El punto de partida

Columna de Rafael Caldera «Panorama», escrita para ALA y publicada en El Universal, del 10 de febrero de 1988.

El Congreso de la Asociación de Ejecutivos de Venezuela (importante organización que ha celebrado dignamente sus treinta años de existencia) conjuntamente con el Congreso Panamericano de Gerencia, ha constituido un acontecimiento con indudables proyecciones, no sólo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica.

El lema de la jornada ha sido «Gerencia: punto de partida». Evidentemente, desde muchos ángulos, el evento ha constituido un punto de partida. Un punto de partida para el análisis, para la evaluación de lo que se ha hecho en este campo, para mostrar, en una excelente exhibición, los logros alcanzados por nuestro país en materia de tecnología, de informática y de organización de empresas. Algo que era muy necesario, porque el sistema democrático en sí estimula los planteamientos críticos y la población llega a pensar que todo es malo y que el país no ha progresado en nada, y de vez en cuando es indispensable mostrarle de manera convincente lo que se ha realizado en la transformación de nuestra sociedad.

Variados y muy importantes planteamientos hicieron expositores calificados, sobre diversos aspectos de la actividad económica y del papel empresarial y gerencial. Se habló mucho, sobre todo, de las relaciones entre el sector público y el sector privado; había una tendencia, fácilmente comprensible, hacia la privatización y no faltaron referencias, también explicables, a la «omnipotencia» del Estado y a la mala experiencia del sector público como administrador de empresas. Naturalmente, la permisería, como muestra perjudicial del excesivo intervencionismo, se llevó duras críticas. Pero como lo señalaron varios, entre otros Julio Sosa Rodríguez, ambos sectores tienen urgencia de concentración armónica y estrecha interacción.

Entender el papel del Estado en Venezuela es interesante para comprender el proceso. Su poderío económico deriva simplemente del hecho de que la riqueza petrolera es desproporcionadamente superior a la que genera cualquier otra actividad. A ella se suma ahora la magnitud creciente de lo que producen otros recursos naturales como el hierro y el aluminio y de lo que debe producir el gas. Al entrar en la era petrolera, el Estado comenzó a asumir atribuciones que de suyo corresponderían al sector privado, pero lo hizo porque prácticamente el sector privado era entonces muy pobre y las necesidades demasiado urgentes; y porque una nueva conciencia nacional obligaba a los gobernantes a ensanchar más y más el radio de la acción oficial en atención a graves necesidades colectivas.

Ya en tiempos del general Gómez se crearon el Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero, para que la incipiente riqueza fiscal facilitara créditos al desarrollo rural y a la vivienda popular. El gobierno del general López Contreras nacionalizó los ferrocarriles y la Corporación del Puerto de La Guaira, porque el sector privado foráneo que los poseía había dejado que las vías férreas se convirtieran en algo obsoleto, su material era chatarra y el primer puerto de la República daba vergüenza por lo atrasado de sus instalaciones y lo ineficiente de su operatividad. El servicio telefónico lo asumió el sector público cuando el sector privado –también foráneo– demostró falta de capacidad o de interés para ponerlo a tono con el progreso del país y del mundo. Otras actividades, como la hotelera, requirieron el impulso inicial del Estado, antes de que surgieran capitales privados con suficiente entidad y experiencia como para hacerse cargo del negocio. En Barquisimeto tenemos un ejemplo reciente: la necesidad de un hotel como el Hilton era evidente, pero tuvo que enfrentarla la Corporación Venezolana de Fomento, sin que el sector privado hubiera manifestado interés en hacerlo.

Hoy la situación es diferente. Ya se puede poner a andar un proceso de privatización en numerosos campos. Hay capital privado y capacidad gerencial para asumirlos. Lo que debe precaverse es que el proceso no se contamine con vicios de favoritismo o corrupción y que los personeros del sector privado que asuman empresas que hoy son del Estado tengan calificación suficiente para que la transferencia se haga correctamente. Por otra parte, es indiscutible que el Estado debe abrir posibilidades amplias a la iniciativa privada y estimular el espíritu de empresa, porque las estadísticas demuestran que no es el gasto público el creador inmediato de reactivación económica, sino que ésta es fruto principalmente de la pujanza y dinamismo de los inversionistas dotados, a todos los niveles, de capacidad empresarial. Hay que establecer linderos precisos entre el área reservada al sector público y la que se deja al privado. Por ejemplo, en materia energética, creo que al sector público le corresponde la generación de electricidad y al sector privado la distribución a los consumidores.

