Huelga general en España
Columna de Rafael Caldera «Panorama», escrita para ALA y publicada en El Universal, del 21 de diciembre de 1988.
El éxito de la política económica del gobierno de Felipe González en España, ha sido uno de los temas más socorridos en los medios políticos y económicos de Venezuela en los últimos tiempos. Durante la campaña electoral reciente, al mismo tiempo que se destacaban los angustiosos fracasos del presidente Alan García en el Perú, se señalaban como compensación, o tal vez como contraposición, los indicadores económicos que revelan en España un notable crecimiento del producto, una impresionante alza del signo monetario y otros aspectos que constituyen invitación permanente a tomar como modelo el socialismo reformado, que para sorpresa de muchos, ha aplicado el actual jefe del gobierno español.
Pero he aquí que, en medio de esa incesante propaganda, llega de súbito la noticia de que va a producirse, después de más de medio siglo, una huelga general, auspiciada, no sólo por las «Comisiones Obreras» que constituyen el brazo sindical todavía fuerte del muy disminuido Partido Comunista, sino también de la Unión General de Trabajadores, que ha constituido tradicionalmente la más importante base de sustentación del Partido Socialista.
Un despacho cablegráfico de la Associated Press del 15 de diciembre, se iniciaba con el siguiente párrafo: «Los organizadores de una huelga general que virtualmente paralizó ayer a España, advirtieron al primer ministro socialista Felipe González, que debe procurar que los obreros y los pobres reciban mayor participación en la creciente prosperidad del país».
Habitualmente, estas huelgas generales cuando se declaran (tuve ocasión de presenciar el año pasado una en Argentina, otra en Bolivia y otra en Cerdeña) los promotores anuncian que constituyen un éxito; para corroborar esto, precisan un alto porcentaje de paralización de las labores; pero los gobiernos contra cuya política se produjo la respectiva cesación de actividades informan que resultó un fracaso, porque el porcentaje de trabajadores obedientes a la orden de no concurrir a su trabajo fue marcadamente minoritario. En el caso de España no ocurrió eso. Felipe González, que es un político indudablemente hábil y tiene una formación filosófica radicada en el socialismo y no en el liberalismo, obró de otra manera. El mismo despacho cablegráfico antes citado dice: «En una declaración formulada hoy, González reconoció el éxito político de la huelga y dijo que representaba un grave revés político para el gobierno». En consecuencia, abrió de inmediato operaciones para entablar un diálogo con los organismos representativos de los trabajadores, para el cual falta todavía superar la resistencia opuesta por éstos a que participe el representante del mayor organismo empresarial. El presidente del gobierno insiste, y creo que en esto le asiste la razón, en que esa participación es indispensable.
No me incumbe juzgar la dirección seguida por el gobierno peninsular ante la situación económica española. Hay que tomar en cuenta, entre muchas razones, las consecuencias del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, la que por cierto le corresponderá presidir a vuelta de muy breves días. Sí quiero llamar la atención sobre este acontecimiento de la huelga general –que considero muy digno de serio análisis por parte de los economistas y hombres de negocios venezolanos y por supuesto, de los dirigentes políticos– es sobre el hecho irrefutable de que lo económico y lo social no pueden divorciarse. Así como debemos reconocer que el progreso social sin un sano fundamento económico es irrealizable, hay que tener presente también que el fin primordial de la producción de riqueza es el bienestar de los asociados, por lo que nuestra Constitución en su Preámbulo ha hecho bien en proclamar como uno de los objetivos esenciales «fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre».
El profesor Erhard, a quien se atribuye la paternidad del «milagro económico alemán» y de la «economía social de mercado» decía que «un pueblo y su economía necesitan la seguridad material, pero la necesitan sólo como base para conseguir objetivos macroeconómicos, cuya fijación es función de la política estatal». Y en verdad, la República Federal Alemana, uno de los grandes ejemplos del éxito que el estímulo a la iniciativa privada puede producir, es uno de los países que mayor adelanto ha alcanzado en la legislación laboral y concretamente en la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
En la España actual, a pesar de que el índice de crecimiento económico es el mayor de la Europa occidental (5% anual), también la tasa de desempleo es la más alta: según las últimas informaciones, alcanza a un 18,7%. Felipe González ha tomado decisiones difíciles para eliminar empresas deficitarias y despedir personal obrero innecesario, pero la economía no ha llegado a absorberlo. Según los dirigentes de la UGT y de las comisiones obreras, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, los planteamientos de la huelga general comprendían: la revocación del plan de empleo para la juventud –considerado como una explotación–, un incremento en los salarios, para equiparar el poder adquisitivo perdido cuando el gobierno incumplió su objetivo de mantener la inflación al nivel del 3% anual; la ampliación de los beneficios para desempleados, del 30% al 48% de los 2,7 millones de desempleados; la igualdad de las jubilaciones con el salario mínimo y la incorporación de los empleados públicos a los beneficios de la contratación colectiva.
Todos los que amamos a España, deseamos un encauzamiento favorable del asunto. En todo caso, él debe servir para recordar a quienes lo olviden, que lo social no puede dejarse a un lado, por importantes que sean las preocupaciones económicas.