Tercer mensaje presidencial

13 de marzo de 1997

Ciudadanos Senadores:

Ciudadanos Diputados:

El año pasado, al presentar ante ustedes mi Mensaje anual, dije lo siguiente: «Las definiciones son claras. La Agenda Venezuela ha sido aceptada como una posición propia, adoptada incluso para las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esa Agenda requiere decisiones, y estoy dispuesto a tomarlas. Todas son un conjunto. Las que no puedan ser simultáneas serán sucesivas pero en muy breve lapso».

Las medidas previstas se concretaron el 15 de abril. Nadie puede negar que la Agenda Venezuela fue aceptada en forma ampliamente positiva. La población en general acató la necesidad de las disposiciones tomadas y dio un gran ejemplo de responsabilidad.

El resultado respondió a las expectativas previstas por los voceros oficiales, contra los augurios pesimistas de los negadores sistemáticos, incluyendo a aquellos que reclamaban las medidas pero que una vez conocidas dieron una vuelta de conversión para buscar motivos de atacarlas. Los hechos están a la vista.

La presión inflacionaria ha ido disminuyendo progresivamente. Llegó a su más alto nivel en mayo de 1996, pero luego la rata mensual ha ido descendiendo sostenidamente, a pesar de las medidas de reajuste que ha habido que adoptar en las tarifas de los servicios públicos y en el monto de las remuneraciones. Se ha eliminado el déficit y se ha establecido una severa disciplina fiscal. Se ha mantenido un sistema tributario equilibrado.

La deuda externa se redujo en más de mil millones de dólares y se han tomado iniciativas para reestructurarla en forma de hacer menor el peso del servicio de la deuda para las administraciones posteriores. Se cancelaron obligaciones atrasadas con acreedores internacionales, quedando sólo las que presentaban dificultades legales.

La liberación del mercado cambiario se hizo como estaba anunciada. Uno de los indicadores más positivos ha sido la estabilidad del signo monetario. Las reservas internacionales han subido a su nivel más alto, más de lo programado, y no sólo porque hayan aumentado los precios del petróleo, sino porque ha habido un elemento económico fundamental: la recuperación de la confianza.

La normalización del sistema financiero ha sido, por cierto, un factor de esa recuperación. Tanto que los organismos multilaterales como los representantes del sector reconocen que la emergencia financiera está superada. Los bancos tienen ahora mejor capacidad de cumplir su función intermediadora para la producción y por primera vez tenemos la presencia de bancos extranjeros, que no sólo da una señal de confianza, sino que hace el sistema más competitivo, para beneficio de los usuarios.

En cuanto a los precios petroleros, es cierto que el alza cíclica ha contribuido significativamente al mejoramiento de la economía, pero debemos tener presente que el mercado del sector es errático y que sería muy grave incurrir en el mismísimo error de años anteriores, cuando se forjó la ilusión de que el alza no sólo sería firme sino que progresivamente continuaría hacia arriba, razonamiento que dio origen al aumento desmedido de los gastos corrientes y a la adopción de compromisos que pesan hoy considerablemente sobre las espaldas del pueblo venezolano.

El Gobierno, aprovechando esa experiencia, creó una Cuenta Especial de la Tesorería para contener esos recursos, e introdujo este año un Proyecto de Ley para crear un Fondo de Estabilización Macroeconómica que reduzca la incertidumbre en la programación de los ingresos y del gasto público; y presentará otro Proyecto de Ley de Administración y Control de las Finanzas Públicas que contribuirá a modernizar la gestión financiera del Estado.

Los indicadores macroeconómicos son ahora favorables, pero ello no basta. No perdemos de vista que el objetivo primordial del Gobierno no es simplemente auspiciar la generación de riqueza en el país, sino la de lograr condiciones que favorezcan un mejor nivel de vida para la colectividad. Este objetivo no es fácil de lograr y para alcanzarlo es condición una economía sana que garantice y estimule las inversiones y el trabajo.

El componente social de la Agenda Venezuela

Somos gente que no olvida su vocación social. Prestamos permanente atención al componente social de la Agenda Venezuela, que está funcionando progresivamente, a favor de los sectores más necesitados. Tres millones de familias, por lo menos, están recibiendo ya de los programas sociales algún beneficio.

Esos programas integran una política social orientada a atender simultáneamente tres direcciones de la problemática: a) los programas para compensar el ingreso familiar, sobre todo de los grupos más vulnerables; b) los destinados a amortiguar el impacto inflacionario de bienes esenciales mediante estrategias de solidaridad; c) los orientados a promover las capacidades productivas y el empleo y a fortalecer las redes sociales locales.

En el primer grupo, se duplicó el monto del «Subsidio Familiar» y se regularizó su entrega; se amplió la capacidad instalada del «Programa de Hogares de Cuidado Diario y Multi-hogares»; se duplicó la «Pensión por Vejez» y se actualizó el monto de «Ayuda al Anciano»; se ampliaron los recursos para «programas nutricionales, el PAMI y el Programa de Alimentación Escolar (PAE)».

En el segundo, se difundió la red de «Economía Solidaria» y se puso en marcha el «Programa de Alimentación Estratégica (PROAL)», se subsidió el transporte público, y se amplió el «Subsidio del Pasaje Estudiantil».

