Quinto mensaje presidencial 1999

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

Como ustedes saben, el pasado domingo 24 de enero cumplí 83 años. He sido el venezolano que con mayor edad ha desempeñado la presidencia de la República. Un caso especial que fue el del general José Tadeo Monagas, ilustre prócer de la Independencia, quien murió mandando a los 84 años de edad, pero no como presidente de la República sino como «jefe del Ejército». La revolución Azul lo había llevado nuevamente al poder, con apoyo, por cierto, de algunos que se habían coligado para deponerlo diez años atrás por promover una reforma constitucional para buscar la reelección.

Mi edad no fue tema eludido durante la campaña electoral que me condujo a Miraflores en 1993. Al contrario, yo mismo lo suscité para explicarle a los electores que si estaba aspirando a volver a ser presidente era porque consideraba la situación del país tan delicada que no encontraba excusa para no poner a su servicio la experiencia y la energía que cada uno fuera capaz de aportar. Había que enfrentar una crisis cuya gravedad ya se reconocía. No invoqué mis años para pedir consideraciones especiales, ni éstas se me dieron. Al contrario, sirvieron de pretexto para lanzar rumores sobre supuestas enfermedades y hasta se anunció mi muerte. Un profesional de la astrología afirmó la inminencia de mi fallecimiento con fecha precisa y terca insistencia, exponiéndose a un lamentable descrédito.

He visitado más de una vez todos los estados de la República durante el quinquenio. Día tras día he dado el frente a los numerosos problemas y, desacatando mis propias lecciones de Derecho Laboral, no tomé vacaciones, a pesar de su carácter irrenunciable.

Vengo hoy a cumplir el último deber del último año de un período iniciado entre graves dificultades. Por lo severo de la situación dispuse desde el principio la mayor austeridad. Por eso la trasmisión de mando se hizo sin invitación a misiones extranjeras. Amigos que tengo en diversas partes del mundo recibieron una carta explicándoles que no podía invitarlos a mi toma de posesión porque las condiciones del país imponían la máxima sobriedad.

La crisis

Al poco tiempo pudo verificarse que la profundidad de la crisis era mucho mayor de lo pensado. Se trataba no sólo de una profunda crisis económica sino de una crisis política, una crisis social, una crisis moral.

Colapsó el sistema financiero. Ya antes de asumir había sido intervenido el Banco Latino, cuyo déficit resultó inmensamente mayor a lo anunciado. Luego se encontró que no era ese instituto el único afectado. Más de la mitad de los bancos estaban en situación crítica y lo que se supuso falta de liquidez en realidad resultó falta de solvencia.

Se perdió la confianza en el sistema. Millones de ahorristas se hicieron a las calles reclamando lo suyo, y el dinero que se les entregaba iba directamente al mercado cambiario. La compra de dólares era la única inversión confiable. La salida de divisas se hizo incontenible y nuestra moneda quedó herida en lo más profundo de su ser: ¡la confiabilidad!

Para que no se agotaran las reservas hubo que aplicar el control de cambios, como un torniquete para contener la hemorragia. Este, a su vez, requería el apoyo de un control de precios. La lucha contra la inflación forzó a adoptar medidas indicadas por la ciencia económica, con repercusiones ingratas sobre la población.

Hubo momentos en los cuales asomaba el peligro de que no se pudiera mantener la democracia. Recogí el desafío. Sin mayoría en el Congreso, me mantuve aferrado a las normas constitucionales. Enfrenté el reto para demostrar que si la democracia es el mejor sistema de gobierno en tiempos de normalidad, es indispensable en cualquier contingencia.

Mi instrumento fue el diálogo, mi objetivo el consenso. Goberné democráticamente y pude cumplir, gracias a Dios, el compromiso de que en mis manos no se perdería la República. La estabilidad económica se recuperó y el sistema financiero se halla en plena normalidad.

Un país en marcha

Entregamos un país en marcha. Nuestra divisa se ha estabilizado. Las reservas alcanzan a casi 15 millardos de dólares. La deuda externa, que era hace cinco años de 26.981 millones de dólares, ahora está en 23.175 millones. Somos el único país del área que ha tenido una reducción sustancial de la misma. La crisis de las economías asiáticas, con repercusiones en este hemisferio, nos encontró dispuestos a enfrentar el peligro, y por eso el presidente electo, en su gira por países inversores, pudo hallar ambiente favorable.

Los resultados de la Agenda Venezuela para finales de 1997 abrieron campo al optimismo. En 1997 la economía creció en 5,3% y se crearon más de 300.000 empleos. Pero algo inesperado se presentó en 1998. La baja de los precios del petróleo, prevista pero no con la intensidad ocurrida, provocó una aguda crisis fiscal con inevitables repercusiones en la economía del país. El PIB disminuyó en algo más del 7%. Se requirió una acción consciente y responsable, que ha sido reconocida como tal por observadores internacionales y por los que actúan con sensatez en la economía nacional. Es significativo el nivel de las reservas internacionales, el más alto de América Latina en proporción al producto nacional.

Ya desde 1994 habíamos tomado medidas de reforma tributaria para que la tributación no petrolera superara al ingreso petrolero fiscal. La creación del SENIAT ha sido una de las medidas más importantes en materia de tributación. Sin esas previsiones, la caída de los precios del combustible habría creado una situación irremediable; no fue así, pero el peso de los hidrocarburos en la vida de Venezuela no se puede desconocer. Ante la crisis del petróleo, hemos sostenido en la OPEP la necesidad de conquistar nuevos espacios de un mercado que no alcanza en la actualidad sino a la mitad del género humano. Hemos tomado la iniciativa de incorporar a la consideración de las medidas requeridas a los productores no OPEP. El entendimiento de Venezuela y México ha sido y es uno de los aspectos más positivos de nuestra política petrolera actual.

Por lo demás, la apertura petrolera, hecha en forma impecable; la eficiencia de la gestión de PDVSA y sus filiales, conferida a gente de la industria; la iniciación de la explotación de la Faja del Orinoco; y la presencia ya de la Orimulsión en los programas energéticos de importantes países, constituyen sólida garantía para el porvenir.

Tengo la convicción de que la baja de los precios de los hidrocarburos es forzosamente temporal. Esta fuente de energía es necesaria para el desarrollo. Tanto los países ricos como los que no lo son van a necesitarlo cada vez en mayor cantidad.

Hemos puesto también nuestra atención en los otros recursos energéticos: El gas, para ser usado no sólo como combustible, sino como materia prima en la industria petroquímica. Los recursos hidráulicos, que constituyen en Venezuela un renglón de verdadero privilegio: la inauguración de la planta de Macagua, bautizada con el nombre de «23 de enero» para conmemorar los cuarenta años de democracia, fue un acontecimiento nacional, pródigo en perspectivas para el futuro. La construcción de «Caruachi» es un signo de que el proceso continúa ininterrumpidamente. El crecimiento de la producción siderúrgica es considerable. En diversas ocasiones he ido al estado Bolívar a iniciar la construcción de nuevas fábricas de pellas y briquetas y otras a inaugurar las ya construidas y en pleno funcionamiento.

