroní, e Ignacio Velasco, otro salesiano, portugueseño, es nombrado arzobispo de Caracas.

El Presidente, en un esfuerzo por llegar a la gente de a pie, aumenta los salarios, produce medidas varias de reestructuración administrativa en distintos despachos ministeriales que ayudan a reducir el gasto público, pero se niega a afectar con las mismas a los trabajadores del Estado sin que antes estos logren legitimas compensaciones o su relocalización en otras actividades. El emblema de la reforma, al respecto, es el Ministerio de Fomento, que luego de transformado pasa a llamarse Ministerio de Industria y Comercio.

En el ámbito de la salud, dada la crisis fiscal profunda, se pone en marcha un modelo de autogobierno y cogestión hospitalaria cuyo centro de experiencia lo es el Hospital Vargas de Caracas y luego el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos y también la Maternidad Concepción Palacios. Y para sostener su imagen externa –frente a la suma de adversarios políticos y financieros que han abandonado el país y les es justificable se quejen desde fuera sobre sus circunstancias– cumple el gobierno con severidad el pago de la deuda e impulsa, desde la Cancillería, una acción para lavarle el rostro a la Republica

Con apoyo de la Secretaria presidencial y del gobernador caraqueño, Asdrúbal Aguiar, ve luz, asimismo, el Programa «Caracas te Quiero», cuyo modelo de acción social participativa impulsa la creación del Fondo de Fortalecimiento Social y lo emula más tarde el Banco Interamericano de Desarrollo. Dentro de su contexto las propias comunidades organizan mercados populares de calle y cooperativas alimentarias, llevan adelante tareas de autoconstrucción que tienen como piloto a la urbanización 23 de Enero. Se inauguran el Museo Jacobo Borges, sito en el populoso oeste de la capital y también el remozado Parque El Pinar, de vieja estirpe medinista y bajo cuidado de la Fundación Caracas para los Niños.

La primera dama, Alicia Pietri de Caldera, con su programa «Un cariño para la ciudad», logra articular a la iniciativa social con el sector empresarial, a objeto de que estos ayuden –dada la falta de recursos públicos– en la renovación y mantenimiento de los espacios y plazas públicas, contribuyendo a elevar la estima ciudadana en un momento de suyo lacerante. Pero se trata, cabe decirlo, de ejemplos a emular, de gotas en un desierto de necesidades.

Entre tanto, el Ministerio del Interior hace un esfuerzo por contener la inseguridad galopante con un Plan Nacional de Seguridad fundado también en la participación vecinal, que logra efectos bienhechores. El Congreso, de su lado, aprueba hacia finales de 1994 el Plan Nacional por la Vida. Y, en Caracas, se pone en marcha la Brigada Motorizada Antonio José de Sucre de la Policía Metropolitana, a fin de perfeccionar la acción preventiva del delito. Pero, dados los índices preocupantes de criminalidad, la gente se divide. Una parte de la población, desesperada, reclama la instauración de la pena de muerte y ha lugar a una manifestación que se hace celebre y lleva por emblema «Luces contra el hampa», contrariada por las organizaciones de derechos humanos. Y es que el entramado social, cabe observarlo, luego del 27 de febrero de 1989, cuando ocurre el Caracazo, ha perdido su singladura ciudadana y soltado los amarres de la disciplina. Se producen saltos en escalera de la violencia armada y de calle, sobre todo juvenil e infantil, que antes crece en curva y al ritmo del incremento de la población y de sus necesidades económicas.

En la frontera colombo-venezolana, por si fuese poco, la guerrilla vecina no solo incrementa hasta 17 sus frentes de violencia con propósitos de desestabilizar las relaciones con Venezuela, y al drama del bienio 1994-1995 se le suma, en su momento inaugural, el asesinato de 8 infantes de marina y otros doce infantes heridos de bala por acción de aquella sobre el puesto fluvial de Cararabo. Pero la opción del Gobierno es no dejarse provocar y se acuerda con el palacio de Nariño para el establecimiento de un frente binacional que no les de tregua a los narcoguerrilleros de las FARC y del ELN.

Más tarde, Caldera se ve precisado a suspender en zonas específicas de la misma frontera las garantías constitucionales y crea 2 teatros de operaciones militares. Una de las medidas de cobertura practica es, bajo iniciativa del ministro Pompeyo Márquez, la creación sobre el eje Guasdualito, El Amparo, La Victoria, El Nula y El Pila, en jurisdicción del municipio Páez del estado Apure, de Ciudad Sucre, como centro urbano de contención fronteriza.