En el tercero, se expandió el «Programa de Capacitación y Empleo Joven» y se puso en marcha el «Programa de Fortalecimiento Social».

La supervisión de su manejo está encomendada a una Comisión de Seguimiento de muy alto nivel, integrada por personeros de las distintas ramas del poder público y de la sociedad civil y presidida por un hombre intachable, el Arzobispo de Valencia Monseñor Jorge Urosa Savino, la cual advierte, además de lo positivo, los objetivos todavía no cumplidos, los errores que es necesario corregir y los planteamientos que hay que reconsiderar.

Los servidores públicos y la reforma del Estado

Una preocupación prioritaria ha sido el reajuste del ingreso real de los servidores de los entes públicos. Conscientes de las dificultades creadas por el alto costo de la vida, hemos visto con seriedad la legítima aspiración de quienes viven del trabajo en las dependencias oficiales, Por primera vez en mucho tiempo se ha ofrecido a los trabajadores un aumento de remuneración por encima de la inflación esperada y un complemento para recuperar pérdidas de años anteriores. Hemos llevado los montos hasta más allá de lo posible, dada la limitación de los recursos y el compromiso de frenar la presión inflacionaria, que de desatarse volvería ilusorias las ventajas obtenidas.

En medio de todo, pueden examinarse estadísticas comparativas y se verificará que el reajuste laboral en Venezuela ha marcado índices de recuperación más altos que otros países en situación similar.

La sinceridad de nuestra posición la abona una trayectoria constante de defensa de los trabajadores y una relación cordial y sincera con sus representantes. Comprendemos que los trabajadores hayan usado medios habituales en los conflictos laborales y hemos eludido la aplicación de medidas de fuerza que serían procedentes según el ordenamiento legal; pero no podemos entender que grupos selectos en el orden cultural hayan adoptado actitudes que causan daños a los usuarios, sean jóvenes estudiantes o pacientes desprovistos de medios económicos, menos comprensible si son usados mientras se dialoga y se exponen con diafanidad los argumentos en busca de equitativa solución.

En el caso de los médicos, la población no ha podido entender que se hubiera llegado al extremo de negar atención a seres humanos en emergencia, o a madres gestantes en el momento de dar a luz. En el caso del profesorado universitario es inconcebible que se haya dispuesto la paralización de las actividades docentes, precisamente cuando el diálogo del gobierno con las autoridades universitarias se estaba orientando por un terreno constructivo. Estamos convencidos de que si se promoviera un referéndum, la gran mayoría votaría por volver a clase. Cuando se ofreció el 100% del presupuesto estimado por el Consejo Nacional de Universidades y cuando el Ministerio de Educación ha adelantado ideas importantes de reforma para el mejor funcionamiento de la educación superior, no podemos entender la suspensión de clases.

Para el momento en que la Federación de profesores tomó esa decisión, yo mismo había iniciado un diálogo con los Rectores, a los cuales planteé que la relación entre el Estado y la Universidad no puede convertirse simplemente en la discusión de un contrato colectivo de trabajo. A ambas instituciones les concierne superar las trabas que interfieren con los fines superiores del sistema, comprometido directamente con el futuro del país y el destino de las nuevas generaciones.

Mientras hay que atender los reclamos salariales de una burocracia hipertrofiada, analistas de la situación económica y social del país reclaman una mayor velocidad en la reforma del Estado. Esta supone una considerable disminución del personal empleado en la Administración Pública y en los organismos descentralizados. Pero al mismo tiempo, los organismos sindicales, como es natural, toman posiciones de alerta ante el posible despido masivo de servidores públicos.

Conscientes de esta situación vamos llevando adelante este programa, pero con la necesaria prudencia, teniendo el cuidado de compensar, con base en la legislación laboral, la situación de quienes pierden el empleo, y explorando caminos para ofrecerles nuevas oportunidades de ocuparse con positivo rendimiento.

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades y contra una sistemática propaganda adversa, en parte financiada con recursos provenientes de abusos cometidos en los años del despelote, se reconoce dentro y fuera de la República que el país sale adelante y que cada día se ensanchan más sus horizontes y se hace más atractiva la posibilidad de invertir.

El diálogo

El mecanismo del diálogo, sin duda, ha sido laborioso, en todos los órdenes. Pero es el único que puede llevar a resultados estables. La conflictividad, a lo más, podría llevar a salidas transitorias y acentuaría las tensiones. El diálogo requiere paciencia pero su resultado es más seguro.

En cuanto a la búsqueda de un nuevo y más operante sistema de seguridad social, de una fórmula suficientemente atractiva para reformar el actual régimen de prestaciones sociales y de una mejora efectiva del ingreso real de los trabajadores, se requiere de esos ingredientes, constancia y paciencia. Sabemos que la solución final está en manos de la rama legislativa y que ésta no se pronunciará, en última instancia, sin que se obtenga un consenso básico –aunque pueda ser ilusoria la ansiada unanimidad- entre las fuerzas más representativas del mundo empresarial y del mundo del trabajo. El papel de la rama ejecutiva es promover, coordinar y mediar para que las conversaciones se lleven adelante y se orienten finalmente a la concertación. En esta vía hemos marchado y continuaremos marchando, hasta llegar a la solución. Entre tanto, adelantamos medidas que nos conciernen específicamente, como la capitalización del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Seguro Social, que beneficia a 450.000 afiliados.

