La muerte de una democracia

Andrés Caldera Pietri.

Bajo el título Cómo mueren las democracias, la editorial Ariel publicó recientemente la versión en castellano del libro de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die (Nueva York: Crown, 2018). Un punto fundamental de esta obra es reconocer el hecho de que las democracias en nuestros días ya no caen de manera abrupta—a través de una revolución o un golpe militar— sino lentamente como resultado del gradual y progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas. Los autores revisan la experiencia en diversos países de Europa y América Latina, desde 1930 hasta el presente, buscando identificar patrones comunes en los procesos de transición de la democracia al autoritarismo. El interés de estos autores es advertir que ya los Estados Unidos ha dado el primer paso hacia el autoritarismo.

El proceso venezolano es sólo uno de los numerosos casos que los autores analizan para construir su teoría. Venezuela no es un tema principal en este libro. Sin embargo, en las pocas páginas que se dedican a nuestro país, se incurre en graves errores, incluso de distorsión de hechos históricos, cuando se busca identificar los factores que llevaron a Hugo Chávez al poder.

El proceso para restablecer la democracia y reconstruir a Venezuela tiene que partir de un análisis sereno y objetivo de las causas del deterioro y posterior aniquilación del sistema democrático. Estas notas, aunque escritas a propósito de este libro, pretenden también dar respuesta a una campaña sostenida y sistemática para achacar toda la culpa a Rafael Caldera del ascenso de Hugo Chávez al poder, pretendiendo ocultar así las verdaderas causas y los responsables de la tragedia que aún vive Venezuela.

Toda interpretación histórica que niega el compromiso de los fundadores de la democracia venezolana con la paz, el consenso democrático y el estado social de derecho hace un enorme daño pues, entre otras cosas, reivindica las razones que Hugo Chávez esgrimió para desmantelar cuarenta años de República Civil con su proyecto autocrático (recomiendo leer el libro Caldera y Betancourt, constructores de la democracia, de Gehard Cartay Ramírez, recién publicado por Editorial Dahbar Ensayos, ISBN 978-980-425-029-3).

Paso entonces a analizar, punto por punto, las afirmaciones hechas en el libro, resaltando en negrilla aquellas afirmaciones cuya falsedad busco demostrar:

1. «En 1999 celebró unas elecciones libres a una nueva Asamblea Constituyente en las que sus aliados [se refiere a Chávez] se impusieron por una mayoría aplastante. Ello permitió a los chavistas redactar por sí solos una nueva Constitución». (p. 12)

No es cierto que los aliados de Chávez «se impusieron por una mayoría aplastante en 1999». Sus partidarios obtuvieron en esa elección un porcentaje cercano al que recibió Chávez en la elección presidencial de diciembre de 1998, meses antes; pero, con el pretexto de hacer una elección uninominal, éstos mismos la desfiguraron con una especie de «kino electoral», logrando con apenas el 35% de los electores el 96% de la Asamblea Constituyente, es decir, 125 de los 131 miembros. La abstención en esta elección fue del 53%; en el referendo consultivo previo había sido 63% y en el aprobatorio posterior 55%.

El liderazgo político, institucional y mediático del país, permitió que se desvirtuara con esta elección el sistema de representación proporcional y de minorías que tenía Venezuela desde la constitucionalidad de 1961. Esa Asamblea Constituyente de 1999 estuvo muy lejos de representar el espectro político del país.

2. «Chávez, desde la prisión, cambió de estrategia y optó por alcanzar el poder por vía electoral. Iba a necesitar ayuda para hacerlo». (p. 27)

Falso. Hugo Chávez salió de prisión y su tesis fue abstencionista: la predicó públicamente, aún en contra de su compañero Francisco Arias Cárdenas quien fue candidato a la gobernación del Zulia, en las elecciones regionales de 1995. Al salir de la cárcel, Chávez continuó llamando a la desobediencia civil y militar contra el sistema democrático, pero su voz fue desatendida. No fue sino hasta tres años después que Chávez se convenció de cambiar su estrategia y participar en la contienda electoral para conquistar el poder. El mismo Chávez lo reconoció en su discurso «El Nuevo Mapa Estratégico»:

«Con ese mapa navegamos en el 94, en el 95 y en el 96. En el 96 empezamos hacerle adecuaciones. (…) Porque nosotros no teníamos dudas hacia dónde íbamos, ahora cómo hacerlo, si por la vía pacífica o por la vía armada, eso empezó a ser tema de debate durante varios años.

