Proyecciones afirmativas de un debate
Charla de Rafael Caldera en el programa «Actualidad Política», trasmitida el jueves 2 de febrero de 1961, las 10 pm, por Radio Caracas Televisión y publicada el domingo 5 en el diario La Esfera.
La nueva Constitución ha comenzado ya a aplicarse en una serie de aspectos, algunos de los cuales, por su vivacidad, y otros por ser su tradición, le dan un sentido más dinámico y afirmativo.
Antes de clausurarse las sesiones extraordinarias se realizaron actos nuevos en la vida del Parlamento y de gran significación. Por ejemplo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, aprobaron, en una sola discusión, proyectos de leyes provenientes de la otra Cámara. En una previsión, enteramente nueva entre nosotros, la Constitución enaltece, para el caso en que las dos terceras partes de los miembros de una o de otra Cámara así lo decidan, que un proyecto aprobado en la otra pueda aprobarse en un solo debate calificándose la urgencia.
Transformación del Parlamento
Como el viernes se vencieron los veinticinco días de sesiones extraordinarias para los cuales fuimos convocados y que empezaron a contarse el 10 de enero próximo pasado, había mucho interés en que no quedaran pendientes para marzo proyectos de aplicación urgente: uno, por ejemplo, relacionado con un aval que el Gobierno va a dar al Instituto de Ferrocarriles para desarrollar ramales en proceso en las regiones de Naricual y de Aroa; otro, para suspender temporalmente la aplicación del seguro de responsabilidad exigido obligatoriamente a los automovilistas, por considerar que en estos momentos no hay madurez ni tiempo suficiente para poner a funcionar satisfactoriamente este sistema.
Ambos proyectos, uno en la Cámara de Diputados y otro en la del Senado, habían pasado las tres discusiones reglamentarias y se iniciaban en la otra. La unanimidad de Senadores y la de los Diputados, respectivamente, acordaron la urgencia de aquellos proyectos, y en un solo debate quedaron convertidos en leyes. Una novedad, desde el punto de vista legislativo: un paso que la nueva Constitución permite hacia la agilización del trabajo parlamentario.
Pero, especialmente, en el Senado tuvo lugar otro acto, consecuencia de la nueva Constitución, lleno de un profundo simbolismo, de un gran significado: fue la incorporación del ex Presidente Don Rómulo Gallegos como Senador, por disposición expresa del nuevo texto fundamental. Se prevé en la Carta, que los presidentes que hayan desempeñado más de la mitad de su período por elección popular, en lo sucesivo serán incorporados en la Cámara, pero se establece expresamente en una disposición transitoria, que el ciudadano que ejerció la Presidencia en el quinquenio 36-41 y el ciudadano electo para ejercerla en el quinquenio 48-53, tenían derecho automático a incorporarse al Senado, al ponerse en vigencia la nueva Carta Fundamental. El general López Contreras se excusó de incorporarse de inmediato por razones de salud, porque ha estado enfermo en estos días. Don Rómulo Gallegos fue recibido con un acto sencillo, pero sumamente significativo. Oradores de las distintas fracciones políticas, entre ellos el presidente de COPEI, senador Pedro del Corral, tuvieron palabras sentidas, cordiales y llenas de un gran contenido emocional y patriótico, al recibir en el Senado a aquella figura prominente de la vida nacional.
Con esto se busca elevar aún más el nivel de los cuerpos parlamentarios, llevar a su seno voces calificadas por la posición que han tenido dentro de la vida pública. De este modo, los ex presidentes, en lo sucesivo, inhabilitados como estarán por la Constitución para candidatearse de nuevo hasta que no transcurran diez años de haber dejado de serlo, no pasarán a la reserva en forma absoluta y total, sino que podrán llevar su experiencia y su opinión en momentos de importancia para la vida venezolana, desde su elevada curul asegurada por la Carta Fundamental.
El debate sobre las garantías
Pero, es también un efecto de la nueva Constitución el debate de anoche y esta madrugada respecto de la suspensión de garantías. De acuerdo con la Carta anterior, la suspensión de garantías entraba íntegramente dentro de las atribuciones del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución actual y siguiendo la pauta marcada por la Constitución de 1947, el Gobierno tiene que enviar el Decreto al Congreso dentro de los diez días después de dictado. El Congreso por tanto se aboca al conocimiento de la materia y tiene plenas facultades para en cualquier momento, no sólo en aquella oportunidad, sino cuando entienda que han cesado las causas que motivaron la suspensión de garantías, y que se prolongara injustificadamente el régimen de excepción, decretar por sí mismo, no una recomendación al Gobierno, sino un acto directo e inmediato por el cual las garantías se restablecen.
