Recorte de El Universal del 30 de mayo de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.

Se compra un continente

Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 30 de mayo de 1990.

La experiencia de los viejos venezolanos, invalorable para el recuento y análisis de nuestra historia republicana, solía recordar que las épocas de crisis fueron origen de grandes fortunas, porque permitieron comprar a precio vil las propiedades de los afectados por la situación.

Este recuerdo me ha asaltado, porque ante las dificultades que atraviesan los países latinoamericanos, las grandes empresas transnacionales y las fuerzas económicas y financieras del capitalismo mundial han desplegado una visible estrategia, destinada a comprar –así, literalmente, comprar– todo lo que puede ofrecer oportunidades futuras de ganancia para sus inversiones en el Continente.

Tal vez sea aventurado pensar que cuando las potencias financieras abrieron el proceso traumatizante de la deuda externa a los pueblos subdesarrollados, hubieran previsto ya lo que iba a ocurrir. Tal vez el paso inicial se debió simplemente a la necesidad de colocar los cuantiosos recursos acumulados en los bancos por el reciclaje de los petrodólares. Si los dejaban estancados, se deterioraban inexorablemente: era indispensable ofrecerlos a quienes los necesitaban, para sus programas de desarrollo y hasta para sus necesidades ordinarias. Al principio, con intereses razonables y con una cierta precaución para que se invirtieran provechosamente; después, a las tasas altas de intereses determinadas por la necesidad del Tesoro de Estados Unidos de atraer fondos para equilibrar su déficit presupuestario. En los comienzos, con cierta liberalidad; luego, con presiones cada vez más fuertes para imponer condiciones que, en definitiva, colocaron en manos de los poderosos el dominio absoluto de las economías de los deudores.

Encontraron el mecanismo con facilidad: para restablecer el flujo de «dinero fresco», ansiosamente requerido por los gobiernos, se exigiría cumplir las normas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Esta entidad –a la que no niego aspectos positivos en cuanto a la estabilización de los sistemas monetarios– tiene una visión monetarista que coloca en segundo término el costo social de sus recetas y se mueve bajo la influencia decisiva de los grandes centros de poder. Frente a éstos es herejía la aspiración a tener una economía propia, o sea, lo que la literatura del Gobierno presidido por Rómulo Betancourt a raíz del 18 de octubre de 1945 llamaba «La Segunda Independencia».

La política del FMI ha introducido a la jerga constitucional (aquí sí que cabría la tesis sociológica de la «constitución orgánica» frente a la «constitución escrita») un instrumento normativo no previsto en los esquemas jurídicos, denominado «carta de intención». En ella se compromete el deudor, para poder lograr de los acreedores una actitud más o menos benévola, a lo que el FMI requiere para dar un certificado de buena conducta («sound economic policy»), sin importar el costo. «No veo por qué la conducta que en mi país ha producido riqueza y libertad no debe producir en los otros un resultado igual», me contestó el secretario de Estado Baker cuando le pregunté si su gobierno estaría dispuesto a contribuir a un reexamen de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El señor Baker indudablemente resta importancia a las diferencias existentes entre su país y los nuestros, y olvidó los procedimientos aplicados en el suyo cuando se encontraba en una fase parecida a la que enfrentamos hoy nosotros.

La libertad, ese privilegio invalorable del ser humano, se manipula a veces hasta convertirla en su propia negación. «Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, es la ley la que protege y la libertad la que oprime», como dijera Lacordaire. El pensamiento demócrata cristiano, defensor ferviente y decidido de la libertad, ha alertado siempre contra la concepción que en nombre de la libertad pone a los más débiles a disposición de los más fuertes.

El recetario fondomonetarista tiende a eliminar toda forma de protección a la industria y a la agricultura de los países deudores, para que puedan obtener una cierta benevolencia de los acreedores. Gobernantes en América Latina que han preconizado un socialismo democrático, en vez de unirse para presentar un frente capaz de discutir condiciones, han claudicado fácilmente ante la imposición. De allí surge una curiosa posición, que podría denominarse «socialismo neoliberal».

Fue laborioso el proceso que hubo que recorrer para asegurar el control nacional de las riquezas fundamentales. Ahora no sólo se acepta, sino que se invita a regresar a las transnacionales, de cuya gestión deberíamos tener presentes muy aleccionadoras experiencias. En Venezuela, por ejemplo, las transnacionales del petróleo, después de haber disfrutado durante medio siglo de esa riqueza formidable, al llegar la época de trasladarla a nuestras manos, se valieron primero de medidas de presión que nos obligaron a legislar para impedir que a la reversión de las concesiones encontráramos las instalaciones destartaladas, y después obligaron al Gobierno a pagarles por cada barril extraído una cantidad en concepto de una tecnología que se habían reservado mezquinamente, y de un mercadeo que manipulaban según su conveniencia. ¿Volveremos a meterlas en la casa? ¡Cuidado con el devenir de este retorno!

El dogma de la privatización, el derrumbe de las barreras arancelarias, la garantía de puerta franca para las inversiones foráneas (sin ninguna especie de condicionamiento), el manejo de la «reconversión de deuda en inversión», es lo que necesitaban los compradores para adueñarse de este continente. No soy enemigo de la privatización, en los casos y circunstancias en que evidentemente conviene, para quitarle cargas al Estado y para mejorar servicios o para obtener mejores rendimientos para el país.

Comparto el criterio de que el Estado no debe ser hotelero: si lo es en la actualidad es porque tuvo que construir hoteles donde el sector privado no los construyó. Lo mismo puede decirse de centrales azucareros o de otras actividades económicas. La mala administración del sector público no es un dogma absoluto: se administró bien y se pueden gerenciar positivamente empresas o institutos que deterioraron el clientelismo partidista, la incapacidad gobernante y la corrupción. Tampoco es un dogma el que la administración en manos privadas sea siempre eficaz: muchos fracasos de empresas privadas, muchas quiebras de bancos obligaron al Estado a hacer un sacrificio para que no lo padeciera un sector de la población.

Las transnacionales se están apoderando ya de importantes rubros económicos en diversos países latinoamericanos. Indudablemente, mejorarán algunas empresas que marchaban mal; pero hay que estar pendientes de que no las entreguen después como entregaron a Venezuela los concesionarios europeos los ferrocarriles instalados a partir del gobierno de Guzmán, porque no tuvieron interés en renovarlos y actualizarlos.

Y en cuanto al costo social de las medidas comprometidas en las cartas de intención, tómese en cuenta que hasta el señor Camdessus, director del FMI, en la reciente reunión de Washington, advirtió: que los países que atienden las recomendaciones del FMI en materia económica: «no pueden olvidar las consecuencias sociales implicadas en ellas, traducidas en un enorme costo para la población de menores recursos». A confesión de parte, relevo de pruebas.