Los seis años de COPEI de 1952 a 1958

Informe presentado por el secretario general Rafael Caldera a los delegados asistentes a la VII Convención Nacional de COPEI reunida en el Teatro Alcázar, en nombre del Comité Nacional del Partido, integrado además por Pedro Del Corral, presidente, Lorenzo Fernández, subsecretario general y Patricio Peñuela Ruiz, Edecio La Riva Araujo, Víctor Manuel Giménez Landínez, Luis A. Herrera Campíns, Ezequiel Monsalve Casado y Pedro Pablo Aguilar, vocales.

 

Seis largos años han transcurrido desde que fue clausurada, con un acto de masas en el Nuevo Circo de Caracas, la VI Convención Nacional de COPEI. Casi siete, desde que fue elegido, en febrero de 1952, el Comité Nacional que ahora resigna su mandato. Ha sido una etapa de sufrimientos para Venezuela, pródiga de recelos e incertidumbres, impregnada de terror y soborno. Durante esta difícil coyuntura, que llegó a parecer interminable, el Partido Socialcristiano de Venezuela jugó un papel de primera importancia en la vida política de la nación, y se ganó definitiva e irrevocablemente el respeto y cariño de su pueblo.

El 15 de septiembre de 1952, desde la tribuna del Nuevo Circo, anunció COPEI a la nación su voluntad de concurrir a la jornada electoral que había de culminar el 30 de noviembre. Nuestra decisión fue resultado de una profunda deliberación. Desde el primer comunicado expedido después del 24 de noviembre de 1948, a los ocho días de aquel evento, habíamos reclamado el compromiso de honor contraído en nombre de las Fuerzas Armadas, de devolver al pueblo el poder «para que a través de elecciones verdaderamente limpias las coloque en mandatarios capaces de respetar los derechos de la persona humana, mantener el orden y las instituciones y contenerse dentro de los límites de la juridicidad». Dos años de campaña intensa y sistemática del partido habían presionado la designación de una Comisión Redactora del Estatuto Electoral. En ella participaron el Secretario General y el Sub-Secretario General de COPEI, y tuvo por fruto su labor un Proyecto de corte democrático que ha servido en gran parte de modelo a la novísima Ley Electoral vigente.

Pero el proceso previo a las elecciones había mostrado la vocación autocrática del régimen provisional, agravada después del 13 de noviembre de 1950, en que fue asesinado el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud. Estaba organizándose un mecanismo tendiente a convertir en permanente el gobierno provisorio; se había designado una férrea mayoría oficialista en los cuerpos deliberantes; y la sistemática violación de todos los derechos de la persona humana estaba convertida en norma permanente.

Al reunirse nuestra VI Convención, COPEI había sufrido ya en carne de sus dirigentes nacionales y regionales y de su militancia, la saña del régimen, furioso por su defensa de las libertades, su protesta contra los atropellos y su reclamo de restablecimiento de las instituciones republicanas. La reclusión, el exilio, el confinamiento, la violencia física o jurídica habían sido usados ya con mano larga contra los copeyanos.

Una fuerte corriente emotiva se estaba gestando en la opinión pública en favor de la abstención electoral. Pero entendimos que nuestro deber de aquella hora era el de sacudir la conciencia del pueblo y recordarle su permanente aspiración de ganar la libertad mediante el ejercicio indeclinable del civismo.

Concurrencia a elecciones

En un comunicado de fecha 14 de septiembre de 1952, profusamente distribuido en la concentración popular del Nuevo Circo, quedó fijada nuestra posición. «El actual proceso electoral –dijimos– no se presenta en las condiciones mínimas de libertad, de garantías y de respeto a que los venezolanos tenemos derecho de aspirar. Por lo contrario, se presenta turbio, desigual, amenazante y ventajista, impregnado de un como sea en el empeño de asegurar al gobierno una mayoría dócil en la Asamblea Constituyente (…) El camino de las represiones –agregamos– es una pendiente muy inclinada, de donde difícilmente se regresa. Queremos pensar que es tiempo todavía, precisamente porque estamos en puerta de una consulta electoral, para que se consagren normas de gobierno más cónsonas con las ideas y propósitos que enunciaron los personeros de las Fuerzas Armadas cuando asumieron, en horas de grave responsabilidad, la función de dirigir las instituciones civiles y políticas de la República. Reclamamos, pues, del Gobierno Provisorio la ampliación efectiva de las garantías civiles y políticas de los ciudadanos; la recta aplicación de las disposiciones del Estatuto Electoral y el cumplimiento de las promesas no cumplidas de libertad e imparcialidad eleccionaria, para que la actual jornada comicial, que se presenta con tan obscuras características, constituya una etapa de verdadero beneficio y de efectiva superación en la marcha de la República».