La gobernabilidad de la democracia

Sin dejar de darle su importancia a las cuestiones económicas hemos cumplido la tarea fundamental de rescatar la dignidad y la eficiencia del Estado. El reto ha sido tan exigente como lo ha sido en lo relativo a la economía. Hemos sentido totalmente nuestro el problema de la gobernabilidad de la democracia. Hemos respetado las atribuciones constitucionales de los Poderes Públicos, sobre ninguno de los cuales hemos pretendido ejercer ninguna clase de intromisión o de presión. Hemos respetado al máximo la libertad de opinión y de información, aun cuando ésta, en algunos medios de comunicación social, se desvíe a veces de su obligación de darle al pueblo una información veraz.

Hemos soportado ataques que por su índole podían provocarnos a promover acciones legales previstas por nuestro ordenamiento jurídico. No hemos caído en la tentación de armar polémicas para las cuales prácticamente se nos desafía. Algunos confunden serenidad con debilidad. Como lo dijera un presidente colombiano de compatriotas suyos, esos creen que «tener carácter» es «tener mal carácter». Se hace un lugar común pedirle al Gobierno «que gobierne», entendiendo seguramente por gobernar emplear medidas de fuerza; pero simultáneamente se clama contra cualquier supuesto abuso gubernamental en algún caso en que le hace indispensable el ejercicio severo de sus funciones.

Hemos implantado una lucha sincera contra la corrupción, y voces entre las cuales no faltan algunas maculadas por sombras del pasado, se yerguen para acusar de corrupta a la actual administración, sin que la mayor parte de las acusaciones corresponda a la realidad. Sabemos que la lucha contra la corrupción es difícil e ingrata, pero estamos dispuestos a continuarla.

Todo ello, repito, forma parte del desafío de la gobernabilidad de la democracia, que hemos tomado como un compromiso de honor. Y a fe mía que los venezolanos que no tienen el alma envenenada por sentimientos mezquinos y los círculos más respetables de países vecinos, comienzan a reconocer lo positivo de nuestra labor.

Política exterior y contribución a la paz

En el mundo exterior hemos venido contribuyendo decorosamente, con plena convicción, a los fines de la integración de nuestros pueblos, del fomento y normalización del intercambio y sobre todo de la paz. No negaré nunca cualquier contribución por modesta que sea para el objetivo de la paz entre los hombres, pueblos y las naciones.

El último acto del año civil 1996 fue la participación en la trascendental ceremonia de la firma de la paz interior en la hermana nación guatemalteca, para cuya consecución contribuyó Venezuela, en el selecto grupo de países amigos que mediaron en las laboriosas conversaciones que la precedieron.

Hemos asistido a las cumbres del Grupo de Río y de los países Iberoamericanos en Cochabamba y Santiago de Chile, hemos sido defensores esforzados del Pacto Andino y hemos abierto la puerta para nuestra participación en Mercosur.

Hicimos visitas de Estado a España, Brasil, Paraguay, República Dominicana y México, y en ellas no solamente tratamos, en gratísimo ambiente de amistad, con las ramas ejecutivas, los temas obligados de economía, política, integración e intercambio, sino también con las ramas legislativa y judicial y con sectores privados.

Nuestras relaciones con los Estados Unidos son excelentes; y muy buenas también con los países de la Unión Europea, como con los de Asia y África. Hemos recibido honrosas visitas de Jefes de Estado y de Gobierno y de otros altos dignatarios de diversas naciones. Todo ello ha enriquecido nuestras posibilidades de desarrollo y ampliado nuestra imagen en el mundo.

El primer acontecimiento del año de la cuenta fue la inolvidable visita pastoral de Su Santidad Juan Pablo II, que conmovió hasta lo más íntimo la fibra espiritual de nuestro pueblo. El Sumo Pontífice vino a Venezuela esta segunda vez en febrero de 1996 y bendijo el imponente Santuario que la devoción de los venezolanos erigió a su patrona nacional, Nuestra Señora de Coromoto, en el lugar de su aparición, cerca de Guanare.

Con todos nuestros vecinos y con los países de Centroamérica y del Área del Caribe, las Antillas, Guyana y Suriname, las relaciones han sido reactivadas con resultados positivos. Con el Brasil, esas relaciones están en el punto más alto de toda su historia y las proyecciones aumentan continuamente.

Las relaciones con Colombia

Nuestras relaciones con Colombia son no solamente normales, sino de efectiva cordialidad. El intercambio comercial ha crecido a tal punto que Colombia es nuestro segundo cliente comercial y nosotros somos, a la vez, el segundo cliente de Colombia. El comercio bilateral ha aumentado considerablemente, y los problemas que surgen de un lado y otro se tramitan con espíritu positivo. Los incidentes fronterizos provocados por determinados grupos de los movimientos guerrilleros que perturban la vida del hermano país son el hecho más negativo; y como cometen sus fechorías en territorio nuestro pero al pasar la frontera se amparan en la inviolabilidad del territorio colombiano, disfrutan de facilidad de movimientos y gozan frecuentemente del apoyo de sectores de población y de autoridades locales, electas con su participación. Ello nos ha obligado a demandar categóricamente del Gobierno colombiano y de sus Fuerzas Armadas un mayor control de la situación dentro de su propio ámbito jurisdiccional.