El debate revestía gran expectativa. Una concurrencia considerable se acercó hasta el Capitolio. Los que tenían pases concedidos y los invitados por los señores senadores y diputados excedieron en mucho de la cabida que el recinto permite, sobre todo por el temor expresado por los ingenieros que han estudiado el estado de los Hemiciclos, de que un peso demasiado grande pudiera provocar un incidente. Afortunadamente, se pudo solucionar este pequeño inconveniente colocando altavoces en el jardín del Capitolio, desde donde siguieron con interés y pasión los distintos argumentos expuestos en el Parlamento aquellos que no tuvieron en el primer momento cabida dentro de las barras y tribunas. Hay que admirar la constancia y firmeza con que algunas de las personas asistentes al debate estuvieron, desde antes de las diez de la mañana, hasta pasadas las dos de la madrugada del día siguiente.
Este debate ha batido un récord de duración, no solamente del debate en sí, sino de intervenciones parlamentarias: el senador Pompeyo Márquez se aseguró un récord (que esperamos no tenga el propósito de batirlo ningún otro congresista en jornadas sucesivas) hablando tres horas seguidas sin interrupción. Le quitó el triunfo en ese «Clásico» al diputado Domingo Alberto Rangel, quien habló durante dos horas y media. El debate, en total, tuvo una duración de catorce horas y media. Y habría durado quién sabe cuántas más, si el Congreso no hubiera decidido terminarlo por considerar la materia suficientemente discutida. Dentro de esas catorce horas y media, los oradores que defendieron la suspensión de garantías hablaron aproximadamente dos horas y media, quedándole un espacio de doce horas a los oradores de todos los grupos de oposición e independientes, para expresar sus argumentos y sus puntos de vista contra el Decreto del Ejecutivo.
Batalla ganada por la democracia
El debate –me atreví a asegurarlo– fue una batalla ganada para la democracia; para la democracia y para la propia constitucionalidad. El hecho de que la Constitución haya nacido bajo el signo de la controversia, le asegura su vitalidad. La mayor parte de nuestras constituciones han muerto metabólicamente. Se las ha elaborado, se las ha fabricado, se las ha bautizado, y presentando coronas de flores se las ha saludado con cánticos hermosos para ponerlas tranquilamente a un lado. La vida seguía su cauce y la gente se preocupaba muy poco por lo que se escribía en los textos constitucionales. Con ésta no ha ocurrido así. Nació, por obra de las circunstancias, en medio de una contradicción; pero esta contradicción sirve para insuflarle más vida y para permitir apreciar hasta dónde significa un cambio actual y potencial de la vida venezolana.
El debate –dirán algunos– era inútil. La posición de las fracciones estaba ya determinada. Se sabía cuál sería el resultado de la votación. Expresado el criterio, antes de emitirlo el Congreso, por boca de los diferentes representantes de los grupos políticos, cualquiera podía tomar un lápiz y saber más o menos cuántos serían los votos, aunque tal vez no habría anunciado que la diferencia fuera tan grande como en definitiva resultó. Pero, no se va al Parlamento a ganar una batalla previamente decidida: se va a contrastar tesis, a discutir argumentos, a plantear ante la opinión pública las cuestiones, a dilucidar los asuntos de donde salen consecuencias, muy provechosas y fecundas, que el observador superficial a primera vista no llega a alcanzar.
La sola circunstancia de que se haya cumplido el largo debate y de que haya tenido, como debía tener, una amplia resonancia en la prensa, significa una caracterización del régimen en momento tan delicado como éste. Porque la suspensión de garantías envuelve la investidura de poderes extraordinarios y la adopción de reglas de excepción ante las cuales el Ejecutivo aparece como salido de los canales ordinarios que le señala la vida constitucional.
Entonces, es fácil ver en estos hechos, la sombra amenazante de una situación dictatorial. Pero, la misma circunstancia de que el hecho del otorgamiento de poderes, no solamente se discuta en un Congreso libre, sino que, al mismo tiempo, se lleve a la opinión pública por los canales de la prensa, viene a orientar cabalmente esa opinión sobre la diferencia sustancial entre este régimen, así haya habido que apelar a facultades extraordinarias, y los otros regímenes que se sepultan en el silencio y estrangulan en la garganta la voz rebelde de la inconformidad.
Aquí se discuten los hechos, y en ese debate se discutieron de una manera intensa, y del desarrollo de las discusiones salieron claras consecuencias.