Las relaciones con el país vecino, en suma, son más que amistosas. En sucesión, los presidentes Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, dispensan visitas a Venezuela. Sin embargo, hacia mediados de 1995 surge una fricción por la publicación del neogranadino Instituto Agustín Codazzi de un mapa de Colombia que omite referencias al golfo de Venezuela y al archipiélago de los Monjes, dado lo cual Ernesto Samper anuncia su modificación. Caldera, sin embargo, no deja concluir su mandato sin realizar un acto simbólico sobre el archipiélago de dicho nombre que cuenta con su presencia y la de los poderes públicos nacionales, dejando inaugurado un refugio y centro de atención para los pescadores de la zona, construido por el ministro Roberto Pérez Lecuna.

La apertura petrolera y la Agenda Venezuela

En plena crisis bancaria, en paralelo se ocupa el presidente Caldera de resolver la cuestión interna de las Fuerzas Armadas, cerrando el ciclo de los sobreseimientos de las causas de los oficiales golpistas. Pero introduce una modulación a la práctica de los presidentes Pérez y Velásquez. Impide que los «Comacates» –nombre recibido por el grupo de militares insurgentes del 4F, integrado por comandantes, mayores, capitanes y tenientes– beneficiados con los sobreseimientos de sus causas penales militares regresen a la vida militar; lo que implica el retardo en su salida de la cárcel de Hugo Chávez Frías, empeñado en endosar de nuevo la divisa de comandante. No obstante, una vez liberado este –sin que medien reservas en ningún sector del país, salvo alguna disidencia aislada, e incluso contando con el apoyo de la Iglesia, que ve necesaria la liberación de los golpistas– ve derrumbada hasta el suelo la popularidad que le dan la prisión y las visitas que le dispensan hasta entonces todos los sectores sociales y políticos, desde los más altos hasta los dueños de medios de comunicación social.

En tal orden de cosas, Caldera, conocedor profundo de nuestra Historia contemporánea, sabe que nada de lo anterior basta y que la llave para la solución de la crisis nacional en curso de superación transita por el piso cierto de la actividad petrolera. A diario, sobre su escritorio, lo primero que anota son las cifras del comportamiento petrolero.

El asunto lo aborda, por consiguiente, desde el mismo mes de noviembre de 1994, cuando el Ministerio de Energía y Minas, cuyo titular era Erwin Arrieta, y Pdvsa, conducida por el experto petrolero Luis Giusti, le hacen entrega del documento base para la consolidación y desarrollo del sector petrolero venezolano. El mismo contiene, en lo específico, las reglas para el proceso de apertura de las actividades de exploración y producción de nuevas aéreas a la participación de capitales privados, en aplicación del artículo 5° de la Ley de Nacionalización Petrolera, sobre el cual y en el pasado, paradójicamente, tiene reservas el propio Presidente.

Se trata, con ello, de modificar el esquema de relación del venezolano con la actividad petrolera, desde el plano meramente rentístico hacia otro en el que se le permita involucrarse en la actividad productiva del crudo e invertir en ella. De modo que, sosteniéndose el control estatal sobre la industria nacionalizada, sin afectar drásticamente las condiciones de los mercados mundiales y sus precios de referencia y dada la evidente limitación financiera de Pdvsa para ejecutar por si sola sus planes de expansión –para agosto de 1994 acusa pérdidas estimadas en 250 mil millones de bolívares– se le abren espacio a las asociaciones con capitales no estatales e incluso internacionales para el tratamiento de recursos del oro negro por descubrir y explotar. Estos se estiman en 40 mil millones de barriles de crudos livianos y pesados, sin contar con los que provienen de la extracción y procesamiento de la prometedora Faja Petrolífera del Orinoco.

Junto al crecimiento obtenido en la actividad petrolera para 1994, que fue de 5,7%  pero sin incidencia mayor en la mejoría de las cifras económicas nacionales dada la magnitud de la crisis bancaria, las exportaciones petroleras lograron una expansión de 16% para 1995, una vez como el Congreso aprobó, a mediados de dicho año y no sin controversias, la Ley de Apertura Petrolera para la Exportación de Hidrocarburos. Lo que a su vez implica un signo anticipado de la modificación que vendría en lo inmediato en la política económica oficial, que pasará de heterodoxa a ser ortodoxa y de apertura de los mercados.

Dentro de dicho contexto de expectativas llegan las elecciones regionales y municipales, en diciembre de 1995, y el partido Acción Democrática obtiene una mayoría clara en la escogencia de los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a las legislaturas y miembros de las juntas parroquiales. Empero, Francisco Arias Cárdenas, uno de los comandantes del golpe del 4F y quien ejerce función pública –Presidente del PAMI– en el gobierno de Caldera, una vez como obtiene su libertad, gana la elección del populoso estado Zulia. Es un primer signo de lo que está por venir.