Una razonada argumentación nos condujo al acuerdo de concurrir con planchas propias a las elecciones del 30 de noviembre. En ese acuerdo se dispuso: «Dejar constancia de que en este proceso electoral lejos de existir la libertad y la seguridad necesarias para la propaganda política, se ha caracterizado por la arbitrariedad, el atropello y el ventajismo por parte del Gobierno. Por lo cual COPEI ratifica una vez más la permanente y categórica protesta que ha sostenido a través de toda la campaña (…) Reclamar una vez más del Gobierno Nacional el establecimiento de un efectivo y amplio clima de garantías que permita, sin trabas y sin represalias oficiales, la expresión sincera de las opiniones políticas; el respeto a la conciencia de los obreros, empleados públicos y servidores del magisterio; la supresión total de los sistemas inhumanos de represión, como Guasina, y el empleo de arbitrariedades e ilegales detenciones preventivas, que mantienen en zozobra a la familia venezolana; y el establecimiento de un ambiente que haga posible una convivencia nacional digna, armónica y estable».

¡Escogemos la lucha! Fue la consigna que nos llevó al combate electoral. Y si, con hondo conocimiento de la hora histórica que atravesaba nuestro país, pusimos como motivo central de nuestra campaña un postulado cuya significación fue confirmada después por los hechos («COPEI es la solución»), no lo adoptamos como tema de discriminación política, sino que lo ofrecimos como promesa de concordia y de paz para todos los venezolanos. Porque, por boca de nuestro Secretario General dijimos en aquel mismo acto: «La lucha no es hoy de grupos contra grupos, ni de personas contra personas… es la lucha que está planteada en el dilema que confronta hoy el pueblo venezolano: de un lado, los que dicen que este es un pueblo bárbaro, inculto, que no tiene derecho a gobernarse; que la única ley que existe en Venezuela es la ley de la fuerza; que es necesario buscar –fabricar, si fuere necesario– la figura de un hombre fuerte y rodearlo para seguir transitando la senda de los desmanes. Del otro lado: la conciencia de la patria, que no quiere venderse, la voluntad del pueblo, que aquí, esta noche, en este lleno inmenso del Nuevo Circo de Caracas, está mostrando que todas las amenazas y todos los halagos y todos los millones del Presupuesto Nacional no son capaces para sobornar ni para doblegar la voluntad de un pueblo libre».

El resultado electoral

Diez semanas de campaña electoral intensa y azarosa, por sobre las limitaciones y entorpecimientos que la arbitrariedad impuso, obraron el milagro de despertar la conciencia cívica de los venezolanos. De nada valió al gobierno circunscribir la propaganda a locales cerrados, insuficientes en casi todos los pueblos para contener más de una pequeña porción de las multitudes que acudieron a escuchar y animar a los partidos de oposición. De nada sirvieron los renovados atropellos que iban sembrando de nuevas bajas el movimiento de recuperación democrática. El asesinato en las calles de Caracas, del doctor Leonardo Ruiz Pineda, valeroso dirigente de Acción Democrática en la clandestinidad, lejos de amedrentar tuvo el efecto de sublevar los espíritus. Así, el 30 de noviembre de 1952 resultó, cuando los técnicos electoreros aguardaban un triunfo de la mascarada oficial, una gran jornada de reivindicación para el pueblo, un acto de presencia con efecto imborrable sobre la moral pública. Quedó comprobado, en medio de las circunstancias más difíciles, que el pueblo venezolano sabía ser rebelde contra la tiranía y estaba convencido de que su camino era el civismo.

