En Venezuela se ha logrado la paz

Alocución de año nuevo, desde el Palacio de Miraflores, el 1 de enero de 1974.

Venezolanos:

Durante cinco años consecutivos ha sido el optimismo la nota dominante de mi saludo de año nuevo. Ese optimismo debo renovarlo hoy, cuando después de haber superado momentos delicados el país entra en una etapa de auge económico sin precedentes. Ahora se puede ver palpablemente que mi insistencia resultó justificada. No creo sea exigir demasiado, aspirar a que todos mis compatriotas, aun aquellos que juzgaron infundada mi confianza y llegaron a considerarla «panglossiana», admitan, por lo menos en su fuero interno, que los hechos me han dado la razón.

El Banco Central de Venezuela y Cordiplan, en completo acuerdo sobre la apreciación cuantitativa de los hechos del año económico coinciden en afirmar que en 1973 se ha realizado el crecimiento más acelerado de la economía venezolana en los últimos años. Los precios del petróleo se han fijado, por acto de soberanía, en el equivalente de más de 14 dólares por barril. Este precio no alcanzaba a dos dólares en el momento en que entré en ejercicio del Gobierno. La participación fiscal alcanzará un promedio de ocho dólares con veinticinco centavos por barril, contra menos de un dólar al iniciarse el año 1969.

El Fisco Nacional, por primera vez en mucho tiempo, cierra con superávit en el ejercicio del quinquenio: más de 1.800 millones de bolívares en caja le permitirán cubrir todos sus compromisos y los del semestre complementario. El total de ingresos públicos recaudados durante el ejercicio de 1973 se estima alcanzará a cerca de diez y seis mil quinientos millones de bolívares, o sea, alrededor de dos mil seiscientos millones más de los previstos en la correspondiente Ley de Presupuesto, a pesar de que se impuso en el Congreso la tesis de que la estimación inicial del Ejecutivo era exagerada.

Los ingresos adicionales estimados para 1974, después de cubrir la suma de quince mil millones, a que en cifras redondas monta el presupuesto sancionado, han sido conservadoramente estimados en más de veintisiete mil millones de bolívares. Esto abre, sin duda, una oportunidad singular.

Y si nunca he osado negar que hay todavía graves problemas por resolver, graves necesidades por atender y serios obstáculos por vencer en la marcha hacia el desarrollo, es evidente que se presenta en el nuevo quinquenio una ocasión propicia para que los cuantiosos recursos que la Providencia ha puesto en nuestras manos, y una actitud inteligente y decidida nos ha permitido lograr, se empleen eficazmente en transformar la realidad nacional, en hacer que el cambio operado durante estos cinco años se profundice y el subdesarrollo quede definitivamente liquidado.

El saldo de la deuda pública contratada y emitida por iniciativa del Gobierno y autorización del Congreso, comprendiendo algunos rubros contraídos en fecha anterior al comienzo del actual período, se sitúa para el 31 de diciembre de 1973 en unos siete mil cien millones de bolívares.

De esta deuda sólo el 55% ha sido contraída en el exterior y el 45% es deuda interna, constituida, en parte, por bonos emitidos para expropiaciones requeridas por la ejecución de obras públicas, y en parte por la utilización del ahorro nacional.

La mayor cuantía de la deuda externa se contrajo para atender programas de desarrollo fundamentales, como la construcción de las plantas petroquímicas de El Tablazo y Morón, la planta de productos planos de la Siderúrgica del Orinoco, la ampliación de la capacidad de generación de electricidad de la de Guri, la construcción del complejo hidroeléctrico José Antonio Páez, la ampliación y modernización del sistema nacional de telecomunicaciones, el Programa Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA), la construcción de autopistas, aeropuertos y acueductos, la conclusión de edificaciones, dotaciones y equipos para universidades nacionales.

Esa deuda no es inmediatamente exigible, y en algunos casos su vencimiento sólo ocurrirá en fecha tan lejana como 1992.