1996, así las cosas, es el año cuando el presidente Caldera provoca un cambio de rumbo sustantivo y modifica su equipo de gobierno. Fortalece la presencia socialcristiana en el área política luego de confiarle el Ministerio de Relaciones Interiores al reconocido constitucionalista José Guillermo Andueza y designa en la Gobernación de Caracas a Abdón Vivas Terán, teórico socialcristiano de la propiedad comunitaria, una vez como Asdrúbal Aguiar asume el Ministerio de la Secretaria de la Presidencia. Y confía a Teodoro Petkoff, líder del Movimiento al Socialismo, las riendas del equipo económico gubernamental en calidad de ministro de Cordiplan, y designa ministro de Hacienda a Freddy Rojas Parra, expresidente de Fedecámaras.

La Agenda Venezuela, anunciada por Caldera, que defiende como programa de elaboración casera y no impuesto sino aceptado mediante convencimiento por el Fondo Monetario Internacional, es en lo sucesivo «un programa comprehensivo para racionalizar estratégicamente todas las estructuras económicas del país». El diario El Universal titula el 6 de agosto de 1996 que el Gobierno da un «giro de 360° hacia la ortodoxia». Aquella, que ha entrado en vigencia desde el abril anterior, predica como objetivos concretos: la reducción gradual del déficit fiscal, la flexibilización del control de cambio, el fortalecimiento del sector financiero, la reforma del sistema de seguridad social, la expansión de los programas sociales, la dinamización del aparato productivo, la ampliación del régimen competitivo de precios, una nueva política de tasas de interés, capacitación para el empleo, reforma de la Administración Publica y privatizaciones. Su ejecución cuenta con el respaldo activo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, en lo específico para la atención de los programas sociales y de infraestructura. Nada menos.

Corre el año 1996 cuando es descubierto un pozo petrolero con capacidad de producción de 14.200 barriles diarios de crudo en Monagas, zona donde ya trabajan las empresas Total Oil and Gas y Amoco Venezuela Petroleum Company, que descubren petróleo liviano. Y en Machiques, estado Zulia, hacia mayo, la empresa norteamericana Occidental «perfora el pozo horizontal de mayor profundidad en el hemisferio occidental y tercero en el mundo», llamado Alturitas.

Su Santidad Juan Pablo II visita a Venezuela durante tres días, pisando nuestro territorio el 9 de febrero y dejando inaugurada la basílica de Nuestra Señora de Coromoto, en Guanare, mismo año cuando el país recibe a Alberto Fujimori, del Perú; a Shimon Peres de Israel, y a Argidas Brazaukas, jefe de Estado de Lituania.

En el interregno, así como la Corte Suprema de Justicia, declara prescrita la acción penal contra el expresidente Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez, el 30 de mayo de 1996, es condenado por el delito de malversación genérica agravada por disponer de recursos de la partida secreta destinados al Gobierno de Nicaragua; a consecuencia de lo cual, el 3 de julio, el Senado de la República lo desincorpora de su seno.

En el curso de 1994-1999 se privatizó la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor); se vendió un porcentaje de las acciones que quedaban en manos del Estado luego de la privatización de la C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv); se inició la privatización de las electricidades regionales; y se entregan al sector privado hoteles turísticos como el Meliá Caribe y Puerto La Cruz, Trujillo, Maracay, Tamá y el Humboldt con su sistema teleférico, conservándose para el Estado la propiedad de los inmuebles y construcciones. Viasa, la línea bandera de Venezuela, no logró salvarse de la quiebra luego de administrarla Iberia y pese a la gestión presidencial ante el rey de España, pero retomó sus espacios la antigua Aeropostal, en manos particulares.

En términos prácticos, si la Agenda de Venezuela implica el aumento del precio de la gasolina, se les acuerda a los usuarios del transporte un subsidio. Si ha lugar a la liberación de las tasas de interés y de las transacciones cambiarias –mediante un sistema administrado de bandas– el Gobierno duplica el beneficio de la beca alimentaria y aumenta en 25% el salario de los empleados públicos y les otorga una remuneración extraordinaria equivalente a 6 meses de sueldo.

No cabe duda de que el incremento de los ingresos petroleros –la producción de 1996 asciende a 3 millones 100 mil barriles con un precio que alcanza a 18,39 de dólares por barril– y la política energética puesta en ejecución ayudan al éxito progresivo de la Agenda. Cerrado el año 1996 el presidente del BCV puede valorarla de una manera positiva, al constatar la recomposición de los índices macroeconómicos y alcanzarse cifras fiscales mejores; manteniéndose, a pesar de ello, el régimen de austeridad en el gasto público y el incremento severo de la inflación y de la tasa de desempleo, que pasa de 10,2 a 12,4%.