Las privatizaciones y el régimen de concesiones

El proceso de privatizaciones se ha llevado en forma prudente pero firme. La privatización de la Siderúrgica del Orinoco, SIDOR, constituyó un modelo de diafanidad, de calidad de ejecución y de éxito. Lo mismo puede decirse de la venta de un porcentaje de acciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela que estaba en poder del Estado. La privatización de los hoteles turísticos se ha hecho sistemáticamente, conservando en la mayoría de los casos la propiedad de los terrenos y construcciones y entregando el manejo a empresas calificadas a través de impecables subastas. Se han privatizado, entre otros, los hoteles Meliá Caribe y Puerto La Cruz; Trujillo; Maracay; Tamá; Humboldt, con el sistema teleférico que lo acompaña.

La privatización de las empresas de electricidad es ineludible por la situación financiera del sector, víctima de un largo tiempo de mala gerencia y de insuficiencia de recursos. Se ha comenzado por el estado Nueva Esparta, con base en un convenio con las municipalidades. En esta operación, por cierto, tuvo influencia el lamentablemente fallecido gobernador Rafael (Fucho) Tovar. Otras empresas del interior están en proceso de privatización, necesaria para lograr la inversión de capitales para la ampliación y modernización del sector que reclama el país.

En materia de privatizaciones conviene precisar que, si hemos estado dispuestos a realizarla hasta donde sea conveniente con todas las empresas que están en manos del sector público, hay dos excepciones terminantes y claras: no hemos estado dispuestos en ningún momento ni siquiera a pensar en la privatización de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la Electricidad del Caroní (EDELCA).

El régimen de concesión para las obras púbicas ha tropezado con la falta de una conciencia clara sobre el sistema en los sectores que han de intervenir y en la misma comunidad. Los gobernadores de Estado han sido más afortunados con la receptividad colectiva para concesiones de reparación y mantenimiento de las vías confiadas a su jurisdicción, pero la actitud de voceros del Poder Legislativo y de representantes de empresas transportistas ha obstruido hasta ahora la ejecución del necesario e inaplazable proyecto de nueva vía y vía alterna de Caracas al Litoral, que se ha convertido en cuestión definitoria del destino del régimen concesionario en general.

La economía como centro de interés

La situación económica, prácticamente, absorbió la preocupación de los venezolanos a lo largo del período.

Fue inmenso el centimetraje que la prensa escrita y el espacio que los medios audiovisuales le dieron, día tras día.

Fue apabullante en los medios de información la posición de quienes, por haber perdido privilegios o por no haber logrado algo a que aspiraban, o por otras razones diversas, producían una información negativa, solazada en magnificar cualquier hecho adverso y en presentar una imagen lastimosa de Venezuela en el exterior.

Más de una vez, aquellos a quienes llamé «astrólogos de la economía» hicieron predicciones que al final resultaron fallidas, porque los hechos resultaron más bien conformes a las estimaciones oficiales. Pero ello no les hizo cambiar su actitud.

No faltó alguna voz amiga, con apoyo en la experiencia de otros países, que nos aconsejara hacer alguna pirueta política para atraer la atención y distraer a la gente de las preocupaciones económicas. No quisimos hacerlo, para no renunciar a nuestra seriedad, ya que lo único que nos garantizaba conservar la autoridad para llegar felizmente al final del quinquenio era que el pueblo sabía que no eludíamos los problemas y que lo que hacíamos estaba inspirado únicamente por el interés nacional.

El sector agrícola

Por supuesto, el sector agrícola fue objeto de especial preocupación dado lo que representa dentro de la vida nacional. Pero la comprensión fue más difícil de obtener. Durante el quinquenio, a pesar de los muchos conflictos generados entre la industria y los productores por problemas de precios y recepción de cosechas, se lograron significativos avances, aunque sutiles, en la producción agrícola nacional.

En algunos rubros se obtuvieron importantes logros en productividad y calidad: tales, los textiles y las oleaginosas, raíces y tubérculos, aves y el renglón pesquero. Para el apoyo y búsqueda de soluciones se crearon Consejos Consultivos. Estudios sobre costos de producción de los diversos rubros y análisis se realizaron conjuntamente con la agroindustria y con los productores. Metodologías se adoptaron para la determinación del precio de algunos rubros (maíz, arroz, etc.). Se renovaron esfuerzos en materia pesquera para fortalecer este sub-sector a través de recursos y convenios internacionales. Como apoyo a la producción, se intensificó el aprovechamiento de los sistemas de riego y la transferencia de su administración y mantenimiento, a los usuarios de dichos sistemas.

El proceso de globalización, los compromisos inevitables contraídos por el país, han creado circunstancias especiales hasta que se logren soluciones definitivas en materia de productividad y de competitividad. Entre tanto, hemos echado mano de todas las medidas que dentro de las obligaciones contraídas podríamos adoptar; pero, como es comprensible, ellas no pudieron satisfacer plenamente las aspiraciones de los productores.

He sido testigo de excepción de la lucha de los meritorios venezolanos que han ocupado la cartera de Agricultura y Cría en pro de la producción nacional. Un análisis objetivo de los hechos los justificará a plenitud.

Se concluyó el levantamiento y creación de la base de datos del VI Censo Agrícola Nacional. Es de gran importancia y para hacerlo se entrenó y capacitó a más de cuatro mil técnicos vinculados con el sector.

En materia de vialidad agrícola se construyeron más de cuatrocientos cincuenta kilómetros, se ejecutaron más de ochocientas operaciones de crédito por un monto de veintidós mil millones de bolívares, y se realizaron cuatro mil ciento setenta kilómetros de electrificación rural.

Nuestro interés por lo social

Mantuvimos la decisión de sostener, al lado de nuestra preocupación por los indicadores macroeconómicos, un permanente interés social. El salario mínimo es en magnitud el segundo de América Latina. A los programas de educación, salud, vivienda popular, deporte, se incorporaron los programas sociales de la Agenda Venezuela, que llegaron a más de tres millones de familias de los sectores sociales más necesitados. Todos ellos se están ejecutando con efectivo rendimiento.

La beca alimentaria se ha mantenido por sobre todos los recortes fiscales. El Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI) funciona satisfactoriamente. Los programas del Fondo de Fortalecimiento Social, ejecutados con participación de grupos de la sociedad civil y de los organismos regionales y municipales han sido un experimento positivo, capaz de convertirse en modelo para la participación ciudadana en el campo social. El Programa de Alimentación Popular (PROAL) dedicado a hacer accesibles a la población los alimentos fundamentales para una dieta suficiente en calorías y proteínas, en armonía con la preferencia popular, ha sido muy bien acogido.