Entonces en el 96, en el 97 se abrió la ventana electoral de 1998 y decidimos irnos por ahí. Alguna gente de nuestras filas se fue sino molesta, desencantada; esa gente que siempre cree en la lucha armada pues». (Taller de Alto Nivel – El nuevo mapa estratégico – Hugo Chávez Frías – 2004, p. 19)

3. «Aunque el ex presidente Caldera era un estadista avezado y bien considerado, en 1992 su carrera política se hallaba en plena decadencia. Cuatro años antes no había conseguido garantizar la candidatura a la presidencia de su partido [creo que se quiso decir la candidatura de su partido a la presidencia] y se lo consideraba una suerte de reliquia política». (p. 27)

Si se investiga en los medios de comunicación y se hace una revisión de todas las encuestadoras de opinión en los meses anteriores al 4 de febrero de 1992, puede verificarse que Rafael Caldera aparecía como el dirigente político con mayor credibilidad y con mayor posibilidad de ser Presidente en 1993.

Ya en diciembre de 1990, el connotado dirigente del partido Acción Democrática Henry Ramos Allup, en declaraciones a Ricardo Escalante del Diario El Universal, ante la pregunta de éste: «¿Está diciendo que Caldera es el precandidato más fuerte que en este momento está en la calle?», le responde: «Sí, por un hecho sencillo, porque incluso sin partido, está prácticamente punteando en las encuestas…» (El Universal, 2 de diciembre de 1990).

Meses antes, César Messori, periodista especializado en política, escribía en su columna Política del domingo: «A mi modo de ver, Caldera es en este momento el dirigente nacional con mayor éxito proselitista. Es el que con más inteligencia se ha mantenido al margen de las actividades autodestructivas de los demás políticos y el beneficiario de una actitud positiva frente a la crisis de liderazgo nacional» (El Universal, 16 de septiembre de 1990).

Entonces, ¿cómo se puede decir que se le consideraba como una especie de «reliquia política»?

Los autores desconocen, además, el protagonismo que tuvo Caldera desde 1985 en el proceso de reforma de la Ley del Trabajo, en el que una parte importante del sector empresarial, comunicacional, político y gubernamental pretendió a última hora impedir que la ley se aprobara, y bajo el liderazgo de Rafael Caldera la Ley Orgánica del Trabajo se sancionó el 27 de noviembre de 1990. Eso no lo logra un político cuya carrera «se hallaba en plena decadencia», como éstos lo sugieren.

4. «Con todo, a sus setenta y seis años de edad, el senador seguía soñando con regresar a la presidencia y detectó en el ascenso de Chávez una cuerda de salvamento. La noche del primer golpe de Estado de Chávez, el ex presidente se puso en pie durante una sesión conjunta extraordinaria del Congreso y abrazó la causa de los rebeldes declarando: «Es difícil pedirle al pueblo…» [La cita que se hace de la frase no es textual]. (p. 27)

De la misma manera en que se ha venido haciendo en esa campaña sistemática para desvirtuar su actuación y su figura, se manipula un fragmento del discurso del 4 de febrero de 1992 para decir que Caldera «abrazó la causa de los rebeldes». Nada más falso. En su discurso, Rafael Caldera explica los cuatro factores que a su entender fueron fundamentales para establecer la democracia en Venezuela: el liderazgo político, los empresarios, las fuerzas armadas y el pueblo, y manifiesta su angustia porque el pueblo no salió a a la calle ese día a defender la democracia. Los sistemas de gobierno tienen que dar satisfacción y bienestar a los ciudadanos. Es por ello que dice en su discurso:

«Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de subsistencia; cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad».

Ya venía alertando años atrás, en muchas oportunidades, sobre las desviaciones que se habían producido y que estaban generando desencanto y escepticismo en los venezolanos sobre la democracia y sus dirigentes, y lo señala nuevamente ese día:

«Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones».

Tenía tiempo denunciando la corrupción, los excesos del poder, la multiplicación del gasto corriente, el peso enorme de la deuda externa y las fallas en la administración de justicia. Por tres años, él había estado al frente de la Comisión de Reforma Integral de la Constitución Nacional, para hacer los cambios institucionales que el país reclamaba.

Pero, cuando se hace referencia al discurso del 4 de febrero, generalmente se ignora el que pronunció Caldera tres años antes, con motivo de los hechos del Caracazo, desde la misma tribuna del Congreso, el primero de marzo de 1989. Para entender cabalmente el del 4 de febrero de 1992 es muy importante conocer el discurso del primero de marzo de 1989. ¿Por qué? Porque la coherencia de Rafael Caldera, presente en toda su vida política, se refleja nuevamente el 4 de febrero de 1992, y se comprende por lo dicho tres años atrás: como político social-cristiano se había opuesto a los programas de «shock» promovidos por el Fondo Monetario Internacional en ese tiempo, por considerar que su costo social era moralmente inaceptable.

«Yo creo que la economía y lo social son inseparables. Y de que es un error grave pretender dejar para más tarde que la gente coma, que la gente viva mejor, que la gente tenga mejores condiciones de existencia, para hacer una especie de ensayo…» , dijo en 1989.

De allí que manifestara su desacuerdo con el paquete de medidas anunciado por Carlos Andrés Pérez al iniciar su segundo gobierno. Por cierto, esos programas, de ajuste severo, han sido abandonados por el mismo Fondo y hoy son cuestionados por un buen número de economistas.