Del millón ochocientos mil votantes de 1952, cerca de medio millón optó por la tarjeta verde de COPEI. El resultado electoral significó, pues, a más del repudio nacional a la autocracia, una consolidación de nuestro movimiento. Las cifras exactas nunca pudieron conocerse completas, porque la maquinaria oficialista se afanó por borrar los resultados legales en su marcha desenfrenada hacia la usurpación. Baste recordar que en el Táchira, donde se conocía de antemano la abrumadora mayoría copeyana, el fraude se perpetró en el momento mismo de terminar la votación, cuando iba a procederse a los escrutinios primarios, Por la fuerza fueron arrancados de las mesas los testigos y miembros de cuerpos electorales pertenecientes a COPEI, para consumar solos, en cínica impunidad los agentes oficialistas, el atentado que –con mayor previsión de su derrota que en otros lugares– iba a cumplirse después en el resto del país.

Reconocida, a pesar del fraude, una densa representación de COPEI para la Asamblea Constituyente, convocamos al Directorio Nacional para una reunión del 4 al 9 de enero de 1953, a fin de fijar nuestra actitud. El clima estaba tenso por nuestra protesta contra el extrañamiento de dirigentes urredistas, tanto más chocante en cuanto que habían sido proclamados como representantes electos para la Asamblea. Entonces se adoptó la histórica determinación de no asistir a las sesiones de la misma, sino a condición de que se atendiera, por lo menos, a las siguientes exigencias:

• Garantía efectiva de la inmunidad parlamentaria para todos los Representantes a la Asamblea Constituyente. En consecuencia: cesación inmediata de las medidas dictadas contra Representantes ya proclamados.
• Absoluta libertad de prensa para informar todo lo referente a los debates de la Asamblea Constituyente.
• Libertad efectiva e inmediata de los detenidos políticos. Normalización sin más demora de la situación de aquellos a quienes se ha anunciado la iniciación de un proceso judicial garantizándoles el derecho de defensa que acuerdan las leyes y proscribiendo todo sistema de medidas contrarias a la dignidad e integridad de la persona humana.
• Régimen de garantías que haga efectivo el goce de los derechos ciudadanos, sin medidas de excepción al arbitrio del Ejecutivo.
• Eliminación de las funciones de carácter político atribuido a la Seguridad Nacional, y que los órganos de defensa del Estado no se utilicen como instrumentos de arbitraria represión en contra de la ciudadanía.
• Reapertura inmediata de la Universidad Central, con el goce de su autonomía y fueros privativos. Cese de las medidas represivas adoptadas contra profesores y estudiantes.
• Consagración en el texto de la Carta Fundamental, de los principios que motivaron el movimiento militar del 18 de octubre, entre ellos: elección popular y directa de los Poderes Públicos, garantías efectivas para los ciudadanos, autonomía del Poder Judicial, así como también inmunidad parlamentaria, representación proporcional y las garantías sociales para los trabajadores y demás sectores desposeídos, para la familia y núcleos sociales lícitamente constituidos, para la educación privada y demás normas básicas reclamadas por los postulados de la justicia social.
• Junto con estos planteamientos hizo el Directorio Nacional consideraciones que tuvieron acento profético: «La anunciada reunión de la Asamblea Constituyente –se dijo– sólo será un paso más hacia el abismo si no se la hace punto de partida de una rectificación honorable. Su resultado sería la legalización amañada de la autocracia o el rodar estrepitoso del país por los peores atajos de violencia».

La negativa del gobierno fue obstinada y torpe. La pendiente de la tiranía le había imprimido un vértigo fatal. El Directorio, en vista de la destemplada respuesta, informó a la nación, entre otras cosas, con fecha 9 de enero de 1953: «Que ha resuelto mantener la decisión de no asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente (…) Que sería traidor a COPEI quien infringiera su resolución de no asistir a la Constituyente, quedando quien lo hiciere, automáticamente expulsado del Partido». Como consecuencia de aquel acuerdo, el insignificante número de desertores quedó automática e irrevocablemente expulsado de las filas de la organización. La persecución arreció. Se fue haciendo más y más asfixiante. Pero al mismo tiempo se hacía más claro nuestro deber y más importante nuestro papel de mantener el espíritu de resistencia.