El 17 de Diciembre último, aniversario de la muerte del Padre de la Patria, los ministros de Defensa y los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de ambos países suscribieron un compromiso para cumplir un programa estratégico ante cualquier agresión que nos infiera un grupo irregular; y en febrero de este año acordamos el Presidente Samper y yo la creación de una Comisión de Emergencia, integrada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los dos gobiernos, o sus representantes, para apersonarse e informar conjuntamente ante cualquier incidente que pueda presentarse en el futuro.

Hay quienes en nuestro país, por un sentimiento nacionalista o por un patriotismo no siempre bien entendido, y quizás algunos por consideraciones políticas, califican como blanda la posición del Gobierno ante los incidentes con que se nos provoca y se nos agrede del otro lado de la frontera. Debo afirmar enfáticamente que nuestra respuesta a la agresión es de serena y contundente energía. A quienes no lo quieren admitir es de recomendar la lectura de los ataques que en el otro lado se lanzan al Gobierno de Colombia con calificativos aún más duros por supuesta debilidad ante el Gobierno de Venezuela. La realidad es la de que de parte y parte hay quienes –por razones a veces respetables- quisieran que las relaciones se plantearan en términos de conflicto. Están equivocados. Ambas naciones saben que por la vía del conflicto no se llegará a ningún terreno que no sea desastroso para ambas partes y ambos gobiernos están penetrados de la necesidad de evitarla.

Asuntos fronterizos y desarrollo del Sur

Por otra parte, estoy obligado a puntualizar que nunca había tenido tanto interés el Gobierno venezolano en los asuntos fronterizos como en el actual período constitucional. El Programa de Desarrollo Sustentable del Sur (PRODESSUR), la reactivación del Consejo Nacional de Fronteras, la presencia de unidades cada vez mayores de las Fuerzas Armadas en las áreas respectivas, la asistencia frecuente de las más altas autoridades nacionales, civiles y militares, a las regiones respectivas, la atención debida a las comunidades indígenas, y la iniciación de programas habitacionales, de vialidad, de servicios y de otras obras de infraestructura, son testimonio fiel de una permanente preocupación. La inquietud de la ciudadanía y el interés de la opinión pública por el tema, ha contribuido también a abrir los ojos de los venezolanos y crear conciencia sobre este aspecto tan importante de la realidad nacional.

La educación tiene la primera prioridad

Mucho hay por hacer en la Venezuela que se apresta a llegar al siglo XXI. La tarea por repotenciar la educación tiene, como ha sido reclamado por numerosos opinantes en diversos tonos, la primera prioridad.

Es inmenso el esfuerzo que los gobiernos democráticos han hecho para copar el espectro educacional. La educación impartida en institutos oficiales se ha extendido a todas las ramas y además ha sido creciente el apoyo dado a la educación impartida por instituciones y personas no gubernamentales.

Sin embargo, el Gobierno ha reconocido, a través del Ministerio de Educación y de sus diversas dependencias, que ese gigantesco esfuerzo no estaba dando los resultados debidos. El empeño puesto para remediar esta situación ha estado a la medida del desafío, pese a que gran parte del tiempo haya tenido que dedicarse a una discusión de condiciones laborales con el voluminoso personal que del Ministerio depende.

Al mismo tiempo, el proceso de descentralización en el sector educativo, se ha impulsado a través de continuadas negociaciones con los gobernadores de estado y con los alcaldes municipales, pero el proceso es todavía largo por andar.

Convencidos de que los factores más importantes de la educación son el maestro y el alumno, se ha dedicado a ellos preferente atención. Este año hemos convenido con los gremios docentes un aumento verdaderamente significativo en sus ingresos mensuales y además de las remuneraciones, hemos mejorado su protección social. Ya no podrá decirse que los maestros son los servidores públicos peor recompensados, y este nos contenta de verdad. Un signo favorable es que empiezan a mejorar las cifras de aspirantes a seguir las carreras docentes.

En cuanto a los alumnos, estamos llevando adelante el propósito de la alimentación escolar. El que los niños coman una vez al día con su maestra o maestro en su escuela, no sólo atiende la necesidad nutricional, sino tiene el objetivo pedagógico de que el niño aprenda a alimentarse adecuadamente. Por otra parte, además del suministro de útiles escolares, iniciamos este año el programa de las bibliotecas de aula, para que tengan los textos a su disposición y se alivien del alto costo de los libros.

Nuestra preocupación principal ha sido la de lograr una educación básica de calidad para todos. Se ha detectado que en las deficiencias de la educación básica está el origen de las fallas en las otras ramas de la enseñanza.