El respaldo al Gobierno
Por una parte salió la sensación inequívoca de un respaldo consciente firme de una sólida mayoría parlamentaria al gobierno actual. Esto fortalece la situación política del Gobierno ante la opinión pública. Los senadores y diputados que votamos anoche a favor de tan difícil y hasta tan desagradable medida no realizamos un acto vergonzante en que tuviéramos que atropellar nuestra conciencia arrastrados por alguna presión externa o encallejonados contra lo que nuestro corazón o nuestra conciencia nos dictara. Tomamos una medida que sabíamos grave. Comprendíamos que, dentro de la gravedad de la medida, el hecho en sí se presta para especulaciones políticas muy variadas. Estábamos sin embargo convencidos de la necesidad de garantizar este tránsito, que debe ser muy rápido hacia la plena normalidad. Y por eso dimos nuestro apoyo al Gobierno. De esta manera el Gobierno se encontró en una situación mucho más ventajosa que antes de la celebración del debate.
Aparte de esta circunstancia, quedaron claramente determinados algunos hechos. Uno de los más importantes es que la sólida mayoría que respaldó al Gobierno en el mantenimiento del decreto, no le ofreció ni le garantiza un apoyo incondicional. No hay incondicionalismo en la votación favorable al Gobierno; hay un apoyo condicionado. Se ha respaldado la medida por considerarla necesaria, pero se la ha respaldado en el entendido de que no se pretende respaldar excesos, de que en ninguna forma el gobierno aspira, ni el Congreso le daría, carta blanca para hacer lo que quisiera. Y mucho menos, se ha alentado la idea –que han tratado de sembrar algunos para desorientar la opinión pública– de que se pretende mantener indefinidamente un régimen que es de por sí desagradable e inconveniente. Se ha respaldado el decreto como el ciclo final de un paréntesis que tiene que cerrarse, como el momento final de un sistema de excepción que debe rápidamente ponerse en proceso de conducir a la normalidad.
Es conveniente señalar que estaría mal interpretado el Decreto de 23 de enero si se lo consideraba como una nueva medida que reinicia otro momento de suspensión de garantías constitucionales. El Gobierno acató el hecho de que la Constitución implicaba el restablecimiento de las garantías e inmediatamente dictó un decreto por el cual mantenía en vigor el decreto dictado en el propio teatro de los acontecimientos vividos en Caracas el 28 de noviembre. Mantener un decreto porque no han cesado todavía completamente las causas que lo motivaron no es lo mismo que dictar un decreto nuevo invocando nuevas circunstancias. Como dije antes, se trata de la fase final de un paréntesis que tiene que cerrarse, no de un nuevo paréntesis abierto para empezar una larga jornada, excepcional en el régimen de las garantías constitucionales.
También quedó muy claro en el debate la inconveniencia de la idea de algunos, de que habría sido preferible que el Gobierno se abstuviera de dictar el decreto, abriera una pausa y esperara (y a veces parece como si algunos sugirieran hasta fomentar) la realización de nuevos disturbios para dictar un nuevo decreto. Esta idea no se consideró conveniente para la vida del país. Hacerlo habría resultado menos provechoso al desarrollo de la vida política nacional. La pausa habría sido, quizás breve pero la iniciación de un nuevo acto de suspensión habría tenido consecuencias imprevisibles en el tiempo. Mientras que en este caso se ha buscado normalizar la situación desde el punto de vista jurídico. El debate del Congreso, encendido en muchas ocasiones, a veces cuajado de recriminaciones de algunos grupos contra otros, dejó el fundamental propósito que se puede extraer, de que se haga un esfuerzo común para que la lucha política se lleve definitivamente a cauces de normalidad. En esta posición, los grupos políticos que dimos nuestro respaldo al Decreto de Suspensión de Garantías, fuimos bastante claros.
Al votar, con profunda reflexión y con conocimientos del paso que estábamos dando, éramos consecuentes con nuestra convicción de que la situación del país no es todavía de plena normalidad. De que hay graves peligros, de diversa índole, que acechan y se conjugan en el momento actual. De que quizás, para asegurar la misma posibilidad de seguir discutiendo y de hasta seguir imprecando y planteando posiciones estridentes o agudas, era indispensable que el Gobierno se revistiera de una dureza que somos los primeros en lamentar, pero que no es resultado del capricho sino de las circunstancias históricas en que nos ha tocado vivir.
Contra excesos y atropellos
Así lo hemos entendido. Pero por eso mismo, queremos decir claramente esto: no estamos dispuestos a auspiciar injusticias ni arbitrariedades. Se ha denunciado por algunos parlamentarios el que se ha cometido malos tratos y hasta se señalan hechos de torturas físicas contra algunos detenidos. Estamos empeñados en que se averigüe hasta el fondo la veracidad de esas imputaciones y que, si son ciertas se castiguen inexorablemente. Hay vicios que tienen que desaparecer. Y si le damos apoyo al Gobierno, entendemos que el Gobierno más que nadie perjudicaría un estado de cosas que no podría conducir a nada bueno. Hemos defendido la dignidad e integridad de la persona humana, y estamos en el firme propósito de que no sean acciones aparentes sino averiguaciones de fondo las que conduzcan a la erradicación de cualquiera de esos hechos, si es que en realidad se han cometido.