Pues bien, para quienes consideraron peligroso el supuesto endeudamiento en que incurriríamos  y llegaron a decir que poníamos en peligro la economía nacional, quiero destacar que con sólo una fracción de los ingresos adicionales que obtendrá la República en este mismo año 1974 podrían cancelarse totalmente esas obligaciones externas e internas, sin sacrificar un solo bolívar del presupuesto de gastos (que algunos consideraban demasiado alto) y conservando el Estado recursos superiores para atender a programas de exploración y aprovechamiento de nuestras reservas de petróleo y gas, de industrialización de nuestro hierro y demás riquezas mineras, electrificación integral del país, impulso aún por encima de la meta de cien mil viviendas anuales adonde lo ha llevado este Gobierno, del plan nacional de construcción de habitaciones para las clases populares y, sobre todo, para incrementar los programas de educación y salud destinados a valorizar hasta su máxima capacidad los recursos humanos y a impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico de Venezuela, para dar firme apoyo a nuestra posición independiente.

Es cierto que durante estos cinco años hemos dado un trascendental impulso a la educación, a la que hemos asignado la primera prioridad. El presupuesto educacional, que estaba en 1969 en el orden de mil doscientos millones de bolívares, se encuentra en el orden de dos mil setecientos millones en el presupuesto aprobado para 1974. Una modesta parte de esa suma se ha destinado a subsidiar la educación privada, abriéndose una vía que a mi entender debe ser transitada por el sector público con mayor decisión.

Pero hay muchos nuevos proyectos en marcha, que corresponden a la transformación del país y al proceso de regionalización. Se han adelantado estudios de factibilidad de nuevos institutos de educación superior, algunos de los cuales están ya cerca de ponerse a funcionar, tales como el Instituto Universitario Politécnico de Caracas, el Instituto Universitario Politécnico de Valencia, el Instituto Universitario Tecnológico de Ocumare del Tuy, el Colegio Universitario para el área Guarenas-Guatire, el Instituto Universitario Tecnológico de las Fuerzas Armadas, el Instituto Universitario de La Victoria, la Universidad Experimental de Maracaibo, el instituto Universitario de Tecnología de El Tablazo, el Instituto Universitario de Tecnología de Machiques, un Colegio Universitario en Maracaibo, el Instituto Universitario Tecnológico para Yaracuy y Portuguesa, la Universidad del Táchira a que se refiere el Decreto No. 1.372 del 15 de agosto, la Universidad Rural de Barinas, y la Universidad del Sur, aspiración vehemente de los guayaneses.

Y den materia de salud, si bien logramos poner en marcha en 1973 siete nuevos centros asistenciales con una capacidad de mil seiscientas cincuenta camas más y una unidad geriátrica para asistencia intra-mural de quinientos ancianos, urge alcanzar metas que los estudios indican para que su alcance satisfaga las necesidades de una población creciente.

Algunos otros breves datos bastarían para corroborar la apreciación del ritmo dinámico que tiene la economía venezolana. Las reservas internacionales exceden de 2.200 millones de dólares. El producto territorial bruto, aun medido al llamado precio constante, es decir, el que prevaleciera para 1968 (criterio que se debe revisar, ya que en materia petrolera el objetivo del país no es producir un volumen mayor sino obtener más por el volumen extraído), llega a cerca del 9%, uno de los más altos, aun comparado con el de aquellos años en que por emergencias externas se incrementó con intensidad no meditada el volumen de la explotación petrolera. A precios corrientes, el crecimiento del producto llega al 20%, una de las tasas mayores en toda nuestra historia.

Dejando a un lado las cifras sobre petróleo y minería, se observa que la industria manufacturera, nuevamente a precios de 1968, ha crecido en el año en un 9%, el sector electricidad en un 8%, el sector construcción en un 26% (dato especialmente significativo por su influencia en el volumen de mano de obra colocada). El sector comercio y servicios aumentó aproximadamente a un 6%, destacándose en él el aumento de transporte y comunicaciones en cerca de un 11% y el de servicios comunales, sociales y personales que llegó a más del 13%. El propio sector agrícola, a pesar de dificultades variadas, especialmente de orden climático, se incrementó en un 4%, índice superior al de crecimiento poblacional del país; y dentro de él, algunos productos alcanzaron magnitudes considerables: la producción de arroz se estima en doscientos ochenta mil toneladas, lo que constituye cifra récord; la producción de algodón continuó su ritmo ascendente y a de ajonjolí fue muy superior a la del año anterior.

Vale la pena señalar que dentro de aquel ritmo de crecimiento económico, el sector público contribuyó, entre otras muchas realizaciones, con la puesta en servicio de las líneas de estañado y cromado y de fabricación de chapas gruesas en la Planta de Productos Planos de SIDOR, de ampliación de la producción de aluminio a 45.000 toneladas (cifra que será rápidamente duplicada, de acuerdo con los planes en marcha), el comienzo de la producción y exportación de amoníaco y urea en la planta de El Tablazo y el aumento sustancial de producción y la interconexión de energía eléctrica en Guayana y Los Andes, vale decir, en los polos meridionales del Oriente y Occidente de Venezuela.