Resultados de nuestra negativa

La vida política a partir de 1953 se hizo casi totalmente imposible. La Constituyente Nacional, surgida de la espúrea Asamblea, dejó en vigor las medidas de excepción dictadas por el Gobierno Provisorio, sancionó la elección indirecta de los Poderes Públicos, nombrados grotescamente en una sola tarde, y dejó provisto al Presidente de la República con facultades discrecionales para cuanto creyere conveniente en el mantenimiento del orden. Ilimitados los poderes, su uso fue aún más típico como ejercicio de arbitrariedad. Ilegalizados algunos partidos, enviados al exilio los dirigentes de otro, COPEI, que era el único partido con apariencia de precaria vida legal, fue blanco de persecución sistemática.

Creíamos de nuestro deber, pese a las amenazas circundantes, tratar de continuar las actividades partidistas, en uso de nuestra supuesta legalidad. Pero a cada tentativa, la respuesta era un nuevo atropello.

En el propio año de 1953 comenzamos a dar los pasos preparatorios de una nueva Convención Nacional. Para tal fin, dimos instrucciones a los organismos regionales de proceder a reunir sus respectivas convenciones. Muy pocas pudieron celebrarse. Los atropellos oficiales lo impidieron: unas veces mediante la notificación autoritaria de que no podrían realizarse, otras mediante la represión despiadada. La Convención Regional del Táchira motivó el encarcelamiento del dirigente regional Edilberto Escalante, a quien se hizo víctima de larga reclusión en la Cárcel Modelo de Caracas y en la Penitenciaría de San Juan de los Morros.

Con ocasión de la Convención Regional del Distrito Federal hicimos un análisis de la situación y marcamos como objetivo central conservar el partido para mantener el espíritu de resistencia. «Ese es el deber más alto que tenemos, dijimos a los copeyanos y copeyanas de toda Venezuela. Esa es la responsabilidad más alta que nos corresponde para con la patria. Si COPEI se acaba ¿qué puede esperar Venezuela? Si COPEI se entrega ¿en quién puede confiar? Si COPEI cierra sus toldas y las deja cubrir por el manto del desengaño, entonces, ¿quién va a mantener vivo en los venezolanos el anhelo de la Patria mejor?»

La Convención Nacional no pudo reunirse. Las asambleas copeyanas, aun las más pequeñas, eran objeto de intervenciones arbitrarias por parte de la Seguridad Nacional. La prolongación del exilio de nuestro compañero Herrera Campíns obligó al Directorio Nacional designar para él un suplente, que fue Miguel Ángel Landáez, quien cubrió su puesto en Venezuela, mientras estuvo ausente, sin perder aquél la titularidad. Landáez tuvo el honor de recibir también su ración de cárcel para rubricar el ejercicio de su cargo.

Intentos de un COPEI pirata

No descansaba el régimen en su insensato afán de obtener respaldo de COPEI. Y como la estructura copeyana, por sobre un número muy pequeño de defecciones se mantenía íntegra en su posición de rebeldía, se urdió la maniobra de reunir pequeños grupos de funcionarios policiales vestidos de paisanos y algunos servidores del déspota, hacerlos aparecer como militancia nuestra y encabezarlos con unos pocos traidores o cobardes; y mientras no se nos toleraba la publicación de la más mínima aclaratoria, se publicaban páginas enteras con supuestas reorganizaciones de seccionales del partido y adhesiones de las nuevas directivas piratas a la política de Pérez Jiménez.

Las protestas de las directivas regionales no obtuvieron respuesta. La farsa amenazaba generalizarse. El Comité Nacional publicó en una hoja y distribuyó bajo su responsabilidad un categórico mentís a los gacetilleros. Esa aclaratoria, aun cuando nos condujo a la Cárcel del Obispo, produjo tal impacto en la opinión pública que los maniobreros se sintieron impotentes para continuar en su descabellado empeño.

