Recorte de El Universal del 9 de agosto de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Neo-Liberalismo?

Artículo para ALA, publicado en El Universal, el 9 de agosto de 1989.

El fracaso del estatismo aplicado por los países de régimen marxista-leninista ha provocado, en general, un movimiento hacia la libertad de empresa. El control asfixiante del poder público sobre la economía la debilitó totalmente, con el consecuente empobrecimiento de sus pueblos. Todas las cosas se aprecian más cuando se pierden: la pérdida de la libertad ha conducido a una mayor estimación de lo que ella implica.

Hay el peligro, sin embargo, de que esta «vuelta a la libertad» conduzca, como con frecuencia sucede, a una exageración dogmática. Está de moda hablar como una panacea del cese de todos los controles, de la inhibición absoluta del Estado en los asuntos económicos, de la privatización de todas las empresas públicas, de la restauración de la soberana ley de la oferta y la demanda como norma suprema de las actividades económicas. Campea el desquite del economicismo, como supuesto liberador  de las leyes económicas frente a las leyes morales y frente a todas las consideraciones que coloquen la persona humana y sus atributos esenciales por encima de cualquier forma de conducta humana.

A esto, algunos lo llaman neo-liberalismo; otros niegan que sea neo-liberalismo pero actúan como si lo fuera; unos admiten que la posición coincide con las pócimas que prescribe el Fondo Monetario Internacional a los países en vías de desarrollo, pero sostienen que no es el FMI quien lo receta, sino se trata de una decisión espontánea y si coincide con el recetario internacional es pura coincidencia.

Lo cierto es que las afirmaciones que sustentan la tesis de una supuesta libertad absoluta suelen olvidar hechos históricos innegables y repiten una serie de lugares comunes a manera de verdades irrecusables, sin suficiente análisis en la medida en que pueden ser aceptables.

Se olvida, por ejemplo, que la gran depresión de los años 30 no la produjo el intervencionismo del Estado, sino al revés: el intervencionismo de Franklin D. Roosevelt fue una respuesta inevitable a la crisis, desarrollada en pleno auge capitalista, bajo el dominio del laisez faire, laisez passer, cuando frente al gobierno de los Estados Unidos se hallaba nada menos que Herbert C. Hoover, uno de los más brillantes ejecutivos de la ortodoxia liberal, cuyo nombre decora la Torre Hoover de la Universidad de Stanford, de donde salen ilustres figuras de la economía actual.

Se afirma que el ideal es la economía social de mercado y que su mejor ejemplo está en la República Federal Alemana, y ello es cierto. Pero se presume o se sustenta que esa economía social de mercado envuelve una absoluta libertad económica, que el Estado se inhibe totalmente ante el libre juego de las fuerzas económicas y, además, que no existen leyes laborales como la que aquí se pretende (supuestamente la más proteccionista del mundo). Se olvida que la República Federal de Alemania ha fomentado la libertad del mercado cuando el mercado realmente existe y garantiza la competencia; que el Estado Alemán interviene no poco en la economía –respetando en cuanto sea posible la libertad– y que la legislación del trabajo en Alemania es una de las más avanzadas, hasta el punto de que ningún otro país la iguala en el sistema de cogestión obrera. Vale la pena observar que la empresa alemana con la que la industria petrolera venezolana se asoció, la Veba Oel, es una entidad económica en la que el Estado domina, y que ocupa, por cierto, el sexto puesto entre las mayores empresas industriales de su país.

Hace unos meses pronunció una conferencia en Caracas un economista alemán, Fritz Ulrich Fack, de marcada orientación liberal económica, sobre la economía social de mercado. Dijo cosas como éstas: «El Estado nunca debe ser otra vez degradado al papel de «gendarme». En cambio le incumbe una responsabilidad decisiva en el funcionamiento de una economía de mercado socialmente justa, leal y libre de toda acumulación de poder. Para ello debe establecer un marco de política de orden y después procurar el cumplimiento de las normas por él mismo dispuestas» (…) «¿Cuál es el papel del Estado a este respecto? Tiene que proteger la competencia contra su alteración y eliminación mediante carteles y procesos de concentración. Debe convertirla en un campeonato con reglas fijas, supervisado por el Estado: debe proteger a los débiles e impedir a los fuertes que empleen su poder unilateralmente».

Afirmó el conferencista algo muy importante: «La fisonomía de la economía de mercado cambia de país a país. Hay que prevenir el error de creer que hubiera algo como un sistema puro o un modelo obligatorio».