El signo monetario venezolano, como consecuencia de este auge económico, se encuentra en tal grado de fortaleza que los estudios técnicos colocan su valor real a una altura muy superior a los tipos actuales de cambio. Estoy convencido de que la revaluación del signo monetario, que en forma muy modesta se ha realizado dos veces durante este período de Gobierno, debería ir mucho más allá, porque de otra manera estamos beneficiando indebidamente a productores foráneos a expensas de nuestro potencial financiero. Creo que uno de los factores que puede contribuir a contener las presiones inflacionarias de afuera es la revaluación, medida que no puede afectar nuestras posibilidades de exportación, en cuanto los precios de los mercados exteriores han subido en un orden mucho más elevado, y en cuanto para la exportación tenemos otros estímulos , como los de la Ley de Incentivos para la Exportación y la Ley del Fondo de Financiamiento para la Exportación, que fueron finalmente aprobados por el Congreso y que deben entrar a rendir sus frutos en la etapa económica que ahora se inicia.

No es que pretenda atribuir al robustecimiento del valor intrínseco de nuestro signo monetario características de panacea, ni que lo vea como único recurso para contener el avance amenazador de los precios, pero sí lo considero un elemento importante dentro del complejo de soluciones que será preciso abordar. De todos modos, no pienso dar el paso que autoridades monetarias recomiendan como de adopción inmediata, sin la opinión favorable del Presidente Electo, y así se lo he hecho saber. Estoy sinceramente convencido de que lo que en este camino se hiciera contribuiría a ayudar al próximo Gobierno en la lucha que tendrá que librar si quiere sostener los precios en el nivel que hemos venido manteniendo, a través de dramática lucha.

Debo advertir que mi gobierno está adoptando todas las disposiciones necesarias para que no falten los insumos importados y haya abastecimiento suficiente de los artículos de primera necesidad, a fin de dar tiempo al próximo gobierno para desarrollar su propia estrategia y tomar las decisiones que estime procedentes. Para tal fin, hemos solicitado créditos adicionales destinados a la Corporación de Mercadeo, y hemos puesto a valer, en servicio del país, todos los recursos de la política internacional y hemisférica que en el curso de estos cinco años hemos desarrollado.

Venezuela, que al iniciarse el año de 1974 tiene una población que alcanza ya los doce millones de habitantes, fortalece cada vez más la conciencia de su soberanía a través del nacionalismo democrático. Sinceramente creo que éste es un hecho irreversible y que la acción colectiva continuará quemando etapas hacia la plena independencia nacional.

En materia de petróleo estoy convencido de que el adelanto de la reversión es por todos respectos aconsejable y hasta necesario. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a través de sus investigaciones y estudios sobre el porvenir de la industria petrolera en Venezuela, ha visto cada vez más clara la meta, a vuelta de muy poco tiempo, de que esta actividad fundamental de nuestra economía pase a manos del sector público nacional.

Siempre hemos aspirado el objetivo de colocar a Venezuela entre los países que manejan directamente su petróleo: esta fue una consigna inscrita en los primeros programas que presentamos para señalar los rumbos por los cuales orientaríamos una acción política comprometida al servicio de la patria.

Considero que el adelanto de la reversión ha de tener como centro de gravedad a la Corporación Venezolana del Petróleo y por ello me he esforzado durante estos cinco años de gobierno en fortalecerla, abrirle rumbos, ofrecerle nuevas experiencias y darle total respaldo para que dejara de ser una raquítica organización y se erigiera en empresa verdaderamente poderosa e idónea. Los estudios que se adelantan indican que este paso nacionalista que Venezuela anhela habrá menester de medidas legislativas que aseguren su factibilidad. Sobre el próximo Congreso va a recaer la responsabilidad de adoptarlas.

Confío en que lo hará con la misma decidida actitud con que aprobó durante mi Gobierno la Ley que reserva al Estado la Industria del Gas Natural, la Ley de Reversión y las reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta en lo concerniente a ingresos provenientes de los hidrocarburos.