Hemos tenido la satisfacción de que los organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial, con los cuales hemos establecido una relación decorosa, han mostrado creciente disposición a darle importancia a la parte social y apreciado positivamente nuestra labor. Sus análisis y los de entidades como la CEPAL son francamente distintos de los que irresponsablemente suelen publicarse con acento catastrófico, sin calidad científica.

La remuneración de los trabajadores del sector público, que integran un alto porcentaje de la población activa ocupada, y las prestaciones garantizadas por el derecho laboral, han constituido prioridad permanente en las orientaciones oficiales. El Estado-patrono sostuvo su inclinación social. Los aumentos salariales superaron la tasa de inflación.

La lucha anti-inflacionaria ha sido tenaz, aunque ha tenido alternativas. Hubo un momento en el cual alcanzó una tasa superior a cualquier otra en el pasado, pero los resultados finales indican que va en franca disminución. Al recibir el gobierno, la tasa inflacionaria era de 39,9%; al entregarlo, es de 29,3%, en el año 1998, la más baja en la década.

Los acuerdos tripartitos entre los representantes del Estado y dirigentes de las organizaciones sindicales de trabajadores y de los organismos empresariales, ha sido uno de los hechos más importantes desde el punto de vista social en el quinquenio. Un acuerdo que parecía imposible pudo obtenerse para la reforma que el empresariado aspiraba en la Ley Orgánica del Trabajo, hecha en forma de no perjudicar sino más bien favorecer el sector laboral.

Después de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, continuó institucionalizándose el tripartismo, de cuyas deliberaciones salieron las leyes que finalmente se promulgaron en virtud de la Ley Habilitante, en base de la reforma social más importante a que aspira el país, pues crean un amplio y moderno sistema de seguridad social, para cuyo establecimiento han ofrecido colaboración los organismos financieros internacionales.

El Reglamento de la Ley del Trabajo, que acabamos de promulgar, le da cabida en sus disposiciones a la Comisión Tripartita, que tanto ha significado y significa desde el punto de vista social en Venezuela.

Vivienda popular

Mi preocupación por la vivienda, y sobre todo por la vivienda popular, es ya proverbial. De aquí el estímulo que como cosa muy mía puse en el desarrollo de todos los programas y en la armonización de las iniciativas de todos los organismos relacionados con la materia. El INAVI (Instituto Nacional de la Vivienda), los distintos servicios del Ministerio del Desarrollo Urbano, los organismos creados por las gobernaciones (casi todas) y por algunos organismos municipales, el Servicio de la vivienda rural de la División de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, realizaron mucho en el quinquenio, a pesar de la escasez de recursos y del encarecimiento de las construcciones.

Más de trescientas cincuenta mil unidades de vivienda se construyeron y hay varias decenas de miles de soluciones habitacionales en construcción. Atención especial merece el programa de «Equipamiento de Barrios». Se ha ocupado no sólo de proveerles soluciones habitacionales a los habitantes de distintos barrios del país, sino que se ha propuesto un programa de humanización de los barrios marginales, con atención de las necesidades más imperiosas, a saber, agua, disposición de aguas servidas, disposición de la basura, vías interiores (en los cerros, las escalinatas), comunicaciones (servicio telefónico público a través de monederos), energía eléctrica, centros comunales, capillas, escuelas, canchas deportivas, es decir, todo lo necesario para que quienes allí radican puedan disponer de los medios más indispensables para una vida más aceptable. El programa entre 1994 y 1998 ha atendido 1.894 barrios en todo el país, con una inversión aproximada de 74 millardos de bolívares. Solamente en el área metropolitana «Fundabarrios» ha atendido más de 200 barrios.

Salud

La protección de la salud es uno de los grandes compromisos sociales de Venezuela. Una red hospitalaria con más de treinta y cinco mil camas de hospital en establecimientos oficiales y casi doce mil en establecimientos privados, doscientos cuarenta y dos médicos por cada mil habitantes, con una mortalidad de 4,3 por mil habitantes, y una mortalidad infantil de 23 por mil nacidos vivos, supone un inmenso esfuerzo de organización y dotación. Las exigencias de los profesionales de la salud del sector público que reclaman fundadamente mayores salarios, las hemos tratado de atender hasta donde es materialmente posible.

La descentralización ha marchado y en 17 estados se han realizado transferencias que encuentran como principal obstáculo la cancelación previa de las prestaciones sociales.

Se han construido nuevos hospitales. En el Distrito Federal, los hospitales Vargas, José Manuel de los Ríos y Maternidad Concepción Palacios han obtenido la condición de servicios autónomos, y hay un proyecto para los hospitales José Gregorio Hernández, Luis Razetti, Simón Bolívar (El Algodonal), Rísquez y el Banco Municipal de Sangre.

El costo de los medicamentos ha sido uno de los pesos que más duramente gravitan sobre la economía popular. El SUMED es uno de los programas sociales de la Agenda Venezuela que se está incrementando.

A través del FIMA se ha puesto en marcha un plan nacional para la dotación, reposición y mantenimiento preventivo de equipos médicos a nivel nacional, para garantizar la operatividad de los hospitales y ambulatorios.

Se creó el Consejo Nacional de Salud, integrado por reputados profesores, se han organizado satisfactoriamente las campañas sanitarias de diversas enfermedades y se ha abierto el camino para ordenar la educación de la salud.

La reestructuración del Estado

La insuficiencia de recursos, en relación con los compromisos de un Estado que se sobredimensionó cuando llovió sobre él una abundancia inesperada de petrodólares, nos limitó en nuestro deseo de entrar de lleno a una poda efectiva de la burocracia y realizar con mayor amplitud el programa de la reestructuración del Estado. Su costo es muy considerable. De todos modos, dimos pasos significativos. El personal desincorporado recibió una compensación atractiva y justiciera.

La organización del Ministerio de Industria y Comercio ha sido ejemplar, y la creación del Consejo Nacional de la Industria y del Consejo Nacional de Comercio, ha señalado un rumbo auspicioso para el entendimiento del sector público con la sociedad civil.

Una parte considerable de los fondos fiscales se destina a los programas estadales y municipales y a llevar adelante en forma provechosa el proceso de descentralización. El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Especiales, destinan fuertes cantidades del aporte del Gobierno Nacional a programas concretos de la administración descentralizada. Ello tiene no poco que ver con el hecho de que en las elecciones regionales del 8 de noviembre de 1998, la mayoría de los gobernadores que aspiraban a la reelección la lograron, porque los pueblos apreciaron el trabajo realizado con nuestra participación.