«Sólo un deseo mal encaminado de obtener respaldo de COPEI –expresaba el documento emitido por el partido– parece explicar el origen de semejante aventura. Ello pone de relieve el alto crédito que el solo nombre de COPEI tiene ante los sectores e instituciones más responsables de la opinión venezolana e internacional y el valor que un apoyo suyo tendría como fuerza moral indiscutible. Pero ni es esa maniobra el camino para lograrlo, ni nuestra actitud es terquedad o intransigencia. El respaldo de COPEI, que nunca puede ser incondicional ni servil, solo podría aspirarse devolviendo a la nación el uso de sus libertades, corrigiendo los vicios de la organización política y administrativa; en una palabra, garantizando a los venezolanos los derechos que en forma tan ofensiva se vulneran. (…) Inerme ante este nuevo atropello, el Partido Social Cristiano COPEI se yergue con la fuerza de su autoridad moral. De continuar en escala nacional la farsa ya iniciada en el Táchira y Yaracuy, COPEI quedará de hecho impedido hasta de la precaria actividad a que en los últimos tiempos se le ha tenido arbitrariamente reducido. Voces mercenarias y descalificadas tendrán la audacia de arrogarse el nombre que glorioso se ha hecho en su lucha por la libertad y la justicia. Pero Venezuela entera debe saber y lo sabrán todos los que en el Continente americano y aún más allá han aprendido a conocer a COPEI y a simpatizar con su lucha, que COPEI, el verdadero y genuino COPEI, el Partido Social Cristiano de Venezuela al que hoy se hace víctima de esta grotesca maniobra, continúa y continuará siendo el mismo, firme en su lucha, insobornable en la defensa de los principios de una Democracia Cristiana y una verdadera Justicia Social, por los cuales clama angustiosamente nuestra patria, y en cuya defensa fiel y esforzada seguirá nuestro Movimiento por encima de todos los obstáculos. (…) Sabemos que nadie que haya conocido nuestra lucha se engañará con el aparato propagandístico puesto ahora a funcionar para desprestigiarnos. Y estamos seguros de que, más tarde o más temprano, resplandecerá la verdad, y la justicia no será palabra vana en Venezuela».

El espíritu de resistencia

Se hicieron más frecuentes las idas a la cárcel por parte de los dirigentes de COPEI. De ahí en adelante, se hizo más estrecho el cerco en torno a nosotros. El 13 de enero de 1954 se celebró por última vez a puertas cerradas, el aniversario de la fundación del partido. La conmemoración trajo, de todos modos, nueva prisión para los miembros del Comité Nacional y los oradores del acto. Nuestro dirigente juvenil Hilarión Cardozo pagó su discurso de esa noche con una reclusión de cuatro años en la inmunda Cárcel del Obispo.

La menor actividad era coartada. Una verdadera falange de esbirros tenía por misión acechar y entorpecer nuestros más pequeños movimientos. Para el 23 de enero de 1958, todos los miembros del Comité Nacional estaban en la cárcel o en el exilio, y con ellos, muchos otros de los más calificados dirigentes del partido.

El resultado perseguido por el gobierno fue contraproducente para él. Se hizo tan ostensible la actitud oficial que, aunque falta de acceso a los medios de publicidad, la posición copeyana se mantuvo en conocimiento del pueblo a través de los propios desahogos, calumnias y persecuciones gobiernistas. Al pueblo llegó así un continuado mensaje de aliento para que no depusiera su actitud de hostilidad cívica contra la usurpación y el mandonismo.

Durante estos años se operó en Venezuela, casi insensiblemente, el proceso de la unidad. La unidad fue un estado de alma colectiva en la lucha contra la tiranía. Sin aparecer en manifiestos conjuntos (lo que era totalmente imposible dada la circunstancia de que mientras unos partidos estaban ilegalizados o sus dirigentes todos en el exilio, nosotros nos hallábamos todavía dentro del país) los diversos grupos políticos fueron coincidiendo más en la aspiración de comenzar la reorganización estable y ordenada de la vida democrática, y se fueron haciendo más frecuentes y provechosos los contactos, para limar incomprensiones y constituir un solo frente contra la dictadura.