En este instante en que el petróleo –a base de una actitud decidida cuyo punto de partida no es aventurado fijar en la Conferencia celebrada por la OPEP en Caracas, en diciembre de 1970– se convierte en arma poderosa en manos de los países débiles y en instrumento capaz de lograr la revisión de las tendencias que venían dominando los términos de intercambio económico y mundial  y la abolición de las desigualdades acentuadas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, Venezuela ha hecho honor a su actitud de proveedor confiable, y no ha realizado maniobras que podían haberla tentado en la crisis energética actual para disminuir el suministro a nuestros tradicionales compradores.

Está cobrando actualidad mundial la idea que hace algunos años lancé, de que debían sentarse ante una mesa los países exportadores y los países importadores de petróleo, para tratar en forma franca todos los aspectos que su relación implica.

Fueron sordos entonces los grandes países importadores, ahora interesados en dialogar con los países productores. Abrigo la esperanza de que este diálogo no está lejano y que de él saldrá el reconocimiento de nuestro derecho, no sólo a que se nos pague un precio justo por lo que antes se nos retribuía con abalorios, sino también a que se nos dé acceso a los mercados y al dominio de la tecnología y a que se den cuenta de que el porvenir del mundo no está en ahondar, sino en allanar las distancias que nos separan de los países industrializados.

Esta tesis del uso del petróleo como instrumento para penetrar los mercados de los países industrializados y dejar la transferencia de tecnología, fue adoptada por los países de la OPEP a proposición de Venezuela el pasado mes de marzo y se avanzan los estudios por el comité ministerial creado por la organización y presidido por nuestro país.

Es oportuno declarar, al hablar de la actualidad petrolera, que la tesis de la justicia social internacional, que hemos sostenido frente a los poderosos, hemos estado dispuestos a interpretarla y aplicarla frente a aquellos países menores que nosotros, que dentro de nuestro hemisferio pueden resultar perjudicados con la nueva correlación de precios y que dependan de nosotros en cuanto al suministro del combustible. No en el sentido de ofrecer nuestro artículo por un precio menor, porque ello tendría infinidad de peligrosas consecuencias y constituiría un retroceso en el reconocimiento del justo precio de las materias primas; pero sí en el de ofrecer compensaciones adecuadamente estudiadas y darles la seguridad de que no les faltará el suministro energético indispensable para impulsar su desarrollo. De igual manera sostenemos que los países industrializados deben garantizar a los que están en vías de desarrollo el suministro, a precios internacionales, de los equipos e insumos requeridos para su normal desenvolvimiento.

Por otra parte, es conveniente recalcar que cuando pensamos en que Venezuela maneje directamente su petróleo, no hemos abrigado ninguna duda en que tenemos ya los equipos humanos suficientemente capaces para cumplir con esta responsabilidad. A los venezolanos que prestan servicios en compañías extranjeras les he ofrecido la seguridad de que sus labores serán más estimadas aun y sus derechos, especialmente en el orden laboral, estarán plenamente garantizados, cuando la Nación tenga en sus manos la gestión directa de sus recursos naturales. La transferencia de este personal debe realizarse, no sólo sin perjuicio para aquéllos, sino con ventajas efectivas. Esto lo prometí, a sabiendas de que mi Gobierno iba a terminar e independientemente de la hipótesis de cuál sería el resultado de las elecciones, porque lo considero un compromiso sagrado para Venezuela, que deberá cumplirse por encima de cualquier circunstancia.

La afirmación nacionalista sobre el terreno económico tiene otras perspectivas inmediatas. El desarrollo de nuestra industria petroquímica, conforme al Plan Petroquímico Nacional y a través de los centros de El Tablazo, Morón, Puerto La Cruz y Paraguaná; el incremento de la flota petrolera nacional, iniciada con la adquisición de los barcos Independencia I e Independencia II y comprometida a expandirse al aprovechar las normas de la Ley de Protección de la Marina Mercante Nacional y a iniciar simultáneamente una gran industria naviera a través de la construcción que se proyecta del primer tanquero petrolero hecho en Venezuela por el Instituto Autónomo de Diques y Astilleros Nacionales; el incremento de la industria de transformación de mineral de hierro, para que en este sector no nos quedemos en la condición de exportadores de mineral en bruto; todo ello representa un conjunto de aspectos parciales del movimiento nacionalista que en mi convicción tendrá que robustecerse e impulsarse.