Los efectos sociales plenos de la Agenda Venezuela están pendientes, pero en marcha franca. Lo cierto es que cumple una tarea significativa al respecto el Fondo de Fortalecimiento Social creado por la administración y ya citado. El salario mínimo es el segundo en magnitud de América Latina a finales del periodo constitucional y los programas sociales llegan hasta 3.000.000 de familias, destacando la Beca Alimentaria, que se sostiene incluso en medio de los recortes fiscales, el Proal o Programa de Alimentación Popular, el de suministro de medicinas (Sumet) y farmacias populares, y el PAMI o Programa Alimentario Materno Infantil, venidos desde la administración de Carlos Andrés Pérez.

La Agenda Venezuela permitió, según Antonio Casas González, presidente del Banco Central de Venezuela, un «significativo mejoramiento de la posición externa del país, al estimarse un superávit de la balanza de pagos de US$ 6.300 millones; un superávit de la cuenta corriente de US$ 7.300 millones (12% del PIB) y un monto de las reservas internacionales que sobrepasa los US$ 15.000 millones, cifra considerada como la más alta de América Latina en proporción al PIB; ello, como consecuencia del incremento del valor de las exportaciones petroleras (la cesta petrolera venezolana cerró en alrededor de US$ 20 por barril), de las entradas netas de capital (la inversión extranjera directa tuvo un saldo superavitario de US$ 1.600 millones) y de la disminución de las importaciones, que se estima en cerca de US$ 900 millones. Esto no impidió que la inflación anual alcanzara el más alto nivel registrado en la Historia económica del país, 103,2%… [Hubo] continuación de la consolidación del sistema bancario, al registrarse una mejoría en los índices de capitalización, de rentabilidad y de calidad de la cartera… El valor de la divisa norteamericana cerró en diciembre en Bs. / US$ 476,75. Diario El Universal, 27 de diciembre de 1996. Apud. ULA, El entorno nacional y regional, s/f.

Como logros específicos de la Agenda Venezuela, que algunos atribuyen en buena parte a la moderada bonanza petrolera, no cabe duda de que uno lo es la reforma laboral alcanzada en 1997, en cuyo desarrollo trabajan Juan Nepomuceno Garrido, titular de la cartera del Trabajo y luego procurador general, y María Bernardoni de Govea, su sucesora. La misma no se reduce al incremento importante que hay de los sueldos en la administración pública. Implica, antes bien, el dictado de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, que mediante reforma parcial y previo un mecanismo tripartito de concertación que en ella queda consagrado significa la eliminación de la económicamente gravosa retroactividad en el pago a los trabajadores de las prestaciones de antigüedad; pero en contrapartida estos obtienen, para fines de 1997, un sistema de seguridad social integral. El mismo encuentra su apoyo en la novísima Ley Orgánica de Seguridad Social Integral y en las leyes especiales de los subsistemas de Pensiones,

Salud, Paro Forzoso y Capacitación Profesional, y Vivienda y Política Habitacional. Se trata de un cambio cualitativo que da lugar al nacimiento del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social pero que, no obstante, naufraga luego de concluido el mandato de Caldera al asumir el poder Hugo Chávez Frías. Todo va al congelador revolucionario.

El año 1997 corre sobre rieles aceitados. El desempleo baja de 10 al 6%, habiéndose creado 300.000 nuevos puestos de trabajo, y la inflación desciende desde 103,2% hasta 37,6%. La situación fiscal muestra un superávit. Ha lugar, además, a la reestructuración final del sistema bancario y a la modernización de sus mecanismos de supervisión, a cuyo efecto las instituciones financieras existentes asumen el modelo de «entidades de intermediación múltiple o banca universal», en un proceso en que la ayuda de la banca extranjera es importante.

Y a finales del año el Congreso aprueba la Ley para el Rescate de la Deuda Publica que el Gobierno logra reestructurar con éxito –lo dice Luis José Silva Luongo– «mediante la emisión de bonos Globales por un monto de US $ 4.000 millones… para entregarlos en canje de bonos Brady, por US $ 4.441millones». La deuda, en efecto, que es de 26.891 millones de dólares a inicios del quinquenio baja sensiblemente a 23.175 millones de dólares.

El Gobierno tiene como apurar el paso. Valiéndose de las mejores condiciones logra acometer o iniciar distintas obras públicas de significación. No solo realiza una importante gestión sin precedentes en materia de aguas, sino que incluso construye, en medio de las limitaciones fiscales prevalecientes, 350.000 unidades de vivienda, dejando en construcción otras decenas de miles, y lleva el Programa de Equipamiento a 200 barrios de la capital y a 1.894 barrios en todo el país.