Sin embargo, a pesar de su oposición, en ese discurso de 1989, en que pide a toda la dirigencia del país que se prenda «la luz de la razón» y clama por rectificación, le da apoyo al presidente Pérez: «No soy yo quien vaya a negar la buena intención y el coraje del presidente Carlos Andrés Pérez para lanzarse por ese camino que los técnicos le han aconsejado…» (…) «Me parece que sería un error patriótico de la Oposición poner contra la pared a Acción Democrática».

No conforme con esto, el 15 de marzo, Caldera se reúne por dos horas en Miraflores con el presidente Pérez, y a pocos días de esta reunión viaja con él a Atlanta para plantear soluciones al problema de la deuda externa, a una reunión organizada por el Centro Carter, a la cual asiste el Secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, James Baker.

Caldera había hecho advertencias que resultaron premonitorias sobre lo que podría ocurrir si no se hacían las rectificaciones necesarias y por eso dice el 4 de febrero de 1992:

«Cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero del año de 1989 (…) No pretendí hacer afirmaciones proféticas, pero estaba visto que las consecuencias de aquel paquete de medidas que produjo el primer estallido de aquellos terribles acontecimientos, no se iban a quedar allí…».

Recomiendo leer los dos discursos completos, junto al prólogo de Luis Castro Leiva y el epílogo de Manuel Alfredo Rodríguez. Los pueden encontrar en este folleto ya digitalizado: Caldera: Dos discursos (1989/1992).

5. «Aquel fascinante discurso conllevó la resurrección de la carrera política de Caldera. Al conectar con el electorado anti-sistema de Chávez, el apoyo público al ex presidente se multiplicó, cosa que le permitió llevar a cabo una exitosa campaña presidencial en 1993. El flirteo público de Caldera con Chávez no sólo ayudó a impulsar su resultado en las urnas, sino que, además, otorgó a Chávez una credibilidad renovada. Chávez y sus camaradas habían intentado acabar con los treinta y cuatro años de democracia en su país y, sin embargo, en lugar de denunciar a los líderes golpistas por constituir una amenaza extremista, el ex presidente les manifestó su simpatía en público y, con ello, les permitió acceder a la política en general». (pp. 27-28)

¿De dónde se saca que hubo «flirteo público» con Chávez y que «les manifestó su simpatía en público»?  Transcribo algunas frases del discurso de Caldera, el 4 de febrero de 1992: «… el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar…» (…) «… el golpe felizmente frustrado…» (…) «…actores del tremendo y condenable incidente…» (…) «El golpe militar es censurable y condenable en toda forma…» (…) «… la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada…».  

Una cosa es interpretar lo que el país estaba sintiendo en ese momento, y otra es avalar los alzamientos militares. Lo último es falso. A los pocos días del golpe del 4 de febrero, Rafael Caldera asistió al Palacio de Miraflores, a un acto de respaldo a la democracia que contó con la presencia del secretario general de la OEA, señor Joao Baena Soares, y fueron muchas sus declaraciones en esos días planteando la necesidad de encontrar una salida urgente a la crisis dentro del marco democrático y constitucional. A un mes del hecho, por ejemplo, el 9 de marzo de 1992, Caldera estuvo en un foro en el Aula Magna de la UCV donde fue objeto de un intento de saboteo por partidarios de los golpistas, y allí no sólo los enfrentó, sino que hizo una apasionada defensa de la democracia: «tenemos el deber, la obligación de salvar el principio fundamental de la libertad, de los derechos humanos, del orden jurídico. . . Aquí en esta Universidad…  juré defender el derecho, defender las leyes, y he jurado después defender la Constitución y las leyes. No puedo traicionar ese juramento».  Recomiendo ver el discurso completo en el video:

Ante estas insinuaciones de «flirteo público», no está demás aclarar que Rafael Caldera nunca tuvo relación con Hugo Chávez. Hasta llegaron a hacer circular que era su padrino de bautismo, lo cual tampoco es cierto. Apenas Chávez obtuvo la libertad convirtió a Caldera en el blanco de sus ataques y pidió varias veces su renuncia. La primera vez que se encontraron personalmente en sus vidas fue después de las elecciones de diciembre de 1998, en la visita que Hugo Chávez le hiciera en Miraflores, ya como presidente electo.

6. «Caldera ayudó asimismo a abrir las puertas del palacio presidencial a Chávez al asestar un golpe mortal a los partidos venezolanos establecidos. En un asombroso giro de ciento ochenta grados, Caldera abandonó el COPEI, el partido que había fundado cerca de medio siglo antes, y presentó una candidatura independiente a la presidencia del país, pero la partida de Caldera y la campaña anti-sistema subsiguiente contribuyeron a enterrarlos.» (p. 28)

En relación a Caldera y COPEI, desde hacía años se había producido un distanciamiento de la dirección del partido con el líder fundador por su postura en el liderazgo de la reforma de la Ley del Trabajo. La misma diferencia surgió en cuanto al paquete de medidas del segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Si se habla de un giro de ciento ochenta grados, se podría decir que Caldera señalaba que ese giro lo había dado la dirección de su partido frente a la auténtica posición social-cristiana. El líder fundador fue «excluido» de COPEI en junio de 1993, con el voto salvado de Luis Herrera Campíns, pero, al final, con el triunfo en las elecciones de 1993, el pueblo copeyano le dio la razón a Caldera.