Aquí se está pretendiendo que la crisis económica que atravesamos se debe a la intervención del Estado. Se critican, con razón, la intervención exagerada o corrupta, el auge de la permisería, la protección indiscriminada a industrias artificiales, la presencia innecesaria del Estado en actividades que corresponden de por sí a la iniciativa privada, el desbordamiento del gasto improductivo. Pero se trata de ocultar la realidad de que la crisis se debe fundamentalmente a un endeudamiento –público y privado- inconveniente, innecesario, irresponsable y, además, infiltrado por la corrupción.

Por lo demás, el Estado en Venezuela tiene un poder económico tal, que aunque no ejerciera poder político sería una fuerza dominante, porque es suya una riqueza incomparablemente mayor a cualquiera de la economía interna: el petróleo. Los economistas han insistido en que sus ingresos no deben malgastarlos, sino dedicarlos en buena parte a la inversión. Pero, ¿cómo podría invertir sin participar en la actividad económica? Lo cierto es que sin esa inversión no existirían muchas, muchas cosas: basta con mencionar el polo de desarrollo del Caroní: ni el gran complejo hidrológico de Guri, ni el complejo siderúrgico, ni el complejo alumínico, ni la grande y dinámica metrópoli que es hoy Ciudad Guayana, en un lugar donde hace cuarenta años no había sino unos pocos habitantes palúdicos y dominados casi todos por la abulia. Que el Estado no debe ser hotelero, ello es correcto: que se privaticen los hoteles (en forma justa y honesta) está bien; cuando llegué al gobierno me pedían que «readquiriera» el Hotel Tamanaco, vendido a particulares por el gobierno precedente; me negué porque no podía entender por qué y para qué el Estado debía reasumir la gestión de ese establecimiento. Pero hay que admitir que si el Estado no hubiera tomado hace algunos años la iniciativa, no se habrían construido quizás todavía el Hotel Tamanaco y el Caracas Hilton en Caracas, el Hotel del Lago en Maracaibo, el Barquisimeto Hilton, el Guayana Internacional y muchos otros, cuya necesidad se acepta ahora como evidente.

La intervención estatal existe en el mundo industrializado. Los bancos centrales de la Comunidad Europea, el Sistema Federal de Reserva de los Estados Unidos, la banca oficial del Japón y los gobiernos respectivos, todos los días adoptan medidas, ya para frenar la inflación aquí o allá, o para evitar la baja o la subida del dólar, o para equilibrar el intercambio. No dejan esto libremente a la fuerza económica ni a la ley de la oferta y la demanda. En Venezuela, decir que el valor del signo monetario se fija ahora por la oferta y la demanda es una ilusión: siendo uno solo el vendedor (el Banco Central que recibe el 90% de las divisas), si actuara conforme a aquella ley, su meta sería aumentar el precio de esa mercancía hasta donde los compradores lo permitieran, y los compradores no la adquieren por gusto sino por necesidad. Si los tipos de interés subieron escandalosamente fue por «acto del Príncipe». Y los industriales que trabajan con acero en industrias derivadas, siendo como son algunos muy partidarios de la economía liberal, sostienen que las acerías del Estado deben venderles de preferencia a ellos y exportar sólo cuando hayan satisfecho la demanda nacional, y que los precios deben acomodarse razonablemente a la conveniencia de ésta y no subir indefinidamente al ritmo que en un momento dado fije el mercado internacional.

En conclusión, hay que lograr un sistema económico equilibrado. Hay que fomentar la libre empresa, pero el Estado tiene que intervenir en cuanto sea necesario y conveniente para el país, sin establecer trabas inconvenientes y perjudiciales. Hay que favorecer la privatización, pero en aquellas actividades que por su índole la recomienden. No hay que olvidar otras experiencias muy valiosas, la de las empresas mixtas, por ejemplo.

El programa del partido socialcristiano COPEI, adoptado en 1948, formuló en punto a economía, orientaciones como éstas: «COPEI afirma la fundamental importancia de la economía para el desarrollo de los pueblos, la necesidad de la intervención del Estado en la vida económica en la medida en que el interés social exija, sin irrespetar justos derechos de particulares, ni entrabar la iniciativa privada. COPEI sustenta la necesidad de subordinar los intereses económicos a los principios morales y jurídicos».

El Congreso Ideológico no desvirtuó esta orientación. Espero que quienes hablen por el partido no la desvirtúen tampoco.