Durante el quinquenio se terminaron las obras de Taguaza y la primera parte del Tuy IV, asegurando la afluencia de agua a la capital, la segunda parte del Acueducto Regional del Centro y se lleva el Sistema Yacambú-Quíbor hasta 84% de realización y su túnel de trasvase a 74%, así como se dota de agua a 12 ciudades importantes de Venezuela.

Es inaugurada otra línea del Metro de Caracas, se concluyeron las autopistas Mérida- El Vigía, que tenía 25 años de construcción, se adelantó sustancialmente la autopista Centro-Occidental concluyéndose el tramo San Felipe-La Raya y el enlace vial Valera-Trujillo, se puso en funcionamiento el tramo San Carlos-Agua Blanca de la autopista José Antonio Páez, el tramo San Juan de Uchire-Clarines de la autopista Rómulo Betancourt, la vía Pampatar-Guacuco y el distribuidor Guacuco en la vía Pampatar- La Asunción-Juangriego, la avenida Conejeros-La Asunción, y se inicia la construcción del ferrocarril Caracas-Cúa, que habría de continuar hacia Puerto Cabello.

El famoso Retén de Catia, centro de reclusión donde el desprecio por la vida humana llega a ser el emblema de la mala gestión penitenciaria, es objeto de implosión por el mismo Caldera, quien deja en funcionamiento 17 nuevos centros penitenciarios, entre estos los anexos de El Rodeo y de Yare, que ocupa durante su prisión el comandante Hugo Chávez.

Se llevan a cabo todas las obras de infraestructura y dotación deportivas que reclaman la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales en Barinas, Sucre, Trujillo y Yaracuy, entre 1994 y 1997, como la celebración de los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Maracaibo, donde Venezuela obtiene 33 medallas de oro más que en juegos anteriores quedando en tercer lugar, detrás de Cuba y de México.

Un final agonioso, pero en paz

A lo largo del quinquenio, Rafael Caldera, en fin, así como encuentra otros escollos adicionales de no menor importancia como la falta de comprensión por el sector industrial agrícola, no obstante lo cual construye 450 km de vialidad y 4.170 km de electricidad rurales, o la hostilidad de los sectores gremiales universitarios, que hasta impiden el dictado por el Congreso de una nueva Ley para la Educación Superior, en otro orden logra resultados ejemplares en las tareas de protección al niño y fortalecimiento de la educación básica.

Se dota al país, con apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello, de la moderna Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente, y se reforman los curriculos –en tarea encomiable acometida por el insigne educador merideño Antonio Luis Cárdenas, ministro de la cartera respectiva –para la institucionalización de la llamada Educación en Valores. Ello requiere, empero, de fortalecer la buena disposición de los maestros, y al efecto se les incrementan sus ingresos desde 29.000 bolívares que perciben en 1993 hasta 234.000 bolívares, y los docentes VI pasan a ganar de 45.000 bolívares a 348.000 bolívares.

El año 1997, penúltimo del mandato, preside Caldera la realización, en la isla de Margarita, de la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que le permite reconstruir la infraestructura de dicho centro turístico nacional, y atender como desafío temático –compartido con el director general de la Unesco– el de los «valores éticos de la democracia».

Hasta entonces, el Presidente reconoce que vive momentos en los que se asoma el peligro de la desestabilización del sistema político; tanto que, en sus mensajes al Congreso deja entrever que el país solo alcanza el año siguiente si el corriente se supera.

No se cansa de repetir machaconamente, pues, que «sería una trágica aberración sostener que para salvar al país hay que sepultar a la democracia». La perspectiva electoral y su sostenimiento es ya de suyo el desafío mayor. «Todas las perspectivas políticas que acaricie cada ciudadano o cada grupo… suponen como condición esencial indispensable que el país (no el Gobierno, que apenas es una parte del país) recupere la vía que tiene derecho a transitar, con la seguridad de estar libre de esos madrugonazos que tantas amarguras y fracasos le han costado a Venezuela a lo largo de su Historia. Los que piensen en el 98 tienen que contribuir a que salgamos adelante en el 96». Rafael Caldera, Mensaje al Congreso, 12 de marzo de 1996.

El 23 de enero de 1998 conmemorándose otro aniversario de la Revolución Democrática, habiendo sostenido la paz y la difícil unidad militar durante el quinquenio, y a fuerza de exigir a sus colaboradores en el área de seguridad defender la «cultura de la protesta», Caldera inaugura la planta de Macagua y respalda la construcción en curso de Caruachi. Y en una zona que como la de Guayana ha sido el emblema de la actividad constructora de la democracia, bautiza a aquella con la fecha onomástica y en presencia del vicealmirante Wolfgang Larrazábal le lanza un reto a Venezuela: conocer y comparar la obra de bienestar colectivo desarrollada desde 1958 por la Republica Civil puntofijista.

