El Protocolo de Puerto España

Conferencia de prensa número 58 en el Palacio de Miraflores, 25 de junio de 1970.

Los numerosos comentarios y las manifestaciones de política partidista que ha suscitado el anuncio del Protocolo suscrito en Puerto España en relación a nuestra vecina República de Guyana, hacen que mi conferencia de prensa de hoy, en su primera parte, la dedique enteramente a ratificar las consideraciones que he expuesto, y a ampliar las explicaciones que debo al pueblo venezolano, sobre una materia de tanta importancia, de tanto interés para el país, con lo cual estoy seguro de que el buen sentido y el patriotismo genuino del pueblo venezolano estarán plenamente de acuerdo con el Gobierno y con las razones que me llevaron a suscribir el Protocolo.

Debo, en primer lugar, afirmar, de la manera más enfática, que el Protocolo representa el mejor camino para mantener vivos los derechos de Venezuela, para mantener presente en el terreno jurídico su reclamación sobre el territorio situado en la ribera izquierda del Esequibo y, al mismo tiempo, para abrir un camino más constructivo y más provechoso en el tratamiento diplomático del asunto.

Frente a esta cuestión hay dos caminos: Algunas personas, de manera explícita o implícita, señalan el camino de la fuerza, pero éste no es el camino que, a mi juicio –y lo digo con profunda convicción– corresponde a la conducta y a los altos intereses de Venezuela. El otro camino es el diplomático, dentro del cual el Protocolo ofrece dos ventajas: la primera es la de tratar el asunto en un clima distinto al que prevalece dentro de un ambiente de hostilidad, que va provocando un aumento de la tensión, un fortalecimiento del antagonismo entre los espíritus y que ninguna ventaja positiva brinda como resultado a los verdaderos y genuinos intereses de Venezuela. La otra ventaja que ofrece es la de que la tramitación del asunto continúa en nuestras manos, sin que sea trasladada a manos de terceros en circunstancias en las cuales no podríamos garantizar que el éxito corresponda a la razón y a la justicia que asisten a los derechos venezolanos.

El protocolo tiene, por una parte, el mantenimiento de nuestros derechos en toda su integridad. Aquí tengo, por ejemplo, el artículo cuarto del mismo, que dice lo siguiente: «La celebración y la vigencia del presente Protocolo, no podrán interpretarse, en ningún caso, como renuncia o disminución de derecho alguno que cualquiera de las partes pueda tener para la fecha de la firma del mismo, ni como reconocimiento de ninguna situación, uso o pretensión que pueda existir para esa fecha».

Además, el artículo tercero del Protocolo al establecer el plazo de doce años, dice lo siguiente: «En la fecha en que este protocolo deje de tener vigencia, el funcionamiento de dicho artículo –es decir, el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra– se reanudará en el punto en que ha sido suspendido», es decir, como si el informe final de la Comisión Mixta hubiera sido presentado en este fecha.

A menos que –es muy interesante, esto que se agrega aquí– el Gobierno de Venezuela o el Gobierno de Guyana hayan antes declarado conjuntamente por escrito, que han llegado a un acuerdo completo para la solución de la controversia a la que refiere el Acuerdo de Ginebra o que han convenido en uno de los medios de arreglo pacífico previstos en al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Es decir, que la tesis de la congelación no es correcta, porque el Protocolo prevé, como es lógico y cónsono con la posición de Venezuela, que dentro de la vigencia del mismo, las partes se acercarán y en un tono de mayor cordialidad tratarán de mejorar sus relaciones y de perseguir por medio de la negociación directa –y que a nuestro modo de ver es, en este momento, el más conveniente para los intereses de Venezuela– ya sea la búsqueda de una solución definitiva para la controversia o ya sea el acuerdo destinado a escoger uno de los medios previstos en la Carta de las Naciones Unidas.

El Protocolo representa, pues, para Venezuela, algo muy positivo. Es el mantenimiento de nuestros derechos, fuera de los riesgos que, en el momento actual, podrían ser inconvenientes para el país y, al mismo tiempo, la apertura de un clima distinto para con un pueblo que nosotros no podemos considerar como enemigo y que, hasta ahora, frente a Venezuela, está en una situación tal que cualquier venezolano en Guyana ha sido visto como un peligro para su propia existencia, como una manifestación de enemistad permanente, hasta el punto de hacer imposible todos los nexos y todas las relaciones que tiene que haber entre dos países tan cercanos.

¿A quién favorece el plazo? Desde luego, en una negociación de esta índole la respuesta elemental es la de que favorece a ambas partes. Tiene que haber razones a favor de una y de otra para que se haya llegado al convenio. Ahora, yo rechazo de plano ese complejo de inferioridad que ignora que las posibilidades de Venezuela, sus programas de desarrollo, su influencia dentro del Continente, su imagen misma, que le da una autoridad mayor y creciente si se sabe ser consecuente con su tradición y con su historia, deben otorgarle mejores argumentos, mayores posibilidades, así como la concepción de una línea de conducta y de una programación más global, que la haga sentirse más segura en cualquier contingencia.