Servicios públicos, vialidad y transporte

En cuanto a los servicios públicos, vale la pena recordar lo que el Dr. Ramón J. Velásquez, en su Mensaje al Congreso del 28 de enero de 1994, dijo: «Las primeras bajas de la insolvencia del Estado han sido los servicios públicos. El deterioro de los servicios tiene muchos años y las dificultades fiscales han tenido su expresión en ese terreno en primer lugar. Tenemos muchas escuelas y centros de salud deteriorados, tenemos una red de carreteras y autopistas sin mantenimiento adecuado, tenemos un sistema de transporte vasto pero inservible. En la época de la bonanza no hubo mantenimiento conveniente porque todo podía ser sustituido por unas obras y por más dinero. No supimos cultivar una conciencia en esta materia. Para la época de la escasez no se tenía la claridad conceptual que permitía ver en el mantenimiento una forma de preservar los activos de la Nación. Muchas se derrumban ante nuestros ojos porque se esperaba sustituirlas por otras cuando debíamos haber aprendido a mantenerlas».

Ningún testimonio más autorizado para describir la condición en que recibimos este sector. Pero nuestro deber era enfrentarla y lo hicimos hasta donde pudimos.

En materia de vialidad, utilizando armónicamente los recursos disponibles con los de las entidades descentralizadas y abriendo campo a la participación del sector privado, hubo una mejora sustancial como lo reconocen los viajeros que tienen que trasladarse de un lugar a otro con frecuencia. La conclusión de la carretera de Mérida a El Vigía, empezada hace 25 años; el adelanto sustancial de la autopista centro-occidental y del enlace vial Valera-Trujillo; el tramo San Carlos-Agua Blanca de la autopista José Antonio Páez; el tramo San Juan de Uchire-Clarines de la autopista Rómulo Betancourt; el distribuidor Guacuco en la vía Pampatar-La Asunción-Juan Griego son algunas de las muchas obras realizadas.

Se adelantaron las obras del ferrocarril Caracas-Cúa, que deberá estar listo en el próximo quinquenio, en el cual tendrán que adoptarse decisiones importantes sobre su posible continuación hacia Puerto Cabello. Las obras del Metro de Caracas continuaron sin interrupción, y van bien los proyectos de Valencia y Maracaibo.

El transporte aéreo, que sufrió las consecuencias de errores acumulados en el pasado, estuvo seriamente afectado, pero ya está en proceso de franco restablecimiento. La situación de nuestros aeropuertos y el control de los aviones nos permite esperar para muy pronto la mejor calificación internacional.

Nos dolió profundamente la quiebra de VIASA, muy querida por todos los venezolanos, que había sido vendida a la empresa IBERIA y no fue gerenciada de manera feliz. Hicimos todos los esfuerzos para que esa quiebra no ocurriera. Tocamos directamente con Su Majestad el Rey de España y con el Presidente del Gobierno, y las medidas propuestas tropezaron con objeciones insuperables de la Unión Europea. Nos dolió profundamente también el fracaso que venía acumulando la Línea AEROPOSTAL. Pero ya tenemos la satisfacción venezolana de ver nuestra bandera cruzando los aires y traspasando las fronteras.

La dotación de agua a las poblaciones ha sido una preocupación prioritaria de nuestro gobierno. Las obras de Taguaza y la primera parte del sistema Tuy IV permitieron que no se interrumpiera la afluencia de este líquido fundamental a la capital de la República, habituada a padecer una suspensión estacional en tiempo de sequía. Prometimos y cumplimos la conclusión de las obras básicas de la segunda etapa del Acueducto Regional del Centro que surte a los estados Carabobo y Aragua, y atendimos en el tiempo más breve la tremenda situación surgida en el Acueducto Regional del Táchira, el grave problema del servicio de agua a Maracaibo y la reparación del dique de Turimiquire en el Oriente.

Nos preocupamos por la dotación de agua a Trujillo, a Boconó, a Margarita, al estado Monagas, a Guanare, a Cabimas y Santa Rita en la Costa Oriental del lago de Maracaibo; a la Península de Paraguaná, a Nirgua, Ortiz, Lecherías, Carora, y pudimos cumplir nuestra promesa de que no se paralizarían las obras del gran sistema Yacambú-Quíbor, cuya presa está ya concluida en un 83,99% y el túnel de trasvase en un 73,61%.

Uno de los venezolanos más conocedores del sector, muy versado además en la historia vernácula, Roberto Pérez Lecuna, me ha asegurado categóricamente y me ha autorizado para declararlo, que este quinquenio ha sido el que más ha hecho en materia de agua en toda la historia nacional.

Vale la pena agregar que a la dotación de agua se han sumado obras importantes para el tratamiento y disposición de las aguas servidas en todas las regiones. Mención especial merecen las correspondientes a los programas de saneamiento del lago de Maracaibo y del lago de Valencia.

Prisiones y seguridad pública

El problema de las prisiones ha sido uno de los más difíciles que ha atravesado y atraviesa Venezuela. Por una parte, el hacinamiento en que a la insuficiencia de las cárceles se agrega la resistencia de los sectores vecinales y aun de las propias autoridades civiles y eclesiásticas, a aceptar la construcción de nuevos sitios de reclusión cerca de las poblaciones. Por la otra, la frecuente deficiencia del personal, cuyas bajas remuneraciones no permiten una esmerada selección, y la incidencia del narcotráfico, que pone en circulación crecidas sumas de dinero ante las cuales es fácil que sucumban los encargados de vigilar.

Se han construido, pese a la limitación de los recursos, nuevos establecimientos, tales como los anexos de Yare y El Rodeo y los modernos y amplios centros de Mérida y de Barquisimeto, que estaban en proceso de construcción, pero en los cuales se encontraron defectos por inconveniencia del material usado en etapas anteriores. Se han hecho trabajos de readaptación y modificación en el correccional de El Dorado, en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros y en la cárcel de Tocuyito, entre otros.

Se han puesto en práctica nuevos sistemas para la atención, registro, control y separación de los reclusos, según la índole del delito imputado y estado de la causa, de procesados y sentenciados, se ha uniformado a los detenidos y se han establecido sistemas de comunicación para agilizar la información que los procesados requieren del estado de sus causas. Se ha utilizado todo un sistema nuevo de selección de los guardianes.

La demolición del antiguo Retén de Catia, famoso por sus irregularidades y por las condiciones infrahumanas de su ambiente en general, fue un signo del propósito de la actual administración de cambiar a fondo los sistemas penitenciarios. Pero todo ello no ha podido impedir el que la corrupción se infiltrara en el interior de los establecimientos, ni que los factores de perversión produjeran enfrentamientos diabólicos entre grupos de reclusos, los cuales encontraban muchas maneras de proveerse de armamentos, además de los producidos por ellos mismos, para emplearlos en verdaderas batallas. Las requisas realizadas periódicamente, o en circunstancias extraordinarias, producen una limpieza momentánea, pero al poco tiempo reaparecen armas pasadas de contrabando y cuando se quiere extremar el control, surge la protesta explicable por parte de los familiares, ya que la restricción de las visitas o el tratamiento severo a los visitantes constituyen un factor de perturbación, más que de normalización.