En cuanto a la educación media, queremos que ella efectivamente atienda las demandas de la sociedad actual. Dentro de ese nivel, hay un aspecto que siempre me ha preocupado: la educación técnica. En mi primera administración, al lado de las escuelas técnicas existentes y que nunca dejaron de funcionar, propuse un programa para ofrecer más alternativas a la formación profesional a nivel medio. Lamentablemente, no hubo continuidad y no se le prestó la debida atención ni se le proporcionaron suficientes recursos. Ahora, con la colaboración de las empresas privadas y del INCE, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha un programa complementario, que bajo el lema «cada empresa una escuela», incorpora jóvenes con el sexto grado aprobado, los vincula como aprendices al mercado de trabajo y les ofrece un título de técnicos medios equivalentes al de bachiller.

Por lo que respecta a la educación superior, se les ha ofrecido a los universitarios, no sólo el 100% de los recursos estimados por el Consejo Nacional de Universidades y un sustancial aumento de sueldo, sino todo un programa que el Despacho de Educación ha denominado «un nuevo trato»: un Fondo para mejorar las remuneraciones en función del mérito; un Fondo Nacional de Investigaciones Petroleras; un Sistema Nacional de Evaluación Académica y Administrativa; el apoyo para abrir nuevas fuentes de financiamiento; la ampliación de los programas de formación de capital humano; y un Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Física, son propuestas que trascienden del rutinario debate sobre el presupuesto y los salarios. No se olvide que este Gobierno está integrado mayoritariamente por universitarios, y que sus integrantes han dado prueba en muchas ocasiones de su irrenunciable devoción por una institución que es su Alma Mater.

La salud pública

Otro objetivo prioritario que nos ha correspondido enfrentar, ha sido el mejoramiento de la salud pública. En Venezuela la sanidad ha sido siempre estimada y apreciada por la población en general. Estamos todos orgullosos de los éxitos logrados por campañas sanitarias dirigidas por grandes maestros. Pero el gran sistema hospitalario –que comprende, en cuanto al sector público, establecimientos de la República, de los Estados, de los Municipios, de las Universidades y del Seguro Social- ha venido sufriendo un considerable deterioro, pese a la legislación dictada para establecer organizadamente un Servicio Nacional de Salud, en que los ambulatorios, los hospitales generales y especializados, los hospitales de larga estancia y los servicios nutricionales y asistenciales, cumpla cada uno su papel coordinadamente, con un máximum de rendimiento.

Esto supone, necesariamente, una correcta utilización del personal y un adecuado mantenimiento de los equipos, cada día más costosos. Tengo por los profesionales de la medicina, de la enfermería y demás profesiones afines, un sincero reconocimiento, que comparten los integrantes de mi equipo de gobierno. Pero es preciso obtener, en bien de la población a la que tenemos el deber de servir, un protagonismo serio, decidido y noble, de los actores de tan delicada labor. El Ejecutivo ha demostrado que está dispuesto a hacer sacrificios para ofrecerles un tratamiento de preferencia, y espera, a su vez, que no con suspensiones de labores o con reiteradas amenazas, sino con dedicación al apostolado que escogieron como carrera de su vida, se decidan a ganar esta hermosa batalla. El sistema autogestionario establecido en el veterano Hospital Vargas y en otros institutos ha ofrecido un balance positivo. Aspiramos aprovechar esa experiencia para toda la red de institutos de atención a la salud.

El agua, la vialidad y las concesiones

Los servicios públicos –todos- han presentado inequívocos síntomas de deterioro, consecuencia de que prácticamente no existía un aspecto indispensable de la gestión administrativa: el mantenimiento.

La prestación de un servicio suficiente y confiable de agua para las poblaciones ha demandado y demanda un esfuerzo considerable. Además de la deficiencia del mantenimiento, el crecimiento rápido y desordenado de los núcleos urbanos ha hecho insuficientes los acueductos. Las cantidades necesarias para satisfacer este servicio han sido considerables, pero se les ha asignado prioridad. Desde el Área Metropolitana en adelante, prácticamente todas las grandes concentraciones poblacionales han experimentado la misma angustia de carecer de este líquido esencial en cantidad y condiciones adecuadas y pueden ser testigos de la voluntad que se ha tenido de atenderlas preferentemente. La reparación de aquellos casos de interrupciones causadas por serios accidentes ha sido asumida en el acto.

Hablando de servicios, tenemos también que referirnos a la vialidad terrestre, marítima y aérea. Aquí el proceso de descentralización ha jugado su rol, pero no están suficientemente determinadas, como es urgente definirlas, las rutas que corresponden al Ejecutivo nacional y las que tocan a los Ejecutivos Regionales. Se está poniendo empeño en mejorar la transitabilidad de las vías que requieren en forma más inmediata y urgente su reparación; se están concluyendo o construyendo otras nuevas y se están atendiendo ya algunas por el sistema de concesión.