En los años precedentes, Caldera intenta cultivar la memoria nacional, rindiéndole, homenaje a los próceres y a cuanto venezolano fallecido o llegado a los ochenta o noventa años le ha servido al país con abnegación. Andrés Eloy Blanco, Augusto Mijares, Arturo Uslar Pietri, Isaac J. Pardo, Juan Liscano, Ernesto Luis Rodríguez, Luis Villalba Villalba, Tulio Chiossone, entre otros, reciben tributo nacional.

«Si bien es cierto que porción apreciable del dinero del petróleo se malgastó en erogaciones no justificables, y buena parte se dedicó a la hipertrofia de una burocracia ineficiente, y que desgraciadamente otra parte se la apropiaron indebidamente muchos funcionarios y sus cómplices, también hay que reconocer que un porcentaje importante se dedicó a obras de infraestructura que transformaron a un país rural y atrasado en uno de los países modernos y progresistas de la familia latinoamericana, y sobre todo, que la mejor siembra del petróleo ha sido la educación… [H]a convertido… a un pueblo que tenía un alto nivel de analfabetismo… en una comunidad nacional donde la educación en todos sus niveles llega hasta los más remotos rincones… La educación popular y su gratuidad ha hecho más por la igualdad social que la propia Guerra Federal…». Rafael Caldera, Mensaje al Congreso, 28 de enero de 1999.

Pero este ano último se abre con una mala noticia. Los precios del petróleo se derrumban y otra vez ponen en vilo a la Republica. Felizmente, el aumento de producción alcanzado con la Apertura –3.480.000 b/d – y la recuperación habida en las cuentas nacionales por obra de la Agenda Venezuela, palia en parte sus efectos devastadores.

El Congreso, entre tanto, nombra a un nuevo equipo directivo del Consejo Nacional Electoral. Lo presiden un vicealmirante retirado, Justo Pastor Fernández, quien fallece a los pocos días, siendo sustituido por Rafael Parra Pérez, y otro general retirado, Armando León D’Alessandro. Miriam Kornblith, su vicepresidenta, destaca públicamente por su experiencia técnica e incansable gestión.

Las cartas están echadas

Caldera, ya en la recta final, produce un enroque al llevar al Ministerio de Relaciones Interiores a Asdrúbal Aguiar y confiar la Secretaria Presidencial a José Guillermo Andueza. Y dada la intempestiva e inexplicada renuncia al Ministerio de Hacienda del ex presidente de Fedecámaras, Freddy Rojas Parra, nombra en su lugar a Maritza Izaguirre, directora del Banco Interamericano de Desarrollo. El propósito es contribuir a que el transito electoral se haga, bajo su conducción, en paz y con entendimiento, y urgido de obtener una Ley Habilitante que permita, luego de la caída de los precios del crudo, sostener la economía, dejarla ordenada para la transición, y evitar las manipulaciones especulativas, económicas y monetarias a la vista. Lo primero ha lugar mediante encuentros regulares con los directivos de la prensa y del sector financiero, que se realizan con frutos apreciables en el Despacho del Interior y con el apoyo activo de los ministros Petkoff y Fernando Egaña. Izaguirre y Aguiar, por lo pronto, buscan el apoyo parlamentario que facilita el presidente del Congreso, Pedro Pablo Aguilar, y permite la habilitación presidencial necesaria para la puesta en orden de la casa. Aguiar, junto al ministro de la Defensa, vicealmirante Tito Manlio Rincón, apoyan activamente al CNE y la realización sin traumas del proceso electoral, actuando como garantes de este.

Crónica del epílogo

Al principio de la jornada electoral el país reclama otra vez el Mito de El Dorado, que juzga merecer. De allí que nada mejor que la apuesta electoral a una reina de belleza, joven, mujer y exitosa alcaldesa, desvinculada del pasado. Irene Sáez, desde el principio y a un año y medio de los comicios, ocupa el espacio indiscutido como favorita en las encuestas para presidenta de la Republica, siguiéndole para la fecha y en orden distante la nueva aspiración de Claudio Fermín. Las encuestas sitúan en tercer orden a Teodoro Petkoff y a Hugo Chávez Frías. AD, por su parte, le cierra las posibilidades a una candidatura fresca venida del entorno regional o municipal, donde mejor se ve el país en su circunstancia y que tiene como emblema al alcalde caraqueño Antonio Ledezma. Luis Alfaro Ucero, llamado el Caudillo, militante de la vieja guardia y experto en el manejo de los hilos del poder, impone su candidatura –se dice que por obra de un consenso para evitar que los conflictos internos debiliten aun mas a su partido– creyendo que el respaldo que le ha dado a la estabilidad democrática le basta para aspirar y ganar, bajo las reglas del pasado, la silla de Miraflores.