La creación del Fondo de Edificaciones Penitenciarias ha ayudado aunque no en toda la medida que se esperaba. Ha sido difícil ordenar la documentación de registro de la propiedad de los inmuebles que podrían ser vendidos y son grandes los obstáculos que las mismas comunidades plantean. De todos modos, se pusieron en funcionamiento 17 centros penitenciarios, creándose 7.624 cupos, mejorándose 19 planteles y dejándose en proceso 1.899 cupos más. Un examen objetivo de la política penitenciaria realizada durante el quinquenio evidencia la constante inquietud del Ministerio de justicia en atender esta necesidad urgente. Si no se pudo alcanzar lo que se quería, los caminos andados ofrecen perspectivas de mejoramiento, que la Nación sabrá aprovechar.

Preocupados por el tema de la seguridad pública, nos encargamos preferentemente de depurar, dignificar y dotar los cuerpos policiales que dependen del Ejecutivo Nacional. La DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), la PTJ (Policía Técnica Judicial) y la Policía Metropolitana, que no cumple solamente funciones en el Distrito Federal sino en otros municipios del área metropolitana, han sido objeto de una paciente, cuidadosa y responsable depuración, en busca de la honestidad y la eficiencia. En cuanto a las policías estadales, que están bajo jurisdicción de los gobernadores respectivos, hemos tratado de darles apoyo y al mismo tiempo, mantener cuidadosamente las limitaciones necesarias sobre el armamento, tanto en cantidad como calidad.

En cuestión de orden público, hay una observación que no puedo omitir: el derecho de manifestación se ha usado en forma irrestricta, con base en el Estado de Derecho y con amplio apoyo en los medios de comunicación social. No todas esas manifestaciones fueron pacíficas. Algunas de ellas presentaban intenciones de perturbación. En todas buscaban infiltrarse elementos provocadores, con deseos de crear situaciones conflictivas. En definitiva, los cuerpos policiales se encargaban de proteger y controlar. Esas policías y especialmente la Guardia Nacional y la Policía metropolitana dieron muestra de un gran sentido de responsabilidad y por ello podemos presentar un verdadero récord por el pequeño índice de daños personales, sin perjuicio de la más amplia libertad.

Las Fuerzas Armadas

A las Fuerzas Armadas Nacionales ha correspondido una labor de primera importancia en el mantenimiento del orden público y de la paz social y en el respaldo a las instituciones democráticas. La recuperación y el mantenimiento de su unidad y el fortalecimiento de su conciencia institucional, ha sido preocupación preferente del Jefe del Estado, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y del Alto Mando Militar, durante el quinquenio que está ya por terminar.

Su dotación material no se ha descuidado un solo instante y la actividad formativa ha sido muy satisfactoria. El programa de viviendas en guarnición ha avanzado mucho y su progreso ha sido muy favorablemente recibido, así como el incremento y perfeccionamiento de los servicios de salud.

En muchos aspectos, las Fuerzas Armadas Nacionales constituyen en todas sus ramas, una de las instituciones más apreciadas y de los servicios públicos más eficientes en la comunidad nacional.

La corrupción

La lucha contra la corrupción ha sido un objetivo permanente del Gobierno que presido. Una lucha sincera, precisada a combatir todo brote de corrupción, ha estado expuesta a sufrir la calumnia constante de críticos que, precisamente para hacer desviar la atención de sus propios actos o por intereses políticos, se empeñaron en quitarle valor a la acción emprendida, y en negar el reconocimiento debido al empeño puesto en todos los órdenes por combatir este arraigado mal.

La corrupción no es fenómeno nuevo. La lucha histórica de los demócratas venezolanos contra las dictaduras no sólo estaba orientada a la conquista de las libertades y el reconocimiento del voto popular, sino también a la eliminación del manejo ilícito de los fondos públicos. Los tiranos de todas las épocas amasaron inmensas fortunas. Los robos de las dictaduras fueron tan notorios, que por más que se disimulen no es posible ignorarlos sin olvidar la historia.

En este período constitucional auspiciamos en el seno de la Organización de Estados Americanos un tratado contra la corrupción que lleva el nombre de «Convención de Caracas» y que compromete a todos los Estados signatarios que la ratifiquen a negar protección a los peculadores, que tradicionalmente se amparaban en una supuesta condición de perseguidos políticos.

Designé a un Comisionado para la Vigilancia de la Administración Pública que ha trabajado con lealtad a la Nación y con honesta voluntad. El Comisionado ha procesado 32.373 denuncias, tramitadas con seriedad, de lo cual dio un informe pormenorizado al presidente electo para su debido conocimiento.

Aparte de la investigación con fines represivos, el Comisionado se empeñó en el aspecto preventivo; y tratándose de un profesional de la docencia, destacó la importancia que la educación tiene frente a este terrible mal. «El compromiso educativo anticorrupción», que ha sido acogido con elevado aprecio no solamente en Venezuela sino en el exterior, se inspira en la preocupación de que la raíz del mal está en perniciosas costumbres cuya desaparición reclama el fortalecimiento de la conciencia anti-corruptiva desde la más temprana juventud.

Un «Código de conducta de los servidores públicos», redactado por el Comisionado, por el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado y por el profesor Humberto Njaim, fue presentado al Consejo de Ministros y promulgado oportunamente.

No puedo afirmar que la corrupción haya desaparecido, porque como una hidra de cien cabezas retoña y se presenta donde menos cabe esperarla. Pero rechazo enérgicamente la afirmación de que la corrupción haya aumentado en Venezuela o de que seamos uno de los países del mundo donde el índice de este mal sea más alto.

Invito, a quienes quieran formarse un concepto justo de esta desagradable situación, a examinar las cifras presentadas por la Contraloría General de la República, para que puedan verificar cómo el porcentaje de objeciones es ínfimo en proporción al voluminoso monto de las erogaciones de la Administración Pública.

Los funcionarios más elevados de mi Gobierno, que devengan salarios inferiores a sus homólogos de cualquier otro país del Hemisferio, están dispuestos a enfrentar con serena firmeza cualquier denuncia que se formule contra ellos, porque tienen tranquila la conciencia y consideran que el mayor fruto de su actividad en el servicio público es el aprecio de sus compatriotas.