Debo confesar que el sistema de concesión para la construcción de autopistas, puentes o líneas férreas, u otras obras de interés general, no ha marchado con toda la rapidez que ambicionábamos al introducirlo. La falta de experiencia en la materia, la ausencia de proyectos terminados y la inestabilidad de los costos como consecuencia del proceso inflacionario, han sido factores concurrentes que contribuyen a explicar esta demora. Además, la falta de una cultura madurada en el uso de este recurso administrativo conduce a que, no obstante multiplicarse las precauciones y desarrollarse el proceso de concesión en la forma más diáfana, quienes concurren a una licitación y consideran tener méritos para haberla obtenido, no se conforman con que la buena pro haya correspondido a otro y hacen acusaciones de incorrección, lo que puede desalentar a quienes han concursado de buena fe y desanimarlos a participar en licitaciones posteriores. A todo lo expuesto cabe agregar que quienes ganan una licitación para construir mediante concesión una obra de importancia, reclaman aumento del peaje que pagan los usuarios desde el inicio de la construcción, lo que a éstos –los usuarios- les molesta terriblemente por considerar, con razón, que los invitan a pagar un servicio antes de que se les preste satisfactoriamente.

De todos modos, el sistema ha comenzado a funcionar y dentro de pocos años se verán los resultados. Entre las concesiones, las más importantes son las del nuevo sistema vial de Caracas a La Guaira, la del nuevo puente sobre el río Orinoco, vía férrea y puerto de aguas profundas en el Golfo de Cariaco y la de unos tramos de la autopista Rómulo Betancourt, que comunica a Caracas con el Oriente de la República.

En cuanto a los puertos y aeropuertos, se realiza una constante labor de acondicionamiento, en buena armonía con las administraciones regionales a las cuales se ha hecho ya transferencia de algunos servicios.

Armando el rompecabezas

Dije durante la campaña electoral que el país daba la impresión de un rompecabezas al que se le habían soltado y desordenado las piezas. He repetido esa afirmación porque cada día me convenzo más de ella. Llevo tres años, con la mejor gente que he reunido en un equipo alejado de los viejos predios del sectarismo partidista, armando el rompecabezas, seguro de que al terminar de armarlo lucirá como el más bello de los paisajes la realidad de Venezuela, dotada por la Providencia de todos los encantos para ser verdaderamente feliz. Los analistas penetrados de nuestra historia y de nuestra realidad han entendido que en este período constitucional nos toca a los que recibimos del pueblo el encargo de conducirlo, un compromiso de honor para restablecer la confianza en una democracia cuestionada y para devolverle a una ciudadanía desalentada el orgullo de ser venezolanos.

Ese compromiso no se agota en lo material y en lo económico. Tiene aspectos esenciales en lo social, en lo moral y lo jurídico. Por eso hemos insistido e insistimos en la necesidad inaplazable de una reforma judicial que corrija de inmediato algunos aspectos de inaplazable urgencia. La reforma supone acciones en el mediano y largo plazo, pero a corto plazo no pueden demorarse algunos pasos, principalmente el de darle a la sociedad civil, a través de un órgano que debidamente la represente, la potestad de adoptar medidas drásticas para devolverle a la comunidad la confianza en los encargados de administrar justicia. Porque, como lo señalaron Bolívar y Bello, la justicia es la garantía de la libertad civil, «la más preciosa, la más justa, la más necesaria, en una palabra, la única libertad, que sin ella las demás son nulas» (Bolívar), pues «la seguridad, la propiedad, el honor, todo en fin, todo lo que el hombre busca y encuentra en la sociedad estriba precisamente en la recta administración de justicia» (Bello). Por lo demás, la remoción de los jueces corruptos es el más apreciable bien que se puede hacer a los jueces probos que son y deben ser la mayoría. Espero confiado la pronta aprobación de los proyectos de reforma introducidos en las sesiones extraordinarias del Congreso.

Política penitenciaria y lucha contra el narcotráfico

A propósito de la justicia, la situación penitenciaria ha sido uno de los asuntos más angustiosos con que nos hemos encontrado. El hacinamiento, principalmente, ha sido factor permanente de violencia, de abusos y de violación de derechos humanos. La construcción de nuevos lugares de reclusión, dotados de las exigencias de la doctrina penitenciaria, encuentra tropiezos no sólo en la limitación de los recursos y en la dificultad de hallar terrenos adecuados, sino en la resistencia de los vecindarios, apoyados por autoridades regionales y municipales y hasta por ministros religiosos, que se oponen a que se construyan en su cercanía. Toda una hazaña ha sido la desocupación de la población recluida en el célebre Retén de Catia, trasladada a las nuevas construcciones terminadas en los anexos de Yare y El Rodeo.

Me complace anunciar que el próximo domingo será demolido aquel antro, como señal de la iniciación de una nueva etapa; y cumpliendo un decreto vigente y atendiendo al deseo de los vecinos, se anexará al Parque del Oeste «Jóvito Villalba». Al Museo «Jacobo Borges» se incorporará el celebrado pabellón que presentó Venezuela en la Exposición Mundial de Sevilla en 1992. Por otra parte, el Fondo de Edificaciones Penitenciarias está llevando a cabo iniciativas de transformación a las diversas cárceles del país, especialmente a las más congestionadas y que se encuentran en condiciones de mayor deterioro.

A la ardua y larga actividad contra la inseguridad tenemos que agregar un nuevo capítulo: la lucha contra el narcotráfico. Nuestro país no ha sido productor de estupefacientes pero su situación geográfica ofrece facilidades para el tráfico y nuestro sistema económico lo hace tentador para el lavado de los narco-dólares. Atacar a fondo estos peligros es nuestra terminante voluntad. Además, en cuanto aparecieron algunos sembradíos de plantas que sirven de materia prima para la producción de drogas en áreas fronterizas se les ha destruido inflexiblemente, tomando eso sí, la precaución de preservar los derechos humanos de los cultivadores extranjeros en su totalidad.