Mientras esto ocurría buscábamos los modos de hacer presente nuestra voz para que el pueblo no perdiera la idea constante de la resistencia. Aún con las limitaciones de la censura oficial, tratamos de participar en la prensa mediante colaboraciones que fueron rápidamente prohibidas. Iniciamos programas de orientación social mediante la televisión, pero sus canales nos fueron cerrados por el mandonismo gubernamental. Los periodistas que se atrevieron a hacernos entrevistas obtuvieron de nosotros declaraciones categóricas, pero nunca pudieron pasar del linotipo por estorbarlo la censura. Numerosas declaraciones e informaciones aparecieron bajo nuestra responsabilidad en periódicos del extranjero; nuestro boletín informativo «Tiela», reconocido en el exterior como el órgano más unitario de los exilados venezolanos, mantenía en el país su circulación clandestina; y, en la medida en que ello fue posible, COPEI estuvo representado en jornadas políticas internacionales, en las cuales se hizo presente la situación de nuestra patria y se buscó aliento para la lucha del pueblo venezolano contra el oprobio constituido en gobierno.

Para el fin del período 1953-1958, la situación se hacía más y más intolerable. El movimiento nacional de oposición era patente en forma cada vez más caudalosa. El folleto de nuestro compañero Luis A. Herrera Campíns, «Frente a 1958», publicado en marzo de 1957, fue el mejor análisis de la situación, a la vez que encerraba un mensaje de aliento y ratificaba la actitud del partido frente a la transición esperada. La perspectiva de un proceso electoral se identificaba con una derrota segura para el régimen. Una candidatura copeyana se vio como la solución de sentido nacional unitario. La táctica adoptada fue la de evitar lo que aumentara el temor de la dictadura por las elecciones, a ver si era posible que convocara a comicios populares, aunque tuviéramos que hacer una campaña electoral relámpago y luchar contra todos los ventajismos y presiones, para buscar una reafirmación de los derechos del pueblo, respaldada por la voluntad unánime de Venezuela de hacerlos respetar esta vez.

La dictadura, pese a su arrogante pretensión de contar con respaldo popular, no se atrevió a hacer la prueba. Un grupo de universitarios de diversas corrientes políticas, entre ellos un miembro de nuestro Comité Nacional, fue encarcelado cuando preparaba una solicitud al Congreso para que dictara la legislación electoral y fijara fecha a los comicios. La prisión de nuestro Secretario General, lógico candidato presidencial de la oposición unificada, fue la definitiva evidencia de que el régimen no toleraría ninguna lucha electoral, y lo precipitó por el despeñadero plebiscitario. Las medidas de fuerza aumentaron, en la forma conocida por todos los venezolanos y por buena parte de la opinión internacional, y el régimen anunció al fin el tenebroso camino de aquel llamado «plebiscito» contra el cual se levantó la nación entera.

Venezuela fue sacudida por las manifestaciones de los estudiantes de las universidades y liceos oficiales y privados, por la valiente actitud de la mujer y por la decisión de los militares, de los obreros, del clero, de los profesionales, de los hombres de empresa, unidos todos en una hermosa jornada de liberación. Los sucesos de enero, que abrieron una nueva etapa en la vida de la República, comprobaron el acierto de la tesis copeyana, que era mantener una posición de firme resistencia civil, ajena a tentativas golpistas.

Así, lo que ocurrió el 23 de enero no fue la consumación de un golpe de fuerza. Los golpes antes intentados, aun cuando llenos de mérito por la heroica decisión de muchos de sus participantes, no habían hecho adelantar al país en el camino de su recuperación democrática. Lo trascendental y característico del movimiento de liberación fue, al mismo tiempo que la expresión unitaria de un pueblo que supo borrar sus diferencias en un solo anhelo de dignidad ciudadana, el testimonio de la madurez lograda por ese mismo pueblo, dispuesto a vivir como una colectividad de hombres libres, bajo el amparo del derecho.

La nueva etapa nacional

Intensa ha sido la nueva etapa vivida a partir del 23 de enero. Signos altamente positivos presenta el balance, a pesar de los signos negativos dejados como herencia por la tiranía y sus antecedentes seculares.