Por otra parte, si se revisa el resultado de las elecciones presidenciales de 1993 se encontrará que los dos principales partidos del sistema, Acción Democrática y COPEI, que concurrieron con dos figuras de las nuevas generaciones, Claudio Fermín y Oswaldo Álvarez Paz como candidatos presidenciales, sacaron juntos menos votos que la suma de los obtenidos por Rafael Caldera y Andrés Velásquez. El país mostraba su claro descontento con la actuación de los dos partidos tradicionales del sistema y Caldera entendió el sentimiento nacional. No así los partidos, que ignoraron esa primera clarinada que pedía rectificación en su proceder.

7. «El sistema de partidos se derrumbó después de que Caldera ganara los comicios de 1993 como candidato independiente, allanando el camino para futuros candidatos sorpresa. Cinco años después sería el turno de Chávez». (p. 28)

Decir que «el sistema de partidos se derrumbó después de que Caldera ganara los comicios en 1993» es una osadía. El partido Acción Democrática, habiendo tenido un presidente destituido y expulsado de sus filas, y habiendo perdido las elecciones de 1993 con una de sus figuras jóvenes más brillantes, gana 12 de las 22 gobernaciones disputadas en las elecciones regionales de 1995. Lo que sucede después es resultado del empeño del hombre fuerte de la organización, Luis Alfaro Ucero, en ser el candidato presidencial en 1998, cuando no tenía el arrastre personal necesario para ser el abanderado en esa campaña electoral.

En relación a COPEI es otra la historia: primero, porque el partido se empeñó en ser el más enconado adversario de Caldera y su segundo gobierno, en lugar de haber aceptado el veredicto del pueblo copeyano y buscar el entendimiento y la reconciliación. Caldera, siendo presidente,  ni siquiera fue invitado a la celebración del 50 aniversario de su partido, el 13 de enero de 1996 y, sin embargo, se presentó sorpresivamente en el evento. Lo llamaron «arrocero», por cierto. Y, en segundo lugar, por haber renunciado a presentar como candidato a una figura propia y empeñarse en buscar su opción presidencial para 1998 en una figura anti-partido como lo era la de la alcaldesa Irene Sáez. Al final, este empeño resultó fatal para ambos. Sin embargo, refiriéndonos a las mismas elecciones regionales de 1995, COPEI logró ganar 4 gobernaciones con candidatos propios y 2 en las que dio su apoyo. En otras palabras, AD y COPEI obtuvieron triunfos en 18 de las 22 gobernaciones puestas en disputa, además de tener entre los dos partidos mayoría en el Congreso Nacional. ¿Se puede decir, entonces, que «se derrumbó el sistema de partidos»?

La conclusión de esta historia es que en esas elecciones presidenciales de 1998 ambos partidos terminaron a última hora retirando a sus candidatos para apoyar a Henrique Salas Römer, quien había sido previamente atacado muy duramente por Acción Democrática, y que tenía perfil de candidato anti-partido.

El cambio de caballo a mitad del río resultó peor: muchos de los partidarios de Acción Democrática  y COPEI, ante esta decisión de última hora, terminaron votando por Hugo Chávez. Basta con comparar los votos obtenidos por Salas Römer en la elección presidencial del 6 de diciembre de 1998 con las tarjetas de AD y COPEI (un total de 732.157 votos) con los que sacaron ambos partidos en las elecciones parlamentarias, apenas 28 días antes (1.853.708 al Senado y 1.849.408 a Diputados) para constatar que hubo una disminución de aproximadamente 1.110.000 votos.

La ventaja con la que Chávez le ganó a Salas Römer fue de 1.060.524 votos (3.673.685 a 2.613.161).

 

En mi opinión, el sistema de partidos perdió la oportunidad de fortalecerse al cerrar el paso durante el quinquenio 1994-1999 a la reforma integral de la Constitución que había presentado Caldera en 1992. Esta reforma, para ser aprobada, tenía que ser sometida al pueblo en un referéndum popular, satisfaciéndose el reclamo de los cambios institucionales —con énfasis en la administración de justicia y de profundización de la democracia— que se venía haciendo desde hacía años. Con ello se le hubiera quitado la principal bandera política a quienes promovían la tesis de la Constituyente, encabezados, desde luego, por el propio Hugo Chávez.