La tradición venezolana es que en cada cambio de gobierno abunden las acusaciones. Afirmaciones no probadas se hacen con gran facilidad. A veces, gente que no tiene un expediente impecable es la más interesada en manchar la hoja limpia de los servidores honestos. Expresiones desconsideradas, que hacen mal a Venezuela y la presentan como avergonzada de sí misma, requieren una actitud más respetuosa de ese derecho humano fundamental que es la honra personal, la cual al generalizarse se convierte en honra colectiva. Por lo demás, no se debe olvidar que los instrumentos principales de la lucha contra la corrupción, a saber, los medios de información y los tribunales de justicia, han gozado durante todo el quinquenio de una libertad absoluta y plena que resiste ventajosamente comparación con la de cualquier otra etapa de nuestra vida republicana.

La educación

Dentro de los aspectos básicos en la reestructuración de la sociedad venezolana está la educación. Puedo afirmar, con la más absoluta convicción, que en materia de educación se ha realizado una de las labores más importantes en los últimos años.

Es válido observar que los cuarenta años de democracia, si no tuvieran ningún otro argumento que esgrimir a su favor, merecerían un juicio favorable de la historia solamente por la labor cumplida en el orden de la educación popular. La comparación de las cifras estadísticas del año 1958, y las mismas cuarenta años después, es suficiente para mostrar el inmenso desarrollo de la educación del pueblo venezolano.

Por eso, al comentar la expresión del ilustre venezolano Dr. Arturo Uslar Pietri, «sembrar el petróleo», he observado que si bien es cierto que porción apreciable del dinero del petróleo se malgastó en erogaciones no justificables, y buena parte se dedicó a la hipertrofia de una burocracia ineficiente, y que desgraciadamente otra parte se la apropiaron indebidamente muchos funcionarios  y sus cómplices, también hay que reconocer que un porcentaje importante se dedicó a obras de infraestructura que transformaron a un país rural y atrasado en uno de los países modernos y progresistas de la familia latinoamericana, y sobre todo que la mejor siembra del petróleo ha sido en la educación.

Con todos sus defectos, ha convertido en cuarenta años a un pueblo que tenía un alto nivel de analfabetismo y una pobre presencia de institutos educacionales, en una comunidad nacional, donde la educación en todos sus niveles llega hasta los más remotos rincones y donde la gratuidad de la enseñanza a todos sus niveles en los establecimientos públicos es una de sus características desde el punto de vista social. La educación popular y su gratuidad han hecho más por la igualdad social que la propia Guerra Federal, sin la destrucción que aquélla produjo.

Pero hay que admitir, no obstante lo afirmado, que en los últimos años se ha notado un deterioro considerable en el proceso de la educación. El Mensaje Presidencial del Dr. Ramón J. Velásquez merece citarse de nuevo para recordar la situación que tuvimos que enfrentar. Dijo él: «La educación está mal y empeora. Asediada por el descuido oficial, por la ausencia de conciencia clara de muchas autoridades educativas sobre su misión, por la carencia de recursos y devastada por un gremialismo mal entendido, la educación venezolana está en una seria y peligrosa crisis. Enfrentar este reto es exigencia urgente del liderazgo del país». Este reto no podíamos evadirlo. Debimos comenzar por una labor de saneamiento, de dignificación y renovación de métodos en los cuadros de la educación básica, cuyas fallas se han observado no sólo en sus efectos inmediatos, sino en la educación superior, que ha recibido un material humano deficiente con frecuencia de la preparación que debía tener.

El Ministerio de Educación, encomendado a un verdadero apóstol del servicio público, impertérrito en el cumplimiento de sus deberes ante los ataques más injustos y las tergiversaciones más absurdas, ha abordado el problema de los pensa de estudios, ha rescatado la presencia de los valores que la educación debe sembrar en la conciencia de las nuevas generaciones, ha renovado los currícula, ha estimulado la participación del alumno y la superación del maestro, y al mismo tiempo, ha hecho mucho por remediar las necesidades materiales de la escuela y la situación económica del enseñante.

Para los profesionales de la docencia, que con justicia aspiran a más, se ha mejorado sustancialmente la situación económica. Maestros con título académico han visto pasar el sueldo básico de 29.000 bolívares en 1993 a 234.000 en 1997, lo que supera ampliamente las tasas de inflación. El salario de un Docente VI ha pasado, en el mismo lapso, de 45.000 a 347.870 bolívares. Además de primas por jerarquía o por trabajar en lugares de difícil acceso y seguro gratuito de hospitalización, cirugía y maternidad. Este mejoramiento sustantivo en la situación de los docentes ha constituido un estímulo para volver a poblar de estudiantes las facultades de Educación, que iban quedando desiertas de aspirantes por la falta de atractivos que tenía la profesión.

Un programa importante es «Cada empresa una escuela». El problema del desempleo, que a todos los países preocupa, tiene sus mejores remedios en la protección de la pequeña y la mediana empresa, y en la educación.

La educación superior es cosa aparte. Nuestro Gobierno está integrado por universitarios, muchos de los cuales han sido o son activos profesores. En cuanto a mí, tengo una vinculación profunda y he recibido honrosas distinciones de universidades de mi país y fuera de él. Poseo una especial devoción por mi Alma Mater, la Universidad Central de Venezuela, de la cual soy profesor honorario por decisión unánime de su Consejo Universitario, profesor jubilado por años de servicio. Se me concedió la alta distinción de la medalla José María Vargas siendo Rector el finado Jesús María Bianco. Tengo dos hijos graduados en la Universidad y una hija con postgrado del CENDES, de la Universidad Central. Tengo tres nietos en la misma Universidad Central, dos de ellos graduados  y a otro le falta poco para terminar su pre-grado. A la Universidad Simón Bolívar tuve el privilegio de crearla y de nombrar sus primeras autoridades. Su primer doctorado honoris causa me fue otorgado, después de concluir mi primer Gobierno. Dos hijos míos son profesores muy estimados en ella. Digo esto solamente para que no se me atribuya una predisposición adversa a la universidad en general: No pude lograr un entendimiento fecundo con el sector universitario oficial.

Al ser electo presidente, antes de la toma de posesión, mi primer cuidado fue el diálogo con las universidades. Designé un Ministro de Estado para ocuparse exclusivamente de la Educación Superior. Todos los planteamientos, todos los razonamientos, todas las muestras de favorable disposición resultaron inútiles.

El sector universitario es sin duda uno de los que requiere una reforma más profunda, pero las relaciones con el Gobierno se convirtieron en la discusión permanente de un contrato colectivo en el que la cláusula más importante es la cláusula salarial. No discutimos con un sindicato maduro, sino con un sindicalismo agresivo, de lenguaje más que irrespetuoso y con actitudes impropias. No me refiero a los tristemente célebres «encapuchados» sino a importantes autoridades y directivos de asociaciones profesorales. Concedimos recursos hasta donde pudimos, pero siempre se nos plantearon más elevadas aspiraciones, sin que valiera el argumento de que la situación del país no permitía cubrirlas en su totalidad. Todas las proposiciones de reforma fueron desatendidas. La actitud hostil se manifestó también hacia el poder Legislativo, cuyos laboriosos esfuerzos para dotar la educación superior de una ley nueva encontraron una estruendosa oposición.