La paz social

Nuestro deber y mi propósito es preparar para los futuros gobernantes un piso firme en el que puedan desarrollar eficazmente sus programas. Para ello ha sido indispensable asegurar la paz social. La paz se mantiene por encima de las reiteradas predicciones de quienes no se han detenido a ahondar en la raíz de los fenómenos ni han encontrado la razón del equilibrio que prevalece a pesar de los sufrimientos y carencias y de las provocaciones que continuamente se prodigan.

El pueblo de Venezuela quiere la paz y la defiende porque sabe que la violencia no conduce sino a la frustración y al fracaso. Sabe aceptar que se le gobierna con noble intención y con absoluta buena fe. Los que buscan perturbar la convivencia y alterar el orden público y social tienen que convencerse de que van a encontrar siempre dispuesta a enfrentarlos una población que ha vivido aleccionadoras experiencias, un gobierno consciente de su responsabilidad, y unas Fuerzas Armadas penetradas de su misión histórica de ser bastión de las instituciones democráticas.

La unidad de las Fuerzas Armadas, su constante determinación de perfeccionamiento profesional y su patente adhesión a las instituciones democráticas las ha hecho garante reconocido de la libertad y la paz. Porque bien las conozco y cumplo a cabalidad mi atribución constitucional de Comandante en Jefe, tengo derecho de afirmarlo con absoluta convicción.

Segunda parte de la Agenda Venezuela

La segunda parte de la Agenda Venezuela ha comenzado con pie firme. Se ha demostrado la voluntad de cumplir las decisiones anunciadas. Se ha desarrollado una acción sobre todos los factores estructurales que frenan la transformación del país.

Se ha llevado con buen paso la apertura petrolera, que comprende programas en marcha en la faja bituminosa del Orinoco y se continuará en los sectores petroquímico, minero, siderúrgico, alumínico y de telecomunicaciones. La orimulsión abre horizontes muy prometedores. Se sigue dando preferente atención al turismo.

Sin alardes estrepitosos, llevando hasta el límite la tolerancia a las contradicciones y a la resistencia, ha quedado patente que la palabra oficial es digna de confianza. Este año bajará sensiblemente el índice de la presión inflacionaria, no obstante el acto de justicia de incrementar la remuneración de los servidores públicos que se ha llevado hasta donde se puede llegar razonablemente. Este año habrá un crecimiento moderado pero firme, del producto interno.

La agricultura creció en 1996 un 3,04%. El subsector vegetal fue el de mayor crecimiento (4,7%) por el aumento de la producción de textiles y oleaginosas, raíces y tubérculos, hortaliza, café y cacao. Se ha hecho en el sector un gran esfuerzo de diálogo; se han institucionalizado 22 Consejos Consultivos, con reuniones mensuales en las que participan todos los integrantes de las cadenas agroalimentarias. El diálogo ha sido y es también el camino que mantenemos para el actual conflicto entre productores y agroindustriales, debido a la dificultad de colocar algunas cosechas por la diferencia de precios con los productos importados. Personalmente me he interesado en buscar una solución conveniente, dentro de los parámetros de las normativas vigentes, en el estado de derecho.

Este año se pondrán en movimiento los programas acordados con las industrias y con las diversas ramas del sector privado empresarial y laboral para aumentar la competitividad de nuestra producción y para insertarla con éxito en un universo cada vez más globalizado. Se llevará adelante, conforme ha sido programado, el proceso de las privatizaciones, tomando debidamente en cuenta las aspiraciones justas de los productores y consumidores nacionales. Los inversionistas domésticos y foráneos pueden contar con efectivas garantías para sus actividades legítimas. La estabilidad lograda en la Agenda Venezuela será el asiento sólido para la reactivación económica y social en la cual estamos empeñados. La venta de las acciones de la CANTV y de los bancos asumidos por FOGADE, son entre otras, señales muy optimistas. Y la participación ciudadana ha sido muy estimulante.

La reforma del Estado, la descentralización y la vivienda

Todo ello será cumplido dentro del proceso de reforma del Estado que estamos realizando. Doce Ministros han presentado ya propuestas de reestructuración y de ellas, seis han sido definitivamente aprobadas. El programa comprende ya diversos entes de la administración descentralizada. Y en cuanto al proceso de descentralización en el orden regional y local, se continuará con seriedad y con la necesaria consideración de los intereses colectivos que es indispensable preservar. El FIDES (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) está financiando nuevos proyectos, por casi 80 millardos de bolívares, comprendiendo entre ellos la dotación necesaria para los cuerpos de seguridad. La descentralización del deporte ha dado ya positivos resultados, como lo demostraron los XI Juegos Nacionales juveniles celebrados en Trujillo, que constituyeron un verdadero éxito.