8. «Con todo, en 1993, Chávez seguía afrontando un grave problema: se hallaba encarcelado a la espera de juicio por traición. Entonces, en 1994, el presidente Caldera retiró todos los cargos en su contra. El acto final de Caldera para impulsar a Chávez consistió en, literalmente, abrirle las puertas… de la cárcel. Justo después de su liberación, un periodista preguntó a Chávez adónde se dirigía, «Al poder», respondió él.» (p. 28)

Cualquiera concluiría, al leer el texto, que Hugo Chávez salió de la cárcel a encabezar las encuestas para no detenerse hasta ganar la elección en 1998. Nada más falso. La verdad histórica es que éste salió de la cárcel para estar en el cuatro por ciento (4%) de las encuestas hasta diciembre de 1997, es decir, apenas un año antes de las elecciones de 1998. Lo certifica Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, una de las encuestadoras de mayor prestigio en el país, en un artículo publicado en el Diario El Universal en 2013 («… en diciembre de 1997 las encuestas mostraban una favorita para ganar la elección: Irene Sáez, mientras Hugo Chávez contaba apenas con 4% de disposición de voto…»).

Luego, no puede concluirse que su liberación tuvo como consecuencia inmediata su ascenso al poder. Chávez nunca habría dejado de ser minoría si grupos empresariales y comunicacionales muy poderosos, que estuvieron detrás de la candidatura de Irene Sáez, al ver que ésta se vendría abajo, no lo hubieran apoyado con toda fuerza.

9. «La liberación de Chávez fue un gesto popular que respondía a una promesa electoral de Caldera». (p. 28)

Falso. Rafael Caldera fue el único de los cuatro candidatos con opción de ganar en esa elección que no hizo promesas en relación a los militares detenidos. No así en el caso de Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz y Andrés Velásquez, quienes sí manifestaron públicamente su posición favorable a la liberación.

Caldera había sido ya comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y sabía perfectamente lo delicado del tema. Existía una ruptura dentro de la institución militar y de allí que el propio presidente Carlos Andrés Pérez, habiendo sido la víctima de las dos intentonas de 1992, iniciara una política de pacificación por la cual sobreseyó los juicios a muchos de los alzados y reincorporó a muchos de ellos a las Fuerzas Armadas. En efecto, a menos de dos meses del 4 de febrero, aparecen publicados en la Gaceta Oficial los primeros decretos de sobreseimientos del presidente Pérez: en uno de ellos destaca el nombre del entonces capitán Henry Rangel Silva, así como los de Jesús Suárez Chourio y Rodolfo Marcos Torres, ambos en ese momento tenientes, todos reincorporados al Ejército. Estos decretos de sobreseimiento, por tener sólo efectos particulares, no tenían como los de efectos generales el requisito imprescindible de su publicación en la Gaceta. Quizás por ello decidieron no publicar los siguientes decretos, lo que nos hizo imposible conocer su texto. Ellos deben estar en los archivos de Miraflores, a los que no tenemos acceso, pero, por testimonio de jefes militares de la época, sabemos que fueron muchos los militares sobreseídos y reincorporados a las Fuerzas Armadas posteriormente, ya que fueron varios cientos los llamados «COMACATES» (Comandantes, Mayores, Capitanes y Tenientes) que participaron en esos alzamientos (Decreto de Carlos Andrés Pérez, número 2.174, publicado en la Gaceta Oficial del jueves 2 de abril de 1992 – número 34.936).

Esta política de pacificación militar fue continuada por el presidente Ramón J. Velásquez, quien decretó también sobreseimientos, entre ellos, por ejemplo, el del Teniente Diosdado Cabello, y la culminó el presidente Rafael Caldera.

Fue tan correcta esa política, que Caldera gobernó los cinco años de su mandato sin que hubiera un solo intento de alzamiento; a pesar de la gigantesca crisis bancaria que heredó del gobierno anterior (CAP II-Tinoco), que desestabilizó la economía del país; de los bajos precios del petróleo; y de no contar con una mayoría que lo apoyara en el Congreso Nacional.

La liberación de los militares alzados era un clamor nacional. Tanto así que la pedían la Conferencia Episcopal, los medios de comunicación y el liderazgo político en general. Es más, ya había sido introducida en el Congreso una Ley de Amnistía que contaba con los votos para ser aprobada.

Si algo hizo Caldera en forma personal y directa, en sus dos administraciones, fue la conducción de las Fuerzas Armadas. A pesar de los vaticinios de que no duraría al frente del gobierno, porque sería depuesto por un golpe militar, Caldera ejerció la presidencia en los dos quinquenios para los que fue electo, en 1969-74 y 1994-99, sin que hubiera un solo alzamiento militar.