Pero no me parece que haya que aceptar como un dogma la afirmación de que el sector público es un mal administrador per se y de que la gestión privada garantiza necesariamente éxito. No voy a mencionar numerosos casos en los cuales grandes sumas invertidas por particulares (provenientes a veces de créditos concedidos por el Estado o respaldados con avales del mismo) han fracasado estrepitosamente. Tampoco voy a enumerar ejemplos de administradores designados por el Ejecutivo que han cumplido con brillo la tarea gerencial. Mencionaré solamente dos casos que han ocasionado un derroche de críticas, dos entidades que fueron creadas durante mi administración y fueron entregadas al finalizar el quinquenio en condiciones plenamente satisfactorias: el Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) y la Corporación de Mercadeo Agrícola (Corpomercadeo). A esta última no le encontraron otro remedio por su deterioro que eliminarla, sin determinar quién debe cumplir las obligaciones que inicialmente se le señalaron.

Pienso que una experiencia promisoria ha sido la de la gestión mixta. En la Petroquímica del Tablazo la establecimos para las empresas derivadas y ha tenido éxito. En desarrollos de viviendas para clases medias, en el área de Coche y en otros lugares, se aplicó con magníficos resultados.

Reconocer la trascendencia de la gran jornada que han cumplido los gerentes o ejecutivos venezolanos es deber que cumplo gustosamente. Ese reconocimiento debe extenderse a la impactante muestra que se organizó simultáneamente con el Congreso y que encontré visitada por gran número de jóvenes a quienes evidentemente estaba dirigida de preferencia, para invitarlos a tener fe en su país y prepararse a asumir las grandes tareas que va a demandar el paso del subdesarrollo al desarrollo.

Quisiera, sin embargo, decir algo que considero de interés: el planteamiento referente a la gerencia en el sector público no debe circunscribirse a las empresas del Estado o con participación del Estado. A mi modo de ver, el mensaje más importante que puede darse al sector público desde el punto de vista gerencial es la urgencia de aplicar un concepto gerencial correcto y una praxis gerencial moderna a las actividades propias y específicas del ente oficial que administra el presupuesto y ejerce las atribuciones de la soberanía nacional.

«El punto de partida» de una Venezuela en situación de desaliento, el punto de partida para sacar a nuestra gente de la confusión en que se halla, reside en la mejor gerencia de los servicios públicos, en la productividad del gasto público desde el punto de vista social.

El Presidente de la República, como se afirmó en el Congreso, es un gerente: «el gobierno de una nación constituye la más alta y responsable forma de la gerencia» dijo en la clausura del evento Arturo Uslar Pietri. Hace unos meses tuve en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), un fascinante diálogo sobre la función gerencial del jefe de gobierno. Ese papel lo ejerce no sólo por tener bajo su dirección y control las actividades económicas del país, sino también las actividades no económicas, cuya influencia sobre lo económico y lo no económico es directa y definitiva. La administración de la salud, la administración de la educación, la administración de la seguridad de las personas y los bienes, la administración de aquellos servicios cuya índole es inherente a la función pública, adolece de una gran falla desde el punto de vista gerencial, en Venezuela y en otras naciones de América Latina.

El remedio tiene que partir de arriba, sin esperar los resultados futuros del prometido Instituto Nacional de Gerencia. El ejemplo gerencial de las empresas privadas de mayor rendimiento tiene que aprovecharse por el Ejecutivo Nacional en la técnica, en el procedimiento. Mientras se hace intensa propaganda sobre cuestiones netamente políticas, el país siente que la fuente principal de sus preocupaciones reside en la desesperante ineficacia de sus gerentes para ponerlo verdaderamente en marcha. Atender a esa falla es, realmente, y debe ser el punto de partida.