Uno de los programas en que ha funcionado bien la coordinación entre la administración nacional y las administraciones regionales y sectoriales ha sido el de la vivienda. La construcción de unidades habitacionales por el INAVI, por los institutos regionales de viviendas, por las Entidades de Ahorro y Préstamo, por la sección de Vivienda Rural, por el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, por el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Magisterio, entre otros, no se ha interrumpido. Y la labor silenciosa de «Fundabarrios» para urbanizar las áreas marginales ha beneficiado a muchas decenas de millares de familias residentes en las zonas menos favorecidas de las ciudades.

La reforma constitucional y los 40 años de la democracia

Para impulsar el cambio que el país requiere se hace ineludible incidir en un tema en el cual he insistido muchas veces. La reforma constitucional que ha sido propuesta fortalecerá el sistema democrático, dándole a la democracia representativa un mayor basamento de democracia participativa y facilitará la actualización de algunos aspectos funcionales, entre ellos en primer término la rama judicial. Hay tiempo todavía para realizarla en este período. Sólo falta la voluntad política de poner por obra el cumplimiento de este compromiso nacional.

La Constitución de 1961 ha demostrado en el tiempo su excelencia. Mantenerla es un deber sagrado; perfeccionarla es una exigencia derivada de la renovación de los tiempos.

El próximo 23 de enero van a cumplirse 40 años del régimen democrático, sin interrupción. Muchos avatares, dolorosas tragedias, vergonzosos paréntesis marcaron la historia del país desde la independencia hasta 1958. De Carabobo a Puntofijo –vale decir, desde la batalla que consolidó la Emancipación hasta el compromiso político que se conoce generalmente por aquel nombre- fueron varios los momentos de ilusión pero fueron más las etapas de frustración en la lucha de los venezolanos por su derecho a plantear la libertad sobre el miedo y a elegir a sus propios gobernantes. Yo he invitado e invito a mis compatriotas a debatir durante este año de 1997 sobre el significado de estos cuarenta años de democracia.

Tengo la convicción de que han constituido la etapa más importante en la vida de nuestra República después de los días gloriosos de la lucha por la Emancipación. Errores ha habido, no puede negarse, graves, sin duda, sobre todo en las últimas décadas; pero ellos no borran el saldo positivo en la transformación del país. El cambio político y cultural ha sido radical, pero la obra material ha tenido también inmensas proporciones. Un análisis serio y objetivo en el campo de la educación, de la salud, de la industrialización, de la vialidad, de la ordenación territorial y urbana, del manejo de los recursos naturales, del fortalecimiento de las regiones, presentará sin duda fallas, de las cuales se nos habla a diario –magnificándolas, por cierto- pero hay un saldo ampliamente positivo, cuyo reconocimiento servirá para liquidar la tendencia malsana de sublimar la imagen de los tiranos y engrandecer sus obras.

Coincidirá, además, el año con la preparación de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Como anfitriones, hemos escogido por tema central el de los valores éticos de la democracia. Insistimos en que la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino un sistema de vida que reclama la proclamación y defensa de los valores éticos que lo nutren. Sé lo difícil que es la lucha contra la corrupción, un monstruo que acecha constantemente y que reaparece donde menos se espera. Sé que cortadas las cabezas de la hidra, retoñan a cada momento; y los propios derechos y garantías que la democracia sustenta sirven a menudo de paraguas a los culpables, los cuales apelan a la vieja táctica de hacer denuncias falsas contra quienes ponen empeño en depurar el comportamiento colectivo. La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada en Caracas, refuerza nuestra autoridad para insistir en este tema.

Se siente a menudo  la queja de que los mismos valores éticos han perdido para muchos su vigencia porque un pragmatismo devastador coloca los intereses materiales por encima de los ideales. Pero ello mismo nos incita a luchar. Y esperamos que a lo largo del año se hagan debates esclarecedores para que nos esforcemos en depurar las democracias iberoamericanas de los vicios morales que las afectan; para que logremos una mayor diafanidad en los procesos electorales, para que estimulemos a los medios de comunicación a darnos la información veraz a que tenemos derecho, para afinar los mecanismos aptos para evitar y sancionar las manchas de deshonestidad en la conducción de los negocios públicos.

Estoy seguro de que la imagen de Venezuela saldrá robustecida de la VII Cumbre Iberoamericana. Debemos tener plena conciencia de que el compromiso es de todos los venezolanos.

Un país más gobernable

No me cansaré de proclamar la solidaridad. No me cansaré de predicar el optimismo. No me detendré en el propósito de «armar el rompecabezas». No me cansaré de manifestar el orgullo de ser venezolano.

Me estremezco de satisfacción cuando veo auditorios calificados de otros países emocionarse con la ejecución de nuestras orquestas juveniles e infantiles. Pienso que allí, en esa demostración de talento y disciplina, esos muchachos dan una señal que no tiene por qué no representar a todos los integrantes de las nuevas generaciones.

Creo en la tarea que nos ha asignado la historia.

Tengo plena confianza en que entregaremos, a los gobernantes que el pueblo elija en 1998, con el favor de Dios (y aunque no le guste al astrólogo) un país más gobernable, más solidario, más preparado para conquistar a grandes pasos el desarrollo a que tiene derecho.

Ciudadanos Senadores.

Ciudadanos Diputados.