Entre lo positivo resalta la unidad. Le dimos desde el primer momento todo nuestro respaldo, porque nuestro programa y nuestra lucha han marcado siempre una línea de unión, de afirmación, de entendimiento de los venezolanos en aras del supremo interés de Venezuela. Olvidados pasados agravios, sepultados infecundos rencores, nos hemos dado con entusiasmo a colaborar en la empresa de reconstruir las instituciones democráticas. Juntos con otras fuerzas políticas, económicas y sociales, hemos contribuido a sortear las encrucijadas de estos meses, planteadas por quienes no encuentran  en la libertad ambiente para sus apetencias. No vacilamos en aparecer al lado de nuestros adversarios de ayer, para cumplir la pedagógica función de enseñar que por sobre las divergencias ideológicas, políticas o personales, hay el deber de buscar y afianzar el bien común.

No hemos entendido la unidad como renuncia a nuestros principios programáticos. Al contrario, hemos buscado como premisa indispensable un terreno dentro del cual podamos convivir, sin mengua de nuestra integridad. No hemos eludido clarificar nuestra posición, ajena a confusiones. Encontramos más bien, y de buena fe lo afirmamos así, que en el propio clima de unidad, en el proclamado respeto a la integridad de la patria y a sus valores espirituales, en la afirmación de la solidaridad de todos nuestros conciudadanos, por sobre diferencias de clases, de sectas o de grupos, o de sentimientos regionales, hay una expresión del ideal que nos ha llevado a la lucha y que hemos mantenido tercamente como norma de nuestras actuaciones.

Al efectuarse el derrocamiento de la tiranía, poco demoramos en convocar una reunión plenaria de nuestros dirigentes de todo el país. Fuimos el primero de los partidos en reunir a los responsables de sus cuadros, para reorganizarlos y reactivarlos; y así, una reunión del Directorio Nacional integrada en forma excepcionalmente amplia, que le dio el carácter de una verdadera convención nacional, pudo hacer inventario de fuerzas, trazar nuevos esquemas de organización y, sobre todo, señalar a toda la nación rumbos precisos para orientar la etapa provisoria y buscar el camino seguro de la nueva constitucionalidad.

El Manifiesto lanzado por el Directorio Nacional de COPEI el 9 de marzo de 1958 fue el primer documento de fondo emitido por partido alguno en representación plenaria, para orientar la opinión pública en esta nueva época. La amplia acogida que obtuvo en toda la prensa y los favorables comentarios que le fueron dirigidos desde las toldas más diversas, comprobaron que sus términos correspondían plenamente al sentimiento y necesidades nacionales en esta hora de responsabilidad.

Aparte la decisión de ratificar en sus funciones a las autoridades del partido, en un clima magnífico de unidad interna, el Directorio Nacional acordó reafirmar la línea de unidad adoptada por el Comité Nacional y reiterar el anhelo de que ella contribuya al afianzamiento de las libertades, la estabilización del orden democrático y la implantación de la justicia social; expresó su apoyo a la Junta de Gobierno por la labor desarrollada para enrumbar al país hacia la constitucionalidad, de la cual se estimó signo alentador la constitución y funcionamiento  de la Comisión Redactora del Estatuto Electoral, y manifestó su esperanza de que el Gobierno Provisorio mantuviera una política de equilibrio en la integración de los cuadros de la Administración Pública  y de acercamiento y contacto permanente con los partidos políticos nacionales; y autorizó al Comité Nacional para que de inmediato celebrara con las directivas de los otros partidos democráticos nacionales, con los sectores independientes y con los personeros del Gobierno Provisorio, conversaciones tendientes a precisar la fecha y forma de las elecciones, y a discutir el problema de la elección presidencial y de los poderes públicos que deben emanar del sufragio popular universal, directo y secreto, con miras a plasmar la unidad en «una fórmula electoral conjunta que preserve la vida política venezolana de la anarquía y del sectarismo». Este llamamiento, lanzado apenas mes y medio después del 23 de enero, nos condujo desde entonces a realizar muchas conversaciones privadas con representantes de las otras fuerzas políticas, con el objeto de clarificar el proceso eleccionario.

Hemos sostenido desde el principio, como lo más conveniente al momento que vivimos, la adopción de una fórmula que impidiera el debate electoral, para entrar en el próximo período constitucional al ejercicio progresivo del debate democrático. Así se hubiera conciliado el espíritu partidista con el democrático derecho a disentir, con la unanimidad requerida para afrontar ciertas cuestiones fundamentales.