Sabemos bien que una materia como ésta, al ser presentada, razonada y discutida en el ambiente público –que garantiza la democracia y que yo he sido el primero en mantener y estimular– tiene para el Gobierno una serie de restricciones, porque cualquier expresión, cualquier manifestación ligeramente dicha pudiera, en un momento dado, desfavorecer los intereses nacionales y ser esgrimida en contra de su posición y de los fines legítimos que persigue.

Pero, dentro de esta situación, sé que el país entiende perfectamente la conducta, la línea y la guía que el Gobierno ha tenido. Algunos dicen: por qué debía firmarse el Protocolo ahora, qué razón, que prisa había para llegar a este acuerdo. Debo responder a esto con toda sencillez: la oportunidad para acordar y firmar el Protocolo era la que correspondía a la firma del informe final de la Comisión Mixta. La Comisión Mixta concluyó, o debió concluir sus labores –en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de Ginebra– al cumplirse cuatro años del mismo, es decir, en el mes de febrero de este año.

Han transcurrido cuatro meses durante los cuales las conversaciones y discusiones entre las partes han retardado la decisión sobre la firma o no del informe final. Ya llegaba un momento en que la decisión de Venezuela tenía que ser definitiva sobre el particular y el mismo día que se suscribió en Puerto España el Protocolo o Modus Vivendi por el Canciller Calvani y por el Canciller Ramphal, simultáneamente se suscribía el informe final –con las observaciones que nosotros formulamos, así como con las que formularon los guyaneses– por parte de la Comisión Mixta que había sido prevista en el Acuerdo de Ginebra.

De manera que el Protocolo, o se suscribía en esas circunstancias o no; desde luego que en el interés de Venezuela el término del Protocolo produce el efecto de dejar las cosas en tal forma jurídicamente, que si a la extinción del Protocolo no se ha llegado a la solución de fondo del asunto, las cosas se encontrarán en el mismo punto como si ese día se estuviese firmando el informe final por la Comisión Mixta, y quedarían intactos todos los derechos y todos los arreglos que por el funcionamiento o por el no funcionamiento de la Comisión, y por todas las circunstancias transcurridas, Venezuela pudiera formular para ventilar más eficazmente sus intereses.

Por lo demás, es conveniente recordar que las negociaciones diplomáticas –salvo en los casos de guerras victoriosas o de situaciones de Imperios y Colonias– no son impuestas unilateralmente por alguna de las partes, sino que son el resultado de un acuerdo, de una discusión, de una deliberación. Las conversaciones se celebraron en Caracas, en Georgetown y en Trinidad y Tobago, a fin de poder llegar a un acuerdo que ambas partes aceptaron. Esto lo ha olvidado Venezuela algunas veces en su dramática historia de regulación y fijación de sus límites.

Don Santos Michelena, el eminente venezolano, en diciembre de 1833, celebró un tratado con el Canciller de Colombia Don Lino de Pombo, estableciendo una serie de aspectos de colaboración entre ambos países y fijando una línea territorial. El Congreso de Venezuela negó la ratificación del Tratado Pombo-Michelena, porque creyó que en la Goajira se estaban cediendo unas 60 millas de costa, al fijarse el Cabo de Chichivacoa y no el Cabo de la Vela o Punta Gallina, y porque se estaba reconociendo la jurisdicción de Colombia sobre el territorio de San Faustino, una pequeña extensión territorial existente en lo que es hoy el Departamento Norte de Santander.

Por estas dos razones: por considerar que Don Santos Michelena no debió negociar, sino fijar el territorio hasta donde los congresantes estimaban, no se ratificó el Tratado Pombo–Michelena. Y el resultado, todos los venezolanos lo conocemos.

Aquel tratado, que fue ratificado por el Congreso de Colombia, le reconocía a Venezuela la soberanía sobre una dilatada extensión en la ribera izquierda del Orinoco, que quedaba con sus dos orillas francamente en territorio nacional; y luego iba a llegar la jurisdicción de Colombia hasta Castillete en la Goajira, en vez de haberle quedado a Venezuela la mitad de la Península Goajira, como se establecía en el Tratado Pombo– Michelena.

Si aquellos congresantes hubieran tenido una visión exacta de los intereses del país y hubieran ratificado el Tratado Pombo–Michelena, no habría ahora ningún problema con Colombia sobre delimitación de áreas submarinas en el Golfo de Venezuela. Esta es la historia. De aquellos congresantes –algunos de ellos muy eminentes, otros menos– poco recuerda el piadoso silencio de la historia. En cambio, Don Santos Michelena ha sido reconocido como una de las figuras más brillantes de toda la historia venezolana.

