Recorte de El Universal del 28 de noviembre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Sancionada la ley
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 28 de noviembre de 1990.
La sanción de la Ley Orgánica del Trabajo, consumada al aprobar las Cámaras en sesión conjunta los artículos que quedaban pendientes, constituye un hecho feliz para la democracia venezolana. En momentos en que el propio sistema democrático recibe todos los días y a toda hora numerosos ataques, por la devaluación del liderazgo, la crisis de la credibilidad en los partidos y la falta de eficacia en la administración para enfrentar los tremendos problemas que afectan al pueblo, la aprobación de un instrumento jurídico capaz de demostrar a los trabajadores que no se les ignora ni se les menosprecia, constituye un mensaje de esperanza para una clase social que padece más que otras los efectos del reajuste económico.
Esta vez el Congreso, pasando por sobre todas las amenazas y sin hacer caso a calificativos irrespetuosos y ofensivos, ha cumplido su deber. Ha votado por encima de las diferencias existentes entre las diversas fracciones políticas, recordando tiempos cruciales en los cuales hubo suficiente visión para colocar intereses nacionales y decisiones de importancia por encima de la común controversia grupal.
Estaba en mora la democracia con la clase trabajadora, sobre cuyos hombros reposa la sustentación del sistema. Desde 1958, cuando se firmaron el Pacto de Puntofijo y el Programa Mínimo Común, suscritos por los tres mayores partidos y por sus candidatos a la Presidencia de la República, estaba pendiente el cumplimiento de un importante compromiso: «Reforma de la Ley del Trabajo para una regulación más eficaz y moderna de las relaciones obrero-patronales, incorporar y asegurar reivindicaciones justas y en general hacer de ella un instrumento cada vez más efectivo de justicia social y de armonía entre el capital y el trabajo». Este compromiso tenía una base: «Reconocimiento de que el trabajo es elemento fundamental del progreso económico y del engrandecimiento del país».
No parecía que iba a tomar tanto tiempo e iba a costar tanta lucha la adopción de la nueva Ley. Elaborada por una Comisión Bicameral representativa de todas las corrientes en tres años de constantes reuniones, fue objeto de un diálogo abierto con todos los sectores de la vida nacional. No es que fuéramos tan cándidos para suponer que fácilmente iba a llegarse a un acuerdo total para resolver las cuestiones controvertidas; pero no parecía razonable imaginar que los opositores harían cuestión de honor la no aprobación del proyecto e intentarían lo imposible para frustrarla. Pero así sucedió, y han lanzado acusaciones infundadas que en ningún momento han podido demostrar, pero que han repetido sin cesar.
Con una ignorancia galopante y una arrogancia escandalosa han derrochado la publicidad más intensa, agresiva y costosa de que se tiene memoria, frente a un proyecto que ya había pasado varias veces por el análisis y reflexión de los organismos de la rama legislativa del Poder Público. Porque hasta última hora el esfuerzo de los adversarios de la Ley se había concentrado en la aspiración de sustituir el régimen de prestaciones sociales existente por otro, frente al cual los miembros del Congreso que hemos intervenido en el proceso hemos respondido que no nos opondríamos si los proponentes convencían a los trabajadores de que la fórmula por ellos sustentada los favorecía, o por lo menos no los perjudicaba.
Porque no nos consideramos autorizados a quitarles derechos adquiridos para sustituirlos por otros beneficios, si se oponen al cambalache por estimar que los desfavorece.
Hasta el momento en que el Senado dio su aprobación al proyecto, que ya había pasado las dos discusiones en la Cámara de Diputados y había sido analizado por varias comisiones en ambas Cámaras, los voceros de los organismos empresariales habían planteado observaciones, pero éstas fueron en gran parte atendidas después de prolongado diálogo tripartito. Fue entonces cuando adoptaron la estrategia, evidentemente equivocada, de formar un gran escándalo contra la Ley en su integridad, renovando planteamientos que ya habían sido acogidos o aclarados y agregando otros nuevos, con el simple propósito de que el asunto de las prestaciones se resolviera a su satisfacción, porque en toda ocasión terminaban diciendo que si esta innovación se acogía, las demás objeciones a la Ley perderían importancia.
Cayeron en la tentación de achacar una tarea tan seria como la de elaborar y revisar el proyecto a intereses electorales y demagógicos, buscando con ello quebrar la unanimidad en torno a su aprobación; y llegaron hasta a amenazar con paros y aún con la desobediencia civil, con lo cual sólo lograron enardecer a las dirigencias sindicales, a las cuales lanzaron los más agresivos improperios, provocándolas a recordar que ellas tendrían mayores posibilidades de acción masiva para responder la agresión si ésta se consumaba y a asumir con más vigor la defensa de un instrumento legal que favorece, como tiene que ser, la causa de los trabajadores.
El ministro del Trabajo ha declarado que el punto en el cual el Gobierno tiene reservas es en el de las prestaciones sociales y por ello presentó un Proyecto de Ley especial, como la propia Ley Orgánica del Trabajo lo prevé, mediante el cual se abre una etapa para que ese proyecto ministerial se analice y se vea si realmente se puede obtener consenso para aprobarlo. El ministro de Estado, jefe de Cordiplan, por su parte, quien también auspicia el Proyecto de Ley antedicho, ha reconocido que no tienen entidad las supuestas implicaciones inflacionarias que según los voceros empresariales tendría la Ley del Trabajo: «que no va a existir catástrofe de ningún tipo».
La presidenta encargada del Instituto de Comercio Exterior, además, ha declarado que entre las ventajas que tiene Venezuela para invertir y para exportar, a saber: su situación geográfica, sus recursos naturales, las industrias que convierten los minerales en productos semi-elaborados, hay que añadir las ventajas competitivas que la situación cambiaria ofrece en materia salarial, porque «la mano de obra se sigue considerando más económica en Venezuela, en comparación con otros países».
El examen más cuidadoso y objetivo del nuevo instrumento jurídico demuestra lo infundado de la mala imagen que se le ha tratado de crear a través de muchos millones de bolívares de propaganda, que con ventajismo usado en medios de comunicación impresos y audiovisuales, en los cuales se ha dado gran espacio y titulares escandalosos a la publicidad contra la Ley y apenas una mínima parte de los textos dedicados a su defensa. En cuanto a los medios, son pocos los que han tenido una apertura equilibrada, para que la opinión pública pueda formarse un criterio fundado. Pero así y todo, quienes han tenido la responsabilidad de darle apoyo en las Cámaras, que son el órgano destinado constitucionalmente a elaborar y sancionar las leyes, ni se han dejado confundir por la propaganda, ni se han dejado amedrentar por las variadas amenazas.
Por eso comencé este artículo diciendo que éste ha sido un hecho feliz para la democracia venezolana. En medio de lo mucho que tiene que hacer el Congreso para reivindicarse por el descrédito en que está, es un acontecimiento que demuestra que sí se pueden hacer las cosas cuando se tienen la voluntad y la firmeza necesarias para hacerlas. Por mi parte, puedo añadir que cuando se lucha por aquello en que se cree, se recupera confianza en el porvenir. Creo en la justicia social y consideraría bochornoso esconderla en el rincón de las cosas inútiles; porque si no les agrada a la nueva cohorte neoliberal, el haber logrado vigencia en el mundo ha sido el acontecimiento más importante en las sociedades modernas. La justicia social es y sigue siendo la gran conquista de nuestra época.