En una movida táctica que luego se revela errónea, fuerza la separación y el adelanto de las elecciones parlamentarias y regionales, intentando blindar con ellas un ejército renovado de diputados y gobernadores que militen a su favor y le sirvan de puente de oro para la justa presidencial. Y en verdad, Irene Sáez, Henrique Salas  Römer, gobernador del estado Carabobo y candidato «natural» de su partido regional, Proyecto Venezuela, y el exgolpista Chávez, quienes finalmente se lanzan al ruedo a contrapelo de la Republica de partidos y de sus reglas partidarias, cuentan apenas con sus solas imágenes pero no con el tejido organizativo que les permita hacerse de una base previa de poder en las regiones y en los municipios de todo el país. Mas lo cierto es que la red del bipartidismo también ha dejado de ser tal desde la misma elección de Caldera en 1998.

Realizadas las elecciones de noviembre, AD y Copei cooptan la mitad de las gobernaciones, alcaldías y representaciones al Congreso, pero solo de una mitad entre ambos. Y es que el fenómeno electoral que se revela durante las elecciones que llevan a Caldera por segunda vez a Miraflores se vuelve a repetir esta vez. AD tiene la mayoría para noviembre de 1998, pero una mayoría menguada que no alcanza siquiera a la mitad del padrón electoral. La otra mitad del país se alinea con el Polo Patriótico, que aceleradamente toma cuerpo alrededor de Chávez y en el que participan su naciente Movimiento V Republica, el Partido Patria para Todos (PPT) –división de La Causa R– y el MAS, a pesar de la negativa de sus líderes fundacionales, Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff, ministros de Caldera.

En todo caso, la reunión de AD con Copei y Proyecto Venezuela, partido regional emergente y liderado por el candidato presidencial Henrique Salas Römer, le permite al establecimiento político conocido controlar con sus votos las dos cámaras del último Congreso que conoce el siglo XX. El expresidente Carlos Andrés Pérez abandona la cárcel al resultar electo senador por su estado natal, el Táchira, apoyado por el novel movimiento –Apertura– que construye una vez como lo expulsan de AD.

En suma, realizadas las elecciones y habiendo quedado satisfechos los aspirantes a los gobiernos regionales y municipales, e incluso los parlamentarios, Copei abandona a Irene Sáez, sometiéndola a una situación de conflictividad que horada su candidatura hasta entonces triunfante. AD, por su parte, al no ver posicionado a su candidato, decide destituirlo en medio de una conspiración que fragua la vieja guardia y que acompaña el mismo Lewis Pérez, delfín del candidato.

Vacío el espacio, con su discurso de truenos y centellas en el que promete realizar los dos símbolos que le niegan Pérez y Caldera al pueblo: el Mito de El Dorado, a cuyo efecto anuncia quitarles a los ricos para darles a los pobres, y la invocación del Buen Gendarme, prometiendo Chávez, por lo mismo, freír las cabezas de los responsables de la desventura nacional, este logra colarse y ascender desde el foso en el que se encuentra como aspirante presidencial. Se gana los apoyos tácticos y oportunistas de quienes más tarde son sus adversarios más encarnizados: la elite económica e importantes medios de la prensa escrita –añorantes de un militar progresista y antipolitico, al mejor estilo de Pérez Jiménez– quienes le entregan recursos en contante y sonante, le ofrecen las páginas de sus periódicos y pantallas de televisión, y hasta le prestan sus aviones particulares. Otro tanto, a la vez, hace la banca española y hasta la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que enterada de los «movimientos ocultos» del candidato Chávez, decide menospreciarlos y ganárselo con la mediación del expresidente norteamericano Jimmy Carter.

En el patio trasero, Chávez y sus operadores de confianza afinan sus relaciones encubiertas y rendidoras con la guerrilla colombiana, que le apoya en la organización de los centros electorales de la frontera; tanto como se aproxima a los gobiernos extremistas del mundo árabe –Irak y Libia– para perfilar su «proyecto petrolero» de corte político y antioccidental, todo ello contando con la asesoría militante del Gobierno cubano. El país ve al Chávez candidato, además, recibiendo su nominación como comandante revolucionario de manos de Fidel Castro, en la Universidad de La Habana, pero tampoco le preocupa. ¡Que se vayan todos!, es la consigna que ha prendido en el alma de los venezolanos.