Dentro de este orden de cosas hemos creído que algunas industrias fundamentales, todavía en manos extranjeras, tiempo es de que pasen a manos venezolanas. Tal es el caso de la industria láctea, cuya importancia económica y social se puso más de relieve a partir de los planteamientos que los productores de leche formularon hace algunos meses y que, después de haber adoptado el Gobierno las medidas de protección que se estimaron procedentes sin perjudicar al pueblo consumidor, nos obligaron a tomar una actitud resuelta y categórica en defensa de la comunidad.

A través del Ministerio de Fomento y de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, el Gobierno ha estado negociando la sustitución de la industria extranjera por una industria con decisiva participación venezolana, que incluye a los actuales proveedores de leche, comprendiendo alrededor de dos mil pequeños y medianos productores, y al sector público, factor indispensable para equilibrar y moderar los planeamientos y aspiraciones que un solo grupo podría tratar de imponer por sobre los intereses generales de la población. Espero que estas conversaciones lleguen muy pronto a una solución satisfactoria; de no ser así solicitaré de la Comisión Delegada del Congreso una declaración que permita la aplicación de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública y social.

Así mismo, dentro de las empresas productoras y distribuidoras de energía eléctrica, hemos considerado un paso inmediato que debemos dar, el de adquirir para el Estado las dos principales empresas extranjeras que operan actualmente en este ramo, a saber, las de Maracaibo y Barquisimeto. La empresa del Estado, CADAFE, ha venido celebrando hace tiempo conversaciones cordiales al respecto y espero que ellas culminarán favorablemente en fecha inmediata; de no ser así procederemos igualmente a solicitar la declaración de utilidad pública prevista por la Ley respectiva para que opere el mecanismo de expropiación.

Otra actividad de gran importancia no solamente económica sino cultural y social, es la de la televisión. Se van a adoptar medidas que obliguen a las corporaciones extranjeras con participación en los canales de televisión comercial, a vender esa participación a ciudadanos venezolanos, para que éstos tengan la responsabilidad plena de medios de comunicación tan influyentes en la vida del país, que operan dentro de la absoluta y plena libertad que el Gobierno que presido ha mantenido como uno de sus mayores orgullos.

Estoy seguro de que los inversionistas foráneos, de mentalidad cónsona con los tiempos actuales, que aspiren a ganancias justas y no pretendan ejercer dominación en la vida venezolana, no tomarán a mal estas manifestaciones de sano nacionalismo. Hay campo ancho para toda inversión que venga a contribuir a nuestro desarrollo; pero también conciencia firme de lo que nuestra soberanía reclama y de las condiciones que deben satisfacerse dentro del campo económico, para que aquélla no constituya una mera afirmación retórica sino reconfortante realidad.

Venezolanos:

En esta oportunidad del nuevo año me llena de emoción anunciar una importante medida, adoptada ayer por el Consejo de Ministros: la sanción del nuevo reglamento de la Ley del Trabajo. Desde 1938 estaba vigente un viejo instrumento que no se adapta ya a la realidad. Durante estos treinta y cinco años han cambiado sustancialmente las condiciones sociales y económicas. La propia Ley del Trabajo, que el reglamento está llamado a interpretar y completar, ha sufrido algunas reformas y se han dictado otras normas legales sin que hasta ahora se tocara el ordenamiento reglamentario. Desde que llegué al Gobierno, obligado doblemente a considerar esta materia por tratarse de objeto preferente de mi actividad universitaria, me propuse la elaboración de un nuevo reglamento, que interpretando el espíritu, propósito y razón de la ley, amoldara en lo posible sus previsiones a las nuevas ideas, a las nuevas circunstancias, a las conquistas sociales obtenidas y al nuevo espíritu que la transformación del país ha traído al Derecho Laboral.

Para ir preparando el proyecto hice designar una pequeña Comisión del seno del Gobierno, compuesta por los doctores Alberto Martini Urdaneta, actual Ministro del Trabajo; Reinaldo Rodríguez Navarro, actual subsecretario General de la Presidencia de la República; Juan Nepomuceno Garrido, actual Director General del Ministerio del Trabajo; y Porfirio García Barrios, asesor del Ministerio y jurista de dilatada trayectoria en el ramo. Yo mismo he compartido sus deliberaciones cada vez que me ha sido posible.