10. «Como la mayoría de las personas que integraban la élite venezolana, Caldera consideraba a Chávez una moda pasajera, alguien de quien probablemente el público en general se habría olvidado para cuando se convocaran los próximos comicios. Pero, al retirar todos los cargos contra él, en lugar de permitir que Chávez fuera juzgado y luego indultarlo, Caldera lo elevó y, de la noche a la mañana, transformó al antiguo golpista en un candidato presidencial viable». (pp. 28-29)

Esto revela desconocimiento del ordenamiento jurídico venezolano: el planteamiento se hace para sugerir que si se hubiera enjuiciado a Chávez y luego indultado, habría quedado inhabilitado políticamente para ser «un candidato presidencial viable». Falso. En Venezuela, bajo la Constitución de 1961, para quedar inhabilitado políticamente se requería una condena a prisión o a presidio. La inhabilitación era una pena accesoria a la pena principal. Es decir, si la pena, por ejemplo, era por diez años, la inhabilitación era también por diez años. Luego, al producirse un indulto, que suprime la pena principal, éste conllevaría la desaparición de la pena accesoria, es decir, la inhabilitación.

Algunos preguntan: ¿por qué Caldera no lo inhabilitó? desconociendo también que, bajo la Constitución de 1961, el Presidente de la República no tenía facultad para inhabilitar a nadie. Lo que los confunde es que ahora, por ausencia del Estado de Derecho, se inhabilita arbitraria e ilegalmente a todo líder político que pueda significar un serio desafío para el gobierno.

Ahora, ¿por qué, si era tan fácil condenar a Chávez, el presidente Carlos Andrés Pérez no logró que eso ocurriera en el lapso mayor a un año, con posterioridad al 4 de febrero de 1992, en que todavía estaba en ejercicio de la Presidencia? Puedo responder: porque la opinión pública venezolana estaba tan mayoritariamente a favor de los alzados que éstos se burlaron de los juicios, retardándolos al rebelarse a acudir a las audiencias. Es más, era tal la simpatía que tenían los alzados dentro de las Fuerzas Armadas, que no había jueces dispuestos a condenarlos. Al interior de las Fuerzas Armadas, su postura era vista también como crítica frente al Alto Mando Militar.

11. «El 6 de diciembre de 1998, Chávez ganó las elecciones presidenciales derrotando con facilidad a un candidato que contaba con el apoyo del sistema. El día de la toma de posesión, Caldera, el presidente saliente, no fue capaz de tomarle el juramento al cargo, tal como dictaba la tradición. En lugar de ello, permaneció taciturno a un lado». (p. 29)

Otra afirmación equivocada: conforme a la Constitución venezolana, corresponde al Presidente del Congreso la juramentación del nuevo Presidente de la República. No es función del presidente saliente juramentar al presidente electo. Lo que sí fue una tradición que rompió Caldera por decisión personal –y que fue, a mi manera de ver, su forma de protestar–, fue la de no traspasarle directamente a Chávez la banda presidencial. Caldera estaba informado de que Chávez se burlaría de la institucionalidad del país al realizar un juramento «… por ésta moribunda Constitución…», al saber éste que la Corte Suprema de Justicia ya estaba decidida a dar luz verde a su proyecto de Constituyente, pese a no estar prevista en la Constitución de 1961.

Si la Corte no hubiera permitido la violación de la Constitución de 1961, Chávez habría tenido que gobernar en minoría en el Congreso —electo en noviembre de 1998—, como le tocó a Rafael Caldera hacerlo en sus dos períodos de gobierno. Habría tenido también que recurrir al diálogo y a la negociación para poder llevar adelante sus planes, dentro de los controles y balances propios de una democracia. Fue lo que le correspondió hacer a Caldera en sus dos gobiernos, incluso en las circunstancias más difíciles. Recordemos, por ejemplo, que a mediados de 1994 más del 80% de la opinión pública lo respaldaba en su enfrentamiento con el Congreso por la suspensión de las garantías constitucionales y le pedían que diera un «Calderazo», al estilo Fujimori en el Perú, pero él se mantuvo firme en su posición de no traicionar la línea de toda su vida de respetar y sostener el Estado de Derecho. Prefirió someterse a las condiciones de gobernar en minoría, en medio de una crisis de gran magnitud, antes de romper con el orden constitucional, aunque muchos pensaban que le sería difícil gobernar si no lo hacía.

12. «Sin embargo, su ascenso al poder [se refiere a Hugo Chávez] contó con el impulso definitivo de un infiltrado consumado: el ex presidente Rafael Caldera, uno de los fundadores de la democracia venezolana». (p.26)

No es de extrañar que, con una percepción histórica tan llena de errores y distorsiones, los autores piensen tener justificación para concluir que uno de los fundadores de la democracia venezolana fue «un infiltrado consumado», revelando así un desconocimiento absoluto de su vida y trayectoria política. Lo grave es que estos autores no inventaron estas distorsiones históricas sino que, posiblemente y quizá hasta de buena fe, dieron por cierta la sistemática falsificación de la historia que ha hecho un grupo empeñado en destruir la figura Rafael Caldera para salvar u ocultar su propia responsabilidad en el ascenso de Hugo Chávez al poder.

Si se revisa la acción y el pensamiento de Rafael Caldera en sus setenta años de vida pública, es difícil encontrar un político más coherente y consistente en su lucha por la democracia, la paz, la justicia social y el Estado de Derecho. Basta con revisar sus artículos, discursos, conferencias y libros, desde 1936 hasta el 2006 (los cuales estamos publicando en este sitio web), para desmentirlo.