Respecto a si se debían hacer consultas previas, yo puedo asegurar que se realizaron con una amplitud tal vez mayor que en cualquier otro antecedente diplomático en Venezuela. Consultas, desde luego, sobre el fondo de la cuestión. En mi casa, hace varios meses, durante un sábado completo, desde muy temprano en la mañana hasta horas de la tarde, tuve reunidos a los hombres más autorizados en Venezuela por su conocimiento del problema de los límites con Guyana, entre ellos ex Cancilleres de la República de todos los Gobiernos, y autorizados especialistas, embajadores, etc., a fin de analizar, dentro de una reunión que fue ejemplar por su espíritu profundamente venezolano, cuál era la situación de Venezuela en el momento en que terminaban los 4 años de la Comisión Mixta y en que se reclamaba por Guyana la aplicación del artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra. Fue una larga, exhaustiva reunión, en la cual se hizo un análisis profundo de la situación para poder explorar los caminos que más adelante debían seguirse.

El Canciller Calvani, varias semanas después, invitó a las mismas personas a una nueva reunión, para ponerlas al tanto de las circunstancias y características que había; y antes de ir a Trinidad se comunicó con gente importante y calificada de distintos partidos políticos, muchos de los cuales, como es natural, tuvieron que dar sus opiniones desde un punto de vista personal, porque al llevar a órganos colegiados, en los numerosos partidos políticos que tiene Venezuela y que están representados en el Congreso, podría exponerse la discreción indispensable que debe haber en los asuntos diplomáticos a una divulgación que podía ser perjudicial a los intereses de la República.

A veces, cuando uno va a celebrar un acuerdo en nombre del país y se divulgan los beneficios que se supone van envueltos o las razones que se considera son fundamentales para ese acuerdo, pudiera inducirse, en la otra parte, una actitud distinta, contraria o hasta modificada, cuyos resultados podrían ser después irreparables.

Se dice una frase que el pueblo, con su sabiduría inmensa, toma como norma en muchas de sus actuaciones: «Secreto de dos, es de Dios; secreto de tres, del diablo es». Eso nos decían a nosotros cuando éramos niños, y si los tres no son tres, sino muchos más, la situación es más difícil.

Yo recordaba en estos días una anécdota del Rey de Prusia, Federico El Grande, que en una circunstancia estaba preparando una determinada jugada diplomática o militar, internacional, que tenía sumidos a sus consejeros y a sus colaboradores en una serie de cavilaciones respecto a cuál era la intención del Rey, hasta que uno de ellos, aprovechando un momento de expansión, inquirió a Su Majestad sobre lo que estaba pensando hacer. Y Federico El Grande a su vez le preguntó si era capaz de guardar un secreto, y el cortesano le contestó: como una tumba, Majestad. A lo que Federico El Grande le respondió: pues yo también.

A veces, guardar un secreto es delicado, pero yo puedo asegurar que, en la medida compatible con los grandes intereses de Venezuela, se realizaron consultas muy amplias y que tal vez organizaciones partidistas, que han tomado posiciones muy radicales, fueron las más ampliamente consultadas y las que tuvieron una opinión más clara y positiva respecto a lo que se pensaba hacer.

En todo caso, debo decir lo siguiente: tengo clara conciencia de lo que es patriotismo; y también sé que algunas cuestiones se prestan no solo para el patriotismo sino, desgraciadamente, para patriotería. Y a veces hay propagandas patrioteras, de buena o mala intención, que no llegan al fondo exacto y profundo de las cosas. Sé, además, que sin ganar absolutamente nada en el terreno de las realidades, estábamos en un camino dentro del cual Venezuela encontraba cada vez mayor número de antagonismos.

Hemos mandado una misión a los países del África y en todos ellos nuestros delegados encontraron una actitud de suspicacia frente a una Venezuela que suponían quería atropellar a una de las pocas naciones de origen africano en América Latina.

Nos interesa mucho no sólo la amistad de los poderosos, sino la comprensión de los pueblos del tercer mundo, porque tenemos con ellos muchos intereses comunes y muchos proyectos y programas que realizar. No podíamos resignarnos a la idea de presentar a Venezuela como un país peleón, rodeado de conflictos por todas partes. El Protocolo de Puerto España abre una etapa muy significativa dentro de la tramitación de los asuntos, de los graves asuntos que a Venezuela y a su territorio corresponden.

Debo decirles, además, a los venezolanos, que esta decisión la adoptó el Gobierno de Venezuela con la más absoluta y plena soberanía; que fue iniciativa suya, que tramitó el asunto con pleno conocimiento de los intereses nacionales y que ese pleno conocimiento está absolutamente presente en nuestra conciencia.

Debo decir, además, que como Jefe de Estado y del Gobierno, la conducta, la suscripción por parte del Ministro Calvani del Protocolo de Puerto España, la comparto a plenitud, y asumo, con absoluto conocimiento de lo que ello envuelve, la responsabilidad de este hecho ante mi pueblo y ante la historia.

El pueblo venezolano y la historia dirán quién ha obrado con plena conciencia y conocimiento y defensa absoluta de los mejores, de los más altos y de los más legítimos intereses de Venezuela. Por eso estoy tranquilo ante la decisión que adopte el Congreso de la República, y por eso estoy seguro de la actitud de los venezolanos ante este hecho que considero uno de los más positivos que nuestra diplomacia ha logrado en los últimos tiempos.