La circunstancia de anunciarse a través de voceros del Congreso el propósito de reformar la Ley, me hizo esperar el vencimiento del término de las sesiones parlamentarias, antes de poner en vigencia un nuevo reglamento. En el año final no quise dar el paso antes de la consulta electoral para que nadie pudiera atribuir a este acto, que considero de gran trascendencia, una finalidad circunstancial. Concluidas las sesiones legislativas del quinquenio y pasado el proceso electoral, he estimado no sólo oportuno sino inaplazable este acto de justicia para con los trabajadores de Venezuela. En Consejo de Ministros celebrado el 31 de diciembre quedó sancionado el nuevo reglamento, cuyo texto va en número extraordinario de la Gaceta Oficial. Su fecha de entrada en vigencia ha sido preparada para el próximo primero de febrero.

En él se precisan las nociones fundamentales de la relación laboral, los conceptos y responsabilidades de intermediarios y contratistas; se perfecciona la terminología; se da al porcentaje de trabajadores exigido en todas las empresas un sentido cabal, al exigir que el salario total de todos los trabajadores venezolanos no sea menor del 75% del total de las remuneraciones pagadas por aquéllas; se interpreta en forma más favorable el derecho de la mujer embarazada a no ser despedida y se le permite incorporar a su descanso post-natal el tiempo que por alguna circunstancia no haya disfrutado del descanso pre-natal; se fijan pautas para la contratación colectiva, de modo de hacer más difícil la celebración de los llamados «contratos notariados» (que se infiltran a través de disposiciones legales, explicables en 1936 pero no ahora) se reduce a la mayoría absoluta el número requerido para que los trabajadores puedan exigir la celebración de un contrato colectivo, actualmente fijado en un 75%; se interpreta en forma realmente protectora la idea de que los contratos de trabajo por tiempo determinado o para una obra determinada constituyen excepción, revestida de ciertas condiciones; se reglamenta en forma más clara y conveniente el procedimiento del fuero sindical y la tramitación de los conflictos colectivos, en los cuales se da campo formal a la saludable costumbre de abrir una etapa conciliatoria; se hacen más claras y precisas las normas sobre participación en las utilidades, a base de la jurisprudencia y la doctrina existente y, especialmente, de la que ha venido dictándose en los últimos años; se establecen normas más claras, dentro de la protección de la Ley, en relación al salario; se establece la obligación de dar aval para la cuota inicial de la vivienda al trabajador, dentro de ciertas condiciones; y se aclaran las situaciones jurídicas concernientes a regímenes especiales del trabajo, como el de los trabajadores domésticos, el de los conserjes, el de los deportistas profesionales, el de los trabajadores a domicilio, y otros que han sido objeto de inveteradas injusticias.

Muy concretamente, se incorpora a los trabajadores rurales al cuerpo de la legislación laboral, derogándose el Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría de 1945 que, si tuvo una explicación socio-económica y una base jurídica para aquella fecha, ya hoy no las conserva, puesto que dimanaba de un precepto especial de la Constitución Nacional desaparecido hace tiempo y no corresponde a la nueva mentalidad del país. Es preciso recordar que la reforma agraria se orienta a hacer del campesino el propietario de la tierra, y que por otra parte no se puede negar, a quienes trabajan permanentemente en situación de dependencia en fundos agropecuarios, la protección mínima que da a los demás trabajadores la Ley del Trabajo. Esa protección, superada hace tiempo para los trabajadores industriales y para los demás trabajadores urbanos por contratos colectivos cada vez más avanzados, ya no es concebible que no se garantice en los niveles mínimos establecidos por la ley para los campesinos sin tierra propia que trabajan por cuenta ajena.

Debo decir que sobre mi conciencia de jurista, a la vez que sobre mi intimidad de ser humano, lo mismo que sobre mi responsabilidad de gobernante, gravitaba como una preocupación permanente la supervivencia del viejo Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría, que debió hace tiempo desaparecer. Había que cortar ese nudo gordiano, y abrigo la esperanza de que los venezolanos en general, y especialmente los trabajadores y los hombres de recta conciencia, recibirán esta noticia de abolición del marginamiento de los trabajadores rurales con una alegría semejante a la que expresaron cuando otro nudo gordiano se cortó al denunciar unilateralmente el Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos.