Caldera no sólo fue uno de los principales constructores de la democracia venezolana, sino que siempre estuvo comprometido y preocupado por su devenir. Nunca dejó de alzar su voz para señalar las desviaciones que la ponían en riesgo. La democracia es una batalla de todos los días y Rafael Caldera siempre estuvo  allí, para defenderla. Su compromiso llegó a tal punto que jamás quiso vivir fuera de Venezuela. Frente al deterioro de la administración de justicia y la crisis de los partidos políticos (recomiendo leer el trabajo de Juan Carlos Rey, «Crisis de la responsabilidad política en Venezuela», Fundación Manuel García Pelayo, 2009, ISBN 978-980-6531-14-7) que fueron socavando el apoyo del pueblo, y en particular de la clase media, al sistema democrático, Caldera lideró a partir de 1989 y por casi tres años el proceso de reforma integral de la Constitución, en el que se consultó al país entero, asesorados por los mejores constitucionalistas. El proyecto lo presentó el 27 de marzo de 1992 y llegó a segunda discusión en las sesiones de 1992-93, pero, sin embargo, no se llegó a aprobar en el quinquenio parlamentario 1994-99. En numerosas oportunidades, Caldera llamó la atención del Congreso sobre la urgencia de realizar esas reformas, pero sus reclamos cayeron en el vacío. La Reforma debía ser ratificada por el pueblo en un referéndum y habría calmado las expectativas sobre una Constituyente para realizar los cambios, y liquidar las pretensiones de quienes planteaban «refundar la República».

Frente a una crisis social y económica, calificada por Ramón J. Velásquez como la mayor en toda nuestra historia hasta ese momento, Caldera en su segundo gobierno logró equilibrar las cuentas del Estado, con la reforma tributaria, la creación del SENIAT  y su política de austeridad y de re-estructuración de la administración pública; bajó el monto de la deuda externa; estabilizó y reprivatizó la banca; ante los bajos precios del petróleo, abrió camino al aumento de la producción con el proceso de apertura petrolera; respaldó el acuerdo tripartito para la reforma laboral, de seguridad social y creación de fondos de pensiones; creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica; y, en medio de la difícil situación, logró que el salario de los trabajadores del sector público se mantuviera por encima de la inflación y que el salario mínimo nacional fuera el segundo de América Latina.

Su principal aspiración fue la de entregar un país estabilizado y en orden a quien le sucediera en la presidencia, lo que él llamaba «armar el rompecabezas», mientras veía  cómo tomaba cuerpo el mensaje de la anti-política. Por eso, el 23 de enero de 1997, en la inauguración de la represa Macagua II, en Guayana, lanza la idea de realizar un debate nacional sobre los 40 años de la democracia y sus logros. Su propuesta cayó en el vacío.

Igualmente, como uno de los arquitectos de la Constitución de 1961, Caldera había advertido que no se podía convocar a una Constituyente sin antes reformarla; que ello sería un golpe de estado, que produciría la ruptura del orden constitucional: «Cualquier camino que no sea el previsto por la Constitución rompería el ordenamiento jurídico, y establecería un precedente cuyas consecuencias recaerían gravemente sobre sus actores, sobre sus ejecutores, sobre sus realizadores»: La reforma a la constitución: una salida democrática (1992).

Tampoco fue escuchado.

Al llegar 1999 y se le facilita a Chávez su proyecto Constituyente, Rafael Caldera es una de las pocas figuras políticas de peso en el país que se opuso públicamente: «No se da razón del Proyecto de Constitución a que se aspira, pero sí se insiste en querer colocar en manos de un centenar de representantes la potestad de disolver los órganos del Poder legalmente constituidos y se insiste en el propósito de eliminar la no reelección inmediata y el apoliticismo de las Fuerzas Armadas, que tanto han significado y significan en la historia política de Venezuela y de toda la América Latina», dijo en una carta publicada en los medios de comunicación. Nuevamente no fue escuchado y Chávez lo calificó de «desfasado».

Todo esto se olvida, y quienes están detrás de estas campañas, lo que pretenden es convertir a Rafael Caldera en el «chivo expiatorio» de una culpa colectiva; cuando el camino de la reconstrucción del país empieza por reconocer todos, humildemente, nuestras culpas, en el proceso que nos llevó a perder nuestra democracia. Comprender y aceptar nuestros errores es fundamental para no volver a repetirlos.

13. «Se sumió en una depresión prolongada, [Se refiere al país] una crisis que se dilató durante más de una década y prácticamente duplicó el índice de pobreza. Y como es natural, el descontento creció entre la población venezolana». (p. 26)

Dejo para última una observación sobre la explicación que se hace del proceso de deterioro de la democracia venezolana. Lo hago así porque me parece muy importante el que se estudie a fondo este tema.