No pensamos que esas conversaciones se hayan perdido, ni juzgamos negativo el saldo dejado por las reuniones de mesa redonda, iniciadas meses después, con gran aparato publicitario, por iniciativa de otro partido. En medio de tantas reuniones, y en las vicisitudes que ha tenido que sortear el régimen provisional durante estos ocho meses, se ha ido ganando terreno hacia la convergencia en puntos concretos respecto de problemas básicos para la reorganización institucional del país.

En lo que no ha sido posible lograr un resultado positivo ha sido en la postulación de un solo candidato unitario para la Presidencia Constitucional y en la adopción de fórmulas de equilibrio para la integración de los cuerpos colegiados. Muchos y sostenidos esfuerzos hicimos en el sentido de lograrlo, pero en ellos sólo tuvimos compañía parcial. Mientras las conversaciones se celebraban, se ejercían sobre la opinión pública influencias tendientes a desacreditar como «plebiscitaria» la idea de una candidatura conjunta, y voces autorizadas se iban pronunciando en favor de una pluralidad de candidatos.

En las mismas mesas redondas se entró a discutir sobre nombres propios sin haberse llegado a un acuerdo previo sobre la conveniencia de una sola candidatura unitaria. Estuvo a punto de lograrse por ese camino el entendimiento, alrededor del nombre de un eminente ciudadano a quien COPEI ha respaldado con toda decisión hasta el momento de quedar definitiva y formalmente descartada su candidatura: el doctor Martín Vegas, hombre de cualidades unánimemente reconocidas, cuya aceptación estuvo a un paso de convertirse en la resolución feliz y definitiva del problema, y a quien el Comité Nacional de COPEI quiere rendir homenaje, no sólo por sus prendas personales, sino por el espíritu de servicio a su pueblo, por la acrisolada rectitud y gran elevación que ha sabido ratificar en la emergencia de estos accidentados días.

Se reúne esta VII Convención Nacional en momento en que toda Venezuela está pendiente de las deliberaciones del partido. El objeto de sus trabajos es complejo. No solamente ha de salir de ella la adopción de líneas concretas para la aportación de COPEI al programa de acción común que debe orientar a los venezolanos durante el próximo quinquenio. Ha de analizar con serenidad y altura la cuestión de las candidaturas y señalar pautas concretas para un proceso electoral cuya definición es urgente, cuya culminación es inmediata y cuyas consecuencias se extenderán a muchos años y repercutirán definitivamente sobre una generación.

El Comité Nacional de COPEI está seguro de que este cuerpo sabrá proceder, como en otras grandes ocasiones, con la más limpia pureza de intención y el más firme e inquebrantable propósito de servir a la patria. Sabe que en su deliberación no mandarán los apetitos ni las complacencias, sino la clara conciencia del deber. En cuanto a reorganización de nuestros cuadros directivos, al resignar en manos de ustedes una responsabilidad que hemos ejercido por cerca de siete años en las circunstancias más difíciles, confiamos en que su decisión será clara y justa.

Tenemos la satisfacción de afirmar que el partido ha crecido de manera considerable. Su militancia aumenta caudalosamente en número y en fervor. Su red de seccionales se ha extendido por todo el territorio nacional y cubre hasta los sitios donde antes no habíamos logrado trabajar. Se adelanta un proceso de reestructuración del mecanismo funcional, imperfecta todavía, pero en mejores condiciones cada día para rendir su máxima eficiencia.

El Comité Nacional que aquí presenta ante ustedes su informe (el cual será complementado con la cuenta y otros documentos internos) tiene plena conciencia de las fallas considerables que tuvo su labor; y aspira solamente a que en el veredicto sobre sus actuaciones quede constancia de que en sus manos no se perdió COPEI ni se volvieron las espaldas al pueblo, sino que, con la ayuda de Dios, se pudo ver, al fin de una larga jornada, cómo el Partido Social Cristiano de Venezuela es hoy una fuerza creciente y respetada, hacia la cual se vuelven los ojos de nuestros compatriotas, que ven en ella un factor de primer orden para la estabilización de la democracia venezolana y su seguro enrumbamiento hacia la justicia.