Venezolanos:

De todos los dones inmensos que a Dios hemos de agradecer, no hay ninguno mayor que la paz. En Venezuela se ha logrado la paz. Su vigencia se ha mostrado de cuerpo entero en el reciente proceso electoral. El pueblo venezolano dio un gran ejemplo de civismo y lo pudo hacer porque prevalecía la más absoluta normalidad. Todos los candidatos que aspiraron a la primera magistratura pudieron recorrer de punta a punta y sin inconvenientes el territorio nacional, haciendo uso de los más variados sistemas de locomoción. Algunos observadores llegaron a decir que el proceso electoral en sus momentos culminantes parecía más una fiesta colectiva que una ardorosa controversia. Es propicio este momento para reiterar votos para que la paz se mantenga, se consolide y se afiance. Podemos decir con Su Santidad Pablo VI, quien se ha empeñado en hacer del día primero de cada año una jornada mundial por la paz: «La paz es necesaria. La paz es un deber. La paz es ventajosa. No se trata  de una idea fija e ilógica nuestra, no es una obsesión, una ilusión. Es una certeza; sí, una esperanza; tiene en su favor el porvenir de la civilización, el destino del mundo; sí, la paz».

Debemos pues manifestar nuestro más hondo deseo de que la paz sea la primera preocupación de la Nación entera: de gobernantes y gobernados, de todos los sectores. Debemos recordar que la paz será más fuerte con el desarrollo: el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, de todo el pueblo y de todos los pueblos.

Hemos de mantener presente que la paz es el mejor fruto de la libertad. Recordemos nuevamente palabras del Papa: «La represión no es la paz. La indolencia no es la paz. El mero arreglo interno impuesto por el miedo no es la paz. La reciente celebración del XXV aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre nos recuerda que la paz verdadera debe fundarse sobre el sentido de la intangible dignidad de la persona humana, de donde brotan inviolables derechos y correlativos deberes».

Esta motivación, que nos sentimos autorizados a proclamar porque ha inspirado durante cinco años nuestra conducta en el Gobierno, es la misma que inspira a Venezuela como pueblo frente a los otros pueblos del mundo, y en especial frente a los pueblos hermanos del Continente, cada vez más unidos, dentro del pluralismo de ideologías o de sistemas que los rigen, por un solidario sentimiento de vigoroso nacionalismo latinoamericano.

El año de 1973 nos ofreció inolvidable oportunidad para ratificar estos sentimientos y deseos de una serie de hechos trascendentes: en la visita en que con la honrosa representación de Venezuela hice a las naciones del Sur, en el encuentro con ilustres Jefes de Estado que nos concedieron el privilegio de visitarnos y, sobre todo, en nuestra incorporación a la comunidad del área subregional andina, hemos tenido ocasión de reiterar lo que Venezuela siente en cálida hermandad hacia las naciones de los Andes y de todo el Continente Latinoamericano, y su voluntad de servir a la comprensión y a la amistad universal y al entendimiento entre todos los pueblos. Entendimiento basado en la justicia –que para nosotros busca su expresión plena en la justicia social internacional– y guiado por valores que nacen de la identidad substancial de los hombres y que persiguen como objetivo el bien común universal.

Saludo a los doce millones de habitantes de Venezuela, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, ancianos y niños, trabajadores y empresarios, gente de la ciudad y del campo. Saludo a todos los que han venido de otras tierras a cooperar con nosotros en la grandeza del país, sin discriminaciones ni egoísmos. Saludo, de manera especialmente cordial, a la Iglesia Católica, depositaria de las inquietudes espirituales de la mayoría, y a las demás Iglesias y cultos que en el país actúan, no sólo en libertad sino en goce de pleno respeto, consideración y simpatía. Saludo a las Fuerzas Armadas, que han robustecido su prestigio a lo largo de estos cinco años y lo han rubricado con su actuación impecable a través de la «Operación República», durante el proceso electoral. Saludo a los integrantes de las diversas ramas del Poder Público tanto en escala nacional como a nivel de las entidades federales y de los órganos municipales.

Y saludo también, desde ahora, con acatamiento cívico y con espíritu ampliamente venezolano, al nuevo Gobierno que por la voluntad del pueblo se instalará dentro de dos meses: con el deseo sincero, inspirado en el bien del país, de que tenga éxito en el cumplimiento de sus funciones, de que pueda aprovechar para el mayor beneficio de la comunidad nacional la favorable coyuntura que el auge económico le ofrece y de que al terminar pueda afirmar, también, que entrega al que le suceda, acrecentados, no sólo los bienes derivados del progreso material sino los invalorables dones de la libertad y la paz.

Para todos: ¡muy feliz año 1974!