Muchos analistas diferencian los tres primeros quinquenios de la democracia (1959-1974) de lo que ocurrió a partir de la primera bonanza petrolera, cuyo mal manejo triplicó la burocracia, quintuplicó la deuda y dio entrada formal a la inflación en el país. También la corrupción apareció en los más altos niveles de la administración pública. Se instauró, además, una mentalidad de excesos en el comportamiento del venezolano, propia de nuevos ricos dentro de lo que se publicitó como «la Gran Venezuela» y que otros llamaron «la Venezuela Saudita».

En su alocución de año nuevo, el 1 de enero de 1974, Rafael Caldera, justo antes de entregar el gobierno a su sucesor, Carlos Andrés Pérez, dice:

«El país entra en un auge económico sin precedentes (…) Los ingresos adicionales estimados para 1974, después de cubrir la suma de quince mil millones, a que en cifras redondas monta el presupuesto sancionado, han sido conservadoramente estimados en más de veintisiete mil millones de bolívares. Esto abre, sin duda, una oportunidad singular. (…) El saldo de la deuda pública se sitúa para el 31 de diciembre de 1973 en unos siete mil cien millones de bolívares, (…) con sólo una fracción de los ingresos adicionales que obtendrá la República en este mismo año 1974 podrían cancelarse totalmente esas obligaciones externas e internas…». (Mensaje de Año Nuevo 1974: «En Venezuela se ha logrado la paz»).

También es necesario considerar, en este análisis, el deterioro de la administración de justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho, y que a mi juicio comenzó en 1969 con la creación por el Congreso Nacional del Consejo de la Judicatura. Rafael Caldera vetó esta ley y fue la única vez en que el veto presidencial llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde perdió 8 votos a 7. El presidente acató el veredicto de la Corte, aunque no le favoreciera y le pareciera inconveniente para el país. Tiempo después, actores de la entonces Oposición admitieron que el poder judicial se partidizó, y sus fallas se convirtieron en uno de los temas centrales del proceso de reforma constitucional. Un rápido recuento lo hace Caldera en este artículo de opinión: La administración de justicia.

Más amplio, sobre este tema: Rafael Caldera y su veto a la creación del Consejo de la Judicatura.

Que, ¿cómo murió la democracia venezolana?, debería ser materia de un estudio profundo, objetivo y bien fundamentado; indispensable para la difícil tarea de reconstruir el país. Cuando soy invitado a universidades a conversar con estudiantes, la pregunta central que éstos me hacen es ¿cómo llegamos a esto? Como venezolano comprometido con la tarea de reencontrarnos con el país democrático que tuvimos, creo fundamental el tener claridad sobre el proceso que nos llevó a permitir que Hugo Chávez tuviera carta blanca para destruir nuestras instituciones.

Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, constructores de la única democracia que tuvimos en Venezuela, tenían muy claro que, sin una gran clase media, ésta no tendría sostenibilidad en el tiempo. Por eso, es concluyente que en los tres primeros gobiernos de la democracia la clase media creció y hubo un acelerado proceso de movilidad social en el país, como producto de la inversión hecha en educación, salud e infraestructura, dentro de un cuadro de alto crecimiento económico (5% promedio, con picos de hasta el 7%) y baja inflación (un dígito anual).

Paradójicamente, después de la primera bonanza petrolera, se le dio «visa de residente» a la inflación, y decisiones difícilmente reversibles, como la magnificación de la deuda pública y de la burocracia, marcaron un camino de marchas y contra-marchas en los años subsiguientes. Un malestar creciente en la clase media venezolana por su declinante poder de superación, aunado al deterioro de la imagen del liderazgo político y de la administración de justicia, por los excesos y la corrupción, fueron abriendo camino a la anti-política, las salidas mesiánicas, y a la sombra del militarismo, que siempre pendió como una espada de Damocles sobre la democracia venezolana.

Triste el momento en que el liderazgo del país como un todo, no sólo el político e institucional, sino el empresarial, sindical y comunicacional, no supo defender en 1999 el proyecto iniciado con el pacto de Puntofijo en 1958, cuya arquitectura jurídica se reflejó en la Constitución de mayor duración en la historia republicana de nuestro país. Veinte años después, esperemos que la lección haya sido aprendida.

Nada mejor para la tarea de restablecerla, con visión de perdurabilidad en el tiempo, que acudir a los conceptos de los constructores de la única democracia que hemos tenido: la idea del pluralismo, dentro de un Estado de Derecho que garantice la libertad y los derechos humanos, no es suficiente, mientras exista una gran parte de la población sin acceso a la educación, salud, vivienda, servicios y recreación. Sin una gran clase media, educada y sana, la democracia no se sostendrá en el tiempo.

De esos constructores vale también la pena rescatar el concepto de que la confianza del pueblo en sus líderes depende de que éstos sujeten su actuación a normas éticas, a que procedan con honestidad en su vida pública y privada, y a que den ejemplo de austeridad y decencia.

Caracas, enero de 2019.