De todos modos, las obras de infraestructura de las universidades siguieron su marcha, en la medida de los recursos disponibles. Más de 130 obras entre proyectadas, en ejecución o concluidas, abarcan la inversión del Ministerio del Desarrollo Urbano realizada en el campo de la educación superior, la ciencia y tecnología en este quinquenio. La terminación de las obras de la Escuela Vargas, una de las más apreciadas en el país, así como las del nuevo comedor de la Central, son expresivas muestras de nuestra buena disposición hacia las universidades.

Los dirigentes tendrán, tarde o temprano (ojalá más temprano que tarde) que admitir que las proposiciones hechas por el Ministerio de Educación para un «nuevo trato» y las soluciones propuestas, con ofrecido apoyo de organismos financieros internacionales, tendrán que abrirse paso, y habrá que reformar los mecanismos administrativos actuales, que son reflejo de las condiciones que tanto se critican a la burocracia nacional.

En materia de educación superior es imposible no mencionar a la Fundación Ayacucho, que ha logrado gran éxito en la recuperación del crédito educacional. Esta institución está gerenciada muy satisfactoriamente y ha aumentado considerablemente las oportunidades de post-grado en reputados institutos del exterior.

En cambio de lo dicho sobre los dirigentes de las universidades oficiales, las relaciones con los altos valores humanos de la cultura y de la ciencia han sido excelentes. Ellos saben y pueden dar fe de la permanente atención que nos hemos esforzado en dar a tan importantes sectores de la vida nacional y las realizaciones logradas, sin prisa pero sin pausa, en tan importantes áreas de la venezolanidad.

Infancia, juventud y deporte

Por supuesto que la atención a la juventud es para mí uno de los deberes primarios. La atención al menor toma nuevas perspectivas por la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que tuve el privilegio de promulgar. Designé a una mujer de vocación social y de comprobado espíritu de trabajo como Ministra de Estado para la Juventud. Ella presidió la Fundación «Juventud y Cambio» y dio curso a diversos programas que fueron favorablemente acogidos por los sectores responsables relacionados con los jóvenes. Estos programas, destinados a aprovechar la inteligencia y energía de jóvenes que han desertado del sistema escolar y no tienen trabajo, son de una importancia innegable. Los muchachos y muchachas invitados a incorporarse, lo hacen con alegría y con una voluntad de acción que es prueba evidente de su capacidad.

El interés por la juventud va combinado con el interés por el deporte. Le hemos dado al deporte estímulo y afecto. Compartimos con nuestros muchachos la emoción de los lauros cosechados en las competencias y estamos convencidos de que hay buena madera que ofrece muy amplias perspectivas.

No omití esfuerzo para que no se interrumpieran los juegos deportivos juveniles nacionales. En los estados Barinas (1994), Sucre (1995), Trujillo (1996), Yaracuy (1997), se cumplieron con un éxito que además impacto a las poblaciones de dichos estados. Apoyamos los Juegos Deportivos Suramericanos que se realizaron con brillantez en Valencia el año de 1997. Los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Maracaibo en 1998, fueron realizados con apoyo irrestricto que le dio el Gobierno Nacional. En las competencias de Maracaibo superamos el número de preseas ganadas en otras oportunidades. Quedamos de terceros después de Cuba y México y obtuvimos treinta y tres medallas de oro más que en los juegos anteriores, celebrados en Ponce en 1993.

También forma parte de una buena política juvenil el apoyo a las orquestas juveniles e infantiles que se han difundido por todo el país. Sus grandes éxitos, el reconocimiento en países del exterior y en organismos internacionales como la UNESCO, constituyen motivo de orgullo para Venezuela y son a la vez instrumento, no sólo para extender la cultura musical, sino para motivar a los menores con un atractivo social que compite ventajosamente contra la corrupción y el narcotráfico que tratan de infiltrarse entre la juventud.

El desarrollo sustentable del Sur

El desarrollo sustentable del Sur de Venezuela, que abarca más de la mitad del territorio nacional, ha sido tomado con entusiasmo, después del abandono de la «Conquista del Sur» de mi primer Gobierno. Se han emprendido planes que constituyen un comienzo, dada la variedad de la región, pero que señalan un camino con vistas al futuro de nuestro país.

PRODESSUR, presidido por el Ministro de Estado, Presidente del Consejo Nacional de Fronteras, conjuga ideas y coordina los propósitos de los más variados organismos cuya misión se relaciona con esta trascendental empresa.

Las Fuerzas Armadas, la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, la Corporación Venezolana de Guayana, las gobernaciones de los Estados involucrados, las organizaciones misioneras, todos coadyuvan en la ejecución del proyecto.

La atención de las etnias indígenas, el reconocimiento de sus derechos, así como la conservación de los recursos naturales, toman un lugar propio en la idea del desarrollo sustentable, que desecha la tesis de algunos ecologistas para quienes la conservación debe expresarse en el abandono de la naturaleza y en mantener a los pobladores alejados de los beneficios de la civilización.

El desarrollo sustentable del Sur marcha armónicamente con la política de fronteras, extensas éstas y en gran parte despobladas, expuestas a la invasión, a la depredación y a la violencia. El levantamiento aero-fotográfico del Sur (Cartasur) es una contribución valiosa al mejor conocimiento de esta área.

Me complace afirmarlo: hemos establecido una política de fronteras. Las Fuerzas Armadas actúan en defensa de la soberanía y protección de las personas y bienes de los habitantes, pero al mismo tiempo hemos planificado y desarrollado una continua acción cívico-militar al servicio de los pobladores actuales y de los que se incorporan progresivamente atraídos por los programas en marcha.

El proyecto Sucre y la construcción de Ciudad Sucre, en la parte más occidental del estado Apure, es símbolo del futuro régimen fronterizo en Venezuela. Seguridad, educación, salud, vivienda, servicios, proyectos de desarrollo agropecuario e industrial; no es una lista de aspiraciones, sino de una actividad real.

La aldea rural Cojoro en la Goajira es otro notable experimento para fijar y atender pobladores habitualmente migrantes. Santa Elena de Uairén toma cada vez mayor importancia. Los Teatros de operaciones No. 1 y No. 2 prestan un invalorable servicio al país y a la gente. Los proyectos en el Amazonas, en el Apure, en el Zulia, en la Goajira venezolana, son parte de una promisora estrategia global.

