Recorte de El Universal del 12 de diciembre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

¿Quiénes son los monstruos?

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 12 de diciembre de 1990.

En la sesión conjunta de las Cámaras Legislativas celebrada el 27 de noviembre, al aprobar el Congreso de Venezuela por una aplastante mayoría la Ley Orgánica del Trabajo, hubo una eclosión de entusiasmo. La emoción en el hemiciclo fue incontenible. Explicable, pues, que al anunciarse la conclusión del orden del día, las palabras que pronunciáramos tradujeran una inmensa satisfacción e interpretaban emotivamente la decisión como un tanto ganado por el Parlamento, cuya imagen ha ido sufriendo deterioro en la opinión pública. La representación nacional, con esa decisión, que fue largamente madurada, cumplió su deber. No hizo caso de las presiones que a través de los medios de comunicación hicieran los adversarios del proyecto, actuando en nombre de instituciones cuya respetabilidad les habría debido imponer una actitud más ponderada.

Respondió el Parlamento al compromiso que la democracia venezolana tiene con los trabajadores, baluarte fundamental de las instituciones, severamente castigados por las medidas de reajuste económico. No cayó en la trampa con que se pretendía atribuir al proyecto intenciones electoralistas y dio un ejemplo que se ha visto pocas veces desde los mejores tiempos del régimen democrático, al pasar por encima de parcialidades y converger en aras del interés común. Se hizo el debido reconocimiento al sector laboral, inspirándose en la justicia social, como lo plantea el preámbulo de la Constitución.

Achacarle a la ley intenciones populistas y demagógicas es ignorar su contenido. Es ignorar también la trayectoria de sus defensores, estrechamente vinculados al Derecho del Trabajo, quienes han dedicado toda una vida a estudiar sus instituciones, a explicarlas en la cátedra, a exponerlas con seriedad en el libro y a desarrollarlas en numerosos y calificados encuentros en el ámbito nacional e internacional.

Era comprensible –y aun indispensable– que al saludar la sanción de la ley, respondiéramos a las amenazas que quienes la han adversado lanzaban en el mismo momento en que la voluntad nacional representada en el Congreso hacía inequívoca su decisión de aprobarlo. Amenazas que han continuado después.

Dos fueron las principales: una, la de que aumentaría la epidemia de despidos que se ha venido desencadenando en estos últimos años; otra, la de que se excluiría del mercado de trabajo a las mujeres, especialmente a las jóvenes en edad de procrear, o se les exigiría como condición sine qua non para darles empleo, su esterilización. Se llegó hasta afirmar que los empresarios les impondrían ligarse las trompas para ofrecerles colocación.

Era necesario responder a estas afirmaciones, porque ellas van dirigidas a crear pánico entre los propios trabajadores y trabajadoras, y a hacerles creer que la ley, adoptada para protegerlos, se volvería contra ellos.

En cuanto a lo de los despidos, la respuesta es fácil. No han sido consecuencia de la ley, puesto que ésta sólo entrará plenamente en vigor el 1 de mayo de 1991. Muchos empresarios han aprovechado la situación económica en los últimos años para desprenderse de una parte de su personal. Algunos han sabido hacer frente al mal tiempo solidariamente con sus empleados y obreros, otros no.

El reglamento de la Ley del Trabajo que promulgué al final de mi gobierno, el 31 de diciembre de 1973, establece en su artículo 20 que el Ministerio del Trabajo podrá impedir el despido de un número apreciable de trabajadores hecho en breve tiempo sin causa que lo justifique; pero además, entre las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Trabajo que entrará en vigencia al publicarse ésta en la Gaceta Oficial están los artículos 33 y 34, que ratifican la facultad del Ministerio de impedir despidos masivos por razones de interés social; y disponen que si se invocaran circunstancias económicas, o modificaciones tecnológicas, el procedimiento se someterá a un arbitraje en caso de no llegarse a un acuerdo tramitado por el procedimiento de los conflictos colectivos. ¿El Ministerio del Trabajo ha sido negligente en el cumplimiento de la previsión del Reglamento? Posiblemente. Es deber de las organizaciones sindicales estar atentas para que no continúe la negligencia, y ahora menos, pues se trata de aplicar una norma precisa de la ley.

Pero la amenaza más indignante es la de excluir a las mujeres en capacidad de ser madres, del mercado de trabajo. Y lo chocante llega al colmo cuando se dice que los patronos pedirán a las mujeres jóvenes «ligarse las trompas» para poder darles empleo.

Ese ya no es un atentado solamente contra la mujer: es un atentado contra la maternidad, es un atentado contra la patria. Ella perfila la peor imagen de tales empresarios: peor que la que pudieran echarle sus más acérrimos enemigos.

Estas consideraciones fueron las que me llevaron a decir en mi discurso: «considero que esta propaganda que alegre e irresponsablemente hacen voceros del sector patronal contra las disposiciones protectoras de la mujer, de la madre embarazada o de la parturienta, esta feroz afirmación de que no las van a emplear a menos que estén en edad en que no puedan concebir o que se les va a imponer cargas, como llegan algunos a decir que los patronos para emplear mujeres les van a imponer la esterilización como condición para el empleo, da una idea muy triste y bochornosa de ese empresariado que así piensa. Porque, si hay empresarios a los que unos cuantos bolívares o la comodidad de sus empresas los llevan a desconocer los derechos de la maternidad, los llevan hasta plantear la monstruosidad de exigirle a una futura madre que renuncie a la maternidad para poder trabajar, esos son unos monstruos que merecen cadena perpetua».

Pues, increíblemente, la mala fe ha tergiversado esas palabras en forma inaudita. En mis manos tengo una circular de la directiva de Fedecámaras «a todos los organismos federados» en que se afirma: «Para conocimiento de los organismos de base, trasmitimos los conceptos del ex presidente Rafael Caldera, emitidos en su intervención de clausura al quedar aprobada en el Congreso la Ley Orgánica del Trabajo: «Los empresarios son unos monstruos que merecen cadena perpetua, pues piden a la madre que renuncie a su maternidad para poder emplearla…». Y se concluye así: «… en consecuencia, se exhorta a toda la dirigencia empresarial y a sus órganos afiliados a: 1. Emitir declaraciones de prensa de enérgico rechazo a las opiniones que en contra de Fedecámaras ha pronunciado el senador vitalicio. 2. Enviar mensajes de respaldo y apoyo a la institución. 3. Solicitar públicamente a Fedecámaras un pronunciamiento vigoroso sobre los juicios del Dr. Caldera. 4. Enviar carta al propio doctor Caldera manifestando el desagrado por los agravios y ofensas en contra del movimiento empresarial».

No voy a calificar la circular. Lo dejo al juicio del lector. Sólo voy a decir que, hasta ahora, aparentemente, no ha obtenido muchas declaraciones del tenor indicado, aunque posiblemente vengan más. Tengo la convicción de que la mayoría de los empresarios conscientes discrepa de la estrategia adoptada y no aprueba esa manera de actuar. Una posición ecuánime, como la que emitió el joven presidente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, Julio Sosa Branger, refleja mejor el pensamiento y la actitud del empresariado, un sector que en sus mejores momentos ha sido receptivo al cambio social y que sabe que un comportamiento constructivo y ecuánime de su parte es lo que corresponde a la actual situación de Venezuela.