En la hora final, cuando las cosas mal hechas no se pueden remendar y si se remiendan muestran las costuras, Henrique Salas Römer, quien crece en su candidatura al amparo de su igual discurso antipartidos, y quien también desplaza a Irene hacia un tercer lugar, pacta con los partidos de los que reniega –AD y Copei– y estos, a su vez, apoyan al candidato que tanto maltratan y les maltrato hasta el día precedente a las elecciones presidenciales. Los resultados no se hacen esperar. Hugo Chávez Frías vence con 56,45% de los votos y su inmediato contendor, Henrique Salas Römer, reúne 39,49%. El CNE, dominado por el viejo establecimiento político y en aplicación de la Constitución de 1961, proclama sin reservas ni reticencias, ni retardos, a Chávez como presidente electo de Venezuela para el periodo 1999- 2004.

Su primer discurso como candidato ganador, dicho desde la sede del Ateneo de Caracas, cuya directora, Carmen Ramia, es nombrada ministra de Información, no puede ser más halagüeño para tirios y troyanos. Es digno de un estadista y consumado demócrata.

En lo inmediato Chávez pide ocupar, sin haber jurado como gobernante, una residencia presidencial: La Viñeta, desde donde comienza a organizar su gobierno. Pero a finales de diciembre casi que se siente el titular del poder en ejercicio y tiene un cruce de palabras con el presidente Caldera, que este salva con su autoridad y poniendo en su sitio al quejoso presidente electo. Ha mediado el reclamo de Chávez por el desalojo del Nuevo Circo, ocupado por el comercio informal y ordenado al final del año por el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Chávez, desde ya, considera que le son propios como jefe de Estado, también los predios de los gobiernos regionales y municipales.

A partir de dicho momento, en el vértice final del siglo XX venezolano, la Historia patria es otra y también el país. La Republica de partidos y civil declina, totalmente.

Quien esta crónica escribe, como último ministro de Relaciones Interiores, apuesta entonces a una transición que califica en su Memoria y Cuenta al Congreso recién electo como «Perestroika a la criolla». Es tanto como creer, pensando en lo mejor, que el país vota por el cambio al votar como lo hace por Chávez, pero un cambio con signos de pluralidad democrática, por haber votado también y como lo hace por la conformación de un Congreso de la Republica sin predominios irritantes de ningún sector político. Tanto es así que Allan Brewer Carias, quien auspicia la idea de una constituyente durante todo el quinquenio, dice bien que el Parlamento electo es suficientemente representativo como para asumir la tarea profunda de la reforma constitucional pendiente.

El presidente Rafael Caldera, quien decide mantenerse por encima de la contienda electoral con vistas a sostener su autoridad durante una transición que se anuncia compleja, a un punto tal que les exige a sus ministros renunciar a tiempo si apoyan a alguno de los candidatos presidenciales en pugna y le pide al movimiento Convergencia mantenerse fuera de la justa, una vez como conoce los resultados confiesa mortificado y mirando hacia el futuro que lo ocurrido «será muy doloroso para el pueblo… quizás llegue a entender en lo sucesivo el valor de la democracia, que tanto nos costó a Rómulo y a mi lograrla para Venezuela».

El día de la toma de posesión, desplazándose desde la Catedral hacia el Salón Elíptico, con la fina intuición que lo acompaña a lo largo de una jornada de más de medio siglo de entrega total al país y a su causa, decide que no será él quien le imponga la banda presidencial a su sucesor. Tendrá que hacerlo el militar quien a la sazón y por acuerdo de los viejos partidos con el «chavismo» ocupa la presidencia del Congreso, el coronel Luis Alfonso Dávila, a su vez acompañado en la vicepresidencia por el joven diputado Henrique Capriles Radonski. Chávez, acto seguido, jura con su mano sobre la misma Constitución que le permite pasar de golpista a Presidente y declara hacerlo sobre una «Constitución moribunda», que redacta y firma su antecesor –allí presente– como presidente de la Cámara de Diputados.

«Habría querido, desde luego, realizar una obra mayor. Las circunstancias no lo permitieron y espero que mis compatriotas me perdonarán las fallas que haya tenido en mi gestión. Lo que sí puedo asegurar es que dudo que alguien hubiera podido superar el esfuerzo y la recta intención que caracterizaron la gestión presidencial del quinquenio1994-1999. Y al fin y al cabo, la más importante que había que cumplir, la cumplimos: «armar el rompecabezas» y entregar al país en paz y en democracia.

Hagamos todo de nuestra parte para que no se desarme de nuevo». Rafael Caldera, Mensaje al Congreso, 28 de enero de 1999.