Países fronterizos y política exterior

Las relaciones con los países fronterizos han sido cordiales. Las Fuerzas Armadas de Venezuela y de Colombia dejaron de mirarse con recelo y trabajan armónicamente para asegurar la paz en la frontera. Con Trinidad y Tobago se superaron las dificultades de la pesca en aguas limítrofes mediante un tratado que rige la materia. Las negociaciones con Guyana para encaminar el histórico problema del Laudo de París, se han mantenido en un alto nivel, según la orientación de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Las relaciones con Brasil han sido uno de los grandes hallazgos del presente quinquenio. El intercambio es cada vez mayor entre los Estados del Sur de Venezuela y los Estados del Norte y del Noreste del Brasil pero, además, ese intercambio y la amistad en escala nacional han sido un movimiento que no se detiene.

Hemos atendido debidamente nuestros compromisos internacionales. La Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en la Isla de Margarita, en 1997, fue un acontecimiento verdaderamente trascendental.

En cuanto a las conversaciones con Colombia para la delimitación de áreas marinas y submarinas, se han llevado bien, dentro del concepto de la globalidad de los numerosos asuntos a tratar y en un clima evidentemente positivo, por las Comisiones designadas por ambos Gobiernos.

La coordinación de actividades para enfrentar el terrible flagelo mundial del narcotráfico ha merecido nuestra atención hasta el punto de darle condición de Ministro de Estado al presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas (CONACUID). Dentro de la posición firme de mantenimiento de nuestra propia soberanía hemos ratificado nuestra voluntad de servicio y cooperación, con sincera devoción a la causa de la paz entre las naciones del mundo.

A propósito de la paz, no puedo dejar de mencionar que uno de los hechos más resaltantes del quinquenio fue la segunda visita de S.S. Juan Pablo II a nuestra tierra, la cual provocó un emocionante testimonio multitudinario de adhesión de nuestro pueblo a los valores del espíritu y sirvió de motivación para terminar la construcción e inaugurar uno de los templos más bellos de América, el Templo Votivo elevado para el culto a Nuestra Señora de Coronoto, Patrona de Venezuela, en el sitio de su aparición.

Por lo que podrá verse, no es poco lo que se ha hecho, a pesar de la prédica constante de críticos prejuiciados según la cual no se hizo nada en el quinquenio. Y no sigo el relato, porque ya me he extendido mucho más de lo que he acostumbrado en mis mensajes anuales.

Habría querido, desde luego, realizar una obra mayor. Las circunstancias no lo permitieron y espero que mis compatriotas perdonaran las fallas que haya tenido en mi gestión. Lo que sí puedo asegurar es que dudo que alguien hubiera podido superar el esfuerzo y la recta intención que caracterizaron la gestión presidencial del quinquenio 1994-1999. Y, al fin y al cabo, la más importante tarea que había que cumplir la cumplimos: «armar el rompecabezas» y entregar el país en paz y en democracia. Hagamos todo de nuestra parte para que no se desarme de nuevo.

 

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

 

Voy a hacer un acto de fe en la democracia. No por ilusión, sino por convicción; no por simple idealismo, sino también por amarga experiencia.

Confío en la vocación democrática del pueblo de Venezuela.

Estoy convencido de que la Constitución de 1961, elaborada por un Congreso que fue elegido con más del 92% de concurrencia de los electores al acto comicial y suscrita por unanimidad de los senadores y diputados de todas las corrientes políticas, es una excelente Constitución. Y si bien yo mismo he auspiciado la conveniencia de reformarla en algunos aspectos que mejoren el funcionamiento del Estado, aseguren la reforma de la Administración de Justicia, incorporen normas para hacer de la democracia representativa una democracia más participativa, su vigencia durante casi cuarenta años es motivo de orgullo para las generaciones que a través de una lucha esforzada y tenaz lograron darle vida para consagrarla como una excelente Carta Fundamental, la que ha tenido más larga existencia en Venezuela.

Y al fin y al cabo, como dice Alain Touraine: «No hay democracia que no sea representativa, y la libre escogencia de los gobernantes por los gobernados estaría vacía de sentido si éstos no fueren capaces de expresar demandas, reacciones o protestas, formadas en la «sociedad civil»».

Tengo en muy alto honor haber participado activamente en la construcción del Estado de Derecho y en la elaboración y sanción de la Carta Fundamental. Creo que los venezolanos, por encima de las insatisfacciones que diversos factores les han hecho padecer, a pesar de repudiar las fallas que hayan cometido quienes han ejercido el poder público, por encima de las imperfecciones que toda actuación humana comporta, creemos en la democracia, sabemos valorar la libertad, perdida en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, en condiciones oprobiosas para nuestra comunidad nacional.

Creo en Dios Todopoderoso y Omnipotente, que ha dado al hombre el don sagrado de la libertad para que lo use al servicio del bien.

Creo que los hijos de la Patria de Bolívar sabemos por experiencia lo que vale la libertad, lo que significa perderla y lo que cuesta recuperarla.

Y no es ocioso repetir que para curar los males de la democracia se necesita más y mejor democracia. Estas no son consignas huecas, sino una convicción cimentada en la historia.

Cuando se habla del respeto a las instituciones no se está lanzando al aire una frase efectista, sino manifestando un deseo profundo del alma colectiva.

En cualquier circunstancia, Venezuela tiene derecho a aspirar y aspira a un futuro mejor. A una marcha firme hacia el desarrollo económico y social, a un perfeccionamiento sincero de su sistema democrático, que no sólo sirva de ejemplo y guía para nuestras generaciones jóvenes, sino para los países hermanos. Ellos también han podido valorar, a través del tiempo, el pensamiento y la obra de los Libertadores y principalmente de Simón Bolívar. Su mensaje nos conmina. No lo adulteremos: «Meditad bien vuestra elección, legisladores», dijo precisamente el Padre de la Patria en el discurso de Angostura. Escuchemos sus sabias orientaciones. Lleguemos al fondo de su magisterio.

Alicia

No quiero terminar este Mensaje sin decir unas pocas palabras de agradecimiento a la Primera Dama. A pesar de haber sufrido dos severas intervenciones quirúrgicas, no sólo atendió los deberes inherentes a su condición de esposa del Jefe del Estado sino a la realización de hermosos programas de la Fundación del Niño, tanto en Caracas como en el interior.

Otro programa de gran éxito fue el que denominó «Un cariño para mi ciudad», que ha sido un extraordinario experimento, por el entusiasmo y receptividad con que lo acogieron los sectores de la sociedad civil, para cumplir una tarea de embellecimiento y mejora del ambiente del área metropolitana de Caracas.

Todo esto sin descuidar sus responsabilidades en el Museo de los Niños. Fundado y creado por ella varios años después de la terminación de mi primer período de Gobierno, ella ejerce desde entonces su dirección, sin aceptar otra recompensa que la satisfacción de la obra hecha y el orgullo del prestigio ganado en nuestra patria como en el exterior.

Reciba, pues, Alicia, la seguridad de mi agradecimiento que le expreso también en nombre de todos los niños de Venezuela.

 

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.