En cuanto a los detenidos queremos decir lo siguiente: nuestra idea al respaldar la suspensión de garantías no es la de que se llenen los retenes policiales o los recintos de los distintos organismos represivos de ciudadanos a los que se priva de su libertad. Comprendemos que dentro de la suspensión, el gobierno, en algunas circunstancias, tenga que realizar detenciones algunas veces hasta de carácter preventivo, por el temor fundado de que puedan cometerse mayores males. Pero, nuestro deseo, nuestra línea de acción (y en eso creemos reflejar el sentir unánime de la mayoría que ayer votó en favor del Decreto de Suspensión de Garantías) es que los detenidos pasen sin demora al juicio de los tribunales o se pongan en libertad. No estamos dispuestos a ver con simpatía ninguna medida indefinida de reclusión para ninguna especie de persona, de cualquier ubicación o ideología, para hombres de extrema izquierda o de extrema derecha. A los que hayan amenazado o amenacen con actividades ilícitas la estabilidad del régimen constitucional, justificamos se aplique la acción inmediata de aprehenderlos, pero consideramos necesario que esa aprehensión no se convierta en una situación indefinida.
Queremos, concretamente (y así lo pedimos a las autoridades), que inmediatamente se revise la lista de los ciudadanos todavía detenidos: que se pongan a la orden de los tribunales aquellos contra quienes haya cargos suficientes para considerar que proceden acciones contra ellos, y que se pongan en libertad aquellos que no vayan a ser sometidos a juicio.
Al fijar esta posición, no nos dejaremos turbar ni por las amenazas ni por la calumnia, ni por la vociferación que se emplea contra nosotros en órganos clandestinos cuya paternidad a veces se reconoce y a veces queda en el vacío. No nos van a provocar posiciones de encarnizamiento los ataques injustos que en muchas ocasiones se nos hacen, así como tampoco se nos ha amedrentado con los distintos mecanismos que se suelen usar para turbar el juicio de los hombres. Estamos en una posición clara. El Gobierno necesita de nuestro respaldo y se lo damos. Ahora, ese respaldo se lo damos como seres conscientes y libres para que ejerza las medidas necesarias, en cuanto sean necesarias. Y pedimos, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores (esto quedó muy claro en el debate sobre las garantías) una liberalización inmediata del sistema, para que sin transiciones bruscas, podamos asegurar en un término más o menos breve el restablecimiento total de la normalidad constitucional.
Llamados y advertencias
Se formularon en el debate muchos llamados, cuajados de interés. Los senadores independientes Miguel Otero Silva y Arturo Uslar Pietri (quienes haciendo honor al compromiso con el color político por el cual fueron postulados y llevados al Parlamento, expresaron sus reservas frente al Decreto de mantenimiento o de suspensión o restricción de garantías) hicieron admoniciones cuajadas de graves reflexiones. Hicieron una serie de advertencias y llamados. Uslar Pietri habló acerca de la tragedia de Venezuela de volver siempre al mismo punto de partida a plantearnos la angustiosa interrogación de hace ciento cincuenta años, de si somos capaces de vivir en democracia, sin tener que acudir a medidas de emergencia, o si debemos fluctuar siempre en la asonada y el decreto de restricción o suspensión de garantías. Otero Silva, que hizo llamamientos y críticas al Gobierno, hizo llamamientos y críticas a la oposición, y señaló el concreto interrogante de si no había daltonismo, al considerar un peligro el adversario planteado frente a frente dentro del mismo campo democrático y olvidar el peligro tradicional, que siempre acecha: el de una recaída en sistemas de los cuales debemos definitivamente salir.
Yo pienso que lo más positivo del debate de anoche fue el restablecimiento del diálogo, del diálogo a veces encendido pero de profunda penetración política. Y el hecho de que la oposición se colocara de nuevo, no de manera enteramente definitiva pero por lo menos francamente orientada hacia el terreno de la oposición constitucional, reconociendo que la violencia no es el camino para dirimir las contiendas ni el método recomendado para acelerar el proceso democrático y revolucionario de Venezuela, es un hecho que debe destacarse como alentador y positivo.
Por tanto, a quienes se asusten por el largo debate, debemos presentarles el lado hermoso y conveniente de éste: se ha vuelto a la discusión política, y a ella se ha vuelto con un gran caudal de experiencia, que nos puede hacer reconquistar definitivamente el camino que algunos parecían empeñados en perder.
Buenas noches.